Sentencia Social 287/2024 Juzgado de lo Social de Barcelona nº 35, Rec. 308/2023 de 14 de noviembre del 2024

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la L.R.J.S. , la convicción fáctica alcanzada lo ha sido en base a los elementos probatorios que singularmente he señalado en cada hecho probado conforme a lo que se indicará a continuación.

El art. 91.2 LRJS dispone que la parte demandada que no compareciere al juicio estando debidamente citada, a pesar del apercibimiento que se le hubiere hecho en tal sentido, podrá ser tenida por confesa en la sentencia sobre los hechos que fundan la pretensión de la demanda, siempre que conforme al art. 83.2 LRJS no hubiere alegado justa causa que deba motivar la suspensión del juicio; con lo que se establece una confesión presunta de carácter legal, en que del hecho base de la no comparecencia injustificada se deduce la consecuencia de falta de posibilidad de oponerse con éxito a la pretensión del actor. Presunción en todo caso "iuris tantum" y por lo tanto destruible por los hechos o pruebas que aparezcan en los autos en contrario, de donde se deriva el carácter de mera facultad que se le otorga al Juez y no de obligación que se le impone, que procede ejercitar en el presente caso al no concurrir circunstancias que lo impidan.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta la consolidada doctrina de que la incomparecencia del demandado no exime al actor de probar los hechos en que fundamenta su propia petición (STSS Sala 1ª 18/5/46, 26/6/46, 21/12/55, entre muchas) por aplicación del principio de distribución de la carga de la prueba, contenida con carácter general en el art. 217 LEC, que impone al actor la carga de probar los hechos constitutivos de su pretensión y al demandado la de los impeditivos o extintivos de la misma, y que la aplicación de este principio a la reclamación de pago de salarios determina que el reclamante venga obligado a demostrar la prestación de los servicios cuyo pago reclama, así como el devengo del importe solicitado y que al demandado incumba demostrar su pago ( STS 2/3/93, en unificación de doctrina).

SEGUNDO.-Conforme al art. 4.2 f) en relación con el art. 29 del Estatuto de los Trabajadores (ET) el trabajador tiene como derecho básico la percepción puntual de los salarios pactados o legalmente establecidos, percepción de salarios que constituye la contraprestación fundamental que al empresario corresponde en el contrato de trabajo por los servicios del trabajador y que viene constituido por la totalidad de las percepciones económicas que aquél reciba, en dinero o en especie, al margen de los que tengan la consideración de suplidos por los gastos realizados por el trabajador durante su actividad laboral o de aquellos otros importes indemnizatorios que legalmente correspondan ( Art. 26 ET) .

En el presente caso, se ha acreditado por la actora la relación laboral y las circunstancias laborales del trabajador demandante, con la prueba documental aportada, por lo que correspondía a la demandada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 217 LEC, la carga de probar que las cantidades reclamadas han sido abonadas.

La parte demandada citada en legal forma no compareció al acto de juicio, no aportando medio de prueba alguno que desvirtué el resultado de la prueba practicada a instancia de la parte actora. Por otra parte, habiéndose solicitado por la parte actora la confesión en juicio del representante legal de la empresa demandada, no habiendo comparecido al acto de juicio, procede tener a este por confeso en los términos previstos en el párrafo 2ª del Art. 91 de la LRJS y 304 de la LEC, quedando de este modo también probada la falta de abono de las cantidades devengadas a favor del actor, cuyo importe tampoco ha sido discutido al no haber comparecido a las actuaciones la parte demandada.

Por ello, teniendo en cuenta lo indicado en el presente fundamento jurídico, así como en el fundamento jurídico primero, procede estimar la demanda condenando solidariamente a B&B CONSULTING LEGAL 2002 S.L.U., CATLARGO EXPRESS, S.L. al pago de las cantidades reclamadas por los conceptos que se concretan en el hecho probado cuarto de la presente resolución, teniendo en cuenta también el efecto positivo de la cosa Juzgada pues, la Sentencia 242/2023 del Juzgado de lo Social nº 13 en su fundamento jurídico quinto en relación a la responsabilidad solidaria de las demandadas dispone lo siguiente: "QUINTO.- Respecto a la responsabilidad solidaria que se pretende frente a la empresa B&B CONSULTING LEGAL, 2002, S.L.U., anterior empleadora del actor, se debe referir lo siguiente.

En el supuesto de sucesión de empresa, la empresa transmitente responde solidariamente con la empresa cesionaria durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas, pero no así de las obligaciones surgidas con posterioridad, a salvo que se aprecie fraude de ley en la cesión o la existencia de un grupo laboral de empresas.

En el presente caso se aprecia que durante el mes de marzo de comunicó la subrogación empresarial a los trabajadores de la empresa B&B CONSULTING LEGAL, 2002, S.L.U., por parte de la empresa CATLARGO EXPRESS, S.L., vía whatsapp, que no ha sido impugnado, y que incluso se abonó la nómina de dicho mes por parte de la nueva empresa. No obstante, no se dio de baja de la Seguridad Social al actor de la empresa antigua hasta el día 30/04/2022. Por lo que se da una confusión de plantilla y económica por parte de ambas empresas codemandadas, pudiendo apreciarse un grupo patológico de empresas. Por ello se aprecia la responsabilidad solidaria de ambas".

Procede igualmente condenar a la parte demandada al pago del interés moratorio, a razón del 10% anual, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.

TERCERO.-Sin perjuicio de sus responsabilidades legales, no concurren motivos para condenar al Fondo de Garantía Salarial de acuerdo con lo previsto en el Art. 33 del ET.

CUARTO.-De conformidad con el art. 191.2 g) de la LRJS contra la presente sentencia al no ser la cantidad reclamada superior al importe de 3.000€, no cabe recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,