Sentencia Social 72/2025 Juzgado de lo Social de Barcelona nº 35, Rec. 509/2023 de 03 de marzo del 2025

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la L.R.J.S. , se hace constar que los hechos declarados probados resultan de la prueba documental aportada por las partes y que singularmente he señalado en cada caso.

SEGUNDO.-La parte actora solicita que se declare al actor con derecho a la prestación por cese de actividad, derivada de causas económicas, condenando a la entidad colaboradora demandada UNION DE MUTUAS y/o subsidiariamente al INSS a abonarle la prestación vitalicia mensual consistente en el 70% de la base reguladora de 1537,68 € durante 24 meses, más revalorizaciones y mejoras que legalmente le correspondan con efectos desde el 19/12/2022

El INSS se opone a las pretensiones manifestando que no ha tenido competencia en la cuestión discutida en este procedimiento y solicita una sentencia ajustada a derecho.

La mutua, propuso la base reguladora que fue aceptada por la actora si bien se opone a las pretensiones de la actora ratificando los fundamentos de la resolución impugnada.

TERCERO.-Señala el artículo 327 de la LGSS relativo al objeto y ámbito de aplicación que"1. El sistema específico de protección por el cese de actividad forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, es de carácter obligatorio y tiene por objeto dispensar a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, afiliadas a la Seguridad Social y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, las prestaciones y medidas establecidas en esta ley ante la situación de cese la actividad que originó el alta en el régimen especial, no obstante poder y querer ejercer una actividad económica o profesional a título lucrativo.

El cese de actividad podrá ser definitivo o temporal.

El cese temporal podrá ser total, que comporta la interrupción de todas las actividades que puedan originar el alta en el régimen especial en el que la persona trabajadora por cuenta propia o autónoma figure encuadrada, en los supuestos regulados en el artículo 331, o parcial, cuando se produzca una reducción de la actividad en los términos previstos en esta ley.

2. La protección por cese de actividad alcanzará también a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda, así como a los trabajadores autónomos que ejerzan su actividad profesional conjuntamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho, siempre que, en ambos casos, cumplan con los requisitos regulados en este título con las peculiaridades contempladas, respectivamente, en los artículos 335 y 336.

Los requisitos para el nacimiento de la prestación, que en este caso no han sido discutidos, se regulan en el art. 330 de la LGSS. Siendo lo discutido y objeto de las presentes actuaciones la situación legal de cese de actividad prevista en el art. 331.1. a) de la LGSS, esto es, tal y como dispone literalmente el citado precepto: "Situación legal de cese de actividad. 1. Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el capítulo siguiente, se encontrarán en situación legal de cese de actividad todos aquellos trabajadores autónomos que cesen en el ejercicio de su actividad por alguna de las causas siguientes:

a) Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional.

En caso de establecimiento abierto al público se exigirá el cierre del mismo durante la percepción del subsidio o bien su transmisión a terceros. No obstante, el autónomo titular del inmueble donde se ubica el establecimiento podrá realizar sobre el mismo los actos de disposición o disfrute que correspondan a su derecho, siempre que no supongan la continuidad del autónomo en la actividad económica o profesional finalizada.

Se entenderá que existen motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.º Pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en un año completo, superiores al 10 por ciento de los ingresos obtenidos en el mismo periodo, excluido el primer año de inicio de la actividad . [...]".

Respecto a la acreditaciónde la situación legal de cese de actividad, el artículo 332 señala que "1. Las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autónomos se acreditarán mediante declaración jurada del solicitante, en la que se consignará el motivo o motivos concurrentes y la fecha de efectos del cese, a la que acompañará los documentos que seguidamente se establecen, sin perjuicio de aportarse, si aquel lo estima conveniente, cualquier medio de prueba admitido legalmente:

1.1 Los motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos se acreditarán mediante los documentos contables, profesionales, fiscales, administrativos o judiciales que justifiquen la falta de viabilidad de la actividad.

a) Salvo en los supuestos previstos en los epígrafes b) y c), se deberán aportar los documentos que acrediten el cierre del establecimiento en los términos establecidos en el artículo 331.1.a), la baja en el Censo tributario de empresarios, profesionales y retenedores y la baja en el régimen especial de la Seguridad Social en el que estuviera encuadrado el solicitante. En el caso de que la actividad requiriera el otorgamiento de autorizaciones o licencias administrativas, se acompañará la comunicación de solicitud de baja correspondiente y, en su caso, la concesión de la misma, o bien el acuerdo de su retirada.

Sin perjuicio de los documentos señalados en el párrafo anterior, la concurrencia de motivos económicos se considerará acreditada mediante la aportación, en los términos que reglamentariamente se establezcan, de la documentación contable que confeccione el trabajador autónomo, en la que se registre el nivel de pérdidas exigido en los términos del artículo 331.1.a).1.º, así como mediante las declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y demás documentos preceptivos que, a su vez, justifiquen las partidas correspondientes consignadas en las cuentas aportadas. En todo caso, las partidas que se consignen corresponderán a conceptos admitidos en las normas que regulan la contabilidad.

El trabajador autónomo podrá formular su solicitud aportando datos estimados de cierre, al objeto de agilizar la instrucción del procedimiento, e incorporará los definitivos con carácter previo al dictado de la resolución.

CUARTO.-De modo que, la situación legal de cese de actividad puede producirse por diferentes causas, el primero de las cuales es por motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional. Y el mismo precepto contiene previsiones que delimitan el alcance objetivo que debe atribuirse a estos motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, disponiendo la norma legal que tales motivos se entenderán que concurren cuando exista alguna de las circunstancias siguientes, estableciéndose de entre otras: ...las pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en un año completo, superiores al 10 por ciento de los ingresos obtenidos en el mismo periodo, excluido el primer año de inicio de la actividad.

La mutua deniega "Habiendo cerrado la actividad el 31/10/2022, la cuenta de pérdidas y Ganancias adjunta a su solicitud de la prestación presentada el día 30/01/2023 arrojaba unos ingresos de 42.469,51€, y unos gastos de 44.552,83€, por tanto unas pérdidas de -4'91%, inferior a las pérdidas superiores al 10% que exige el artículo 331.1 a ) 1ª LGSS .

A su reclamación previa adjunta otra cuenta de Pérdidas y Ganancias con unos ingresos de 41.333,25€, y unos gastos de 48.026,36€, esto es unas pérdidas del 16'19%. Sin embargo, no entendemos justificados esos cambios en los ingresos y gastos, pues no acredita que en la cuenta de Pérdidas y Ganancias presentada el 30/01/2023, tras el cierre del ejercicio y tres meses después del cese de actividad, no se recogieran los datos reales de ingresos y gastos".

No obstante, los motivos alegados por la mutua relativos a que el actor en el momento de la solicitud no cumplía los requisitos no pueden ser estimados pues, por un lado, el art. 332 de la LGSS prevé que eltrabajador autónomo podrá formular su solicitud aportando datos estimados de cierre, al objeto de agilizar la instrucción del procedimiento, e incorporará los definitivos con carácter previo al dictado de la resolución y, por otro lado debe atenderse a los documentos aportados por el trabajar en este momento para ver si concurría o no la causa.

Y, así, de la documental aportada por la actora resulta que del modelo 200 del impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio 2022 los ingresos de Lampisteria Can Serra, SCP habrían sido de 41.333,25€, siendo negativo el resultado de la explotación cuyo importe fue de -4792€, lo que implica unas pérdidas superiores al 10% de los ingresos obtenidos en dicho periodo. El ejercicio se cierra en octubre de 2022 y, por ello aporta también la actora el ejercicio anterior correspondiente al año 2021 del que resulta que las pérdidas fueron de -16.082,33€, siendo que los ingresos habrían sido de 39.929,91€, esto es, en dicho ejercicio las pérdidas también habrían sido superiores al 10%.

De modo que, teniendo en cuenta tales circunstancias fácticas, resulta acreditado por la actora pérdidas del último año superiores al 10% de los ingresos obtenidos en el mismo período, por lo que debe reconocerse al demandante la prestación de cese de actividad, siendo la base reguladora no controvertida de la prestación de 1.537,68 € a la que habría que aplicar un porcentaje del 70% (1.070,38€), durante 24 meses, más revalorizaciones y mejoras que legalmente correspondan con efectos desde el 19/12/2022, de conformidad con lo dispuesto en los artículos art. 327, 331. 1 a., 337.1, 338 y 339 de la LGSS.

QUINTO.-Atendiendo a que en el INSS no consta expediente administrativo alguno a nombre de la parte actora, así comoa lo dispuesto en el artículo 346 de la LGSS, teniendo la actora las coberturas prestacionales con la mutua demandada no procede la condena del INSS.

SEXTO.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191.3.c) de la LRJS frente a la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,