Sentencia Social 430/2024 Juzgado de lo Social de Vigo nº 4, Rec. 254/2023 de 04 de noviembre del 2024

UNICO.-Se impugna por la actora la resolución administrativa que desestima el recurso de alzada formulado por la empresa contra la resolución sancionadora dictada en el expediente administrativo, en base a lo fundamentado en la demanda, ratificando las alegaciones de descargo mantenidas por la empresa en la sustanciación del expediente por la infracción del orden social incoado en base al acta de infracción emitida por la Subinspectora de Trabajo por la visita efectuada en el centro de trabajo de la empresa en fecha 22/10/2020, alegando como motivos de oposición frente a la resolución sancionadora, la caducidad del procedimiento sancionador, y como motivos de fondo, se alega defectos en la tipificación de la infracción, negando la infracción denunciada que según refiere la actora atendidas las infracciones dictadas en la situación excepcional de la pandemia por el COVID, permitían la comunicación de calendario de la actividad en ficheros XML hasta el 20 del mes siguiente, por lo que no se habría cometido la infracción objeto del expediente; nulidad del expediente por generar indefensión, ausencia de práctica de prueba y falta de motivación de la resolución impugnada, así como vulneración del principio de presunción de inocencia y error en la calificación de la infracción y vulneración del principio de tipicidad falta de responsabilidad del inspeccionado, lesión del principio de legalidad y sanción desproporcionada e injusta, considerando que no dar de alta a un trabajador/a sería calificable como infracción leve del art. 21.3 de la LISOS castigada con multa en su grado mínimo de 70 a 150 euros.

Por la Administración demandada se opone a la demanda, ratificándose en la resolución impugnada y en la sanción impuesta, que se han cumplido los trámites del expediente sancionador y que no se ha producido la caducidad del procedimiento, al no haber transcurrido los seis meses desde la fecha del acta de infracción (visita de la Subinspectora de 22/10/2020) y la fecha de resolución del expediente.

A este respecto, sobre la caducidad del expediente de infracción del orden social, del examen de las actuaciones administrativas, se concluye que no ha transcurrido el plazo de seis meses desde la incoación del expediente (acta de infracción de 22/10/2020) y la fecha de su resolución el 27/04/2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la LISOS.

Sobre los motivos de fondo, se cumple con la motivación de la resolución sancionadora, no se aprecia que se hubiese generado indefensión, habiendo tenido oportunidad la empresa de formular alegaciones en el trámite indicado en el expediente, y partiendo del acta de infracción emitida por la Subinspectora de Trabajo y Seguridad Social de 22/10/2020, que tiene la presunción iuris tantum de veracidad respecto de los hechos constatados por el funcionario público actuante conforme lo dispuesto en la reglamentación en la materia ( art. 53.2 de la LISOS y normativa concordante, solo destruible por prueba en contra, y en el caso de autos, la empresa no niega los hechos que fueron constatados por la Subinspectora, sino que se reconoce que por error en la solicitud de prórroga del ERTE de fecha 1/10/2020, incluyó a la trabajadora Rafaela, cuando en realidad ese día era cuando la citada trabajadora quedaba desafectada del ERTE.

Siendo estos los hechos no controvertidos, sobre la calificación jurídica de la infracción, alega la empresa confusión en la reglamentación de los ERTES en cuanto a su comunicación con distintas circulares del SEPE que generaron en el período de pandemia errores en las comunicaciones a dicho organismo, a lo que alega la Administración que si bien es cierto que durante este período de emergencia sanitaria han existido diversas guías e instrucciones del SEPE para el manejo y trámites de los ERTES por fuerza mayor y las afectaciones y desafectaciones de los trabajadores, no es menos cierto lo que la ley recoge, que cualquier variación respecto al calendario inicial, se debe comunicar con carácter previo a su efectividad, con independencia de trámites complementarios de la Administración

, indicando que la norma es clara con respecto a estas comunicaciones, se deben realizar con carácter previo a su acaecimiento para que no se produzca la situación de tener a un trabajador incluido en un ERTE y recibiendo una prestación por desempleo (FJ Sexto de la resolución del recurso de alzada).

Partiendo de estos hechos no contradichos del acta de infracción emitida por la Subinspectora de Trabajo, en relación con la calificación de la infracción y el principio de tipicidad, se estima que la conducta sancionable también tendría encaje legal en una infracción grave del art. 22.13 o 14 de la LISOS, esto es, la no comunicación, con antelación a que se produzcan, a la entidad gestora de la prestación por desempleo, con carácter previo a su efectividad, de las variaciones que se originen sobre el calendario inicialmente dispuesto, en relación con la concreción e individualización por trabajador de los días de suspensión o reducción de jornada (13) o bien, dar ocupación, habiendo comunicado el alta en la Seguridad Social, a trabajadores, solicitantes o beneficiarios de pensiones u otras prestaciones periódicas de Seguridad Social, cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena, puesto en relación con la obligación de la empresa de comunicar estas variaciones con carácter previo a que se produzcan ( art. 298 de la LGSS, apartado h), por lo expuesto, procede estimar parcialmente la demanda, considerando que por parte de la empresa se ha incurrido en una infracción grave tipificada en el artículo 22 de la LISOS, que tendría acomodo legal en el nº 13 o 14 del citado precepto, en relación con el art. 298.h) de la LGSS, y de conformidad con el art. 39 de la LISOS, y los criterios para la graduación de las sanciones en su grado mínimo, medio o máximo señalados en el apartado 2 del citado artículo, en atención a la negligencia o intencionalidad del sujeto infractor, fraude o connivencia, incumplimiento de las advertencia previas y requerimiento de la inspección, cifra de negocios de la empresa, número de trabajadores o de beneficiarios afectados en su caso, perjuicio causado y cantidad defraudada, que de acuerdo con los mismos en el caso de autos, atendidas las circunstancias reflejadas en el acta de inspección, se estima que debe imponerse dentro del grado mínimo, determina la imposición de una sanción de multa por importe de 950 euros ( art. 40.1 b de la LISOS) , conforme a los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad y proporcionalidad que rigen en materia de derecho sancionador.

Por todo lo expuesto, procede estimar parcialmente la demanda.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,