Sentencia Social 343/2025 Juzgado de lo Social de Murcia nº 5, Rec. 794/2022 de 12 de diciembre del 2025

PRIMERO.- Acciones ejercitadas y posiciones de las partes

Se impugna por la parte actora, empresa sancionada tras accidente de trabajo, demanda impugnando la resolución que finalmente confirmo la sanción, afirma la prescripción de la infracción, la falta de requisitos del acta de la inspección nulidad de la misma, la inexistencia de los incumplimientos aducidos y la actuación temeraria del trabajador

Se opone la CARM que afirma la inexistencia de la prescripción aducida, la concurrencia de las infracciones producidas y sancionadas y la falta de acreditación de la imprudencia temeraria aducida.

Se opone el trabajador, parte interesada, que se suma a los motivos de oposición de la CARM.

SEGUNDO.- Formación del criterio del Juzgador sobre los Hechos Probados

En base a la prueba practicada básicamente el expediente administrativo y en particular el acta de la Inspección cuyas características probatorias se examinarán a continuación, ello mediante la comprobación directa del Inspector de Trabajo.

TERCERO.- Prescripción.

Para la determinación de la concurrencia o no de la misma es preciso acudir a la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de octubre de 2021, en dictada sobre este tema y en relación al artículo 7.3 del Real Decreto 928/1998, que por ser una norma especial resulta de aplicación preferente a la prescripción general aducida del articulo 30 de la Ley 40/2025 de 1 de octubre, referida al Régimen Jurídico del Sector Publico. Plazo que debe entrar contarse desde el día siguiente a a aquel en que adquiere firmeza la resolución que impone la sanción, en este caso los tres meses siguientes desde la fecha en que se interpuso el recurso de alzada. Tal como consta en los Hechos Probados, por el examen del iter del expediente administrativo, el recurso de alzada se interpone el 26 de enero de 2018, se tuvo que entender desestimado por silencio administrativo el 26 de abril de 2028, aunque fue también desestimado por Orden de fecha 8 de septiembre de 2022, notificada el 12 de septiembre de 2022; no habiendo trascurrido los cinco años de prescripción de la sanción antes consignados del articulo 7.3. Debe además recordarse la concurrencia del alargamiento especial de los plazos de la Pandemia COVID.

CUARTO.- Fondo del asunto

A) Cumplimiento de los requisitos de las actas de la Inspección.

El contenido del acta de infracción está regulado en el RD 928/1998 en sus artículos 14.1, 40 y 41). Partiendo de la identificación del Inspector actuante, además, debe reflejar el contenido exigido a cualquier acta de infracción, y los requisitos específicos para este caso, siendo su contenido exigible el siguiente: 1. Datos del presunto infractor, como son: nombre y apellidos o razón social, domicilio, actividad, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, código de cuenta de cotización a la Seguridad Social y, en su caso, número de Seguridad Social de autónomos. Si se comprueba la concurrencia de responsable subsidiario o solidario, debe hacerse constar tal circunstancia, la fundamentación fáctica y jurídica de su presunta responsabilidad y los mismos datos exigidos para el sujeto responsable directo. 2. Hechos comprobados por el funcionario actuante, con expresión de aquellos relevantes a efectos de la tipificación de la infracción, los medios utilizados para la comprobación de los hechos que fundamentan el acta y los criterios en que se fundamenta la graduación de la propuesta da sanción; y si la actuación ha sido mediante visita, comparecencia o por expediente administrativo. 3. Infracción o infracciones presuntamente cometidas, con expresión del precepto o preceptos vulnerados y su calificación. 4. Número de trabajadores de la empresa y de los afectados por la infracción, cuando tal requisito sirva para graduar la sanción o, en su caso, calificar la infracción. 5. Propuesta de sanción, su graduación y cuantificación, que ha de ser el total de las sanciones propuestas si se denuncia más de una infracción. Debe incluirse expresamente la propuesta de las sanciones accesorias que procedan como vinculadas a la sanción principal. 6. Órgano competente para resolver y el competente para realizar la instrucción y ordenación del expediente sancionador, y plazo para interponer las alegaciones ante este. 7. Funcionario que levanta el acta de infracción y firma del mismo y, en su caso, visado del inspector de trabajo y seguridad social con su firma e indicación del que la efectúe. El examen de la misma, aportada en el expediente administrativo, determina el cumplimiento de los citados requisitos, como también queda demostrado por la facilidad para articular los recursos administrativos y judiciales.

B) Valoración del elemento esencial de la prueba, el acta de la Inspección de Trabajo.

De acuerdo a lo LISOS art.53.2; y a la L 23/2015 art.23 se confiere presunción de certeza a las actas correctamente formuladas, respecto de los hechos y circunstancias contenidos en las mismas, siempre que hayan sido directamente constatados por el funcionario actuante; y, asimismo, se establece que la presunción decae ante prueba en contrario que pueda incorporarse al correspondiente procedimiento o no opera por carencia de los requisitos necesarios (RD 928/1998 art.15; LISOS art.52 redacc RDL 7/2021; L 23/2015 art.23). Se entiende conocido el principio de inmediación en la comprobación como la comprobación directa y personal del funcionario actuante a los efectos de la presunción de certeza del acta y de su fuerza probatoria (TS cont-adm 8-6-90, 12-5-92, 14-6-93); cuando la deducción de la comisión infractora denunciada por el acta, se materialice mediante prueba indiciaria, también los hechos que la constituyen han de haber sido objeto de apreciación directa (TS cont-adm 8-5-96); y parece que ha de entenderse que la forma para su comprobación válida es la de cualquiera de las modalidades previstas legal y reglamentariamente (TS cont-adm 15-11-91 y 22-3-96) para la actuación inspectora (L 23/2015 art.23). La comprobación directa, por tanto, viene a conectar con las facultades fedatarias de que disponen los miembros de la Inspección.

C) Inexistencia de prueba que contradiga la versión de la Inspección.

Se aporta en el ramo de prueba de la parte actora, una serie de documentos, básicamente referidas a planos del centro de trabajo, fotografías de la zona de salida y entrada de vehículos, copia de la ordenanza municipal sobre edificación y uso del suelo del Ayuntamiento de Murcia y plan de Prevención. Los mismos son inocuos a los efectos enervadores para los que son aportados, que además de rampas para el garaje existieren escaleras y ascensores, no invalida el hecho de que el trabajador hubiera establecido la tolerada costumbre de subir y bajar por la rampa; el hecho de que ahora se aporten fotografías de carteles colocados prohibiendo el paso, no supone que por entonces estuvieran colocadas, las fotografías no dan fe alguna del día en que el evento dañoso se produjo y pueden ser consecuencia del mismo. La ordenanza de edificación se refiere a otras exigencias legales que las de seguridad de los trabajadores, el que sea precisa una rampa y que existan escaleras o ascensores en nada disminuye o impide la responsabilidad, lo que se sanciona es que en forma tolerada en vez de usar las escaleras o los ascensores se usara la rampa. El examen del informe del Servicio de Prevención, obrante en la documental aportada en el acto del juicio al establecer el riesgo de las caídas de personas a distinto nivel, establece como una de las causas la de rampas, pero no establece el carácter diferenciador entre las de uso de personas y las de usos por vehículos, siendo la del caso de autos de obvia finalidad para el descenso de vehículos.

D.- Utilización de rampa de automóviles para el uso de peatones/trabajadores.

El RD 486/97) que establece que las vías de circulación existentes en el centro de trabajo pueden ser utilizadas por vehículos y peatones siempre que se adopten las medidas necesarias para su uso sin riesgo para los trabajadores que las utilicen ni para los que se encuentren en sus proximidades, dicho esto, en el acceso a la rampa no existe ninguna señal ni dispositivo alguno que prohíba el acceso al taller a través de la rampa para los trabajadores (peatones), en el momento de la revisión de la Inspección. Junto a ello no se instalaron dispositivos para impedir el acceso a peatones. La simple concurrencia del accidente, mas las declaraciones tomadas por la propia inspección, determinan la existencia de una costumbre tolerada por la empresa por los cual los trabajadores subían y descendían por la citada rampa, e incluso parece deducirse que estacionándose los coches en la parte final de la misma salían y entraban de los mismos en tal circunstancia. Sin que nada en contrario se haya acreditado por la empresa, entendiendo que lo que no está expresamente prohibido está permitido.

QUINTO.- Recurribilidad.

En cumplimiento del deber legal establecido en la LRJS, se hace saber a las partes que dado el importe de la sanción, contra la presente Sentencia no cabe recurso alguno.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.- Acciones ejercitadas y posiciones de las partes

Se impugna por la parte actora, empresa sancionada tras accidente de trabajo, demanda impugnando la resolución que finalmente confirmo la sanción, afirma la prescripción de la infracción, la falta de requisitos del acta de la inspección nulidad de la misma, la inexistencia de los incumplimientos aducidos y la actuación temeraria del trabajador

Se opone la CARM que afirma la inexistencia de la prescripción aducida, la concurrencia de las infracciones producidas y sancionadas y la falta de acreditación de la imprudencia temeraria aducida.

Se opone el trabajador, parte interesada, que se suma a los motivos de oposición de la CARM.

SEGUNDO.- Formación del criterio del Juzgador sobre los Hechos Probados

En base a la prueba practicada básicamente el expediente administrativo y en particular el acta de la Inspección cuyas características probatorias se examinarán a continuación, ello mediante la comprobación directa del Inspector de Trabajo.

TERCERO.- Prescripción.

Para la determinación de la concurrencia o no de la misma es preciso acudir a la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de octubre de 2021, en dictada sobre este tema y en relación al artículo 7.3 del Real Decreto 928/1998, que por ser una norma especial resulta de aplicación preferente a la prescripción general aducida del articulo 30 de la Ley 40/2025 de 1 de octubre, referida al Régimen Jurídico del Sector Publico. Plazo que debe entrar contarse desde el día siguiente a a aquel en que adquiere firmeza la resolución que impone la sanción, en este caso los tres meses siguientes desde la fecha en que se interpuso el recurso de alzada. Tal como consta en los Hechos Probados, por el examen del iter del expediente administrativo, el recurso de alzada se interpone el 26 de enero de 2018, se tuvo que entender desestimado por silencio administrativo el 26 de abril de 2028, aunque fue también desestimado por Orden de fecha 8 de septiembre de 2022, notificada el 12 de septiembre de 2022; no habiendo trascurrido los cinco años de prescripción de la sanción antes consignados del articulo 7.3. Debe además recordarse la concurrencia del alargamiento especial de los plazos de la Pandemia COVID.

CUARTO.- Fondo del asunto

A) Cumplimiento de los requisitos de las actas de la Inspección.

El contenido del acta de infracción está regulado en el RD 928/1998 en sus artículos 14.1, 40 y 41). Partiendo de la identificación del Inspector actuante, además, debe reflejar el contenido exigido a cualquier acta de infracción, y los requisitos específicos para este caso, siendo su contenido exigible el siguiente: 1. Datos del presunto infractor, como son: nombre y apellidos o razón social, domicilio, actividad, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, código de cuenta de cotización a la Seguridad Social y, en su caso, número de Seguridad Social de autónomos. Si se comprueba la concurrencia de responsable subsidiario o solidario, debe hacerse constar tal circunstancia, la fundamentación fáctica y jurídica de su presunta responsabilidad y los mismos datos exigidos para el sujeto responsable directo. 2. Hechos comprobados por el funcionario actuante, con expresión de aquellos relevantes a efectos de la tipificación de la infracción, los medios utilizados para la comprobación de los hechos que fundamentan el acta y los criterios en que se fundamenta la graduación de la propuesta da sanción; y si la actuación ha sido mediante visita, comparecencia o por expediente administrativo. 3. Infracción o infracciones presuntamente cometidas, con expresión del precepto o preceptos vulnerados y su calificación. 4. Número de trabajadores de la empresa y de los afectados por la infracción, cuando tal requisito sirva para graduar la sanción o, en su caso, calificar la infracción. 5. Propuesta de sanción, su graduación y cuantificación, que ha de ser el total de las sanciones propuestas si se denuncia más de una infracción. Debe incluirse expresamente la propuesta de las sanciones accesorias que procedan como vinculadas a la sanción principal. 6. Órgano competente para resolver y el competente para realizar la instrucción y ordenación del expediente sancionador, y plazo para interponer las alegaciones ante este. 7. Funcionario que levanta el acta de infracción y firma del mismo y, en su caso, visado del inspector de trabajo y seguridad social con su firma e indicación del que la efectúe. El examen de la misma, aportada en el expediente administrativo, determina el cumplimiento de los citados requisitos, como también queda demostrado por la facilidad para articular los recursos administrativos y judiciales.

B) Valoración del elemento esencial de la prueba, el acta de la Inspección de Trabajo.

De acuerdo a lo LISOS art.53.2; y a la L 23/2015 art.23 se confiere presunción de certeza a las actas correctamente formuladas, respecto de los hechos y circunstancias contenidos en las mismas, siempre que hayan sido directamente constatados por el funcionario actuante; y, asimismo, se establece que la presunción decae ante prueba en contrario que pueda incorporarse al correspondiente procedimiento o no opera por carencia de los requisitos necesarios (RD 928/1998 art.15; LISOS art.52 redacc RDL 7/2021; L 23/2015 art.23). Se entiende conocido el principio de inmediación en la comprobación como la comprobación directa y personal del funcionario actuante a los efectos de la presunción de certeza del acta y de su fuerza probatoria (TS cont-adm 8-6-90, 12-5-92, 14-6-93); cuando la deducción de la comisión infractora denunciada por el acta, se materialice mediante prueba indiciaria, también los hechos que la constituyen han de haber sido objeto de apreciación directa (TS cont-adm 8-5-96); y parece que ha de entenderse que la forma para su comprobación válida es la de cualquiera de las modalidades previstas legal y reglamentariamente (TS cont-adm 15-11-91 y 22-3-96) para la actuación inspectora (L 23/2015 art.23). La comprobación directa, por tanto, viene a conectar con las facultades fedatarias de que disponen los miembros de la Inspección.

C) Inexistencia de prueba que contradiga la versión de la Inspección.

Se aporta en el ramo de prueba de la parte actora, una serie de documentos, básicamente referidas a planos del centro de trabajo, fotografías de la zona de salida y entrada de vehículos, copia de la ordenanza municipal sobre edificación y uso del suelo del Ayuntamiento de Murcia y plan de Prevención. Los mismos son inocuos a los efectos enervadores para los que son aportados, que además de rampas para el garaje existieren escaleras y ascensores, no invalida el hecho de que el trabajador hubiera establecido la tolerada costumbre de subir y bajar por la rampa; el hecho de que ahora se aporten fotografías de carteles colocados prohibiendo el paso, no supone que por entonces estuvieran colocadas, las fotografías no dan fe alguna del día en que el evento dañoso se produjo y pueden ser consecuencia del mismo. La ordenanza de edificación se refiere a otras exigencias legales que las de seguridad de los trabajadores, el que sea precisa una rampa y que existan escaleras o ascensores en nada disminuye o impide la responsabilidad, lo que se sanciona es que en forma tolerada en vez de usar las escaleras o los ascensores se usara la rampa. El examen del informe del Servicio de Prevención, obrante en la documental aportada en el acto del juicio al establecer el riesgo de las caídas de personas a distinto nivel, establece como una de las causas la de rampas, pero no establece el carácter diferenciador entre las de uso de personas y las de usos por vehículos, siendo la del caso de autos de obvia finalidad para el descenso de vehículos.

D.- Utilización de rampa de automóviles para el uso de peatones/trabajadores.

El RD 486/97) que establece que las vías de circulación existentes en el centro de trabajo pueden ser utilizadas por vehículos y peatones siempre que se adopten las medidas necesarias para su uso sin riesgo para los trabajadores que las utilicen ni para los que se encuentren en sus proximidades, dicho esto, en el acceso a la rampa no existe ninguna señal ni dispositivo alguno que prohíba el acceso al taller a través de la rampa para los trabajadores (peatones), en el momento de la revisión de la Inspección. Junto a ello no se instalaron dispositivos para impedir el acceso a peatones. La simple concurrencia del accidente, mas las declaraciones tomadas por la propia inspección, determinan la existencia de una costumbre tolerada por la empresa por los cual los trabajadores subían y descendían por la citada rampa, e incluso parece deducirse que estacionándose los coches en la parte final de la misma salían y entraban de los mismos en tal circunstancia. Sin que nada en contrario se haya acreditado por la empresa, entendiendo que lo que no está expresamente prohibido está permitido.

QUINTO.- Recurribilidad.

En cumplimiento del deber legal establecido en la LRJS, se hace saber a las partes que dado el importe de la sanción, contra la presente Sentencia no cabe recurso alguno.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.- Acciones ejercitadas y posiciones de las partes

Se impugna por la parte actora, empresa sancionada tras accidente de trabajo, demanda impugnando la resolución que finalmente confirmo la sanción, afirma la prescripción de la infracción, la falta de requisitos del acta de la inspección nulidad de la misma, la inexistencia de los incumplimientos aducidos y la actuación temeraria del trabajador

Se opone la CARM que afirma la inexistencia de la prescripción aducida, la concurrencia de las infracciones producidas y sancionadas y la falta de acreditación de la imprudencia temeraria aducida.

Se opone el trabajador, parte interesada, que se suma a los motivos de oposición de la CARM.

SEGUNDO.- Formación del criterio del Juzgador sobre los Hechos Probados

En base a la prueba practicada básicamente el expediente administrativo y en particular el acta de la Inspección cuyas características probatorias se examinarán a continuación, ello mediante la comprobación directa del Inspector de Trabajo.

TERCERO.- Prescripción.

Para la determinación de la concurrencia o no de la misma es preciso acudir a la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de octubre de 2021, en dictada sobre este tema y en relación al artículo 7.3 del Real Decreto 928/1998, que por ser una norma especial resulta de aplicación preferente a la prescripción general aducida del articulo 30 de la Ley 40/2025 de 1 de octubre, referida al Régimen Jurídico del Sector Publico. Plazo que debe entrar contarse desde el día siguiente a a aquel en que adquiere firmeza la resolución que impone la sanción, en este caso los tres meses siguientes desde la fecha en que se interpuso el recurso de alzada. Tal como consta en los Hechos Probados, por el examen del iter del expediente administrativo, el recurso de alzada se interpone el 26 de enero de 2018, se tuvo que entender desestimado por silencio administrativo el 26 de abril de 2028, aunque fue también desestimado por Orden de fecha 8 de septiembre de 2022, notificada el 12 de septiembre de 2022; no habiendo trascurrido los cinco años de prescripción de la sanción antes consignados del articulo 7.3. Debe además recordarse la concurrencia del alargamiento especial de los plazos de la Pandemia COVID.

CUARTO.- Fondo del asunto

A) Cumplimiento de los requisitos de las actas de la Inspección.

El contenido del acta de infracción está regulado en el RD 928/1998 en sus artículos 14.1, 40 y 41). Partiendo de la identificación del Inspector actuante, además, debe reflejar el contenido exigido a cualquier acta de infracción, y los requisitos específicos para este caso, siendo su contenido exigible el siguiente: 1. Datos del presunto infractor, como son: nombre y apellidos o razón social, domicilio, actividad, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, código de cuenta de cotización a la Seguridad Social y, en su caso, número de Seguridad Social de autónomos. Si se comprueba la concurrencia de responsable subsidiario o solidario, debe hacerse constar tal circunstancia, la fundamentación fáctica y jurídica de su presunta responsabilidad y los mismos datos exigidos para el sujeto responsable directo. 2. Hechos comprobados por el funcionario actuante, con expresión de aquellos relevantes a efectos de la tipificación de la infracción, los medios utilizados para la comprobación de los hechos que fundamentan el acta y los criterios en que se fundamenta la graduación de la propuesta da sanción; y si la actuación ha sido mediante visita, comparecencia o por expediente administrativo. 3. Infracción o infracciones presuntamente cometidas, con expresión del precepto o preceptos vulnerados y su calificación. 4. Número de trabajadores de la empresa y de los afectados por la infracción, cuando tal requisito sirva para graduar la sanción o, en su caso, calificar la infracción. 5. Propuesta de sanción, su graduación y cuantificación, que ha de ser el total de las sanciones propuestas si se denuncia más de una infracción. Debe incluirse expresamente la propuesta de las sanciones accesorias que procedan como vinculadas a la sanción principal. 6. Órgano competente para resolver y el competente para realizar la instrucción y ordenación del expediente sancionador, y plazo para interponer las alegaciones ante este. 7. Funcionario que levanta el acta de infracción y firma del mismo y, en su caso, visado del inspector de trabajo y seguridad social con su firma e indicación del que la efectúe. El examen de la misma, aportada en el expediente administrativo, determina el cumplimiento de los citados requisitos, como también queda demostrado por la facilidad para articular los recursos administrativos y judiciales.

B) Valoración del elemento esencial de la prueba, el acta de la Inspección de Trabajo.

De acuerdo a lo LISOS art.53.2; y a la L 23/2015 art.23 se confiere presunción de certeza a las actas correctamente formuladas, respecto de los hechos y circunstancias contenidos en las mismas, siempre que hayan sido directamente constatados por el funcionario actuante; y, asimismo, se establece que la presunción decae ante prueba en contrario que pueda incorporarse al correspondiente procedimiento o no opera por carencia de los requisitos necesarios (RD 928/1998 art.15; LISOS art.52 redacc RDL 7/2021; L 23/2015 art.23). Se entiende conocido el principio de inmediación en la comprobación como la comprobación directa y personal del funcionario actuante a los efectos de la presunción de certeza del acta y de su fuerza probatoria (TS cont-adm 8-6-90, 12-5-92, 14-6-93); cuando la deducción de la comisión infractora denunciada por el acta, se materialice mediante prueba indiciaria, también los hechos que la constituyen han de haber sido objeto de apreciación directa (TS cont-adm 8-5-96); y parece que ha de entenderse que la forma para su comprobación válida es la de cualquiera de las modalidades previstas legal y reglamentariamente (TS cont-adm 15-11-91 y 22-3-96) para la actuación inspectora (L 23/2015 art.23). La comprobación directa, por tanto, viene a conectar con las facultades fedatarias de que disponen los miembros de la Inspección.

C) Inexistencia de prueba que contradiga la versión de la Inspección.

Se aporta en el ramo de prueba de la parte actora, una serie de documentos, básicamente referidas a planos del centro de trabajo, fotografías de la zona de salida y entrada de vehículos, copia de la ordenanza municipal sobre edificación y uso del suelo del Ayuntamiento de Murcia y plan de Prevención. Los mismos son inocuos a los efectos enervadores para los que son aportados, que además de rampas para el garaje existieren escaleras y ascensores, no invalida el hecho de que el trabajador hubiera establecido la tolerada costumbre de subir y bajar por la rampa; el hecho de que ahora se aporten fotografías de carteles colocados prohibiendo el paso, no supone que por entonces estuvieran colocadas, las fotografías no dan fe alguna del día en que el evento dañoso se produjo y pueden ser consecuencia del mismo. La ordenanza de edificación se refiere a otras exigencias legales que las de seguridad de los trabajadores, el que sea precisa una rampa y que existan escaleras o ascensores en nada disminuye o impide la responsabilidad, lo que se sanciona es que en forma tolerada en vez de usar las escaleras o los ascensores se usara la rampa. El examen del informe del Servicio de Prevención, obrante en la documental aportada en el acto del juicio al establecer el riesgo de las caídas de personas a distinto nivel, establece como una de las causas la de rampas, pero no establece el carácter diferenciador entre las de uso de personas y las de usos por vehículos, siendo la del caso de autos de obvia finalidad para el descenso de vehículos.

D.- Utilización de rampa de automóviles para el uso de peatones/trabajadores.

El RD 486/97) que establece que las vías de circulación existentes en el centro de trabajo pueden ser utilizadas por vehículos y peatones siempre que se adopten las medidas necesarias para su uso sin riesgo para los trabajadores que las utilicen ni para los que se encuentren en sus proximidades, dicho esto, en el acceso a la rampa no existe ninguna señal ni dispositivo alguno que prohíba el acceso al taller a través de la rampa para los trabajadores (peatones), en el momento de la revisión de la Inspección. Junto a ello no se instalaron dispositivos para impedir el acceso a peatones. La simple concurrencia del accidente, mas las declaraciones tomadas por la propia inspección, determinan la existencia de una costumbre tolerada por la empresa por los cual los trabajadores subían y descendían por la citada rampa, e incluso parece deducirse que estacionándose los coches en la parte final de la misma salían y entraban de los mismos en tal circunstancia. Sin que nada en contrario se haya acreditado por la empresa, entendiendo que lo que no está expresamente prohibido está permitido.

QUINTO.- Recurribilidad.

En cumplimiento del deber legal establecido en la LRJS, se hace saber a las partes que dado el importe de la sanción, contra la presente Sentencia no cabe recurso alguno.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.- Acciones ejercitadas y posiciones de las partes

Se impugna por la parte actora, empresa sancionada tras accidente de trabajo, demanda impugnando la resolución que finalmente confirmo la sanción, afirma la prescripción de la infracción, la falta de requisitos del acta de la inspección nulidad de la misma, la inexistencia de los incumplimientos aducidos y la actuación temeraria del trabajador

Se opone la CARM que afirma la inexistencia de la prescripción aducida, la concurrencia de las infracciones producidas y sancionadas y la falta de acreditación de la imprudencia temeraria aducida.

Se opone el trabajador, parte interesada, que se suma a los motivos de oposición de la CARM.

SEGUNDO.- Formación del criterio del Juzgador sobre los Hechos Probados

En base a la prueba practicada básicamente el expediente administrativo y en particular el acta de la Inspección cuyas características probatorias se examinarán a continuación, ello mediante la comprobación directa del Inspector de Trabajo.

TERCERO.- Prescripción.

Para la determinación de la concurrencia o no de la misma es preciso acudir a la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de octubre de 2021, en dictada sobre este tema y en relación al artículo 7.3 del Real Decreto 928/1998, que por ser una norma especial resulta de aplicación preferente a la prescripción general aducida del articulo 30 de la Ley 40/2025 de 1 de octubre, referida al Régimen Jurídico del Sector Publico. Plazo que debe entrar contarse desde el día siguiente a a aquel en que adquiere firmeza la resolución que impone la sanción, en este caso los tres meses siguientes desde la fecha en que se interpuso el recurso de alzada. Tal como consta en los Hechos Probados, por el examen del iter del expediente administrativo, el recurso de alzada se interpone el 26 de enero de 2018, se tuvo que entender desestimado por silencio administrativo el 26 de abril de 2028, aunque fue también desestimado por Orden de fecha 8 de septiembre de 2022, notificada el 12 de septiembre de 2022; no habiendo trascurrido los cinco años de prescripción de la sanción antes consignados del articulo 7.3. Debe además recordarse la concurrencia del alargamiento especial de los plazos de la Pandemia COVID.

CUARTO.- Fondo del asunto

A) Cumplimiento de los requisitos de las actas de la Inspección.

El contenido del acta de infracción está regulado en el RD 928/1998 en sus artículos 14.1, 40 y 41). Partiendo de la identificación del Inspector actuante, además, debe reflejar el contenido exigido a cualquier acta de infracción, y los requisitos específicos para este caso, siendo su contenido exigible el siguiente: 1. Datos del presunto infractor, como son: nombre y apellidos o razón social, domicilio, actividad, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, código de cuenta de cotización a la Seguridad Social y, en su caso, número de Seguridad Social de autónomos. Si se comprueba la concurrencia de responsable subsidiario o solidario, debe hacerse constar tal circunstancia, la fundamentación fáctica y jurídica de su presunta responsabilidad y los mismos datos exigidos para el sujeto responsable directo. 2. Hechos comprobados por el funcionario actuante, con expresión de aquellos relevantes a efectos de la tipificación de la infracción, los medios utilizados para la comprobación de los hechos que fundamentan el acta y los criterios en que se fundamenta la graduación de la propuesta da sanción; y si la actuación ha sido mediante visita, comparecencia o por expediente administrativo. 3. Infracción o infracciones presuntamente cometidas, con expresión del precepto o preceptos vulnerados y su calificación. 4. Número de trabajadores de la empresa y de los afectados por la infracción, cuando tal requisito sirva para graduar la sanción o, en su caso, calificar la infracción. 5. Propuesta de sanción, su graduación y cuantificación, que ha de ser el total de las sanciones propuestas si se denuncia más de una infracción. Debe incluirse expresamente la propuesta de las sanciones accesorias que procedan como vinculadas a la sanción principal. 6. Órgano competente para resolver y el competente para realizar la instrucción y ordenación del expediente sancionador, y plazo para interponer las alegaciones ante este. 7. Funcionario que levanta el acta de infracción y firma del mismo y, en su caso, visado del inspector de trabajo y seguridad social con su firma e indicación del que la efectúe. El examen de la misma, aportada en el expediente administrativo, determina el cumplimiento de los citados requisitos, como también queda demostrado por la facilidad para articular los recursos administrativos y judiciales.

B) Valoración del elemento esencial de la prueba, el acta de la Inspección de Trabajo.

De acuerdo a lo LISOS art.53.2; y a la L 23/2015 art.23 se confiere presunción de certeza a las actas correctamente formuladas, respecto de los hechos y circunstancias contenidos en las mismas, siempre que hayan sido directamente constatados por el funcionario actuante; y, asimismo, se establece que la presunción decae ante prueba en contrario que pueda incorporarse al correspondiente procedimiento o no opera por carencia de los requisitos necesarios (RD 928/1998 art.15; LISOS art.52 redacc RDL 7/2021; L 23/2015 art.23). Se entiende conocido el principio de inmediación en la comprobación como la comprobación directa y personal del funcionario actuante a los efectos de la presunción de certeza del acta y de su fuerza probatoria (TS cont-adm 8-6-90, 12-5-92, 14-6-93); cuando la deducción de la comisión infractora denunciada por el acta, se materialice mediante prueba indiciaria, también los hechos que la constituyen han de haber sido objeto de apreciación directa (TS cont-adm 8-5-96); y parece que ha de entenderse que la forma para su comprobación válida es la de cualquiera de las modalidades previstas legal y reglamentariamente (TS cont-adm 15-11-91 y 22-3-96) para la actuación inspectora (L 23/2015 art.23). La comprobación directa, por tanto, viene a conectar con las facultades fedatarias de que disponen los miembros de la Inspección.

C) Inexistencia de prueba que contradiga la versión de la Inspección.

Se aporta en el ramo de prueba de la parte actora, una serie de documentos, básicamente referidas a planos del centro de trabajo, fotografías de la zona de salida y entrada de vehículos, copia de la ordenanza municipal sobre edificación y uso del suelo del Ayuntamiento de Murcia y plan de Prevención. Los mismos son inocuos a los efectos enervadores para los que son aportados, que además de rampas para el garaje existieren escaleras y ascensores, no invalida el hecho de que el trabajador hubiera establecido la tolerada costumbre de subir y bajar por la rampa; el hecho de que ahora se aporten fotografías de carteles colocados prohibiendo el paso, no supone que por entonces estuvieran colocadas, las fotografías no dan fe alguna del día en que el evento dañoso se produjo y pueden ser consecuencia del mismo. La ordenanza de edificación se refiere a otras exigencias legales que las de seguridad de los trabajadores, el que sea precisa una rampa y que existan escaleras o ascensores en nada disminuye o impide la responsabilidad, lo que se sanciona es que en forma tolerada en vez de usar las escaleras o los ascensores se usara la rampa. El examen del informe del Servicio de Prevención, obrante en la documental aportada en el acto del juicio al establecer el riesgo de las caídas de personas a distinto nivel, establece como una de las causas la de rampas, pero no establece el carácter diferenciador entre las de uso de personas y las de usos por vehículos, siendo la del caso de autos de obvia finalidad para el descenso de vehículos.

D.- Utilización de rampa de automóviles para el uso de peatones/trabajadores.

El RD 486/97) que establece que las vías de circulación existentes en el centro de trabajo pueden ser utilizadas por vehículos y peatones siempre que se adopten las medidas necesarias para su uso sin riesgo para los trabajadores que las utilicen ni para los que se encuentren en sus proximidades, dicho esto, en el acceso a la rampa no existe ninguna señal ni dispositivo alguno que prohíba el acceso al taller a través de la rampa para los trabajadores (peatones), en el momento de la revisión de la Inspección. Junto a ello no se instalaron dispositivos para impedir el acceso a peatones. La simple concurrencia del accidente, mas las declaraciones tomadas por la propia inspección, determinan la existencia de una costumbre tolerada por la empresa por los cual los trabajadores subían y descendían por la citada rampa, e incluso parece deducirse que estacionándose los coches en la parte final de la misma salían y entraban de los mismos en tal circunstancia. Sin que nada en contrario se haya acreditado por la empresa, entendiendo que lo que no está expresamente prohibido está permitido.

QUINTO.- Recurribilidad.

En cumplimiento del deber legal establecido en la LRJS, se hace saber a las partes que dado el importe de la sanción, contra la presente Sentencia no cabe recurso alguno.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.