Sentencia Social 207/2025 Juzgado de lo Social de Murcia nº 6, Rec. 729/2023 de 15 de julio del 2025

PRIMERO.Los anteriores hechos probados han sido obtenidos mediante la convicción alcanzada por esta Juzgadora, en los términos establecidos en el art. 97.2 de la L.R.J.S. , tras el análisis y la valoración de las pruebas practicadas en el proceso, consistentes en el expediente administrativo obrante en Autos, la documental aportada por las partes y las testificales practicadas a instancia de la parte actora.-

SEGUN DO.En la demandada que ha dado origen a las presentes actuaciones, la empresa demandante interesa, se dicte Sentencia por la que se deje sin efecto la Resolución dictada por Directora Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en fecha 12 de julio de 2023; que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución dictada en fecha 8 de mayo de 2023 por el Jefe de la Unidad de Impugnaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, que confirmaba el Acta de Infracción nº NUM001 levantada el 24 de noviembre de 2022 por la Dirección Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la CARM y, procedía a imponer a la entidad demandante una sanción de multa por importe de 3.126 €; más la sanción accesoria de pérdida automática y de forma proporcional al número de trabajadores afectados por la infracción, de las ayudas y bonificaciones, y en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo con efectos desde la fecha en la que la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social entiende cometida la infracción-19-02-2021-; y ello por entender, que el SPA "Semusad", con quien la empresa tiene concertado la Prevención de Riesgos Laborales, cometió un error de carácter administrativo en el certificado de formación de la trabajadora Dª. Celia, pues esta se llevó a cabo el 12 de enero de 2022, en la que esta última se encontraba en alta en la empresa, y no el 19 de febrero de 2021.-

Frente a tales pretensiones se opuso la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, alegando las razones que son de ver en el acta grabada al efecto, las cuales pueden sintetizarse del modo siguiente; en primer lugar, manifestaba que debían de confirmarse las Resoluciones Administrativas impugnadas, ya que la sanción impuesta a la empresa era ajustada a derecho, así como al principio de tipicidad y al principio de proporcionalidad, al haber quedado acreditada la infracción cometida por la empresa, pues consta que la empresa respecto de una trabajadora, y a través del SPA le impartió un curso de formación en fecha 19 de febrero de 2021, sin que la misma, se encontrase en alta en la empresa, pese a que tales cursos tienen carácter lectivo, y por tanto, han de ser remunerados y ser objeto de cotización, siendo por ello indispensable, para poder ser impartido, que existiese el alta previa en SS y, por lo demás, solicitaba la desestimación de la demanda previo el recibimiento del pleito a prueba.-

TERCERO.Centrada la cuestión litigiosa en la forma expuesta en el fundamento de derecho precedente, lo primero que ha de indicarse es que, de conformidad con lo previsto en el art. 53.2 de la LISOS, las Actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social gozan de presunción de certeza "iuris tamtum" respecto de los hechos reflejados en las mismas, siempre que hayan sido objeto de constatación personal y directa por el Inspector actuante, tal y como han declarado las Sentencias del TS de 6 de marzo de 1998, de 6 de junio de 1998, de 5 de diciembre de 1998 y de 22 de octubre de 2001, o que resulten acreditados "in situ" documentalmente o por testimonios recogidos en el centro de trabajo e incorporadas a las mismas, tal y como han declarado las Sentencias de Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1988 y 1 de julio de 1990, así como los inmediatamente deducibles de todos ellos (Sentencias del TS de 14 de abril de 1995) o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta (como pueden ser documentos o declaraciones) siempre que se extiendan de acuerdo con los requisitos procedimentales establecidos legalmente, siendo en tal caso, suficiente para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia y convirtiendo en el acta en prueba de cargo. El fundamento de la presunción de veracidad y certeza de las Actas de Inspección se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio ha de ser reconocida al inspector actuante. No obstante esta presunción de certeza ha de ser interpretada conforme a los principios inspiradores del ordenamiento jurídico y sin merma, ni lesión, del derecho de defensa y de presunción de inocencia del administrado, sin que exista inversión del "onus probando", ya que se permite al administrado actuar contra el acto de prueba aportado por la Administración.-

No obstante a lo expuesto, resulta incuestionable que esa presunción tiene impuestos unos límites que condicionan tanto su eficacia como su alcance. Una exposición general de tales cuestiones se contiene en la Sentencia del TC 76/1990, de 26 de abril, que, si bien referida a la fuerza probatoria de las actas de la inspección tributaria, contiene una doctrina extrapolable, a la actuación inspectora laboral. Señala la indicada Sentencia que las actas y diligencias de la inspección tienen la condición de medio de prueba admisible en derecho respecto a los hechos comprobados directamente por el funcionario actuante, sin extenderse a calificaciones jurídicas, juicios de valor o simples opiniones que el inspector vierta en ellas. Por otra parte, tratándose de un medio de prueba cuyas afirmaciones de hecho sólo encierran una presunción "iuris tamtum" de veracidad, tales afirmaciones pueden ceder ante otras pruebas, pues las referidas actas ni gozan de mayor relevancia que los demás medios probatorios admitidos en derecho, ni pueden prevalecer necesariamente frente a otros que conduzcan a conclusiones distintas, por lo que el órgano judicial procederá a su valoración en conjunto con el resto del material incorporado a los Autos. Esta doctrina se mantiene fielmente por la jurisprudencia de la Sala Tercera de Tribunal Supremo, como muestran las siguientes resoluciones emanadas de dicho órgano judicial:

1) en relación a los límites que abarca la repetida presunción, las Sentencias desde 25 de octubre de 1988, 25 de mayo de 1990, 16 de julio de 1990, 18 de marzo y 11 de mayo de 1992 recogen que aquella sólo comprende los hechos, sin alcanzar a las simples apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas del inspector actuante.-

2) en relación a los presupuestos que deben de concurrir para que la referida presunción despliegue su eficacia, las Sentencias de 24 de junio de 1991, 15 de septiembre de 1992, 30 de septiembre de 1992, 8 de febrero de 1994, 6 de mayo de 1996, 17 de febrero de 1998, 27 de febrero de 1998 y 27 de abril de 1998 indican que tales hechos son aquellos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el inspector, los inmediatamente deducibles de aquellos o los acreditados por medio de prueba consignados en la propia acta. En el caso de acta levantada previa actuación de controlador laboral, la inspección puede desarrollar su actividad fiscalizadora sin necesidad de visita, mediante comprobación o expediente administrativo siempre que el inspector, a la vista de las actuaciones practicadas, constate la existencia de hechos constitutivos de infracción. Por el contrario, no será posible aplicar la citada presunción si ha faltado auténtica base de comprobación de datos o los ofrecidos han sido insuficientemente acreditados, en tal caso, decae el presupuesto adecuado para la traslación de la carga probatoria, al sujeto sancionado, quedando este eximido de acreditar la inexactitud del acta, salvo que existan contra él otros medios probatorios de carga o hayan admitido explícita o implícitamente los hechos en función de los cuales se le sanciona.-

CUARTO.En relación a la formación, el art. 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales, señala literalmente lo siguiente:

"1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórico y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la duración o modalidad de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.-

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse, periódicamente, si fuese necesario.-

2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas, pero con el descuento en aquellas del tiempo invertido en las misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores".-

Por su parte, La Sala de Lo Social del Tribunal Supremo en Sentencia, entre otras, dictada, en fecha 11 de febrero de 2013, en relación a los cursos de formación en materia preventiva, declara lo siguiente: "Tal y como acertadamente se razona en la Sentencia recurrida, sin acudir por cierto, a ningún mecanismo de interpretación analógica, los deberes que impone esa norma al trabajador se encuadran evidentemente dentro del contrato de trabajo, pues se le exige una formación que incide directamente sobre su actividad, y que en una medida importante se proyecta sobre el deber de la salud y seguridad de los trabajadores que impone al empresario el art. 14 de la LPRL, cuya vertiente se especifica en el ámbito de la formación que se contiene en el art. 19.En el número 1º de este precepto se dice que "....en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualesquiera que sea su modalidad y duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo" como ocurre en el presente caso, en el que ocurre que en curso de la actividad laboral se han producido cambios normativos que exigen la realización de un proceso de formación, obligatorio que se que se proyecta sobre varias facetas de la actividad de conducción de vehículos de transporte de viajeros por carretera, pero con una importante vertiente en el área de la salud y la seguridad en el trabajo, como antes se ha tenido a la ocasión de comprobar.-

Por ello resulta de aplicación el número 2 de este precepto, tal y como se razona en la Sentencia recurrida, en el que se dice que "la formación a que se refiere el párrafo apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquellas del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.-

Por ello, la realidad es que indudablemente la incidencia que la realización del proceso formativo para la obtención del CAP regulado en el RD 1032/07 tiene sobre la salud y seguridad del trabajador ha de integrarse en la formación exigible en el cumplimiento del deber de protección del empleador y por ello encaja normativamente en el número 2º del art. 19 de la LPRL, con arreglo al que, por un lado, el tiempo invertido en esa formación tendría la consideración de trabajo efectivo, y por otro, como consecuencia de ello, deberá ser retribuido como tal.-

Por otra parte, el anterior pronunciamiento encaja y se complementa también con las previsiones del art. 4.2 b) del E.T., que establece más genéricamente el derecho de los trabajadores a la promoción y formación profesional en el trabajo, redacción del precepto que se ha visto muy ampliada y mejorada en la modificación introducida por la Ley 3/2012, de 6 de julo, posterior a la demanda que dio origen al presente conflicto colectivo; formación que en este caso, revierte entre las propias empresas, que han de prestar el servicio de transporte de viajeros en las condiciones generales que establece el R.D., y en las particulares que se refieren a la formación de sus empleados".-

De lo expuesto, se desprende que la actividad formativa ha de realizarse tanto en el momento de la contratación, como con posterioridad a ese momento de existir razones que así lo precisaren, lo que implica que para ello el trabajador ha de estar en la plantilla de la empresa, esto es, debe de haber sido contratado, y en consecuencia, ha de estar dado de alta en Seguridad Social, además, la misma ha de ser impartida durante la jornada de trabajo, y para el caso de ser realizada fuera de ésta, habría de descontarse del tiempo de trabajo, lo que implica que el tiempo dedicado a la formación ha de ser imputable a la jornada de trabajo en los términos que se regulan en el art. 34 del E.T., sin que por lo demás, pueda ser obviado que el derecho a la seguridad en el trabajo se encuentra recogido en el art. 4.2 del E.T. como un derecho que ha de presidir la relación laboral.-

QUINTO.En base a lo expuesto, en los fundamentos de derecho tercero y cuarto de la presente Resolución, es a juicio de esta Juzgadora, que en las presentes actuaciones, el Acta de Infracción levantada por la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de la CARM en fecha 14 de noviembre de 2022, ha de desplegar la presunción de certeza "iuris tamtum" que le otorga el art. 53.2 de la LISOS, respecto de los hechos reflejados en las misma, ya que lo único que se discute por la empresa es que tales hechos no son constitutivos de infracción, por las razones que constan en el escrito rector de demanda, y que de forma sucinta han sido expuestas en el fundamento de derecho segundo de la presente Resolución.

Y las mismas, no han de tener favorable acogida, puesto que el supuesto error que se invoca respecto de la fecha en la que recibió la formación la trabajadora, y como bien especifican los Inspectores actuantes en el informe ampliatorio, cuando se solicita el certificado, la representación de la empresa aporta un certificado en el que consta que la formación fue impartida a Dª. Celia el 19 de febrero de 2021, cuando la misma no había causado alta en la empresa, sin que nadie se percatase del supuesto error invocado sino hasta una vez levantada el Acta de Infracción y cuando la empresa, ya tiene conocimiento de la misma, sin que, por ende, la Declaración Jurada de Dª. Celia, y el Certificado emitido por D. Balbino, actuando en nombre y representación del Servicio de Prevención Ajeno, "Semusad Prevención de Riesgos Laborales, obrantes al ramo de prueba de la mercantil demandante como documentos nº 2 y nº3, ni las testificales practicadas a instancia de la empresa demandada, en la persona de este último y de Dª. Agustina, tengan eficacia y virtualidad para desvirtuar "presunción de certeza" que la ley otorga a las Actas de Infracción, pues todo ello surge una vez que se tiene conocimiento del expediente sancionador y de la contienda judicial.-

SEXTO.En consecuencia y de lo expuesto en el fundamento de derecho precedente, resulta palmaría la infracción cometida por la empresa demandante, pues se impartió un curso de formación por el SPA a una trabajadora que no se encontraba en alta en la empresa, lo que vulnera el art. 139.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), en relación con los arts. 29 y 32.3.1 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Inscripción de empresas y Afiliación, Altas, Bajas y Variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social (BOE del 27 de febrero), siendo ajustada a derecho la tipificación y calificación de la infracción como grave, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (BOE del 8), así como la graduación de la misma en su grado mínimo, en atención a lo dispuesto en el art. 39.1 y 6 de la meritada norma, y imposición de la sanción de multa por importe de 1.126 euros, más la sanción accesoria de pérdida automática de las ayudas, bonificaciones, y de los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, de forma proporcional al número de trabajadores afectados por la infracción, con efectos desde la fecha en la que se cometió la infracción, el 19 de febrero de 2021, afectando la pérdida de estas ayudas, bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo a los de mayor cuantía, con preferencia sobre los que tuvieren menor en el momento de la comisión de la infracción, de acuerdo con lo establecido en el art. 46.2 del Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto (B.O.R. del 8), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sanciones e Infracciones del Orden Social.-

SEXTO.Por todo lo expuesto, la demanda deberá de ser desestimada, confirmándose la Resolución dictada por Directora Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en fecha 12 de julio de 2023; que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución dictada en fecha 8 de mayo de 2023 por el Jefe de la Unidad de Impugnaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, que confirmaba el Acta de Infracción nº NUM001 levantada el 24 de noviembre de 2022 por la Dirección Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la CARM y, procedía a imponer a la entidad demandante una sanción de multa por importe de 3.126 €; más la sanción accesoria de pérdida automática y de forma proporcional al número de trabajadores afectados por la infracción, de las ayudas y bonificaciones, y en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo con efectos desde la fecha en la que la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social entiende cometida la infracción-19-02-2021- afectando la pérdida de estas ayudas, bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo a los de mayor cuantía, con preferencia sobre los que tuvieren menor en el momento de la comisión de la infracción.-

SEPTIMO.Contra la presente Resolución no cabe interponer recurso de suplicación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3.g) de la L.R.J.S. , al no exceder de 18.000 euros la sanción impuesta -