Sentencia Social 193/2024 Juzgado de lo Social de Murcia nº 7, Rec. 281/2023 de 01 de julio del 2024

PRIMERO.- La anterior relación de hechos declarados probados se desprende de la documental aportada ( arts. 217 de la L.E.C. y 90 y ss. de la L.R.J.S .).

SEGUNDO.-En el presente procedimiento se impugna la desestimación por silencio administrativo por parte de la Consejería demandada, del recurso de alzada interpuesto por la parte actora frente a la resolución dictada el 3 de octubre de 2022, que confirmada el Acta de Infracción elaborada por la Inspección de Trabajo y en la que se impuso a la parte actora una sanción por importe de 8.000 euros en base a la apreciación de dos infracciones tipificadas como graves, una por importe de 3.500 euros y otra por importe de 4.500 euros, por infracción de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

En primer lugar, incumplimiento en lo referente a disposición, utilización y mantenimiento de los lugares de trabajo y en segundo lugar, riesgo ergonómico derivado de movimientos repetitivos.

Respecto al primero de los incumplimientos imputados alega la empresa demandada que no existe tal incumplimiento pues los suelos de los locales de trabajo son fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. Sin embargo, el día de la visita, debido a las precipitaciones acumuladas (el mes de marzo de 2022 fue el más húmedo, de al menos, los últimos 62 años), algunas partes de la zona exterior se encontraban anegadas, concurriendo un supuesto de fuerza mayor.

Subsidiariamente, en cuanto a la imputación de inexistencia de señalización horizontal, alega defecto de tipificación, señalando que sería aplicable el artículo 12.16 g) de la LISOS: "señalización de seguridad y etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, en cuanto éstas se manipulen o empleen en el proceso productivo".

Respecto de la segunda de las infracciones, señala la que conforme al artículo 16.2 de la LPRL, se debió dejar a la empresa la facultad de fijar los plazos correspondientes para la ejecución de las medidas preventivas. En cualquier caso, señala que el incumplimiento imputado no se ha producido, siendo que en todo caso el método OCRA supone una recomendación, pero no una obligación.

Subsidiariamente la empresa alega incorrecta graduación de la sanción.

TERCERO.- Entrando ya en el fondo del asunto, en relación con el valor probatorio de las actas levantadas por la Inspección de Trabajo, tanto el apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre ,ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y artículo 15 de Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo ,como el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto ,que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, establecen que las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se extiendan con arreglo a los requisitos establecidos legalmente, estarán dotadas de la presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en la misma que hayan sido constatados por el Inspector actuante, salvo prueba en contrario.

Así mismo, el valor probatorio de las actas levantadas por la Inspección de Trabajo depende de la presunción de veracidad atribuida a las Actas de Inspección, que se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante,( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 18 de enero y 18 de marzo de 1991 y 16 de diciembre de 1996 ) presunción de certeza limitada a los hechos que, por su objetividad, son susceptibles de percepción directa por el Inspector o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma, no a las apreciaciones, juicios de valor o calificaciones jurídicas que pudieren contenerse en aquellas actas. ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 24 de junio de 1991 y 18 de diciembre de 1995 , citadas por la del mismo Tribunal de fecha 16 de diciembre de 1996 ). Por ello, concluye la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 8 de mayo de 2000 ,que: "El acta de la Inspección es una prueba documental pública susceptible de valoración, en cuanto refleja hechos constatados por funcionario, sin perjuicio, claro está, de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses, puedan aportar o señalar los administrados".

Es decir, que el valor y entidad de las actas ponderables por la Administración decisoria y por la jurisdicción controladora sólo pueden fundarse en supuestos mensurables y objetivos, acreditativos por vía directa e inmediata y de forma obvia de los hechos que se imputan, por lo que cuando se parte de un acta que reúna tales características presuntivas de la veracidad de la infracción que en la misma se plasma, tan pronto concurra una prueba en contrario, dimanante de la propia objetividad de los hechos constatados o, en su caso, de la actividad defensiva del propio infractor, cesará el valor y fuerza iniciales de aquella que habrá de calibrarse entonces, exclusivamente, en el caso de que esa prueba tenga entidad, en principio, realmente desvirtuadora, en conexión y armonía con el resto de los elementos de juicio de que se disponga en el caso controvertido, ( Sentencia del TS de 27 de mayo de 1996 ).

Conforme a lo anterior, la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la que ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de actuaciones y circunstancias que conducen a constatar la existencia de una actuación fraudulenta, por connivencia entre el empresario y la trabajadora, para la obtención indebida de las prestaciones por desempleo.

Por otra parte, en relación con la determinación de la existencia del fraude, la STS. -4ª- de 12.05.2009 (Rec. 2497/2008 ),ha señalado que:

"La cuestión fundamental que desde siempre ha sido debatida es la afectante a la exigencia de «animus fraudandi» como requisito del fraude de ley. La jurisprudencia -de esta Sala IV y de la I- no ha sido siempre uniforme, oscilando entre la tesis objetiva (atiende al resultado prohibido) y la subjetiva (contempla la intención defraudatoria), sin que no falten soluciones de síntesis como la que representa la STS/I 22-diciembre-1997 (recurso 1667/1993 ), al caracterizar la figura «como toda actividad tendente a inutilizar la finalidad práctica de una ley material, mediante la utilización de otra que sirve de cobertura para ello ( SS. 14 febrero 1986 y 12 noviembre 1988 ), llegándose al extremo de manifestar que el fraude de ley exige una serie de actos que, pese a su apariencia legal, violan el contenido ético de un precepto legal ( S. de 26 mayo 1989 )"

"Ciertamente que no faltan resoluciones que atienden -para apreciar el fraude- a la mera constatación objetiva de la producción del resultado prohibido por la norma (al margen de la intención o propósito del autor), como cuando se afirma que aunque el fraude de ley no se presume y debe ser probado por la parte que lo alega, esto no significa que tenga que justificarse la intencionalidad fraudulenta de los negociadores, sino que es suficiente con que los datos objetivos que constan en el mismo revelen el ánimo de ampararse en el texto de una norma para conseguir un resultado prohibido o contrario a la ley ( STS/IV 19- junio-1995 -recurso 2371/1994 ; citada por la de 31-mayo-2007 -recurso 401/2006 ). Pero mayoritariamente, la doctrina de esta Sala se inclina por afirmar que en materia de fraude de ley, el elemento fundamental consiste en la intención maliciosa de violar la norma (así, las SSTS/IV 11-octubre-1991 -recurso 195/1991 y 5- diciembre-1991 -recurso 626/1991 ), pues en la concepción de nuestro Derecho, el fraude es algo integrado por un elemento subjetivo o de intención, de manera que para que pueda hablarse de fraude es necesario que la utilización de determinada norma del ordenamiento jurídico, persiga, pretenda, o muestre el propósito, de eludir otra norma del propio ordenamiento ( STS/IV 6-febrero-2003 -recurso 1207/2002 ); y en la entraña y en la propia naturaleza del fraude de ley está la creación de una apariencia de realidad con el propósito torticero de obtener de ella unas consecuencias que la auténtica realidad, no aparente, sino deliberadamente encubierta, no permitirían ( STS 5-diciembre- 1991 -recurso 626/1991 ). O lo que es igual, el fraude de ley que define el art. 6.4 CC es una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico que no debe ser confundida con la mera infracción o incumplimiento de una norma, o con una posible elección errónea del tipo contractual que corresponde a un determinado propósito negocial (así, con cita de diversos precedentes, las SSTS/IV 16-enero-1996 -recurso 693/1995 en contratación temporal ; y 31-mayo-2007 -recurso 401/2006 en contrato de aprendizaje)".

En orden a la acreditación del fraude, las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 1993, (rec. 795/1992 ); de 24 de febrero de 2003, (rec. 4369/2001 ), 14 de mayo de 2008 (rec. 884/2007 )y la ya citada de 12 de mayo de 2009 (rec. 2497/2008 )indican que: "La expresión no presunción del fraude ha de entenderse en el sentido de que no se ha de partir de éste como hecho dado y supuesto a falta de prueba en contrario [al modo de una inversión de la carga probatoria, ciertamente prohibida a estos efectos], pero naturalmente no excluye en absoluto la posibilidad de que el carácter fraudulento de una contratación pueda establecerse por la vía de la prueba de presunciones, pues su existencia- como la del abuso de derecho- sólo podrá declararse si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados"

En ese sentido, el artículo 386.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,sobre presunciones judiciales, dispone que "A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano".

Según la doctrina jurisprudencial ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1989 y 29 de marzo de 1993 )la prueba de presunciones exige la cumplida demostración del hecho básico que le sirve de sustento y el enlace lógico, preciso y cumplidamente justificado entre el hecho y su consecuencia.

CUARTO.-Partiendo de los anteriores Hechos Probados, esta Juzgadora comparte la conclusión a la que llegó la Inspección de Trabajo que ha motivado la resolución impugnada, sobre la base de la presunción de veracidad de las actas levantadas por la Inspección de Trabajo, sin que la empresa demandada haya desplegado actividad probatoria alguna para desvirtuar el contenido del acta de la Inspección, pese a que a ella incumbía la carga de la prueba de desvirtuar la presunción de certeza del acta.

En cuanto a la normativa infringida, dispone la parte A del ANEXO I, de las Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo (RD 486/1997 de 14 de abril):

3. Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas.

1.º Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.

5. Vías de circulación.

1.º Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior de los edificios y locales como en el interior de los mismos, incluidas las puertas, pasillos, escaleras, escalas fijas, rampas y muelles de carga, deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad para los peatones o vehículos que circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus proximidades.

5.º Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia suficiente de las puertas, portones, zonas de circulación de peatones, pasillos y escaleras.

7.º Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá estar claramente señalizado.

Y en el apartado 4 del Anexo II "Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores."

Por su parte, dispone la LISOS, en su artículo 12 .Son infracciones graves:

1. a) Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.

b) No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

16. Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados y especialmente en materia de:

Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los lugares de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos.

Artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales :

2.- Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes

b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.

El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma.

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.

Partiendo del anterior relato de Hechos Probados, se constatan las infracciones imputadas y ello a la vista de que los hechos consignados en el Acta no han sido desvirtuados mediante prueba en contrario sin que tampoco la empresa haya negado en esencia los elementos fácticos apreciados.

Consta el trasiego constante de carretillas elevadoras y transpaletas eléctricas en confluencia con puntos en los que se encontraban trabajadores a pie, y otros, que permanecían desarrollando su puesto de trabajo. Se constata deficiencia en la señalización horizontal, encontrándose la misma muy desgastada, así como obstáculos en zonas destinadas a peatones, lo que implicaba que éstos tuviesen que desplazarse por zonas no adecuadas con el consiguiente riesgo de accidente. Así como, la existencia de zonas anegadas por las lluvias. Por tanto, no solo estamos hablando de este último incumplimiento, que la empresa justifica en un supuesto de fuerza mayor, sino que en general existe deficiencia en el cumplimiento de las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales, encontrándose tales conductas correctamente tipificas en los preceptos que acabamos de exponer. A mayor abundamiento, como se recoge en la resolución impugnada, es obligación de la empresa el adecuado mantenimiento de sus instalaciones ante fenómenos atmosféricos que si bien, pueden acaecer de forma extraordinaria, una vez finalizado el evento, deberán ejecutarse las tareas necesarias para reponer las cosas al estado de seguridad preciso.

En cuanto a la segunda de las infracciones, partiendo de la constatación de riesgos ergonómicos en el puesto de trabajo y de la existencia de un plan de prevención realizado al efecto por la empresa correspondiente, se constata por los funciones actuantes que el único descanso que realizan los trabajadores es el reglamentario, como la pausa para el bocadillo, sin que se realicen pausas de recuperación ni se prevea la posibilidad de cambios en el puesto de trabajo, tal y como manifestaron los trabajadores en la visita y sin que frente a tales afirmaciones se haya practicado prueba en contrario.

Finalmente, en cuando a incorrecta graduación, debemos indicar que está correctamente aplicado el criterio de graduación previsto en el artículo 39.3 d) de la LISOS en atención al número de trabajadores afectados, puesto que los incumplimientos apreciados, que lo son por la sola constatación de los hechos, sin que sea necesaria la producción del resultado lesivo, afectan a un gran número de trabajadores, que eran todos los que estaban desarrollando su trabajo en las instalaciones en el momento de la vista, confluyendo en las zonas afectadas o realizando las tareas repetitivas y con consiguiente riesgo ergonómico sin que se les hubiera implementado las medidas preventivas previstas.

En consecuencia, a la vista de todo lo expuesto, procede desestimar la presente demanda y confirmar la resolución impugnada al ser ajustada a derecho.

QUINTO.- Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno en virtud de lo dispuesto en el artículo 191.3.g) de la LRJS .

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,