Sentencia Social 329/2025 Juzgado de lo Social de Vigo nº 7, Rec. 224/2024 de 16 de septiembre del 2025

PRIMERO.-Los hechos declarados probados se han inferido apreciando en conciencia la prueba practicada en el acto del juicio oral; en concreto y de conformidad con el artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se ha tomado en consideración la documental consistente en expediente de la Dirección General, acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

SEGUNDO.-El primer motivo de impugnación de la resolución administrativa se refiere a la falta de motivación de la infracción impuesta. Respecto a la falta de motivación en relación con la garantía de un adecuado derecho de defensa, con referencias del acta a la presunción de veracidad conforme a la doctrina que por reiterada se debe obviar su cita. Ciertamente se puede inferir del expediente que la resolución administrativa inicial no alude ni contestar las profusas alegaciones de la empresa. Luego, la resolución administrativa dictada en alzada es más pormenorizada pero sobre lugares comunes sin analizar con profundidad las cuestiones de hecho planteadas por la empresa. Sea como fuere se considera que la motivación es suficiente para construir la respuesta de la administración en este caso, aunque no profundiza en elementos clave para la resolución del conflicto.

Para resolver estos motivos de impugnación en sentido desestimatorio, puede constatarse que la resolución administrativa final y las actas de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, de este procedimiento de sanción, explican con datos y razonamientos jurídicos y de forma razonable la finalidad de las mismas y los argumentos de la decisión que se toma. En ese sentido es necesario indicar que la exigencia de motivación de los actos administrativos que impone el artículo 35 de la Ley 39/2015 y que se conecta con la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24.1 de la Constitución, se concreta en la necesidad de que el administrado conozca el fundamento y las razones de la decisión administrativa, lo que es necesario, no solo, para ejercitar su derecho de defensa, sino también como garantía del control jurisdiccional de la actividad administrativa, «ex» artículo 106 de la Constitución. Pues bien esta exigencia ha sido cumplida en este caso, pues, como ya se ha anticipado, el acta de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social explica los elementos de orden fáctico y las razones de índole jurídica que han sido tenidas en cuenta para resolver sobre la propuesta de sanción, así como los datos usados como fundamento de hecho para la decisión (cfr. Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2005, Sala Tercera). En todo caso y como expresa la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 13 de septiembre de 2003, "el expediente administrativo es de índole finalista, por lo que las deficiencias que pudieran observarse en el mismo, no son atacables pues se pueden subsanar en vía jurisdiccional donde la parte puede aportar todos los medios de prueba precisos, de ahí que su infracción, normalmente, no resulte trascendente más que cuando se impide al órgano administrativo formar adecuadamente su voluntad decisoria o se causa indefensión al administrado ( arts. 62.1, e y 63.2 Ley 30/1992)".

TERCERO.-La parte actora alega diversas razones para ser estimada la demanda, así, por un lado manifiesta la improcedencia de la infracción por la falta de comunicación de los contratos de Banco Sabadell y BTQ por parte de mi mandante a la representación social de la mercantil. Pues bien a la vista de la prueba practicada, atendiendo a la regulación legal esto es lo dispuesto en el artículo 14 del Convenio de Contact Center sobre información a la RLT del contenido de los contratos mercantiles suscritos, y acuerdo SIMA del 20 de junio de 2023; así como los hechos reproducidos -y perfectamente analizados en el acta de infracción emitida pro a la inspección de Trabajo-;y , a la vista de la prueba practicada en juicio, documental y testifical practicada, se desprende que los datos constatados por la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social no han obtenido réplica probatoria ni en vía administrativa ni en esta vía judicial. De manera que la empresa incumple la obligación de entrega dentro del plazo convencionalmente previsto de los contratos con el Banco Sabadell, sin que la empresa hubiera acreditado cumplir la comunicación legalmente. Mientras que si se incumple el plazo de tres días en el contrato con objeto de emisión de llamadas a clientes de fondos y acciones, que se efectúa con siete días tras su subscripción. Del mismo modo resulta acreditado que no se entrega por parte de UNISONO en plazo el contrato con BTQ, pretendiendo que el acuse de recibo de la RLT por parte de la recurrente significase su conformidad, cuando se especifica en dicha comunicación la reserva para su revisión. Asimismo resulta acreditado, sin ser desvirtuado por la empresa, los incumplimientos del deber de permitir el cotejo de la totalidad de los contratos, y la empresa incumple mediante diversos correos que constan en acta, y sin constar la comunicación para su cotejo de los datos que la RLT

En tal sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 20 de julio de 2015 señala que "no ha de olvidarse (para todas, SSTSJ Galicia 14/05/15 R. 296/13 , 09/03/15 R. 3691/13 , 13/06/14 R. 5508/12 05/12/13 R. 4871/11 , 12/06/13 R. 1093/13 , etc.) que la existencia del fraude de ley -como la del abuso de derecho- no puede presumirse, y sólo podrá declararse si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados ( SSTS 25/05/00 Ar. 4800). Pese a ello, es inducible vía presunciones ( SSTS 04/02/99 - rcud 896/98-, en Jubilación; 24/02/03 -rcud 4369/01-, para desempleo; 21/06/04 - rcud 3143/03 -; 14/05/08 -rcud 884/07 -; y 06/11/08 -rcud 4255/07 -) y su elemento fundamental consiste en la intención maliciosa de violar la norma, lo que, por otra parte, dificulta la existencia de unificación de doctrina ( SSTS 11/10/91 Ar. 8659; y 05/12/91 Ar. 9041). Porque la expresión «no presunción del fraude ha de entenderse en el sentido de que no se ha de partir de éste como hecho dado y supuesto a falta de prueba en contrario [al modo de una inversión de la carga probatoria, ciertamente prohibida a estos efectos], pero naturalmente no excluye en absoluto la posibilidad de que el carácter fraudulento de una contratación pueda establecerse por la vía de la prueba de presunciones".

En el caso de autos, la Dirección General con los datos reseñados en el acta de Inspección de Trabajo y Seguridad Social -tipo de contrato, - ha conseguido en sede administrativa inferir -aplicando normas procesales como son las presunciones reguladas en los artículos 385 y 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000- que los datos del acta son objetivos y certificados, y por tanto, probados desde los que concluir con las consecuencias sancionadoras de la norma.

En todo caso, en esta sede judicial se constata la presunción conforme a los cánones del artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil [a partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano]porque está demostrada una contratación a tiempo completo sin contenido real -pudiendo haberse demostrado por cualquier medio de prueba admitido en derecho-, de corta duración, cuyo único propósito -otro no se trae a estas actuaciones- es acceder al subsidio.

El contenido del acta a pesar de lo alegado por contrario cumple con los requisitos para ser valorada conforme al artículo 151.8 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Este precepto establece que los hechos constatados por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados;de manera que, habiendo sido constatada por la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social una situación clara de fraude, sin que se haya presentado una prueba eficaz que destruya esta presunción, no puede oponerse tacha alguna al acta que sirvió de base al acto administrativo que se impugna.

Es doctrina reiterada de los Tribunales del orden contencioso administrativo, a quienes naturalmente incumbe la revisión de la actuación de la Inspección de Trabajo, según sintetiza, entre otras muchas, la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1996 (RJ 1996\9624), «que la presunción de veracidad atribuida a las actas de Inspección se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante ( Sentencias, entre otras, de 18 de enero [RJ 1991\265] y 18 de marzo de 1991 [RJ 1991\3183]); presunción de certeza perfectamente compatible con el derecho fundamental a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE [RCL 1978\2836]), ya que el... art. 38 [del Decreto 1860/75 (RCL 1975\1615, 1938) ] se limita a atribuir a tales actas el carácter de prueba de cargo, dejando abierta la posibilidad de practicar prueba en contrario. Y es también reiterada la jurisprudencia de este Tribunal [añade] que ha limitado el valor atribuible a las actas de la Inspección, limitando la presunción de certeza a sólo los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ( Sentencia de 24 de junio de 1991 [RJ 1991\7578])».

Esta doctrina es de plena aplicación al caso, y debe reconocerse la presunción de veracidad al hecho descrito en el acta porque es comprobado directamente por los inspectores, apoyados en otros medios de prueba que son referidos en el acta, pero que revelan esa apreciación directa; sin que, por el contrario, la empresa haya presentado alguna prueba que pueda desvirtuar esta presunción.

Por los motivos expuestos y de conformidad con el artículo 151.9 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social procede declarar conforme a derecho el acto impugnado y desestimar la demanda.

QUINTO.-Según lo dispuesto por el artículo 191.3 g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra esta resolución no puede interponerse recurso alguno, pues la cuantía litigiosa no excede de 18.000 €.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,