Sentencia Social 406/2024 Juzgado de lo Social de Vigo nº 7, Rec. 154/2024 de 02 de diciembre del 2024

PRIMERO.-Los hechos que han sido declarados probados se han inferido apreciando en conciencia la prueba practicada en el acto del Juicio Oral, según las reglas de la sana crítica, conforme a los principios de inmediación y oralidad; especialmente de la documental consistente en expediente administrativo del Consorcio y la testifical (cfr. artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

Antes de entrar en el fondo del asunto es preciso resolver la excepción procesal planteada por la entidad demandada inadecuación de procedimiento, se tramita como modificación sustancial de las condiciones de trabajo si no un procedimiento art. A39.2 de conciliación de vida familiar y laboral.

Esta juzgadora entiende que la tramitación efectuada en el procedimiento es la adecuada, fue requerida por el propio Juzgado para que el actor se aclarase, y opta por el ejercicio de la acción de modificación sustancial de las condiciones. No habiendo sido ni tan siquiera el decreto de admisión a la demanda recurrida y por entender esta juzgadora que el procedimiento es el adecuado pues la actora tenía reconocida unas condiciones laborales esto es el teletrabajo dos días a la semana por sentencia judicial y el consorcio modifica dicha condición.

SEGUNDO.-La pretensión de la demanda se debe incardinar en el carril procedimental del artículo 138 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

En este sentido, es adecuado resaltar que la doctrina unificada en este punto ha venido entendiendo que existe una modificación sustancial cuando ésta sea de tal naturaleza que altere y transforme los aspectos fundamentales de la relación laboral, pasando a ser otros distintos de un modo notorio (en tal sentido sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1987, 15 de marzo de 1991, 11 de diciembre de 1997 y 22 de junio de 1998), y aquella que afecta al estatus básico del trabajador produciendo una transformación en la condición del trabajo de tal índole que queda desdibujada en sus contornos esenciales ( sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1990), en tanto que se ha estimado que esta modificación no es sustancial cuando se trata de alteraciones poco significativas de acomodación a nuevos tiempos y circunstancias o de alteraciones de carácter organizativo, justificadas por la aplicación de técnicas laborales ( Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de abril de 1995 y 11 de diciembre de 1997).

En el presente caso no resulta acreditado en base al art. 217 de la LEC una alteración sustancial de las condiciones de trabajo pues la demandante sigue prestados sus servicios en la modalidad de teletrabajo, peor en vez dos día, uno de ellos; sin que considere esta juzgadora que esta modificación no es sustancial, pues como ha resuelto en diversas ocasiones el Alto tribunal cuando se trata de alteraciones poco significativas de acomodación a nuevos tiempos y circunstancias o de alteraciones de carácter organizativo, justificadas por la aplicación de técnicas laborales ( Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de abril de 1995 y 11 de diciembre de 1997) no se considera alteración sustancial.

En el presente caso debe de ser desestimada la pretensión ya que no se constata la existencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo conforme a lo regulado en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Así, la doctrina unificada en este punto ha venido entendiendo que existe una modificación sustancial cuando ésta sea de tal naturaleza que altere y transforme los aspectos fundamentales de la relación laboral, pasando a ser otros distintos de un modo notorio (en tal sentido sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1987, 15 de marzo de 1991, 11 de diciembre de 1997 y 22 de junio de 1998), y aquella que afecta al estatus básico del trabajador produciendo una transformación en la condición del trabajo de tal índole que queda desdibujada en sus contornos esenciales ( sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1990), en tanto que se ha estimado que esta modificación no es sustancial cuando se trata de alteraciones poco significativas de acomodación a nuevos tiempos y circunstancias o de alteraciones de carácter organizativo, justificadas por la aplicación de técnicas laborales ( Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de abril de 1995 y 11 de diciembre de 1997). En el caso de autos nos encontramos ante la acomodación del contenido de la prestación a las necesidades del servicio de tipo organizativo, respetando las reglas de la Ley.

Por otra parte no se prueba ni consta que se haya provocado un serio perjuicio a la trabajadora porque todas las condiciones laborales esenciales [salario, horario] se mantienen incólumes. Efectivamente, la doctrina unificada (por todas, Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de abril de 2001 y 22 de septiembre de 2003) considera que el perjuicio para el trabajador se produce cuando se provoca una mayor onerosidad en las prestaciones con un perjuicio comprobable; para esto, hay que acudir, a juicio de la doctrina (CAMPS y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 17 de enero de 1995) a una triple perspectiva: importancia cualitativa, alcance temporal y eventuales compensaciones. En el caso de autos la medida no supone rémora económica, ni tiene importancia cualitativa ni cuantitativa en perjuicio sino a favor con respecto a lo anterior.

Por lo demás, considera esta juzgadora que la decisión empresarial no cercena los requisitos del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, sencillamente porque no nos encontramos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo sino ante la ordenación del contenido de la prestación por causas productivas y organizativas, que compete al ius variandidel empresario.

Por todo ello procede desestimar la demanda íntegramente.

TERCERO.-Según lo dispuesto por el artículo 138 ) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra esta resolución no puede interponerse recurso alguno.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, de conformidad con lo establecido por el artículo 117 de la Constitución, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español,