Sentencia Social 268/2023 Juzgado de lo Social de Oviedo nº 4, Rec. 77/2023 de 11 de julio del 2023

PRIMERO.- Interesa la parte actora en el presente procedimiento que se declare la improcedencia del despido de que fue objeto, alegando que no es cierta la causa de despido y que la carta es genérica, y asimismo reclama a la empresa la suma de 5.935,45 euros por salarios. La actora manifestó en la vista el ejercicio de la opción prevista en el art 110.b de la LRJS.

El FOGASA no compareció a la vista, si bien presentó escrito optando por el abono de la indemnización conforme al art 110.1.a de LRJS.

SEGUNDO.- Los hechos descritos como probados han sido acreditados por la documental aportada por la parte actora, no habiendo sido contradichos por la empresa que no ha comparecido al acto del juicio.

En los procesos de despido se altera la carga de la prueba siendo a la empresa a quien le corresponde la prueba de las causas del despido, conforme el art. 105 de la LRJS, y en el presente caso, al no comparecer la empresa no se ha realizado prueba alguna sobre la existencia o realidad de las causas del despido, y en todo caso, la carta de despido es genérica y causas indefensión a la actora, contraviniendo el art 55 .1 del ET, por lo que su despido debe declarase improcedente.

Ahora bien, con las consecuencias de la extinción de la relación laboral indicadas en el Art. 110 1.b de la LRJS al haber efectuado la actora en el acto de la vista la opción por la indemnización en los términos de dicho artículo, al encontrarse la empresa de baja en actividad desde el día 15-12-22, y ser preferente su opción frente a la del FOGASA ( sentencia del TS 4-4-2019), estando acreditado que no es realizable la readmisión. Por lo que procede la declaración de improcedencia del despido y con las consecuencias indicadas, recordando que dispone el art 56 del ET que: "1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.

2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.

3. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera.

4. Si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, la opción corresponderá siempre a este. De no efectuar la opción, se entenderá que lo hace por la readmisión. Cuando la opción, expresa o presunta, sea en favor de la readmisión, esta será obligada. Tanto si opta por la indemnización como si lo hace por la readmisión, tendrá derecho a los salarios de tramitación a los que se refiere el apartado 2."

Corresponde a la actora percibir la cuantía de 12.482,30 euros en concepto de indemnización, teniendo en cuenta su antigüedad de 11-6-2018 y el salario de 73, 21 euros día; y asimismo se fijan los salarios de tramitación a que tiene derecho la actora en la cantidad de 15.227,68 euros.

TERCERO.- Corresponde a la parte actora la justificación de los servicios cuya retribución pretende, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial contenida entre otras en las Sentencias del Tribunal Supremo de fecha 2 de marzo de 1992 y 12 de julio de 1994, -hecho constitutivo-, en tanto que la empresa, viene obligada a la probanza de su abono -hecho impeditivo-, en aplicación del principio procesal de la carga de la prueba del artículo 217.3 de la L.E.C.

En el presente caso, está demostrada la existencia de la relación laboral entre la parte actora y la entidad demandada mediante la documental presentada por la actora en la vista, que por otra parte no ha sido impugnada por la empresa al no haber comparecido, y recae sobre la empresa el deber de acreditar el hecho del pago total de las cantidades reclamada en concepto de salarios (lo que en este caso no se ha producido, ante la incomparecencia de la misma pese a su citación en forma - art. 55 y siguientes de la LRJS-), por lo que procede estimar la demanda formulada, y declarar que la empresa adeuda a la actora las cantidades que figuran en la parte dispositiva de esta Sentencia, condenándola al pago de las mismas de conformidad con el artículo 4.2.f) y 29.3 del Et.

CUARTO.- El FOGASA estará a la responsabilidad del art 33 del ET.

QUINTO.- En virtud de lo dispuesto en el art. 191 LRJS, contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Suplicación, de lo que se advertirá a las partes