Sentencia Social 60/2023 Juzgado de lo Social de Oviedo nº 4, Rec. 766/2021 de 17 de febrero del 2023

PRIMERO.- Por el actor se interesa que se dicte sentencia por la que se declare que Don Daniel no cometió infracción y fraude alguno a la Seguridad Social, ni se trató de un acta ficticia o fraudulenta realizada con la finalidad de obtener prestaciones de la Seguridad Social, y por ello procede anular y dejar sin efecto la sanción impuesta en dicha Acta de Infracción, así como las resoluciones administrativas dictadas como consecuencia de la misma.

El INSS demandada se opone a la demanda ratificando lo resuelto en vía administrativa, considerando ajustado a derecho la sanción impuesta

La Inspección de trabajo no compareció a la vista.

SEGUNDO.- Debe entrarse a analizar si existe incumplimiento normativo que permita la imposición de la sanción al actor.

Los hechos que han sido declarados probados se han inferido apreciando en conciencia la prueba practicada en el acto del Juicio Oral, según las reglas de la sana crítica, de conformidad con los principios de inmediación y oralidad; en concreto se ha tenido en cuenta la documental obrante en autos consistente en el acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como la abundante documental aportada por el actor a la vista y la testifical practicada.

Del material probatorio obrante en autos, es necesario hacer especial referencia al acta de la inspección de trabajo, que como es sabido, goza de la presunción de certeza respecto de los hechos en ellas reflejados que hayan sido constatados por el funcionario actuante, salvo prueba en contrario, siempre que se extiendan con arreglo a los requisitos procedimentales establecidos legalmente ( artículos 38 del Decreto 1860/1975; 52.2 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, de infracciones y sanciones en el orden social; 15 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo; DA 4ª de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre). Conforme doctrina jurisprudencial reiterada ( SSTS 19 julio y 12 Oct 1995; 16 julio 1996; 26 junio 1997, entre otras muchas), esta presunción en relación con el derecho fundamental, proclamado en el artículo 24.2 de la Constitución Española, determina la inversión de la carga de la prueba de modo que la parte que niega los hechos tiene la obligación de desvirtuarlos. Su fundamento se encuentra en la imparcialidad y especialización que se reconoce a los funcionarios actuantes en su calidad de empleados públicos al servicio de la Administración y sólo alcanza a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones; exigiéndose también que el contenido de la acta determine todas las circunstancias del caso y datos que hayan servido para su elaboración.

Es cierto que puede aceptarse la atribución del privilegio presuntivo no solo a hechos directamente constatados, sino también los que puedan deducirse directamente de aquellos, pero no de cualquier modo, sino concurriendo un preciso y objetivo enlace lógico entre unos hechos y otros, razón por la cual y tal como señaló la stcia. de la sala III del TS de 6-5-96 (rec. 10980/91) , " no se reconoce la presunción de certeza a las simples apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas".

Como recuerda y analiza detalladamente la STS/IV 14-mayo-2008 (recurso 884/2007 la doctrina de la Sala es constante al afirmar que el fraude de Ley no se presume y que ha de ser acreditado por el que lo invoca (así, las SSTS/Social 16- febrero-1993 -recurso 2655/1991 , 18-julio-1994 -recurso 137/1994 , 21-junio-2004 -recurso 3143/2003 y 14-marzo-2005 -recurso 6/2004 ), pues su existencia - como la del abuso de derecho - sólo podrá declararse si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados ( STS/IV 25-mayo-2000 -recurso 2947/1999 ).

Pero rectificando criterio aislado anterior en el que se había indicado que "esta Sala ha declarado reiteradamente el fraude de Ley no puede derivarse de meras presunciones" ( STS/Social 21-junio-1990 ), de forma unánime se proclama en la actualidad que sí podrá acreditarse su existencia mediante pruebas directas o indirectas, admitiéndose entre estas últimas a las presunciones en el art. 1.253 CC (derogado por Disposición Derogatoria Única 2-1 LEC)/2000 ) ( SSTS 4- febrero-1999 -recurso 896/1998 , 24-febrero-2003 -recurso 4369/2001 y 21-junio-2004 - recurso 3143/2003 ).

En este sentido se afirma, como recuerda la citada STS/IV 14-mayo-2008 , que "la expresión no presunción del fraude ha de entenderse en el sentido de que no se ha de partir de éste como hecho dado y supuesto a falta de prueba en contrario (al modo de una inversión de la carga probatoria, ciertamente prohibida a estos efectos), pero naturalmente no excluye en absoluto la posibilidad de que el carácter fraudulento de una contratación pueda establecerse por la vía de la prueba de presunciones (la "praesumptio hominis" del art. 1253 CC cuando entre los hechos demostrados... y el que se trata de deducir... hay "un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano" ( STS 29 marzo 1993 -rec. 795/92 -, reproducida por las de 24/02/03 -rec. 4369/01 - y 30/03/06 -rcud 53/05 -; esta última en obiter dicta)".

En cuanto al ánimo de defraudar como requisito del fraude de ley recuerda el Tribunal Supremo en sentencia de 12 de mayo de 2009 que "Mayoritariamente, la doctrina de esta Sala se inclina por afirmar que en materia de fraude de ley, el elemento fundamental consiste en la intención maliciosa de violar la norma (así, las SSTS/IV 11-octubre-1991 -recurso 195/1991 y 5-diciembre-1991 -recurso 626/1991 ), pues en la concepción de nuestro Derecho, el fraude es algo integrado por un elemento subjetivo o de intención, de manera que para que pueda hablarse de fraude es necesario que la utilización de determinada norma del ordenamiento jurídico, persiga, pretenda, o muestre el propósito, de eludir otra norma del propio ordenamiento ( STS/IV 6-febrero-2003 -recurso 1207/2002 ); y en la entraña y en la propia naturaleza del fraude de ley está la creación de una apariencia de realidad con el propósito torticero de obtener de ella unas consecuencias que la auténtica realidad, no aparente, sino deliberadamente encubierta, no permitirían ( STS 5-diciembre-1991 -recurso 626/1991 ).

O lo que es igual, el fraude de ley que define el art. 6.4 CC es una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico que no debe ser confundida con la mera infracción o incumplimiento de una norma, o con una posible elección errónea del tipo contractual que corresponde a un determinado propósito negocial (así, con cita de diversos precedentes, las SSTS/IV 16-enero-1996 -recurso 693/1995 en contratación temporal ; y 31-mayo-2007 -recurso 401/2006 en contrato de aprendizaje)".

Partiendo, de dicha doctrina y analizando la prueba practicada en la vista, llegamos a la conclusión de que el alta del actor en el RETA en fecha 1 de abril de 2017 no fue un alta ficticia y que el actor desempeñó trabajo como carpintero. Los hechos consignados en el acta de la Inspección de Trabajo que, como se ha dicho gozan de presunción de certeza, han sido desvirtuados por la prueba practicada en la vista por la parte actora. Así está acreditado por la prueba documental que el actor se dio de alta en el RETA el 1 de abril de 2017, y no es hasta tres meses y 14 días después cuando inicia un proceso de It, constando acreditado por la hoja de propuestas de pedidos, que elaboro 4 presupuestos en dichos meses, y facturo el 30 de junio de 2017 un trabajo, y una vez dado de alta el 15 de noviembre realiza más presupuestos y factura otro trabajo antes de volver a caer de baja el 2 de abril de 2018 hasta el 21 de mayo de 2018, y tras el alta emite nuevos presupuestos, hasta caer de baja el 12 de junio de 2019, estando todo el año 2019 de baja, y cuando es alta el 19 de marzo de 2020 vuelve a realizar presupuesto, y emitiendo una factura en abril de 2020, en junio y agosto de 2020. Asimismo, está acreditado que el actor realizo compras de maderas a dos entidades reflejadas en el hecho octavo , así como material para desarrollar su trabajo, disponiendo de una furgoneta y semirremolque rotulado, teniendo local para desarrollar su trabajo y tarjetas de visita del negocio. Las bajas han sido emitidas por médicos del servicio público de salud, unas por enfermedad común y otra por accidente no laboral, con distintos diagnósticos, aportando el actor documental médica acreditativa de los tratamientos que se le han pautado; sin que este acreditado que con anterioridad a darse de alta en el RETA estuviera pendiente de algún tratamiento médico o de realización de pruebas por dichas dolencias, o que fuera a necesitar de un proceso de It. Esta, asimismo acreditado por la Vida laboral que el actor con anterioridad estuvo dado de alta en el RETA para la actividad de otras instalaciones en obras de cons., desde el 1 de junio de 2004 al 30 de septiembre de 2011, y posteriormente trabajo para la entidad OROVALLE MIMERASL SL desde el 4 de octubre de 2004 a 10 de febrero de 2015 incluido en GC 09, por lo que es lógico que quisiera mantener una base de cotización alta, apreciándose de su vida laboral que desde el año 1993 ha trabajado para diferentes empresas, incluido en los GC 08 / 09. La elección de la base de cotización de autónomos depende del trabajador, respetando los límites marcados por ley, y en este caso, no está acreditado que el actor no pudiese hacer frente a su pago, pues no se probó que careciese de patrimonio para hacer frente a dichos pagos. El actor no ha cometido la infracción que se le imputa, no apreciándose que su conducta fuese fraudulenta, no estado, por tanto, ante un alta ficticia. Por tanto, las pruebas aportadas por el actor desvirtúan el Acta de Inspección, lo que nos lleva a revocar la resolución impugnada.

TERCERO.- Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación, en virtud de lo dispuesto en el art. 191.3.g de la LRJS.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.