Sentencia Social 132/2023 Juzgado de lo Social de Plasencia nº 3, Rec. 311/2023 de 01 de septiembre del 2023

PRIMERO.- Los documentos aportados por la parte actora con el escrito de demanda, constituyen las fuentes de prueba que avalan la anterior declaración de hechos probados, a los efectos previstos en el artículo 97.2 LJS.

SEGUNDO.- En el presente procedimiento se ejercita por la parte actora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 122 LJS, una acción dirigida a la obtener la declaración de improcedencia de la decisión adoptada por la empresa demandada de extinguir, por causas disciplinarias el contrato de trabajo que les unía.

La empresa demandada, que no ha comparecido en el acto del juicio, y a quién corresponde la carga de la prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 105.1 LRJS, así como en el artículo 217.3 LEC, no ha acreditado la concurrencia de las causas disciplinarias alegadas para justificar la decisión extintiva, lo que determina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.1 y 3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que la misma debe declararse como improcedente.

La declaración de improcedencia de la decisión extintiva conlleva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por el Real Decreto Ley 3/2012, pues el despido se ha producido en fecha posterior a su entrada en vigor, y en el artículo 110.1 de la " Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social ", en relación con la Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero , de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que la empresa demandada, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, deberá optar entre la readmisión del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia o el abono de una indemnización equivalente a cuarenta y cinco días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a la entrada en vigor del decreto, y a razón de 33 días por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, sin que la indemnización pueda ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo por el periodo anterior a la entrada en vigor del decreto ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, como máximo.

El abono de la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.

En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera. De conformidad con el artículo 110.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social la opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría del Juzgado de lo social, dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, sin esperar a la firmeza de la misma.

TERCERO.- La parte actora ha ejercitado, de forma acumulada a la acción de despido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 26.3 LRJS, una acción de reclamación de cantidad dirigida a obtener el pago de cantidades adeudadas y no satisfechas.

Acreditada por la parte actora la existencia y extinción de la relación laboral, sin que la parte demandada, que no ha comparecido, y a quién corresponde la carga de la prueba de los hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia de los hechos alegados en la demanda, conforme dispone en el artículo 217.3 LEC, haya aportado prueba alguna dirigida a impugnar los conceptos salariales reclamados, o el importe de los mismos, y sin que tampoco haya acreditado su efectivo pago, procede estimar la pretensión de reclamación salarial, cuyo importe total asciende a 926,90 euros.

Las cantidades adeudadas por salarios habrán de incrementarse en un 10% de interés moratorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.

CUARTO.- La solicitud de condena en costas debe ser desestimada, toda vez que no concurren los presupuestos para su imposición contemplados en el artículo 66.3 LJS, ya que la empresa demandada compareció en la conciliación administrativa.

En el caso presente procede, dar por extinguida la relación laboral fijándose la indemnización que se ha de abonar a la actora en la suma de 5.028,14 euros, debiendo abonar igualmente la suma de 926,90 euros por las cantidades pendientes de pago, la cual deberá ser incrementadas en un 10% de interés por mora.

En consecuencia,

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,