Sentencia Social 224/2023 Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela nº 1, Rec. 386/2023 de 24 de agosto del 2023

PRIMERO.- Ejercita el actor acción de extinción de la relación laboral al amparo de lo previsto en el artículo 50.1 apartado b) del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) y acumuladamente acción de reclamación de cantidad al amparo del artículo 26.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) y del artículo 4.2.f) del ET. Alega que presta servicios por cuenta de la empresa demandada con antigüedad de 02/09/2019, categoría profesional de responsable de tienda, y percibiendo salario mensual de 1.999,99 euros brutos incluida la prorrata de extras. Que desde el mes de julio de 2022 la empresa demandada comenzó a abonarle las nóminas con retrasos que se fueron incrementando y a partir de la mensualidad de diciembre de 2022 dejó de abonarle las retribuciones. Y asimismo, tras haber causado baja por incapacidad temporal el 6/02/2023, la empresa no le abona el complemento de IT al que tiene derecho conforme al art. 58 del Convenio Colectivo de aplicación a la relación laboral, percibiendo el trabajador únicamente la prestación de IT en régimen de pago directo por la mutua FREMAP. De modo que la mercantil demandada le adeuda a fecha de presentación de la demanda la suma de 7.119,78 euros brutos. Motivos por los cuales insta la resolución del contrato de trabajo del art. 50.1.b) del ET por incumplimiento empresarial grave, con abono de la indemnización de despido improcedente calculada a fecha de sentencia. Y acumula la acción de reclamación de cantidad a fin de que proceda a condenar a la mercantil demandada al abono de los salarios y complemento de IT adeudados más los que se continúen devengando hasta la extinción de la relación laboral.

En el acto de la vista el actor efectuó alegaciones complementarias, ampliando la demanda respecto de las cantidades devengadas en concepto de complemento de IT desde el mes de junio de 2023 hasta la fecha de celebración del juicio, fijando un total adeudado de 9.334,50 euros brutos (aportó nota de cálculo que se unió a los autos), cuyo abono reclama, más lo que se siga devengando hasta la extinción de la relación laboral en la sentencia.

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados se han inferido apreciando en conciencia la prueba practicada en el juicio oral conforme a los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, valorada de modo conjunto conforme a las reglas de la sana crítica y a las normas legales de valoración de la prueba. En concreto, se siguen de la prueba documental aportada por las parte actora con la demanda y en su ramo de prueba, y ex arts. 91.2 y 94.2 de la LRJS, por aplicación a la demandada de ficta confessio y ficta confessio documental, y por aplicación de las normas que regulan la distribución de la carga de la prueba ex artículo 217 LEC, todo ello en los términos que se han dejado indicados en el propio apartado de hechos probados, señalando la prueba de la que se infiere cada uno de ellos, lo que se tiene aquí por reproducido a fin de evitar reiteraciones.

TERCERO.- Valorando de modo conjunto la prueba practicada ha quedado probada la concurrencia de las causas que motivan la extinción de la relación laboral por voluntad del trabajador, esto es, la existencia de incumplimientos contractuales injustificados de la empresa, consistentes en falta de pago del salario.

Se ha acreditado la concurrencia de ciertos retrasos en el abono de los salarios desde la mensualidad de julio de 2022 hasta la mensualidad de noviembre de 2022. Así quedó acreditado que la demandada le pagó al trabajador la nómina de julio de 2022 el 12/08/2022, la nómina de agosto de 2022 el 12/09/2022, la nómina de septiembre de 2022 el 13/10/2022, la nómina de octubre de 2022 el 29/11/2022, la nómina de noviembre de 2022 el 02/01/2023. Dichos retrasos se constatan con el certificado bancario de pagos aportado por la parte actora. Dichos retrasos, que afectaron prácticamente a medio año, por sí solos no constituirían un incumplimiento grave que justifique la extinción contractual en los términos del art. 50 del ET. Pero a dicho incumplimiento ha de añadirse que quedó asimismo probado que desde la mensualidad de diciembre en lo sucesivo la mercantil demandada incurrió en un auténtico un impago de salarios, el cual no ha sido enervando tampoco tras la presentación de la papeleta de conciliación y de la demanda. Consta así probado que a fecha de presentación de la demanda la mercantil demandada le adeudaba al actor los salarios siguientes: nómina de diciembre de 2022, paga extra de Navidad de 2022, nómina de enero de 2023, nómina de febrero de 2023, y complemento de IT de los meses de abril y mayo de 2023, dado que el trabajador inició proceso de IT el día 06/02/2023. Y que tras la presentación de la demanda la mercantil demandada la mercantil demandada no le efectuó ningún abono al trabajador demandante. De modo que a fecha de celebración del juicio oral la mercantil demandada le adeuda al actor las cantidades y conceptos siguientes: 1.714,28 euros brutos de nómina de diciembre de 2022; 1.714,28 euros brutos de paga extra de Navidad de 2022; 1.714,28 euros brutos de nómina de enero de 2023; 1.413,10 euros brutos de nómina de febrero de 2023 (1.714,28 euros brutos menos 280,18 euros pagados por la empresa el día 14/04/2023); 164,28 euros brutos de complemento de IT de marzo de 2023; 214,28 euros brutos de complemento de IT de abril de 2023; 164,28 euros brutos de complemento de IT de mayo de 2023; 214,24 euros brutos de complemento de IT de junio de 2023; 164,28 euros brutos de complemento de IT de julio de 2023; y 121,88 euros brutos de complemento de IT de agosto de 2023 (hasta el día 23/08/2023). La cantidad total adeudada a fecha de celebración de juicio oral asciende a 9.334,50 euros brutos.

Dichos hechos han quedado acreditados claramente con la prueba documental aportada por el actor, y además se siguen de la aplicación de la ficta confessio a la demandada, que no concurrió al juicio oral para responder a interrogatorio, pese a constar citada con los apercibimientos legales, y que tampoco aportó la documental que le fue requerida al admitirse a trámite la demanda, señaladamente la documental justificativa del abono de salarios.

El incumplimiento de la obligación de pago de los salarios está acreditado, y, de conformidad con lo previsto en el art. 50.1.b) del ET en relación con el artículo 4.2.f) del ET, procede la estimación de la pretensión del actor en relación a la extinción de la relación contractual por dicha causa, al haber quedado probada la concurrencia de las causas y presupuestos necesarios para que dicha acción pueda prosperar. Ha de tenerse en cuenta respecto de la acción extintiva de la relación contractual por voluntad del trabajador por falta de pago del salario, que en el presente caso el impago comprende a fecha de juicio oral cuatro mensualidades de salario, y el complemento de IT de otras seis mensualidades. El total adeudado a fecha de celebración de juicio es de 9.334,50 euros brutos, y esta es la fecha a la que debe atenderse para resolver sobre la gravedad del incumplimiento contractual, como reiteradamente señala la doctrina jurisprudencial sentada en relación con dicha causa de extinción del contrato de trabajo -por todas, SSTSJ Galicia de 09/06/2010, 15/07/2010-, al señalar que para que prospere la causa resolutoria a instancia del trabajador basada en «la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado» ha de concurrir el requisito de «gravedad» en el incumplimiento empresarial, y que a los efectos de determinar tal «gravedad», debe valorarse exclusivamente si el retraso o impago es o no grave o trascendente en relación con la obligación de pago puntual del salario «ex» artículos 4.2 f) y 29.1 ET, partiendo de un criterio objetivo -independiente de la culpabilidad de la empresa-, temporal -continuado y persistente en el tiempo- y cuantitativo -montante de lo adeudado-. Señalando que concurrirá tal gravedad cuando el impago de los salarios no sea un mero retraso esporádico, sino un comportamiento continuado y persistente, y se manifestará mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos.

Y es indiferente a los efectos de valorar la acción resolutoria la culpabilidad empresarial, o la situación económica en la que se encuentre la empresa. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras muchas, sentencia de 10 de junio de 2009 R.246/2008, declara:

"En la resolución de la cuestión de fondo ha de partirse de una premisa, y es la de que la falta de pago del salario o los retrasos continuados en su abono autorizan la extinción causal del contrato ex art. 50.1.b) ET , aún sin mediar culpabilidad empresarial. Como esta Sala viene señalando con reiteración, salvo precedentes temporalmente lejanos en que se ha exigido un incumplimiento grave y culpable, haciendo una paridad con las causas originadoras del despido disciplinario [así, SSTS 03/11/86 ; y 04/12/86 ], o en que más matizadamente se ha requerido que el retraso sea grave y culpable, continuado y persistente [ STS 20/01/87 ], este Tribunal entiende que el requisito de la gravedad del comportamiento es el que modela en cada caso la concurrencia del incumplimiento empresarial, y la culpabilidad no solamente no es requisito para generarlo, sino que incluso es indiferente que el impago o retraso continuado del salario venga determinado por la mala situación económica de la empresa ( SSTS 24/03/92 -rcud 413/91 -; 29/12/94 - rcud 1169/94 -; 13/07/98 -rcud 4808/97 -; 28/09/98 -rcud 930/98 -; 25/01/99 -rcud 4275/97 -; y 22/12/08 -rcud 294/08 -). En este línea se mantiene que para que prospere la causa resolutoria basada en "la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado", es necesaria -exclusivamente- la concurrencia del requisito de "gravedad" en el incumplimiento empresarial, y a los efectos de determinar tal "gravedad" debe valorarse tan sólo si el retraso o impago es grave o trascendente en relación con la obligación de pago puntual del salario ex arts. 4.2 f ) y 29.1 ET , partiendo de un criterio objetivo [independiente de la culpabilidad de la empresa], temporal [continuado y persistente en el tiempo] y cuantitativo [montante de lo adeudado], por lo que concurre tal gravedad cuando no es un mero retraso esporádico, sino un comportamiento persistente, de manera que la gravedad del incumplimiento se manifiesta mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos (así, SSTS 25/01/99 -rcud 4275/97 -; y 26/06/08 -rcud 2196/07 -, en obiter dicta )".

Y en materia de retraso en el pago de salarios, que también concurre en el caso de autos, la nota de gravedad no exige atender al tiempo transcurrido entre el momento en que debió hacerse el abono y el momento en que efectivamente se hizo, extremo que, aunque puede ser un dato a tener en cuenta, no es el determinante de la gravedad, sino que esta está en la duración del comportamiento moroso.( STS 27/01/15 -rcud 14/14 -).

Casuísticamente, se ha afirmado, que el impago de tres mensualidades y de la paga extra posee la suficiente entidad para configurar la causa extintiva a iniciativa del trabajador ( STS 25/09/95 Ar. 6892). Que no es bastante un retraso aislado ocasional, sino que es preciso el retraso continuado [ STS 24/03/92 Ar. 1870 , con cita de la de 07/07/83 Ar. 3730], que no se da cuando el retraso es esporádico, de un solo mes [ STS 16/06/87 Ar. 4376], ni cuando la demora sea debida a un acuerdo formal o informal de las partes [ SSTS 13/02/84 Ar. 869 ; 16/06/87 Ar. 4376) ( STS 28/09/98 Ar. 8553).Los retrasos y anomalías en el pago de once mensualidades consecutivas poseen la suficiente entidad como para que proceda la resolución contractual ( SSTS 13/07/98 Ar. 5711; y 27/03/15 -rcud 14/14-), lo que es predicable de supuestos similares de irregularidades continuadas ( STS 25/01/99 Ar. 898). El retraso de un año en abonar las pagas extras durante dos anualidades consecutivas sí es causa suficiente de resolución (28/09/98 Ar. 8553). El abono con retraso a dos trabajadores a lo largo de nueve meses, con demoras irregulares que oscilan en los pagos efectuados desde el día 11 del mes corriente (únicamente en el mes de abril), al 8 del siguiente (el salario de septiembre) ( STS 03/12/12 -rcud 612/12 -). También concurre causa extintiva si la empresa venía abonando al trabajador el salario en dos plazos ( STS 20/05/13 -rcud 1037/12-). También lo es los retrasos de uno y dos meses durante un período superior al año, abonando la empresa el salario fraccionadamente ( STS 19/11/13 -rcud 2800/12-). Y, finalmente, también cuando a la fecha del juicio aún le adeuda la empresa tres mensualidades y una paga extraordinaria ( STS 03/12/13 -rcud 540/13- ).

Doctrina que aplicada al supuesto de autos ha de llevar a estimar suficientemente justificada la extinción de la relación contractual, por cuanto se aprecia gravedad en la conducta empresarial, en la medida en que el impago apreciado constituye un incumplimiento grave, tanto desde el punto de vista objetivo, como temporal y cuantitativo, pues existe en la fecha de juicio oral un verdadero impago, no un mero retraso puntual u ocasional, ni esporádico, de cuatro nóminas íntegras, y seis mensualidades de complemento de IT, y la fecha a la que hay que atender para apreciar la gravedad de la conducta empresarial, según la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 25 de febrero de 2013 , es la de celebración de juicio oral, debiendo estarse a la deuda existente en dicha fecha (en este caso 9.334,50 € brutos) y no a la existente al tiempo de interposición de la demanda, y debiendo recordarse que es indiferente para apreciar el incumplimiento empresarial como grave la situación económica en que se encuentre la mercantil demandada, por lo que aun cuando la empresa acreditase una situación de pérdidas o una situación de concurso de acreedores, ello no excluye la gravedad del comportamiento empresarial.

Con base en lo expuesto, procede la estimación de la acción de resolución contractual ejercitada en la demanda, conforme a los artículos 4.2.f) y 50.1 b) del ET. La estimación de dicha acción comporta, conforme al artículo 50.2 en relación con el artículo 56 del mismo texto legal, la condena de la demandada al abono al demandante de la indemnización prevista legalmente para el despido improcedente, la cual habrá de calcularse en la forma establecida en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 3/2012 de 6 de julio de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral (anterior Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, que entró en vigor el día 12 de febrero de 2012). Por tanto, procede calcular la indemnización a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, y hasta la extinción de la relación laboral a medio de la presente resolución.

Atendiendo pues a la antigüedad del trabajador (02/09/2019) y al salario que percibe (1.999,99 € brutos mensuales incluida la prorrata de extras), procede pues la condena de la demandada al abono de la suma de 8.679,41 euros en concepto de indemnización por la extinción de la relación contractual a fecha de la presente resolución.

CUARTO.- En lo que atañe a la acción de reclamación de cantidad por los salarios devengados y adeudados, debe acogerse, ex art. 4.2.f) del ET, la cantidad que se ha acreditado como adeudada hasta la extinción de la relación laboral en la presente resolución, que asciende a 9.339,80 euros brutos con el desglose siguiente: 1.714,28 euros brutos de nómina de diciembre de 2022; 1.714,28 euros brutos de paga extra de Navidad de 2022; 1.714,28 euros brutos de nómina de enero de 2023; 1.413,10 euros brutos de nómina de febrero de 2023 (1.714,28 euros brutos menos 280,18 euros pagados por la empresa el día 14/04/2023); 164,28 euros brutos de complemento de IT de marzo de 2023; 214,28 euros brutos de complemento de IT de abril de 2023; 164,28 euros brutos de complemento de IT de mayo de 2023; 214,24 euros brutos de complemento de IT de junio de 2023; 164,28 euros brutos de complemento de IT de julio de 2023; y 127,18 euros brutos de complemento de IT de agosto de 2023 (hasta el día 24/08/2023).

Por tanto, la condena al abono de cantidades lo será por tales cantidades y conceptos.

La cantidad objeto de condena debe ser incrementada con los intereses previstos en el artículo 29.3 del ET desde la fecha de presentación de la papeleta de conciliación hasta la presente resolución y los del artículo 576 de la LEC a partir de la presente resolución.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,