Sentencia Social 73/2023 Juzgado de lo Social de Talavera de la Reina nº 3, Rec. 622/2022 de 19 de mayo del 2023

Primero.- En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2) del artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado de la prueba documental y testificales.

SEGUNDO.- Para que un despido disciplinario sea calificado como procedente ha de quedar acreditado por el empresario la realidad y entidad de las faltas atribuidas a quien hoy acciona, asumiendo la carga de probar los hechos en que fundamenta su posición ( art. 217 LEC, 55.3 Estatuto de los Trabajadores y 105.1 ley de Jurisdicción Social), y ser subsumible la conducta de la parte demandante en alguno de los supuestos de incumplimiento contractual grave y culpable especificados en el art. 54 E.T, siendo, por otra parte, facultad del juzgador la de revisar la valoración de las faltas y de las correspondientes sanciones efectuadas por el empresario (art. 58.2 E.T.), teniendo en cuenta para ello no ya sólo la graduación que de ellas se efectúe en las correspondientes normas sectoriales, sino especialmente también el conjunto de circunstancias subjetivas y objetivas concurrentes, anteriores y coetáneas, con especial atención al factor humano, lo que exige la aplicación analógica de las circunstancias impeditivas y modificativas de la responsabilidad propias del derecho disciplinario en general ( STS 22-1-83, 4-10-83), que está inspirado en un principio de culpabilidad excluyente de cualquier dosis de responsabilidad objetiva , a fin de obtener una perfecta correlación entre infracción, infractor y sanción, a través de una tarea individualizadora en el caso enjuiciado, en la que se tengan en cuenta la conducta observada, antigüedad, puesto desempeñado, naturaleza de la infracción, entre otros, así como el recíproco comportamiento de los intervinientes, con el fin de obtener una proporcionalidad entre la falta eventualmente cometida y la sanción impuesta, objetivo último de la revisión jurisdiccional efectuada, debiendo actuar la empresa conforme a los principios de lealtad y buena fe, sin incurrir en discriminaciones al tratar desigualmente situaciones análogas ( STS, 30-4-83, 1-10-83, 1-1-84, 3- 10-84, 12-3-85, 21-1-87, 13-11-87, entre muchas).

En el presente supuesto el demandante interesa la improcedencia del despido disciplinario objeto de las actuaciones que se funda en la transgresión de la buena fe contractual, en el fraude y deslealtad en el desempeño del trabajo y simulación de enfermedad o accidente, y lo sustenta la empresa en el hecho de que el trabajador, pese a su situación de IT, ha venido realizando actividades incompatibles con su enfermedad pues las lleva a cabo sin limitaciones ni restricciones de movilidad y, en cualquier caso, dichas actividades retrasarían la recuperación del trabajador enfermo.

Pues bien, examinados los informes del centro médico aportados por el trabajador que datan de 2 y 16 de marzo de 2022 por patología de columna lumbar y que no dieron lugar a proceso de IT, en relación con la IT iniciada el 8 de junio por dolor en espalda y brazos, así como los testimonios tanto del actor (representante sindical y un amigo que colabora en las tareas agrícolas con el trabajador) como de las testificales aportadas por la empresa (detective autor del informe doc. 10 de la empresa y el jefe de personal), debemos concluir que los hechos que se imputan al trabajador sí suponen una trasgresión de la buena fe contractual. Ello es así porque del seguimiento realizado de manera aleatoria por el detective durante los días 24, 27, 28 de junio y 1 de julio de 2022 se comprueba que el actor no sólo conduce vehículos sin dificultad ni restricción alguna, sino que además accede y abandona la segadora de elevada altura sin ninguna dificultad, que moviliza caja de herramientas y piezas de gran peso de la segadora elevando los brazos por encima de la horizontal como es de ver en las fotografías del informe del detective sin ninguna molestia ni limitación y que, a mayor abundamiento, realiza largas jornadas de trabajo en el campo y, suponemos por la época del año y la ropa que viste el actor, con elevadas temperaturas, llegando incluso a estar segando a los mandos de la máquina más allá de las 22 horas precisando el uso de las luces, todo ello actividades que no se corresponden con un "reposo relativo" como se puede entender del informe del 16 de marzo (meses antes de autos) que recomienda fisio y fortalecer con natación y pilates pero, en modo alguno, las tareas desempeñadas por el actor, adoptando posturas forzadas durante largas jornadas diarias no son, en modo alguno, beneficiosas para su dolor de espalda y brazos que motivan la IT, enfermedad que aun cuando quede probada con el parte médico el actor pretende sostener la veracidad de dicha lesión ocasionada por su puesto en el trabajo desde octubre/noviembre empaquetando, sin embargo, consta que se le ofreció cambiar de puesto rechazándolo y, en modo alguno ha impugnado la contingencia común de la referida IT. A todo ello se une que es sabido por los compañeros del actor que éste ha utilizado anteriores excedencias en similares periodos para realizar las misma tareas agrícolas y que, desde el 2021, ante la inexistencia de hijos menores de tres años, ha precisado del uso de vacaciones para tales tareas en el 2021 y en el 2022 ha recurrido a un proceso corto de IT que evidencia la levedad de sus lesiones pero con la suficiente duración para atender a sus labores agrícolas que resultan incompatibles con la referida IT por leve que sea pues los trabajos descritos son lo suficientemente duros para, al igual que no puede prestar servicios en la empresa demandada por enfermedad común le deberían impedir, a su vez, para trabajar en el campo lo que de forma directa o indirecta le genera unos beneficios al actor pues, aun cuando no existe prueba sobre la titularidad de las tierras, lo cierto y verdad es que no podemos dar credibilidad a que tales tareas las realice el actor, en ocasiones en compañía de una cuadrilla, sin que ello le reporte ningún beneficio ya directamente a él o indirectamente a través de su familia. Por otro lado no existe ningún informe médico reciente a la fecha de la IT del centro médico al que acudió en marzo de 2022 que evidencie un agravamiento de la lesión anterior (dolor lumbar) lo que puesto en relación con el motivo de la IT de 8 de junio se evidencia que se trata de una nueva patología (dolor de espalda y hombros) por lo que tampoco los informes de marzo pueden servir sino para acreditar que el actor podría realizar actividades de fortalecimiento pero, en ningún caso, se consideran como tales las actividades agrícolas que el actor ha venido realizando, y que en ningún caso ha negado el trabajador y que ha corroborado la testifical por él aportada, durante el mes de junio de 2022 y que requieren, cuando menos, las mismas exigencias físicas y de carga que las que viene realizando en su puesto de trabajo.

En definitiva, se evidencia que el actor ha trasgredido la buena fe contractual, pues con la prueba practicada se acreditan los dos elementos que objetivamente sirven de base para incardinar la conducta del trabajador durante una IT en la infracción de abuso de confianza o transgresión de la buena fe contractual, que son, por un lado, la existencia de los indicios anteriormente expuestos de simulación de la enfermedad o dolencia por la que la baja médica ha sido concedida, que existe en este caso al no haber sido posible constatarse la realidad de su enfermedad a fecha del alta médica sin que conste seguimiento, tratamiento ni asistencias a urgencias ni durante la baja médica ni a posteriori del alta y, por otro lado, y para el caso de que lo anterior no fuera suficiente en todo caso se constata la negligencia del trabajador retrasando conscientemente su recuperación para el reingreso en la empresa con las actividades que viene realizando durante el proceso de IT que, en ningún caso, son las recomendadas para el caso de su supuesta enfermedad y lejos de suponer un beneficio para la lesión del trabajador y para su más pronta recuperación, ocasionan un retraso en su recuperación con el consiguiente perjuicio empresarial.

En atención a lo expuesto, debe considerarse que la conducta realizada por el trabajador supone una trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza tipificada en el art. 23.4.3) y 23.4.5) del Convenio de aplicación en relación con el art. 23.6 del mismo Convenio y que dadas las actividades realizadas por el actor evidencian la gravedad y culpabilidad de su actuar frente a la empresa y, por consiguiente, merecedora de la máxima sanción. Por ello, sin olvidar la teoría gradualista consagrada por una añeja y consolidada jurisprudencia ( SSTS de 2 de abril de 1992 , 16 de mayo de 1991 , 28 de febrero , 6 de abril y 7 de mayo de 1990 , entre otras) con el fin de buscar la necesaria proporción entre la infracción y la sanción mediante la aplicación de un criterio individualizado que valore las peculiaridades de cada caso concreto, en el supuesto examinado la actuación del actor debe ser considerado, según la norma convencional de una falta muy grave, pues supone un incumplimiento contractual patente y contumaz de sus obligaciones laborales, que reviste suficiente gravedad para avalar la adecuación a derecho de la máxima sanción disciplinaria impuesta por la empresa, encuadrable en el art. 54.2.d) del ET en relación con el art. 23.4.3) y 23.4.5) del Convenio, por lo que procede la declaración del despido como procedente y la desestimación de la demanda.

TERCERO.- En cuanto a las cantidades que se reclaman, esto es, prorrata paga extra Navidad y los días de vacaciones, de la documental de la empresa (doc. 11 y 12) han quedado acreditados que el actor devengó en concepto de prorrata paga extra de Navidad el importe de 1036,07 euros que figura, entre otros conceptos, en la liquidación siendo abonado por transferencia bancaria de 13 de julio de 2022. Asimismo, al momento del despido había devengado un total de 13,33 días de vacaciones según documento de liquidación y finiquito por importe de 792,88 euros abonados mediante transferencia bancaria de 13 de julio de 2022 por lo que ninguna cantidad por los conceptos reclamados se debe al actor, debiendo ser desestimada la demanda.

CUARTO.- A tenor de lo prevenido en el artículo 191 LRJS el recurso procedente contra esta Sentencia es el de suplicación, de lo que se advertirá a las partes.