Sentencia Social 354/2024 Juzgado de lo Social de Ceuta Único, Rec. 745/2023 de 27 de septiembre del 2024

PRIMERO.-Solicitó la parte actora la revocación de la sanción impuesta el 9 de febrero de 2023 al alegar que el inicio de la prestación por el trabajador realmente no se había iniciado antes de la comunicación al INSS de su alta.

Los hechos que he considerado probados resultan de los datos incorporados al expediente administrativo, que se ha admitido como prueba documental, plásmandose en el mismo una serie de datos objetivos, examinados por la Sra. Inspectora de Trabajo, ya referidos en los Hechos Probados de la presente resolución, sobre los cuales recae la presunción de certeza conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 23/2015.

A tenor de esta presunción, considero acreditado los datos relativos a la fecha de la contratación, el 29 de septiembre de 2022, el tipo de contrato esto es el de sustitución de un trabajador con derecho de reserva a un puesto de trabajo, al encontrarse de baja médica.

El Tribunal Constitucional entiende extensible al ámbito de las sanciones administrativas la presunción de inocencia y la presunción de certeza de los hechos recogidos en el acta ( TC 13/82; 36/85; 37/85; 138/90 , entre otras), configurándose como un derecho fundamental de los ciudadanos la presunción de inocencia y supone una serie de derechos como son; el no ser sancionados más que en virtud de prueba de cargo suficiente, obtenida lícitamente; que la carga de prueba corresponde a quien acusa y que cualquier insuficiencia de pruebas inculpatorias se traduzca en un pronunciamiento absolutorio.

La aparente contradicción entre la presunción de certeza de las actas de la inspección y la indicada presunción de inocencia ha quedado resuelta por el Tribunal Constitucional condicionando la presunta existencia de las actas de infracción al cumplimiento de una serie de requisitos que se pueden resumir en los siguientes:

- Las actas de infracción son documentos probatorios de eficacia condicionada;

- El acta ha de probar los hechos y la presunción de certeza sólo alcanza a estos;

- La veracidad de los hechos del acta es una presunción Iuris Tantum;

- Dicha presunción no quiebra el derecho de presunción de inocencia en la medida que aquella vez en por su insuficiencia o por pruebas suficientes de contrario.

En el supuesto enjuiciado, la entidad demandada mantiene que la comunicación del alta del Sr. Luis Andrés se produjo tras el inicio de la actividad profesional del mismo, considerando dicha conducta como constitutiva de una falta muy grave, tipificada en el art. 23.1 a) de LISOS, ya que la prestación de servicios se inició a las 12:00 horas, mientras que la comunicación del alta se efectuó a las 12:30:51 horas.

Frente a ello, la parte actora alegó que el trabajador había firmado el registro de jornada, en el que se indicaba que la inició a las 12:00 horas por error y que realmente lo hizo más tarde sobre las 13:00 horas aproximadamente. Por lo que la comunicación se habría efectuado dentro del plazo legalmente establecido.

El trabajador, que intervino en el acto del juicio, afirmó que el horario pactado comenzaba a las 12:00 horas, pero que el primer día de trabajo y como consecuencia de una avería en el restaurante, comenzó a desarrollar su actividad profesional sobre las 12:45 horas, ratificando el error que alegó la empresa en relación a la firma del registro de jornada.

El hecho de que ese día existía una avería en el centro de trabajo fue un hecho constatado por la Inspección, como de forma expresa se recoge en el acta de infracción. Asimismo, la Inspección pudo apreciar que a pesar de que el Sr. Luis Andrés vestía camisa blanca y pantalón negro, que según refirió éste, es la indumentaria que utiliza siempre mientras desarrolla su actividad profesional, a las 11:50 y mientras permanecieron en el establecimiento, el Sr. Luis Andrés no desarrolló actividad profesional alguna.

Mantiene el servicio de Inspección que si bien no inició especificamente ninguna actividad profesional en la primera media hora de la jornada pactada, estaba a disposición del empleador y en consecuencia debía considerarse que a las 12:00 horas había iniciado la prestación de servicios.

El art. 23.1 a) de la LISOS, califica como infracción muy grave: a) Dar ocupación como trabajadores a beneficiarios o solicitantes de pensiones u otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena, cuando no se les haya dado de alta en la Seguridad Social con carácter previo al inicio de su actividad.

A su vez el artículo 139 del TRLGSS establece la obligación del empresario de solicitar el alta en el Sistema de la Seguridad Social de los trabajadores que ingresen a su servicio.

El Real Decreto 84/1996 de 26 de enero, Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliaciones, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en Seguridad Social establece en el artículo 32.3.1 que "las solicitudes de alta deberán presentarse por los sujetos obligados con carácter previo al comienzo de la prestación de servicios por el trabajador".

Dichos textos legales lo que pretenden es evitar las prácticas abusivas que se producen en aquellos casos en los que el empleador da ocupación a un titular de prestaciones sin darle de alta permitiendo con ello compatibilizar el trabajo por cuenta ajena con la percepción de prestación por desempleo.

En el presente caso, lo cierto es que con independencia del horario estipulado por las partes se iniciara a las 12:00 horas, no obsta a considerar acreditado que el primer día de trabajo de éste y por una averia en el local donde presta sus servicios, no comenzara a prestar servicios como camarero, que es para lo que había sido contratado, sino hasta las 12:45 horas, aproximadamente, tras la remisión al INSS de su alta.

La prestación de un servicio por el trabajador en el ámbito laboral exige que éste desarrolle una actividad profesional bajo la dependencia e instrucciones del empleador. El hecho de que la Inspección de Trabajo presuma que desde las 12 horas hasta la resolución de la avería el Sr. Luis Andrés estaba a disposición del empleador, se trata de una afirmación que no se basa en dato objetivo alguno, sino en una suposición no admisible como elemento determinante del servicio de Inspección, toda vez que como ya he referido con anterioridad rige el principio de presunción de inocencia en el procedimiento sancionador.

A tener que lo indicado por tanto, entiendo que no existe prueba de cargo suficiente como para mantener la sanción impuesta, al entender además que la parte demandante ha aportado prueba suficiente de descargo como para desacreditar la tesis mantenida por las entidades demandadas.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y general aplicación