Sentencia Social 140/2023 Juzgado de lo Social de Valladolid nº 2, Rec. 408/2022 de 23 de junio del 2023

PRIMERO.- Los documentos obrantes en el expediente administrativo, particularmente la documentación en materia preventiva adjunta con el informe emitido por el Director del Hospital Clínico, así como el informe elaborado por la Inspección de Trabajo, constituyen las fuentes de prueba que sustentan el anterior relato de hechos probados, a los efectos previstos en el artículo 97.2 LRJS.

SEGUNDO.- En el presente procedimiento se impugna por la parte demandante la resolución del INSS, de fecha 18 de febrero de 2022, en la que se deniega la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad y salud laboral en el accidente de trabajo (infección por COVID-19) determinante del proceso de incapacidad temporal en el que estuvo incursa la trabajadora demandante desde el 31 de marzo al 6 de mayo de 2020.

Las respectivas representaciones de las entidades codemandadas han formulado oposición a la demanda invocando, en esencia, que no resulta constatado que la trabajadora sufriera el contagio por un incumplimiento preventivo imputable a la entidad empleadora.

Asimismo, la representación de la Gerencia Regional de Salud ha efectuado referencia a la Sentencia recaída en el proceso de Conflicto Colectivo 232/2020, seguido ante el Juzgado de lo Social nº 5 de Valladolid, a instancia de un Sindicato de Médicos, en relación con el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales con motivo del COVID-19 al inicio de la pandemia en los centros hospitalarios de Valladolid.

Al respecto de la aplicación del instituto de la cosa juzgada, debe ponerse de manifiesto que el artículo 160 LRJS establece la vinculación, con efecto de cosa juzgada positiva, de lo resuelto en un conflicto colectivo sobre los procesos individuales que versen sobre idéntico objeto o en relación de de directa conexidad con aquel.

Pues bien, los presupuestos exigidos para que opere el efecto prejudicial de la cosa juzgada no concurren en el caso que nos ocupa, en tanto que la actora no se encuentra integrada en el ámbito subjetivo de los trabajadores afectados por el conflicto colectivo (personal médicos), sin que tampoco existe coincidencia en las concretas actividades desempeñadas, aun cuando pudieran realizarse, en el marco de la asistencia sanitaria, en un mismo centro hospitalario.

Descartada la aplicación del efecto positivo de cosa juzgada, procede abordar el fondo de la litis, y para ello debemos partir de la regulación del recargo de prestaciones prevista en el artículo 164 LGSS, que dispone: "Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos, o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador".

En interpretación de este precepto existe una abundante doctrina jurisprudencial, que ha destacado el carácter sancionador y no indemnizatorio del recargo y ha venido mantenido que la imposición del mismo exige la concurrencia de una serie de requisitos: a) Que la empresa haya incumplido alguna medida de seguridad, general o especial, y que ello resulte cumplidamente acreditado; b) Que medie relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso, lo que ha de resultar ciertamente probado, porque una obligada interpretación restrictiva (tiene naturaleza sancionadora) determina que esa relación de causalidad no se presuma; c) Que exista culpa o negligencia por parte de la empresa -a veces se requiere que sea exclusiva y otras veces se admite que sea compartida-, porque la responsabilidad no es objetiva; y d) Que esa culpa o negligencia sea apreciable a la vista de la diligencia exigible, que resulta ser la propia de un prudente empleador, atendidos criterios de normalidad y razonabilidad.

En el caso que nos ocupa, no ha resultado controvertido que la demandante, profesional sanitaria, sufriera un accidente de trabajo, consideración que merece el contagio por Covid-19, si bien, la parte actora no ha desplegado actividad probatoria alguna destinada a acreditar la existencia de un incumplimiento de medidas de seguridad por la entidad empleadora que pudiera haber operado como causa de la infección contraída. Así, de los datos constatados por la Inspección de Trabajo se desprende la realización por parte de la entidad empleadora la realización de actividades de concienciación sobre la necesidad de utilizar EPIs, habiéndose impartido a los trabajadores, desde mediados de enero/20, talleres específicos sobre el uso de los EPIs, quedando, por otra parte, organizado del Hospital Clínico, desde el inicio de la pandemia, en diferentes zonas de riegos en función de la atención o no enfermos con infección o sospecha de la misma. Asimismo, en el informe del Servicio de Seguridad y Salaud de la entidad empleadora se detallan las actuaciones desplegadas en relación con el COVID-19, con relación del material preventivo entregado en los distintos Hospitales del Área de Salud, así como de la formación/información facilitada a los profesionales.

Pues bien, los datos expuestos no permiten constatar que, en el concreto ámbito de actividad de la trabajadora demandante, se hubiera producido un incumplimiento de medidas de prevención de riesgos laborales por parte de la entidad empleadora, sin perjuicio de las conocidas dificultades para el suministro de EPIs en los momentos iniciales de la pandemia, por lo que no concurre el presupuesto jurídico exigido para la imposición de recargo de prestaciones, conclusión alcanzada por la Inspección de Trabajo con sustento en los datos objetivos constatados, que no ha quedado desvirtuada por actividad probatoria alguna que pudiera haber desplegado la parte demandante, por lo que su pretensión debe ser desestimada.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,