Sentencia Social 228/2023 Juzgado de lo Social de Valladolid nº 4, Rec. 211/2023 de 31 de julio del 2023

PRIMERO. Relato de hechos considerados probados: valoración de la prueba

De conformidad con lo previsto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (L.R.J.S.), los Hechos Probados resultan tanto de la formación de los propios autos como de la valoración de la prueba documental propuesta por las partes y admitida en el acto del juicio, así como de las consecuencias jurídicas que el artículo 91.2 L.R.J.S. vincula a la falta de comparecencia injustificada del representante legal de la empresa demandada para ser interrogado en el acto del juicio, pese a que dicho medio de prueba, que fue propuesto por la demandante en su escrito de demanda, resultó admitido por este Juzgado mediante Auto dictado el día 30 de marzo de los corrientes (véase el acontecimiento núm. 10 del expediente judicial digital) y se le citó a tal efecto, con los apercibimientos legales oportunos para el supuesto de su incomparecencia. Así, el precepto de referencia determina que " si el llamado al interrogatorio no compareciese sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte".

SEGUNDO. Planteamiento del litigio: postura procesal de las partes

A. Postura procesal de la trabajadora demandante

Se ha argumentado por la trabajadora demandante que su despido resulta improcedente por los siguientes motivos:

Las alegaciones efectuadas en la carta de despido acerca de la concurrencia de una coyuntura económica y organizativa adversa para la empresa demandada son de carácter inexacto e inconcreto, por lo que no bastan para justificar la procedencia del despido objetivo sufrido por la demandante, además de que su naturaleza genérica no permite que la trabajadora afectada pueda rebatir de manera efectiva la postura adoptada por la empresa.

La comunicación extintiva de la relación laboral no reúne los requisitos formales legalmente exigidos para apreciar la procedencia del despido objetivo basado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, ya que no se ha concedido un plazo de preaviso de 15 días computado desde la entrega de la comunicación personal a la trabajadora en la que se anunciaba el cese de la relación laboral hasta la extinción efectiva del contrato de trabajo. Tampoco se ha puesto a su disposición la pertinente indemnización de manera simultánea a la entrega de la citada comunicación, sin que por parte de la empresa se haya acreditado debidamente la falta de liquidez que menciona en la carta de despido para excusar el cumplimiento de aquel deber, ni concretado los plazos en los que se ofrecía a satisfacer esa indemnización.

Junto con la acción de improcedencia del despido, y de conformidad con la previsión recogida en el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (T.R.L.E.T.), se acumula una acción de reclamación de cantidad por un importe total de 602,56 euros en concepto de compensación económica por falta de cumplimiento empresarial del deber legal de preaviso recogido en el artículo 53.1, letra c), T.R.L.E.T.

B) Postura procesal de la empresa demandada

SUÁREZ Y COSTILLA HOSTELEROS, S.L. no ha comparecido en el acto del juicio pese a que fue citada legalmente para ello, de modo que no ha contestado a la demanda ni planteado hechos obstativos a los que constituyen el fundamento de las pretensiones ejercitadas en la demanda.

C) Postura procesal de FOGASA

FOGASA se ha mostrado conforme con la antigüedad, el salario mensual bruto y la categoría profesional de la trabajadora que se mencionan en el escrito de demanda y no ha planteado objeción alguna en lo referente a las pretensiones ejercitadas, más allá de la relativa a la extensión de su acción protectora, que no comprende la compensación económica por el incumplimiento empresarial del deber legal de preaviso estipulado para el despido producido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, ex. artículo 52, letra c), T.R.L.E.T.

TERCERO. Calificación del despido

En la carta de despido notificada a la trabajadora el pasado día 24 de enero (que se ha presentado junto con el escrito de demanda y se encuentra indexada en el acontecimiento núm. 3 del expediente judicial digital), se indica que se procede a la extinción de la relación laboral "por causas económicas, organizativas y de producción". Ahora bien, dicha comunicación no se ajusta a los requisitos formales regulados en el artículo 53.1, letras a), b) y c), T.R.L.E.T. para que el despido objetivo sea considerado procedente, y ello por varias razones: en primer lugar, no se ha probado en modo alguno la concurrencia de las causas económicas, organizativas y de la producción que se mencionan en aquella comunicación, pese a que la carga de hacerlo correspondía a SUÁREZ Y COSTILLA HOSTELEROS, S.L. por imperativo de los artículos 105.1 L.R.J.S. y 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (L.E.C.): se señala en la carta de despido que "la situación en la que se encuentran las instalaciones del hotel no cumple en la actualidad en absoluto con las necesidades ni con las expectativas mínimas de los clientes, ni en las habitaciones ni en las zonas comunes, no ofreciendo las condiciones de comodidad y seguridad que los huéspedes esperan", así como que esa "situación" motivó el cierre del establecimiento desde el mes de diciembre de 2022, pero lo cierto es que la empresa demandada no ha especificado cuáles son esos estándares de comodidad y de seguridad a los que alude en la carta de despido, si ha llevado a cabo alguna actuación dirigida a acondicionar las instalaciones del complejo hotelero para adaptarlas a tales estándares, en qué han consistido y por qué motivo no han resultado efectivas. Como se ha dejado indicado en el Fundamento de Derecho primero de la presente resolución, el representante legal de SUÁREZ Y COSTILLA HOSTELEROS, S.L. no asistió al acto del juicio para ser interrogado, de modo que no se le pudieron formular preguntas dirigidas a aclarar tales cuestiones[1]. En segundo lugar, la empresa demandada tampoco ha probado que haya dado cumplimiento a su deber de poner la indemnización legalmente prevista para los supuestos de despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción a disposición de la trabajadora afectada de manera simultánea a la entrega de la carta de despido, ni que careciera de liquidez que le permitiera afrontar el pago de esa indemnización, pese a haber alegado esta circunstancia en la carta de despido, por no mencionar que tampoco ha concretado los plazos en los que se comprometía a abonarla. Con ello, ha faltado nuevamente al deber probatorio derivado de la disposición general regulada en el artículo 217.3 L.E.C. A mayor abundamiento, ha de señalarse que la empresa demandada ha incurrido en un error inexcusable en el cálculo de esa indemnización: habida cuenta de la antigüedad de la trabajadora en la empresa y de su salario mensual bruto, el importe de la compensación no se cifraba en los 3.806,13 euros mencionados en la comunicación escrita de despido, sino que ascendía a 4.266,83 euros. En tercer lugar, no se ha concedido un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega de la carta de despido a DÑA. Yolanda, hasta la efectiva extinción del contrato de trabajo: basta con observar que en aquella comunicación se explicita que el despido surtirá efectos en fecha 26 de enero, esto es, tan sólo dos días después de que la SRA. Yolanda recibiera la carta de despido (aunque aparezca fechada el día 9 de enero, el certificado de entrega de burofax de Correos y los datos de la recepción de la comunicación impresos en la parte superior de la propia carta de despido no dejan duda alguna de que fue entregada a su destinataria el día 24 de enero) .

En definitiva, el conjunto de las circunstancias previamente expuestas lleva a la conclusión de que el despido padecido por la ahora demandante ha de ser calificado de improcedente, al amparo de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 53.4 T.R.L.E.T., puesto en relación con los artículos 55.4 y 56.1 del mismo cuerpo legal, y con los artículos 108.1, párrafo segundo, y 110 L.R.J.S.

CUARTO. Consecuencias jurídicas derivadas de la calificación del despido como improcedente

Los artículos 56.1 T.R.L.E.T. y 110.1 L.R.J.S. establecen las consecuencias de la calificación del despido como improcedente. Así, con carácter general, la empresa demandada podrá optar entre la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, con abono de los salarios de tramitación a los que se alude en el artículo 56.2 T.R.L.E.T., es decir, los que se hubieran devengado de no haberse producido el despido o de no existir causa que los haga incompatibles, o el abono de la indemnización prevista en el artículo 56.1 del mismo cuerpo legal.

El artículo 56.1 T.R.L.E.T. señala que la indemnización por despido improcedente consiste en 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades, lo que significa que por cada mes de prestación de servicios laborales se devengan 2,75 días indemnizatorios (33 días de salario anual / 12 meses = 2,75 días), con un tope máximo de 720 días. El prorrateo de los días que exceden de un mes completo se computa como si la prestación de servicios se hubiera efectuado durante toda la mensualidad, de modo que se considera como un mes completo (al respecto, véanse las SS.T.S. Sala Cuarta, de lo Social, de 20 de julio de 2009, recurso 2398/2008; de 20 de junio de 2012, recurso 2931/2011; y de 6 de mayo de 2014, recurso 562/2013). Así, resultan 56 meses de trabajo (tomando como punto de partida la fecha de antigüedad de la trabajadora en la empresa, 19 de junio de 2018, y como término del cómputo la fecha de efectos del despido, 26 de enero de 2023), con un salario mensual bruto de 1.390,53 euros (y un salario diario bruto de 45,72 euros, resultante de multiplicar el salario mensual bruto por doce mensualidades, al hallarse prorrateadas las pagas extraordinarias, y de dividir el resultado entre 365 días), de modo que el importe total de la indemnización asciende a 7.040,27 euros.

QUINTO. Reclamación de cantidad: compensación económica por falta de cumplimiento empresarial del deber legal de preaviso

Se reclama por parte de la trabajadora demandante el abono de una compensación económica por importe de 602,56 euros, dirigida a resarcir el perjuicio ocasionado por el incumplimiento empresarial del deber legal de preaviso de 15 días que ha de mediar desde la fecha de la entrega de la comunicación personal extintiva de la relación laboral hasta la fecha de la efectiva extinción del contrato de trabajo producida en el contexto de un despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, ex. artículo 53.1, letra c), T.R.L.E.T. Dado que la prueba practicada en el procedimiento evidencia la falta de observancia de dicho preaviso por parte de la empresa demandada (véase lo manifestado al respecto en el Fundamento de Derecho tercero de la presente resolución) y que ésta no ha probado haber satisfecho ninguna cuantía a DÑA. Yolanda a modo de compensación económica por tal motivo, procede estimar la reclamación efectuada en la cuantía solicitada por la actora, condenando a SUÁREZ Y COSTILLA HOSTELEROS, S.L. a su abono.

SEXTO. Responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial

En lo que toca a FOGASA y a su responsabilidad patrimonial, se estará a lo previsto en los artículos 33 T.R.L.E.T. y concordantes, si bien la compensación económica por la falta de cumplimiento empresarial del deber legal de preaviso regulado en el artículo 53.1, letra c), T.R.L.E.T., queda excluida del ámbito de la acción protectora de dicha entidad (al respecto, véase la S.T.S. Sala Cuarta, de lo Social, de 2 de febrero de 2010, rcud. 1587/2009, reiterada en la posterior de 10 de febrero de 2010, rcud. 1908/2009).

SÉPTIMO. Información en materia de recursos

De conformidad con lo previsto en el artículo 191.3, letra a), L.R.J.S., cabe recurso de suplicación frente a la presente resolución.

Vistos los preceptos citados, y demás de general y pertinente aplicación,