Sentencia Social 229/2023 Juzgado de lo Social de Valladolid nº 4, Rec. 213/2023 de 31 de julio del 2023

PRIMERO. Relato de hechos considerados probados: valoración de la prueba

De conformidad con lo previsto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (L.R.J.S.), los Hechos Probados resultan tanto de la formación de los propios autos como de la valoración de la prueba documental propuesta por las partes y admitida en el acto del juicio, así como de las consecuencias jurídicas que el artículo 91.2 L.R.J.S. vincula a la falta de comparecencia injustificada del representante legal de la empresa demandada para ser interrogado en el acto del juicio, pese a que dicho medio de prueba, propuesto por el demandante en su escrito de demanda, fue admitido por este Juzgado mediante Auto dictado el pasado 30 de marzo (véase el acontecimiento núm. 8 del expediente judicial digital), se le citó a tal efecto, con los apercibimientos legales oportunos para el supuesto de su incomparecencia, y la cédula de citación le fue entregada en su domicilio el pasado día 5 de abril (véase el acuse de recibo que obra en el acontecimiento núm. 13 del expediente judicial digital). Así, el precepto de referencia determina que " si el llamado al interrogatorio no compareciese sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte".

SEGUNDO. Planteamiento del litigio: postura procesal de las partes

A) Postura procesal del trabajador demandante

Se ha argumentado por el trabajador demandante que su despido resulta nulo o improcedente, ya que se efectuó verbalmente y con infracción de las disposiciones recogidas en los artículos 54 y 55 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (T.R.L.E.T.), en cuanto a las causas y a la forma del despido.

B) Postura procesal de la empresa demandada

El empresario D. Jose Pedro no ha comparecido en el acto del juicio pese a que fue citado legalmente para ello, de modo que no ha contestado a la demanda ni planteado hechos obstativos a los que constituyen el fundamento de las pretensiones ejercitadas en la demanda.

C) Postura procesal de FOGASA

FOGASA se ha mostrado conforme con la antigüedad, el salario y la categoría profesional del trabajador que se mencionan en el escrito de demanda, sin formular oposición a los pedimentos efectuados en la misma.

TERCERO. De la realidad del despido alegado por el trabajador. Calificación legal

El trabajador demandante que estima haber sido despedido de forma nula o improcedente viene obligado a probar la existencia de la relación laboral con la empresa demandada, sus características y muy especialmente el propio hecho del despido, dado que todos ellos son extremos constitutivos del núcleo de su pretensión, en consonancia con la disposición sobre la distribución de la carga de la prueba recogida en el artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (L.E.C.).

Por lo que toca al presente supuesto litigioso, en adición a lo manifestado en el Fundamento de Derecho primero de la presente resolución, ha de indicarse que en el documento que refleja el resultado de la consulta general de trabajadores relativa a D. Torcuato, que obra en autos al folio 4 del ramo de prueba documental de FOGASA, consta que el SR. Torcuato se encuentra en situación de baja en la Seguridad Social con el código 91, lo que significa que el contrato de trabajo que le vinculaba al empresario D. Jose Pedro no se extinguió por causas vinculadas a la voluntad del trabajador, sino por haber sido despedido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, ex. artículo 52, letra c), T.R.L.E.T., sin alcanzar los umbrales establecidos en el artículo 51 del mismo cuerpo legal para el despido colectivo. El empresario SR. Jose Pedro no ha acreditado en modo alguno que efectivamente concurriesen aquellas circunstancias, pese a que suya era la carga de hacerlo, vistas las disposiciones contenidas en los artículos 105.1 L.R.J.S. y 217.3 L.E.C. Tampoco ha probado que la extinción de la relación laboral se haya efectuado con observancia de las formalidades prescritas en el artículo 53 T.R.L.E.T. para el despido producido por causas objetivas, entre las cuales figura haberlo realizado por escrito, lo que en adición a su incomparecencia injustificada en el plenario para ser interrogado y a la transcendencia jurídica otorgada a esa circunstancia en el artículo 91.2 L.R.J.S., confiere verosimilitud a la naturaleza verbal del despido alegada por el trabajador demandante. En consecuencia, no cabe sino calificar tal despido como improcedente, al amparo de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 53.4 T.R.L.E.T., puesto en relación con los artículos 55.4 y 56.1 del mismo cuerpo legal, y con los artículos 108.1, párrafo segundo, y 110 L.R.J.S.

CUARTO. Consecuencias jurídicas derivadas de la calificación del despido como improcedente

Los artículos 56.1 T.R.L.E.T. y 110.1 L.R.J.S. establecen las consecuencias de la calificación del despido como improcedente. Así, con carácter general, la empresa demandada podrá optar entre la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, con abono de los salarios de tramitación a los que se alude en el artículo 56.2 T.R.L.E.T., es decir, los que se hubieran devengado de no haberse producido el despido o de no existir causa que los haga incompatibles, o el abono de la indemnización prevista en el artículo 56.1 del mismo cuerpo legal.

El artículo 56.1 T.R.L.E.T. señala que la indemnización por despido improcedente consiste en 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades, lo que significa que por cada mes de prestación de servicios laborales se devengan 2,75 días indemnizatorios (33 días de salario anual / 12 meses = 2,75 días), con un tope máximo de 720 días. El prorrateo de los días que exceden de un mes completo se computa como si la prestación de servicios se hubiera efectuado durante toda la mensualidad, de modo que se considera como un mes completo (al respecto, véanse las SS.T.S. Sala Cuarta, de lo Social, de 20 de julio de 2009, recurso 2398/2008; de 20 de junio de 2012, recurso 2931/2011; y de 6 de mayo de 2014, recurso 562/2013). Así, resultan 4 meses de trabajo (tomando como punto de partida la fecha de antigüedad del trabajador en la empresa, 4 de octubre de 2022, y como término del cómputo la fecha en la que se produjo el despido considerado improcedente, 31 de enero de 2023), de modo que, con un salario bruto diario de 53,67 euros, el importe total de la indemnización asciende a 590,37 euros.

QUINTO. Responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial

En lo que toca a FOGASA y a su responsabilidad patrimonial, se estará a lo previsto en los artículos 33 T.R.L.E.T. y concordantes.

SEXTO. Información en materia de recursos

De conformidad con lo previsto en el artículo 191.3, letra a), L.R.J.S., cabe recurso de suplicación frente a la presente resolución.

Vistos los preceptos citados, y demás de general y pertinente aplicación,