Sentencia Social 188/2023 Juzgado de lo Social de Valladolid nº 5, Rec. 107/2023 de 07 de julio del 2023

PRIMERO.- Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos probados se han deducido de la prueba documental obrante en autos, y la prueba de interrogatorio de parte, en el sentido que se expondrá en el fundamento jurídico siguiente.

SEGUNDO.- Se ejercita por DOÑA Yolanda la acción de despido, solicitando su declaración de improcedencia. La empresa demandada no ha comparecido al acto del juicio y consta de baja en la Seguridad Social, correspondiendo a la misma la carga de la prueba ( art. 217 LEC) de que la extinción obedeció a causa legal y se cumplieron los requisitos formales del despido por causas objetivas, así como de la puesta a disposición de la indemnización o la falta de liquidez para hacer frente a la misma, y no habiéndose aportado prueba de tales extremos, procede, de conformidad con el artículo 53 del Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, declarar que la demandante ha sido objeto de un despido improcedente. Ello es así puesto que, como puso de relieve la parte actora en el acto de la vista, la única prueba que consta en autos fue la acompañada a la carta de despido entregada a la demandante, y a ella se adjunta un cuadro Excel unilateralmente elaborado por la demandada y no las cuentas anuales presentadas ante la Agencia Tributaria u otra documentación contable o fiscal de la que se infiera la concurrencia de pérdidas y que avale las cifras señaladas en la carta de despido.

TERCERO.- El artículo 56 TRLET establece lo siguiente:

"1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.

La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.

2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.

3. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera.

4. Si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, la opción corresponderá siempre a éste. De no efectuar la opción, se entenderá que lo hace por la readmisión. Cuando la opción, expresa o presunta, sea en favor de la readmisión, ésta será obligada. Tanto si opta por la indemnización como si lo hace por la readmisión, tendrá derecho a los salarios de tramitación a los que se refiere el apartado 2".

Por su parte, el art. 110 LJS dispone que:

1. Si el despido se declara improcedente, se condenará al empresario a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, así como al abono de los salarios de tramitación a los que se refiere el apartado 2 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o, a elección de aquél, a que le abone una indemnización, cuya cuantía se fijará de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 56 de dicha Ley, con las siguientes particularidades:

a) En el acto de juicio, la parte titular de la opción entre readmisión o indemnización podrá anticipar su opción, para el caso de declaración de improcedencia, mediante expresa manifestación en tal sentido, sobre la que se pronunciará el juez en la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 111 y 112.

b) A solicitud de la parte demandante, si constare no ser realizable la readmisión, podrá acordarse, en caso de improcedencia del despido, tener por hecha la opción por la indemnización en la sentencia, declarando extinguida la relación en la propia sentencia y condenando al empresario a abonar la indemnización por despido, calculada hasta la fecha de la sentencia.

c) En los despidos improcedentes de trabajadores cuya relación laboral sea de carácter especial, la cuantía de la indemnización será la establecida, en su caso, por la norma que regule dicha relación especial.

En el presente supuesto, en el acto del juicio, tanto la parte actora como el Letrado del FOGASA solicitaron la extinción de la relación laboral ante la imposibilidad de admisión, debiendo prevalecer, en tal caso, la opción de la persona trabajadora de que la misma se decretara en la fecha de la sentencia, ejercitando el derecho del art. 110.1. b) LJS, y según tiene declarado la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (entre otras, sentencias de STS de 5 de marzo de 2019, Rcud. 620/2018 y de 4/04/19 Rec. 4064/17).

Procede, pues, considerar extinguida la relación laboral, constando la baja de la empresa en la Seguridad Social sin trabajadores, y por tanto, acreditada la imposibilidad de readmisión, condenando a la empleadora JAIME VALENTÍN MUJER S.L. al abono de la indemnización por despido calculada hasta la fecha de la presente resolución.

En cuanto a los parámetros para efectuar el cálculo, no resultan controvertidos una antigüedad de 4/11/2003 y un salario bruto mensual de 1.569,30€ (51,59€/diarios). La indemnización calculada hasta la fecha de la presente resolución asciende, por tanto, a 37.147,27 euros.

Finalmente, la extinción a fecha de sentencia determina que la trabajadora tenga derecho a los salarios de tramitación devengados desde la fecha de despido hasta la de la sentencia que, calculados a razón de 51,59 euros diarios, arrojan un total de 8.099,63 euros, sin perjuicio de la incompatibilidad con la prestación por desempleo percibida durante dicho período.

CUARTO.- Se ejercita, en último término, la acción complementaria de reclamación de cantidad por los conceptos que integran la liquidación a fecha 31/01/23, y que son los siguientes:

Salario base: 1.138,09€

Antigüedad: 85,36€

Plus transporte: 40€

Paga extra verano: 713,68€

Paga extra Navidad: 110,95€

Paga extra beneficios: 1.118,10€

P.p. vacaciones (2,5): 130,77€

Falta preaviso: 784,65€

Total: 4.121,60€

La empresa demandada no ha acreditado el pago de dichas cantidades, ni invocado la concurrencia de ningún otro hecho impeditivo o extintivo, por lo que la pretensión de condena al abono de las mismas ha de prosperar.

QUINTO.- En cuanto al FOGASA, este organismo estará a la responsabilidad legalmente establecida en el art. 33 ET. Dicho organismo no responderá de los conceptos que no ostentan naturaleza salarial, como el plus de transporte o la indemnización por falta de preaviso.

SEXTO.- Contra esta sentencia cabe interponer recurso de Suplicación de conformidad con lo prevenido en el artículo 191 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los preceptos legales citados de general y pertinente aplicación