Sentencia Social 243/2023 Juzgado de lo Social de Vigo nº 7, Rec. 536/2022 de 19 de junio del 2023

PRIMERO.- Los hechos que han sido declarados probados se han inferido apreciando en conciencia la prueba practicada en el acto del Juicio Oral, según las reglas de la sana crítica, conforme a los principios de inmediación y oralidad (artículo 97 de la Ley de la Jurisdicción Social) conforme a la documental consistente en: nóminas, informe de vida laboral del actor y de la empresa demandada, como la comunicación del despido. Asimismo, la incomparecencia de la empresa demandada, citada en legal forma, conlleva la estimación de los hechos constitutivos de la pretensión, de conformidad con los artículos 91 de la Ley de Procedimiento Laboral y 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO.- Comenzaremos en primer lugar, antes de entrar a analizar el fondo del asunto, cuál es la antigüedad que a efectos de despido le corresponde al actor, toda vez que este reclama en su demanda que se le reconozca la antigüedad de 20 de noviembre de 2017, a lo que se opone FOAGSA.

En relación a la antigüedad del trabajador en la empresa, hemos de tener en cuanta y fijar la misma conforme se interesa a fecha de 20 de noviembre de 2017, ya que a la vista del informe de vida laboral aportado por FOGASA se observa como el actor presta servicios para la empresa demandada desde el 20 de noviembre de 2017 hasta el 5 de diciembre de 2018 y desde el 21 de enero de 2019 hasta el 15 de febrero de 2021, mediando entre ambos periodos la prestación de desempleo percibida por el actor, sin que entre ambos períodos no hubiera trascurrido más que un mes, y además, no prestó servicios a otras empresas por lo que entiende esta juzgadora que no se produce la ruptura del nexo, tal como alega FOGASA.

Y siguiendo, la doctrina del Tribunal Supremo, con respecto a la antigüedad a computar a efectos de la indemnización por despido que recopila la Sentencia de 8 de marzo de 2.007" .....la antigüedad de un trabajador en una empresa determinada no es otra cosa que el tiempo que el mismo viene prestando servicios a esa empresa sin solución de continuidad, aunque tal prestación de actividad laboral se haya llevado a cabo bajo el amparo de diferentes contratos de clases distintas, temporales e indefinidos. Y así el art. 25-2 del Estatuto de los Trabajadores toma en consideración los años trabajados sin hacer distingo ni diferenciación alguna, sin exigir que la actividad desarrollada fuese originada por un sólo contrato de trabajo, ni que sólo pudieran computarse a tales efectos los contratos indefinidos, y sin tampoco excluir el tiempo correspondiente a contratos temporales». Esta doctrina establece, en definitiva, que en supuestos de sucesión de contratos temporales, si existe unidad esencial del vínculo laboral, se computa la totalidad de la contratación para el cálculo de la indemnización por despido improcedente, ha sido seguida por las Sentencias ya más recientes de 29 de septiembre de 1.999; 15 de febrero de 2.000; 15 de noviembre de 2.000; 18 de septiembre de 2.001; 27 de julio de 2.002; 19 de abril de 2.005 y 4 de julio de 2.006.

TERCERO.- Conviene, antes de conocer sobre el fondo del asunto, realizar algunas precisiones en torno a las demandas de resolución y despido colectivo acumuladas. Son conocidas las dificultades prácticas y doctrinales que originan la acumulación de las demandas por despido y por rescisión del contrato (cfr. Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 1996 y Auto de 21 de octubre de 1998), pero en el caso que nos ocupa coinciden las opiniones doctrinales más solvente en torno a los criterios a seguir: el cronológico, porque la demanda de despido es posterior en número y fecha a la de resolución, tanto ante el Decanato de los Juzgados como ante este Juzgado de lo Social número 7 de Vigo; y el teleológico, porque la pretensión de despido tiene carácter declarativo, mientras que la cuestión en torno a la extinción contractual tiene carácter constitutivo, algo que presupone la necesidad de mantener viva la relación laboral o bien que previamente no haya sido declarado el despido como procedente. La prudencia en este caso exige conocer de las dos pretensiones y resolver sobre el fondo, intentando aquilatar las consecuencias de la misma (cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2000 y Auto de 24 de mayo de 2000).

CUARTO.- Dicho lo anterior ahora es necesario analizar por separado cada una de las pretensiones ejercitadas, entendiendo esta juzgadora.

En cuanto a la acción de resolución del contrato de trabajo por falta de pago de salarios debe ser estimada. Ciertamente queda demostrado que concurren retrasos y una reiterada falta de pago de salarios por cuenta de la empresa, de las mensualidades desde abril de 2022 hasta que se produce el despido, octubre de 2022, algo que faculta a los trabajadores a resolver el contrato de trabajo de conformidad con el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores; en este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 1999 sintetiza la doctrina aplicable al caso que nos ocupa, en torno a la resolución del contrato por falta de pago de los salarios como incumplimiento grave y culpable, doctrina recogida entre otras en las sentencias de 13 de julio de 1998 y 28 de septiembre de 1998, que citan las anteriores de 24 de marzo de 1992 y 29 de diciembre de 1994, en las que se establece que los retrasos contenidos en el pago de los salarios son causa de resolución de contrato de trabajo con independencia de que tal retraso pueda deberse a dificultades económicas de la empresa. Recientemente la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008 estima la demanda de rescisión cuando se constata un retraso medio en el abono de salarios de 11'20 días al mes, permaneciendo la empresa en concurso. Esta doctrina reciente ha sido ratificada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2010, recopilando la doctrina anterior en la forma que sigue: "como recuerda la sentencia de 10 de junio de 2009 (recurso 2461/2008) "esta Sala viene señalando con reiteración, salvo precedentes temporalmente lejanos en que se ha exigido un incumplimiento grave y culpable, haciendo una paridad con las causas originadoras del despido disciplinario [así, SSTS 03/11/86 ; y 04/12/86 ], o en que más matizadamente se ha requerido que el retraso sea grave y culpable, continuado y persistente [ STS 20/01/87 ], este Tribunal entiende que el requisito de la gravedad del comportamiento es el que modela en cada caso la concurrencia del incumplimiento empresarial, y la culpabilidad no solamente no es requisito para generarlo, sino que incluso es indiferente que el impago o retraso continuado del salario venga determinado por la mala situación económica de la empresa ( SSTS 24/03/92 -rcud 413/91 -; 29/12/94 -rcud 1169/94 -; 13/07/98 -rcud 4808/97 -; 28/09/98 -rcud 930/98 -; 25/01/99 -rcud 4275/97 -; y 22/12/08 -rcud 294/08 -). En este línea se mantiene que para que prospere la causa resolutoria basada en «la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado», es necesaria -exclusivamente- la concurrencia del requisito de «gravedad» en el incumplimiento empresarial, y a los efectos de determinar tal «gravedad» debe valorarse tan sólo si el retraso o impago es grave o trascendente en relación con la obligación de pago puntual del salario ex arts. 4.2 f) y 29.1 ET , partiendo de un criterio objetivo [independiente de la culpabilidad de la empresa], temporal [continuado y persistente en el tiempo] y cuantitativo [montante de lo adeudado], por lo que concurre tal gravedad cuando el impago de los salarios no es un mero retraso esporádico, sino un comportamiento persistente, de manera que la gravedad del incumplimiento se manifiesta mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos (así, SSTS 25/01/99 -rcud 4275/97 -; y 26/06/08 -rcud 2196/07 -, en obiter dicta)". Igual doctrina se aplica cuando la situación de impago procede de prestaciones de incapacidad temporal por pago delegado (cfr. Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1996).

En el caso de autos, se constata una deuda acumulada de 7 mensualidades; esta situación revela un incumplimiento grave y flagrante de la empresa. Por lo que cabe la estimación de dicha pretensión y por las razones más que expuestas. Y máxime cuando la propia empresa demanda no ha comparecido al juicio.

QUINTO.- En cuanto a la segunda pretensión que ejercita la actora de impugnación individual el despido colectivo y declara la improcedencia del mismo, pues la misma suerte ha de correr dicha pretensión y ello ante la incomparecencia de la empresa demandada impiden un análisis adecuado a la luz del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, con ausencia además de las causas adecuadamente consignadas en la carta de despido, [cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 2015 que declara improcedente un despido ante las afirmaciones genéricas contenidas en la carta de despido, sin hacer la mínima referencia fáctica de las causas económicas, porque no son suficientes como causa de la decisión empresarial, sin que tal imprecisión pueda superarse por las referencias, igualmente abstractas, a "situación muy difícil y complicada, tanto económica como productiva" de la empresa, ni completarse judicialmente el contenido de la carta presumiendo que las causas eran conocidas por la trabajadora por el hecho de que existieron precedentes ERES suspensivos por iguales causas]. Ante tales circunstancias, el despido se torna en acausal y ya no es posible cumplir la obligación procesal del artículo 103 del Estatuto de los Trabajadores de acreditar las causas del despido, porque lo que única calificación posible es la de improcedencia.

De conformidad con el artículo 110 a) de la Ley de la Jurisdicción Social, habiendo optado la administración concursal y el Fondo de Garantía Salarial por la extinción de la relación laboral, es procedente declarar la misma, al no constar actividad de ninguna de las dos mercantiles.

Por todo ello y admitidas ambas pretensiones ejercitadas en la demanda, conteniendo el fallo de la presente sentencia los pronunciamientos , de conformidad con los arts. 51 y 56 del ET y art. 110 y ss de la LRJS, relativos a la condena a una indemnización calculada desde la fecha de inicio de la relación laboral hasta la presente sentencia que resuelve la relación labora conforme al art. 56 del ET, con condena de los salarios de tramitación desde la fecha de despido hasta la fijada en la presente resolución.

SEXTO.- Es procedente igualmente estimar la demanda de cantidades acumulada a la resolución, de conformidad con el artículo 26.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por cuanto que se acredita la falta de pago de los salarios reclamados y vacaciones.

En consecuencia, no habiendo probado el pago el empresario demandado en el acto del juicio -con oportunidad para articular prueba en contrario que acredite el pago de las cantidades reclamadas- y en aplicación de los artículos 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil y 91.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social siendo apercibido en este sentido, se está en estimar la demanda, con los intereses del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores únicamente aplicables a los conceptos salariales y en cómputo anual.

SÉPTIMO.-Frente a esta resolución pueden las partes interponer recurso de suplicación, al amparo del artículo 191 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,