Sentencia Social Nº 109/2012, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6183/2011 de 11 de Enero de 2012

Encabezamiento

Procedimiento: Recurso de suplicación

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

JSP

IL·LM. SR. JOSÉ DE QUINTANA PELLICER

IL·LM. SR. FRANCISCO JAVIER SANZ MARCOS

IL·LMA. SRA. MATILDE ARAGÓ GASSIOT

Barcelona, 11 de gener de 2012

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 109/2012

En el recurs de suplicació interposat per Servizurich, S.A. Sociedad Unipersonal a la sentència del Jutjat Social 8 Barcelona de data 4 de maig de 2011 dictada en el procediment núm. 83/2010 en el qual s'ha recorregut contra la part Guillerma , Justo , Santos , Fogasa (Fondo de Garantia Salarial) i Ministerio Fiscal, ha actuat com a ponent Il· lma. Sra. MATILDE ARAGÓ GASSIOT.

Antecedentes

Primer.En data 29 de gener de 2010 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Acomiadament disciplinari, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 4 de maig de 2011, que contenia la decisió següent: ' Que estimando parcialmente la demanda promovida por Guillerma debo declarar y declaro la nulidad del despido condenando a la empresa Servizurich SA sociedad unipersonal a readmitir inmediatamente a la actora con abono de los salarios de tramitación dejados de percibir desde la fecha de despido hasta que la readmisión tenga lugar, condenando igualmente a la empresa demandada a una indemnización de daños y perjuicios de 45.000 euros y absolviendo a las personas físicas demandadas de las pretensiones de la demanda.

Y absolviendo al FONDO DE GARANTIA SALARIAL, sin perjuicio de sus responsabilidades legales. '

Segon.En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:

PRIMERO.- Que Guillerma ha venido prestando servicios para la empresa Servizurich SA de profesión responsable de departamento Sourcing and Supplier Titulado Grado Superior, salario anual fijo para el año 2009 de 88.150 euros, y una retribución variable de 13.223 a acreditar su procedencia de abono; retribución variable sujeta a pleito de cantidad celebrado en el día del juicio en juzgado social distinto al de autos.-véase folio 18-

SEGUNDO.- Que en fecha 18-12-2009 la empresa demandada entregó a la actora carta de despido, con el siguiente contenido, documento 1 ramo de prueba parte actora:

'ZURICH

Doña. Guillerma

BARCELONA

Barcelona, 18 de Diciembre de 2009

Sra. Guillerma :

Hemos tenido conocimiento a través de sus Responsables, que en los últimos meses, su rendimiento profesional está siendo totalmente insatisfactorio, en virtud de su comportamiento y actitud, habiendo disminuido sustancialmente en lo que se refiere a sus funciones y responsabilidades.

Dicha situación debe considerarse como un incumplimiento contractual grave, la cual ha generado graves perjuicios a nuestra Entidad.

Por lo que, de acuerdo con el vigente «Convenio Colectivo Estatal de Empresas consultoras de Planificación Organización de Empresas y Contable, Empresas de Servicios de Informática y de Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, nos vemos obligados a comunicarle su despido con efectos del día de hoy, por haber incurrido en una transgresión de la buena fe contractual y un claro abuso de confianza e indisciplina en el trabajo.

Tiene a su disposición, a partir de este momento, en las oficinas de esta Empresa, la liquidación, saldo y finiquito de sus haberes profesionales, derivada de la extinción de

su contrato de trabajo.

Por otro lado, le comunicamos que, ante la dificultad de probar los motivos del presente despido, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción modificada por la Ley 45/2002, de 12 de Diciembre , la empresa reconoce la improcedencia del mismo.

A tales efectos, tiene depositada y a su disposición, en el Juzgado Decano de lo Social de Barcelona, la indemnización correspondiente.

Este ingreso se realiza dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción del presente escrito

Atentamente,

SERVIZURICH, S.A.

Sociedad Unipersonal

Aurelio

Apoderado Recibí '

TERCERO.- Que igualmente por escrito de 18-12-2009 la empresa comunicó a la actora mediante burofax el siguiente contenido, documento 21 ramo de prueba demandada, el cual fue recibido por la actora el 18-1-2010, extremo no controvertido:

'ZURICH

Dª. Guillerma

Paseo DIRECCION000 , NUM000

08O05 - BARCELONA

Su referencia

Nuestra referencia

Fecha 18/12/2009

Muy Sra. nuestra:

En relación con la carta de despido que le ha sido notificada en fecha 18/12/2009 y ante la dificultad de probar los motivos de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el articuLo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores , en su redacción modificada por la Ley 45/2O02 de 12 de Diciembre, la empresa reconoce la improcedencia de su despido.

A tales efectos, tiene depositada y a su disposición en el Juzgado Decano de lo Social de Barcelona la indemnización que asciende a 13.584,76 Euros y los salarios del día 0l al 18 de Diciembre del corriente que asciende a 2.857,73 Euros que suman un total de 16.442,49 Euros.

Adjuntamos copia del ingreso y del escrito dirigido al Juzgado.

Atentamente,

SERVIZURICH, S.A.

Sociedad unipersonal

Aurelio

Apoderado '

CUARTO.- Que no resulta controvertido que la empresa demandada efectuó el depósito de la anterior cantidad en el juzgado decano delegación social.- folio 22 y 23-

QUINTO.- Que en fecha 28-5-2009 la actora remitió a la empresa la siguiente comunicación de queja y denuncia, documento 25 y 26 ramo de prueba de la parte demandada:

Guillerma

Zurich Financial Services

CoE

COOF Sourcing & Supplier Management

Zurich Financial Services

CoE - Centre of Excellence

AAT- Departamento de RRHH, Raúl

Bac de Roda 58

08019 Barcelona

Barcelona, 28. May 2009

Al departamento de RRHH y quien corresponda:

Desafortunadamente debo remitir este escrito, debido a que la actual situación en mi puesto de trabajo ya no permite una base para el éxito, y además está impactando seriamente a la empresa, a mi carrera y reputación profesional así como a mi integridad personal.

Mi experiencia profesional ha estado siempre ligada a la gestión del cambio, nuevos procesos y entornos reorganizativos, puntos en los que he desarrollado con éxito todos los proyectos en los que he colaborado o que he gestionado hasta ahora.

Me incorporé a 'Zurich Financial Services - CoE (Centre of Excellence)' hace 8 meses, con excelentes referencias de mis anteriores empleos y muy buenas perspectivas profesionales. La decisión del cambio se basó en la óptima localización, la buena reputación de la empresa Zurich y ml convencimiento de poder contribuir muy positivamente en implementar el éxito del CoE.

Los primeros 5 meses he tenido 3 diferentes superiores como referencia del cambio organizativo al cual me adapté sin problemas. Sin embargo a partir del último cambio, tras la entrada de Santos (en adelante JC), la situación ha empeorado seriamente, muestra de lo cual destaco algunos ejemplos:

Pérdida de credibilidad hacia el entorno, perjudicando seriamente las futuras negociaciones con proveedores externos y beneficios para la empresa. Ejemplo: Frente a proveedores externos, clientes internos y colaboradores, anulación por parte de JC de acuerdos profesionales elaborados por Sourcing & Supplier Management.

Negociación 'R 3.3 M&S Thin Client - Accenture', rechazo de mis invitaciones a JC por él mismo para participar en el proceso de negociación, claramente delegado a mi en presencia de terceros, y sabiendo que lo negociado fue preparado conjuntamente conmigo y con clientes internos. (Marzo 2009)

Amenazas de despido en privado y público,

Reunión Workorder Process, frente a participantes compuesto por varios ejecutivos del CoE y otros colaboradores como testigos, declaración por parte de mi superior JC, acerca de la propuesta suya de que cada una de los aproximadamente 300 work orders deberá ser aprobada por mi: 'And if Claudia (referring to Claudia Dill, COO EGI) sees a problem with a work order and comes to me, I will fire Guillerma ', seguido de declaraciones en esa misma reunión para incitar el acoso laboral del grupo hacia mi persona, pronunciando frases como 'Let's put all the pressure on Guillerma '. (22. Mayo 2009)

- Bloqueo de las funciones básicas del departamento al no permitir JC la comunicación de Sourcing & Supplier Management en la reunión mensual con el proveedor Wipro de los resultados de la encuesta de satisfacción de cliente y de riesgos percibidos por la organización (29. Abril 2009)

- Intentos para involucrarme en irregularidades en el marco de traspaso de personal. Basado en un pacto sobre un traspaso de personal entre CoE y BU Spain, pacto en el cuál no participé, fue requerido por JC hacia mi persona elaborar un acuerdo de servicio (SLA) relacionado al cambio de una persona entre entidades de Zurich. Este acuerdo de servicio (SLA) no fue implementado por mi parte tras consultas y entendiendo la probable ilegalidad del mismo. (20. Abril 2009)

- Daño en la reputación del departamento de Sourcing & Supplier Management

Confusión en la matriz de responsabilidades

Otras observaciones:

- Me consta que no soy la Única persona que muestra su disconformidad con la gestión actual, aunque sí la primera que lo hace por esta via y por escrito.

Al estar convencida de que todos estos hechos no sólo ayudan a deteriorar el negocio sino que también van en contra de la ética empresarial de Zurich, pongo en conocimiento el departamento de personal del CoE y a quién corresponda este escrito.

Además de ello, solicito respuesta por escrito al mismo con las acciones correctivas que correspondan, para lo cuál tienen mi absoluta disposición.

Atentamente

Guillerma '

SEXTO.- Que en fecha 5-6-2009 la empresa demandada contestó a la actora al anterior y referido escrito con el siguiente contenido, documento 27 ramo de prueba documental parte demandada:

'Zurich Financial Services

CoB - Centre of Excellence

Barcelona

Barcelona, 5 de junio de 2.009

Dirigido a Guillerma

Apreciada Guillerma ,

El objeto de la presente no es otro que el de proceder a acusar recibo de la carta remitida por usted en fecha 29 de mayo de 2.009 a nuestro departamento de Recursos Humanos.

En primer lugar queremos dejar constancia de nuestra sorpresa ante la recepción de la misma porque es la primera ocasión en la que tenemos constancia de los comentarios y actos que refleja, no habiéndose procedido en ningún momento anterior a comunicar verbalmente a los representantes de la empresa, de Recursos Humanos o de su propio responsable directo esta situación.

En este sentido queremos también expresar nuestro desacuerdo con las consideraciones e interpretación que se ha hecho de los acontecimientos por su parte, puesto que entendemos que no se corresponden a la realidad.

Tras recibir la carta arriba mencionada y considerarla con gran preocupación, se han mantenido reuniones con usted, con su responsable directo y con la Dirección de la empresa, así como con miembros del equipo de COO Finance, con intención de evaluar los puntos expuestos por usted en ella.

Como resultado de todo lo expuesto exponemos nuestra apreciación sobre las aseveraciones realizadas por usted en la carta:

El Sr. Santos es el responsable del área de COO Finance y entre sus roles y responsabilidades propios consta la supervisión de su trabajo, debiendo además velar por los intereses generales del Centro de Excelencia, por lo que está legitimado para evaluar y considerar en conjunto el resultado de las negociaciones, acuerdos alcanzados y su impacto en la organización, sin que ello signifique que esté incurriendo en las apreciaciones realizadas por usted.

Además de ello, nos gustaría reflejar que en diversas ocasiones desde la recepción de la carta se ha tratado por parte del Sr. Santos y de Recursos Humanos de dar las explicaciones y clarificaciones precisas a los puntos expuestos y de dejar constancia de que la interpretación y consideración de los hechos por su parte ha sido errónea, aunque usted se ha reafirmado en los puntos expuestos en su carta y no ha mostrado ninguna flexibilidad ante la predisposición de la empresa a tratar de solucionar la situación que usted ha planteado.

En relación a su solicitud entregamos pues respuesta por escrito a la cada mencionada.

Atentamente,

Raúl

Recursos Humanos'

SEPTIMO.- Que la actora inició situación de incapacidad temporal por enfermedad común que se extendió de 7-7 a 23-7-2009.- documento 33 ramo de prueba de la parte demandada- documento 33 ramo de prueba parte demandada-.

OCTAVO.- Que con efectos de 21-8-2009 el superior que fue de la actora y demandado en autos, Santos fue despedido.- documento nº 29 ramo de prueba documental parte demandada y testifical de la demandada Don Aurelio -.

NOVENO.- Que la empresa demandada no recibió de buen grado la queja y denuncia relatada en el hecho sexto del presente apartado, tomando la decisión de despedir al Sr Santos . Despido que así reconoce haberse producido el testigo Sr Aurelio , apoderado y miembro del departamento de recursos humanos de la empresa demandada. Se alcanza la convicción de la valoración conjunta de la prueba que ya en agosto 2009 se decidió despedir a la actora, no obstante en atención a que se estaban efectuando diversos procesos de selección para el departamento que ostentaba nuevo jefe: el Sr Jacobo , se defirió el despido de la actora hasta final de año. Al Sr Santos le sustituyó en Agosto Don. Jacobo que manifiesta que la actora durante el tiempo que estuvo con él, de agosto a diciembre de 2009 era una trabajadora muy competente y reconocida desempeñando eficazmente su trabajo, hecho que se constata de la valoración excelente que tuvo la actora en marzo de 2009, documento nº 19 ramo parte actora. Ni Don Jacobo responsable directo de la actora como decíamos ni tampoco el Sr Aurelio pueden indicar ni un solo acto o hecho que revele problemas de trabajo o de actitud de tipo alguno con la empresa demandada más allá de la queja y denuncia ya referida en probanzas. Es norma y uso reconocido en la empresa que un trabajador pueda solicitar un evaluación de su trabajo a su superior sin que éste pueda negarse. La actora la solicitó en octubre pero su jefe inmediato no la realizó recibiendo directrices de recursos humanos que le comunicaron que ya decidirían ellos en su caso. Asimismo a la actora en octubre 2009 se le indicó que la programación a efectuar en marzo 2010 debería adelantarse a diciembre del año en curso.- valoración conjunta interrogatorio judicial, documental y testifical practicada-.

DÉCIMO.- Que interponiéndose la preceptiva demanda de conciliación ante el SCI el 21-1-2010, el acto de conciliación se llevó a cabo el 10-2-2010 con el resultado de sin avenencia.

Tercer.Contra aquesta sentència la part codemandada SERVIZURICH, S.A. va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària que el va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER.Contra la sentència que estima en part la demanda formulada per acomiadament nul i indemnització per vulneració de drets fonamentals, presenta recurs de suplicació l'empresa demandada, que ha estat impugnat.

El primer motiu del recurs es presenta per la via de l' article 191 b) de la LPL , amb la demanda modificació de fets provats, interessant que s'inclogui en el relat fàctic un fet provat nou 'sisè bis', que digui que l'actora no va insistir posteriorment en el que va exposar en la comunicació de 28-05-09 ni va presentar reclamació o denuncia davant el Comitè d'Empresa o de la Inspecció de Treball.

Respecte a la revisió fàctica proposada, cal tenir present que conforme constant doctrina jurisprudencial per a que prosperi aquesta causa de suplicació,en base al caràcter extraordinari d'aquest recurs, és necessària la concurrència dels següents elements:

a) l'existència d'un error en el jutjador en la valoració de la prova, de forma clara i palesa, no basat en conjectures o raonaments;

b) que aquest error es basi en documents o perícies obrants en les actuacions que ho posin en evidència;

c) que el recurrent assenyali els paràgrafs a modificar, tot proposant una redacció alternativa que concreti la seva pretensió revisora;

d) que els resultats que es postulen, encara que es basin en els dits mitjans de prova, no quedin desvirtuats per altres proves practicades al llarg del judici, atès que en cas de contracció ha de prevaler el criteri del jutge d'instància, en tant que la llei li reserva la funció de valoració de les proves; i

e) que les modificacions sol licitades siguin rellevants i transcendents per a la resolució de les qüestions plantejades.

Aplicant la doctrina exposada, s'ha de rebutjar la inclusió del nou fet provat, ja que, en primer lloc, es tracta d' un fet negatiu que per tant no és transcendent, ja que no ha de constar en la sentència tot el que la demandant no va fer. En segon lloc, tampoc pot ser inclosa aquesta conclusió ja que no es dedueix de cap prova documental o pericial que expressi un evident error del jutjador en la valoració de la prova.

SEGON.Per la mateixa via revisora la part demandant interessa la supressió del fet provat novè i la substitució pel següent text:'D. Santos trabajó para la demandada del 23-2-09 al 21-09-09 en què cesó en periodo de prueba a instancia de la demandada. D. Justo prestó servicios, como director general, del 15-4-08 al 7-6-2010, en que cesó por desistimiento de la Empresa'.

Indica que el fet que proposa es dedueix dels documents 641 a 663 de les actuacions i que la transcendència de la modificació proposada és en relació al poc temps de coincidència laboral entre l'actora i els indicats treballadors codemandats.

Si bé el període treballat i de coincidència laboral amb l'actora podria justificar la inclusió del paràgraf que es dedueix efectivament dels documents que cita, en cap cas pot justificar la eliminació del que descriu la sentencia en el fet novè, que té una major transcendència a l'hora de resoldre el litigi i que el magistrat ha deduït de la valoració de la prova testifical, tal com indica, que no és revisable. Ha de decaure per tant el motiu del recurs, ja que l'error que valora el recurrent no és apreciable.

TERCER.El següent motiu del recurs el formula la part actora per la via de l' article 191 c) de la LPL , al legant la infracció de normes processals, concretament els articles 216 i 218-1 de la LEC , i de l' article 24 de la CE . La denuncia del vici de vulneració del principi de justícia demanada i del vici de incongruència, als que es refereix el recurrent, s'hauria d'haver plantejat per la via de l' article 191 a) de la LPL , ja que d'apreciar-se serien causants de la nul litat de les actuacions, si realment afectessin de forma greu a la tutela judicial efectiva, per un vici insubsanable. Malgrat el defecte formal del recurs, s'entra a analitzar el motiu proposat, en ares a la tutela judicial efectiva, ja que el recurrent esmenta una vicis processals que poden ser valorats.

Tal com aquesta Sala ha posat de relleu, en relació amb la incongruència, com a vici de procediment, ( sentència de 7 d'octubre de 2009 (R. 3746/09), el Tribunal Constitucional en la Sentència 264/2005, de 24 d'octubre , amb cita d'altres sentències anteriors, ha assenyalat que el vici d'incongruència ha estat definit com aquell desajustament entre la decisió judicial i els termes en que les parts han formulat la seva pretensió que constitueix l'objecte del procés. En concedir més, menys, o cosa diferent al que s'ha demanat, l'òrgan judicial incorre en les formes d'incongruència conegudes com ultra petita, citra petita o extra petita partium.

El judici sobre la congruència de la resolució judicial precisa de la confrontació entre la seva part dispositiva i l'objecte del procés delimitat pels seus elements subjectius - parts - i objectius - causa de demanar i petitum -. Pel que fa a aquests últims, l'adequació s'ha d'estendre tant al resultat que el litigant pretén obtenir com als fets que sustenten la pretensió i el fonaments jurídic que la nodreix, sense que les resolucions judicial puguin modificar la causa petendi, alterant d'ofici l'acció exercitada, atès que aleshores s'haurien dictat sense oportunitat ni debat, ni de defensa, sobre les noves posicions en que l'òrgan judicial situa el debat.

Pel que fa a la incongruència per omissió, cal remarcar que es produeix quan l'òrgan judicial deixa sense resposta alguna de les pretensions sotmeses a la seva consideració per les parts, sempre que no es pugui interpretar de forma raonable el silenci judicial, com una desestimació tàcita, la motivació de la qual es pugui deduir del conjunt dels raonaments continguts en la resolució, i sense però que sigui necessària, una contesta explícita a totes i cadascuna de les al legacions que s'addueixen com a fonaments de la seva pretensió i pot ser suficient, en atenció a les circumstàncies particulars concurrents, amb una resposta global o genèrica, encara que s'ometi respecte d'al legacions concretes sempre i quan no siguin substancials.

Aplicant la doctrina exposada, la causa de revocació de la sentencia que interessa el recurrent no pot ser atesa doncs no és cert que la sentencia incorpori un motiu de nul litat de la decisió extintiva que no hagi estat al legat en la demanda, ja que en aquella es demanava la nul litat no solament basada en la discriminació per raó d'embaràs de la treballadora, sinó que també es denunciava un procés d'assetjament laboral, concretament en el fet cinquè, i sisè('...criticándola, humillándola ...haciendo comentarios despectivos acerca de ella y de su trabajo, cuestionando sus decisiones y dándole las peores tareas muy por debajo de sus capacidades, mellando con todo ello la autoestima y la reputación personal de la trabajadora y atentando contra su derecho al honor y contra la integridad moral de ésta, así como contra su dignidad profesional...').S'ha de tenir en compte també que la demanda es va ampliar, amb suspensió del judici i trasllat de l'escrit a la part contrària, per demandar a les persones que es deien causants de la situació de persecució laboral, tal com consta en els folis 44 a 47 de les actuacions, que concreten amb més detall uns fets que són els que bàsicament el magistrat de instancia ha donat per acreditats. I l'empresa coneixia la pretensió de l'actora, ja que la majoria de fets denunciats, havien estat posats en coneixement de l'empresa per la carta que es transcriu de l'actora, contra la que actua la resposta d'acomiadament com a represàlia. Per tant, el tercer motiu del recurs, que demanava la revocació de la nul litat per incongruència, tampoc pot ser atès, ja que ni la sentència es pot considerar incongruent ni es pot valorar que existeixi cap indefensió de la part demandada per desconeixement de la pretensió i de les al.legacions jurídiques que la part actora ha formulat, i a les que s'ajusta la sentència.

QUART.El següents motiu de infracció jurídica, formulat per la via de l' article 191 c) de la LPL , al lega la infracció de l' article 18 CE , indicant que no s'ha vulnerat aquest dret fonamental de l'actora ja que el contingut de la carta d'acomiadament, sense cap tipus de publicitat, no és ofensiu ni difamatori per la qual cosa no s'ha lesionat el dret a la pròpia imatge de l'actora.

La sentencia valora que el dret a l'honor i a la pròpia imatge de la demandant ha estat lesionat per la imputació de conductes falses a la demandant, a més de valorar que s'arriba a la convicció de l'existència de un clima de represàlies i de decisió de prescindir de l'actora per 'causar problemas', amb la denuncia efectuada davant el departament de recursos humans de l'empresa. Denúncia que era legítima - segueix dient la sentencia - i obligada,si la demandant era el subjecte passiu de un assetjament laboral per part del seu superior immediat, a més d'altres qüestions de gestió i desenvolupament del treball, que la demandant també ha denunciat davant la direcció de l'empresa.

La companyia demandada no té en compte però que la decisió d'acomiadar per 'rendiment insatisfactori o comportament o actitut inadequades', com a resposta per una denúncia d'assetjament moral realitzada de manera concreta i detallada per la demandant, que és evident que ha tingut una transcendència a l'empresa, tal com dedueix el mateix magistrat, a la vista de les testificals practicades, sense que es pugui deixar de valorar, com fa la sentència, de que la direcció empresarial és responsable de l'encobriment de unes conductes de assetjament que es descriuen i que han afectat com s'ha dit, al dret al honor i a la dignitat personal i a la pròpia imatge de l'actora, elements que van més enllà de la carta motivadora de l'acomiadament, conducta que efectivament ha afectat a l' honor i a la pròpia imatge de la demandant, més encara quan es dedueix de les actuacions que la seva conducta i rendiment laboral era de persona competent i excel lent (fonament jurídic tercer, amb valor de fet provat) i que l'empresa davant de la denúncia efectuada per ella no va intervenir per posar mitjans concrets per evitar la situació d'assetjament que patia. S'ha de rebutjar doncs també aquest motiu del recurs.

CINQUÈ.Per la mateixa via de l' article 191 c), la part recurrent al lega la aplicació indeguda dels articles 55, 5 i 6 de l'ET en relació a l' article 56 de la mateixa Llei , al legant que la demanda postula una discriminació per embaràs de la demandant i que l'empresa mai va tenir coneixement d'aquesta situació, ni de que hagués avortat o s'hagués sotmès a tractaments de fertilitat.

S'ha de dir que la doctrina jurisprudencial, s'ha modificat des de la sentència que va resoldre el recurso de casación per a la unificació de doctrina núm. 2428/2008, recollint la sentència del Tribunal Constitucional, així indicava la sentència del TS de data 30-04-2009 , que:

'La cuestión había sido resuelta por esta Sala en el sentido de que en tales supuestos no procedía la calificación de nulidad si no existía tal conocimiento,( Sentencia dictada en Sala General de 19 de julio de 2006 (RJ 2006, 8040), R-1452/05, reiterada por la de 24 de julio de 2007 (RJ 2007, 7382) (R-2520/06 ), sin embargo en nuestras posteriores STS de 17-10-2008 (RJ 2008, 7167) (R-1957/07), 16-01-09 (RJ 2009, 1615) (R-1758/08), y 17-03-09 (Resolución de TEAC, 00/8242/1996, 22-07-1999/08 ) dicha doctrina fue modificada dada la que ahora fija el Tribunal Constitucional, desde la perspectiva constitucional del precepto, en sentencia 92/2008, de 21 de julio (RTC 2008, 92 ),al estimar el amparo en caso sustancialmente idéntico, de acuerdo con lo dispuesto en elart. 5 de la LOPJ de 1 de julio de 1985 (RCL 1985, 1578, 2635 ), sobre que la interpretación de las leyes conforme a los principios constitucionales se haga por dicho Tribunal, calificando dicho despido como nulo.

La doctrina del Tribunal Constitucional decía lo siguiente:

'Resultando inequívoco, conforme a nuestra doctrina, que un despido motivado por el embarazo de la trabajadora -ó por la concurrencia de bajas laborales causadas por el embarazo( STC 17/2007, de 12 de febrero (RTC 2007, 17 ), FJ 6constituye una discriminación por razón de sexo , en el asunto ahora considerado, como en los analizados en nuestrasSSTC 41/2002, de 25 de febrero (RTC 2002, 41 ), y 17/2003, de 30 de enero (RTC 2003, 17),así como, desde una perspectiva diferente, en laSTC 62/2007, de 27 de marzo (RTC 2007 , 62), la cuestión relativa al conocimiento o no por la empresa de la situación de embarazo ha centrado en buena medida el debate en la vía judicial. La importancia de dicha cuestión viene determinada por el hecho de que, para entender vulnerado por la empresa el derecho de la trabajadora a la nodiscriminación por razón de sexo, no basta con el hecho de que la trabajadora haya sido despedida hallándose embarazada. Como hemos señalado en otras ocasiones, al hecho del embarazo y a la circunstancia concurrente del despido será preciso añadir otros elementos que pongan indiciariamente en conexión lo uno (el factor protegido -por cuanto que el estado de gestación constituye únicamente, en principio, un presupuesto de la posibilidad misma de la lesión delart. 14 CE (RCL 1978, 2836 ), pero no un indicio de vulneración que por sí solo desplace al demandado la obligación de probar la regularidad constitucional de su acto. En palabras de nuestrasSSTC 41/2002, de 25 de febrero, FJ4, y 17/2003, de 30 de enero, FJ4, 'para que se produzca la inversión pretendida por la recurrente, no basta con que la trabajadora esté embarazada y demuestre tal dato objetivo, sino que, a partir de tal constatación, es preciso alegar circunstancias concretas en las que fundamentar la existencia de un presumible trato discriminatorio. En la medida en que no basta la mera alegación, sino la muestra de un panorama indiciario, no puede apreciarse una valoración incorrecta de la carga de la prueba por parte de los órganos judiciales por el hecho de que la empresa no haya probado la existencia de una causa real suficiente y seria de extinción que acredite que el despido es ajeno a un motivo discriminatorio...

En definitiva, nuestra doctrina ha considerado necesario el conocimiento por parte de la empresa del estado de embarazo de la trabajadora para apreciar la existencia de un panorama indiciario de la lesión del derecho fundamental, bien porque conste dicho conocimiento en los hechos probados de las resoluciones recurridas, bien porque, aun no constando expresamente, existan otros datos que permitan deducir la probabilidad de la lesión. En efecto, difícilmente puede apreciarse la existencia de un tratamiento peyorativo basado en el embarazo de la trabajadora cuando no haya quedado acreditado el conocimiento por la empresa de dicho embarazo o de cualquier otra situación o circunstancia que pudiera entenderse conectada con el mismo, ni existan otros datos de los que, pese a la falta de constancia expresa del conocimiento, pueda deducirse la probabilidad de la lesión...

La decisión de las resoluciones judiciales recurridas de no considerar acreditada la existencia de un despido 'motivado' por el embarazo es, por tanto, conforme con nuestra doctrina, en los términos en que ha quedado expuesta, al no haber aportado la trabajadora al proceso -como le incumbía- indicios de la vulneración de su derecho fundamental...

La anterior constatación no agota, sin embargo, el análisis de la demanda de amparo, dado que en ésta, entremezclada con la queja anterior, se plantea por la demandante una segunda queja, claramente diferenciada y que requiere de un análisis específico. Según dicha queja las resoluciones judiciales recurridas habrían vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva delart. 24.1 CE al no haber aplicado la norma que establece que el despido de una trabajadora embarazada será nulo, exigiendo la acreditación del conocimiento por el empresario de la situación de embarazo, requisito que no figura en el precepto legal, el cual, por tanto, habría sido aplicado de manera arbitraria por los órganos judiciales. Se plantea, en definitiva una posible vulneración del derecho a la Tutela Judicial Efectiva de la trabajadora por la interpretación efectuada por los órganos judiciales delart. 55.5 LET , en la redacción dada al mismo por laLey 39/1999, de 5 de noviembre (RCL 1999, 2800), de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras...

La modificación que introdujo la Ley 39/1999consistió en añadir, a la precedente cláusula de nulidad de los despidos discriminatorios o con vulneración de derechos fundamentales, diversos supuestos de nulidad relacionados con el embarazo, la maternidad y el disfrute de determinados permisos parentales. Dichas modificaciones se introdujeron por el legislador, como señala expresamente la exposición de motivos de la Ley, con objeto de completar la transposición a la legislación española de las directrices marcadas por diversas normas internacionales y comunitarias -citándose, expresamente, las Directivas del Consejo 92/85/CEE, de 19 de octubre de 1992 (LCEur 1992, 3598), relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, y 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio de 1996 (LCEur 1996, 1756), relativa al Acuerdo Marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, y la Declaración de los Estados reunidos en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Pekín en Septiembre de 1995-, superando los niveles mínimos de protección previstos en las mismas. La propia exposición de motivos enmarca dichas medidas en los derechos y principios contenidos en losarts. 14, 39.1 y 9.2de la Constitución....

Antes de continuar con nuestro análisis resulta preciso establecer que el canon aplicable en este caso es el propio delart. 24.1en relación con elart. 14 CE , canon que, de conformidad con nuestra reiterada doctrina, conlleva, en primer lugar, el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, favorable o adversa, que es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos ( SSTC 112/1996, de 24 de junio (RTC 1996, 112), FJ2; 87/2000, de 27 de marzo (RTC 2000, 87), FJ6 ). Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión ( SSTC 58/1997, de 18 de marzo (RTC 1997, 58), FJ 2; 25/2000, de 31 de enero (RTC 2000, 25 ), FJ2); y en segundo lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en derecho ( STC 147/1999, de 4 de agosto (RTC 1999, 147 ), FJ3), lo que conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulta manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente, ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad, seria tan solo mera apariencia( SSTC 147/1999 de 4 de agosto, FJ3, 25/2000 de 31 de enero, FJ2; 87/2000, de 27 de marzo, FJ3; 82/2001, de 26 de marzo (RTC 2001, 82), FJ2; 221/2001, de 31 de octubre (RTC 2001, 221), FJ6; 55/2003 de 24 de marzo (RTC 2003, 55), FJ6 y 262/2006 de 11 de septiembre (RTC 2006, 262 ), FJ5...

Se trata, no obstante, de un canon reforzado ( SSTC 84/2001, de 26 de marzo (RTC 2001, 84), FJ3 215/2001, de 29 de octubre (RTC 2001, 215), FJ2 203/2002 de 28 de octubre (RTC 2002, 203), FJ3 y 28/2005 de 14 de febrero (RTC 2005, 28 ), FJ3) por tratarse de un supuesto en el que está en juego el derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo ( art. 14 CE ). En efecto, no puede desconocerse que la interpretación efectuada por los órganos judiciales en el presente procedimiento ha determinado la desestimación de la pretensión de la trabajadora de que se declarara la nulidad del despido del que fue objeto durante su embarazo, afectando con ello al alcance y contenido de las garantías establecidas por el legislador para la protección del derecho a la no discriminación por razón de sexo , del que indudablemente forman parte las garantías frente al despido de las trabajadoras embarazadas (entre otras muchas SSTC 175/2005, de 4 de julio (RTC 2005, 175), FJ3; 342/2006 de 11 de diciembre (RTC 2006, 342), FJ3; y 171/2007, de 12 de febrero (RTC 2007 , 171), FJ3). Nos encontramos, por tanto, ante resoluciones judiciales especialmente cualificadas por razón del derecho fundamental a cuya efectividad sirve el precepto legal cuya interpretación se cuestiona, sin que a este Tribunal, garante último de los derechos fundamentales a través del recurso de amparo, pueda resultarle indiferente aquella cualificación cuando se impugnan ante él este tipo de resoluciones, pues no solo se encuentra en juego el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que puede producirse un efecto derivado o reflejo sobre la reparación del derecho fundamental cuya invocación sostenía la pretensión ante el órgano judicial, con independencia de que la declaración de la lesión sea sólo una de las hipótesis posibles( SSTC 84/2001, de 26 de marzo, FJ3; 112/2004, de 12 de julio (RTC 2004, 112), FJ4; 28/2005, de 14 de febrero FJ3; 196/2005, de 18 de julio (RTC 2005, 196 ) FJ3)...

Pues bien, resulta evidente que ninguna de dichas resoluciones judiciales satisface las existencias del canon de motivación reforzado al que hemos hecho referencia. Limitándonos a la Sentencia de Suplicación, única que argumenta sobre la interpretación de l' art. 55.5 b) LET , baste para dicha conclusión por el momento, con tener en cuenta que la Directiva comunitaria reseñada tiene por objeto el establecimiento de 'disposiciones mínimas' para proteger la seguridad y la salud de las trabajadoras embarazadas, como corresponde al fundamento jurídico que la sustenta( art. 118 A del Tratado de la Comunidad Europea (RCL 1999, 1205 )); que las Directivas de la Unión Europea obligan a los Estados miembros destinatarios 'en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de las formas y de los medios'( art. 249 del Tratado de la Unión Europea (LCEur 1997, 3695 )); y que, en fin, la exposición de motivos de la Ley 39/1999, que modificó la regulación del precepto legal, afirma expresamente que con ella se procede a la transposición de la Directiva 'superando los niveles mínimos de protección previstos' en la misma. En consecuencia, que la Directiva comunitaria contemple la exigencia de comunicación por la trabajadora de su embarazo al empresario como requisito para la activación de los derechos y garantías previstos en la misma no constituye motivación suficiente, por sí misma y con exclusión de cualquier otro criterio interpretativo, para afirmar la exigencia de idéntica condición en la aplicación delart. 55.5 b) LET...

La garantía frente al despido del derecho a la nodiscriminación por razón de sexode las trabajadoras embarazadas no exige necesariamente un sistema de tutela objetiva como el previsto por el legislador en la Ley 39/1999. Serían posibles, desde esta perspectiva, otros sistemas de protección igualmente respetuosos con elart. 14 CEcomo , en particular, el que estaba en vigor en el momento de la reforma legal. Sin embargo, una vez que el legislador ha optado por un desarrollo concreto delart. 14 CE , que incrementa las garantías precedentes conectándolas con la tutela también reforzada de otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos, no puede el órgano judicial efectuar una interpretación restrictiva y ajena a las reglas hermenéuticas en vigor que prive al precepto legal de aquellas garantías establecidas por el legislador y con las que la trabajadora podía razonablemente entenderse amparada en su determinación personal, pues con ello se estaría impidiendo la efectividad del derecho fundamental de acuerdo con su contenido previamente definido ( STC 229/2002, de 9 de diciembre (RTC 2002, 229 ), FJ4). Tal decisión no satisface las exigencias del canon de razonabilidad y motivación reforzadas y de efectividad del derecho fundamental que impone la afectación -particularmente intensa, en el presente caso- del derecho a la nodiscriminación por razón de sexode la trabajadora y de los restantes derechos y bienes constitucionalmente relevantes implicados.'

SISÈ.Aplicant la doctrina jurisprudencial citada, és evident que la manca de justificació de la mesura extintiva per part de l'empresa, atesa la al legació de la demandant tant respecte a la discriminació per raó d'embaràs o de sexe, com respecte a l'assetjament moral a què havia estat sotmesa, no podia conduir a altre conclusió que a la nul litat de l'acomiadament, ja que no s'ha aportat al procés cap justificació objectiva o raonable de la mesura adoptada i de la seva proporcionalitat ( article 179-2 de la LPL ), havent-se constatat els indicis suficients que la sentència aprecia, com és la denúncia de la treballadora, realitzada per escrit a la direcció de l'empresa i que es reprodueix en el fet provat sisè. Aquest element de la demanda no ha estat valorat per la sentència de instància, que únicament entra en la conducta d'assetjament moral i les seves conseqüències, no obstant això s'ha exposat ja que conduïa també a la mateixa conclusió que per una altra via, ha realitzat la valoració del magistrat de instància, en haver-se acreditat que l'empresa efectua una decisió extintiva sense cap causa de justificació, doncs utilitza imputacions que han resultat falses.

Per tant, el motiu quart del recurs tampoc pot ser atès, doncs no es pot acceptar que la sentència hagués de ratificar la improcedència de l'acomiadament reconeguda, atès que 55-5 de l'ET obliga a la declaració de nul.litat de l'acomiadament quan ha tingut com a mòbil alguna de les causes de discriminació prohibides en la CE o la Llei o s'hagi produït amb violació de drets fonamentals o llibertats públiques del treballador, causes que d'apreciar-se judicialment, obliguen a la declaració de la nul.litat, inclús d'ofici.

En el cas concret, també hem de fer referència a que la sentència descriu els fets denunciats per la treballadora a l'empresa, fets que han atemptat a la consideració deguda a la seva dignitat personal i a la pròpia imatge, per tractar-se de injuries realizades en públic i davant de clients, sense que l'entitat hagués realitzat cap altre gestió que acomiadar uns mesos després a un dels responsables i de acomiadar-la a ella també amb una carta que imputava a la demandant uns fets que s'han considerat sense cap base i en si també injuriosos per tractar-se de falses imputacions. Per tant, la direcció empresarial és responsable de l'encobriment de unes conductes de assetjament que es descriuen i que han afectat com s'ha dit, al dret al honor i a la dignitat personal i a la pròpia imatge de l'actora.

SETÈ.El darrer motiu del recurs al lega la aplicació indeguda dels articles 1902 i 1903 del Codi Civil en relació amb la jurisprudència social sobre la indemnització per danys i perjudicis. El recurrent compara l' argumentació de la demanda quan sol licita els 80.000 euros per danys morals derivats d'acomiadament discriminatori i els 45.000 que la sentencia concedeix per vulneració del dret a honor, a la dignitat personal i a la pròpia imatge, aplicant analògicament la LISOS. Diu que els danys han de ser demostrats i quantificables, cosa que insisteix dient que no es realitza en la sentència impugnada.

En aquest punt s'ha de dir que l' article 181 de la LPL estableix que quan la sentència declari l'existència de vulneració de drets fonamentals, el jutge haurà de pronunciar-se sobre la quantia de la indemnització que, en el seu cas, li correspongués al treballador per haver patit el dany, si hi hagués discrepància entre les parts. Sobre la prova del dany moral, que és difícil, s'ha de valorar en relació a la gravetat de les repercussions que de manera indiciària s'hagin deduït de la conducta de l'empresa.

És cert que el Tribunal Suprem, en la seva sentència de data 22.7.1996 va donar un gir a la seva anterior doctrina - STS de 9.6.1993 , entre d'altres- en el sentit de que l' article 181 de la LPL no disposa exactament una indemnització automàtica, sinó que per a poder condemnar al pagament d'una indemnització el demandant ha d'acreditar, com a mínim, indicis o punts de recolzament suficients en els quals es pugui basar una condemna de tal classe i, a més, ha d'al.legar en la seva demanda les bases i elements clau de la indemnització que reclama, que justifiquin de forma suficient que aquesta correspon ser aplicada al supòsit concret de que es tracti. És a dir, el que el Tribunal Suprem assenyalava és que la indemnització per danys morals no és automàtica.

Però també ha posat de relleu aquesta Sala que és facultat exclusiva del Jutge d'instància la valoració dels danys i perjudicis patits en aquest àmbit, en aplicació del que disposa l' article 1.103 del Codi Civil , sense que es pugui revisar aquesta valoració, llevat que existeixi una evident desproporció o error entre el dany causat i la indemnització que s'estableixi.

En aquest punt, atenent també a l'escrit d'ampliació de la demanda, que ignora en la seva argumentació altre vegada el recurrent, en el que es detallava el valor de la indemnització interessada, tenint en compte el lucre cessant de l'actora, entre altres conceptes, no es pot valorar que la indemnització que acorda la sentència, ostensiblement menor que la que s'interessava, sigui injustificada o arbitrària, únics supòsits en els que la Sala pot entrar en la seva revisió, tal com dèiem en la sentència d'aquesta Sala de 31 de gener de 2011, RS 3111/2010 , quan indicàvem que:'Por lo demás, es preciso recordar que la jurisprudencia viene indicando que la determinación del importe que corresponde únicamente al Juzgador de instancia, y únicamente cabe la corrección de dicha cuantificación si no queda justificada, es desproporcionada, arbitraria o manifiestamente errónea, bien por la falta de concreción de las bases de indemnización, bien a causa de una indebida aplicación de los baremos o los criterios de determinación de las indemnizaciones. Ninguna de las eventuales causas de corrección de la cuantificación realizada por el Magistrado a quo concurren en el presente supuesto, siendo además que las recurrentes no han realizado una impugnación de la valoración, sino que realizan una mera invocación genérica en el sentido que el accidentado ha sido lucrado y compensado en su integridad.'

El recurrent, tampoc en el cas que ens ocupa fa una valoració alternativa del possible valor del dany causat, que nega, mentre que el magistrat de instància fa una valoració del dany moral, justificada per la gravetat de la conducta i per la aplicació analògica dels articles de la LISOS, TRRDL 5/2000, de 4 d'agost , en els articles 8.11 , (que descriu les infraccions greus, entre les que inclou els actes de l'empresari contraris a la intimitat i consideració deguda a la dignitat del treballador), 8.12 (decisions unilaterals de l'empresa que impliquin discriminacions directes o indirectes desfavorables per raó d'edat o discapacitat o favorables o adverses en el treball ... o com a reaccions que suposin un tracte desfavorable com a reacció a davant una reclamació per part de l'empresa o acció administrativa o judicial ...) i article 40 , que valora la quantia de les sancions. Ja que el dany moral es refereix als perjudicis de tot ordre que ha patit el treballador, tant familiars com professionals, en relació amb el seu cercle d'amistats, molt difícils d'avaluar, la quantificació dels mateixos basats en una conducta molt greu que ha afectat a l'honor de la demandant, no es pot considerar arbitrària ni poc raonada, per tant ha de ser mantinguda la decisió del magistrat de instància, que per altra banda no es qüestiona amb una valoració alternativa concreta pel recurrent. Per tant tampoc pot ser estimat el darrer motiu del recurs i la sentència de instància ha de ser confirmada íntegrament.

VUITÈ.En aplicació del que està previst en l' article 233 de la Llei de Procediment laboral , s'haurà de condemnar la recurrent al pagament d'honoraris del lletrat que ha signat l'escrit d'impugnació del demandant i a la pèrdua del dipòsit i la consignació ( art. 202 de la LPL ).

Atesos els fonaments jurídics precedents i les normes citades de general i especial aplicació,

Fallo

Desestimar el recurs de suplicació plantejat per l'empresa SERVIZURICH, S.A., SOCIETATUNIPERSONAL contra la Sentència del Jutjat Social núm. 8 dels de Barcelona, de data 4 de maig de 2011 , dictada en el procediment núm. 83-2010, seguit a instància de Guillerma contra la citada recurrent, Justo , Santos i FONS DE GARANTIA SALARIAL, amb la intervenció del Ministeri Fiscal, per acomiadament.

Confirmem en la seva totalitat la sentència de instància i condemnem a la part recurrent al pagament de 300 euros en concepte d'honoraris del lletrat que signa l'escrit d'impugnació, i a la pèrdua del dipòsit i de la consignació, quantitats a les que es donarà la destinació legal.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdició Social .

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l' article 229 del text processal laboral , tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social,o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclós pel que disposa l' article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdició Social , consignarà com dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el Banc Espanyol de Crèdit -BANESTO-, en l'Oficina núm 2015 situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, n° 0965 0000 66, afegint a continuació els números indicatius del recurs en aquest Tribunal.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdició Social , quan així procedeixi, s'efectuarà en el compte que aquesta Sala té obert en l'oficina bancària esmentada al paràgraf anterior, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació els números indicatius del Recurs en aquest Tribunal, i havent d'acreditar que s'ha fet efectiva al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ.Avui, el/la Magistrat/ada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.