Sentencia SOCIAL Nº 11/2020, Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 414/2019 de 09 de Enero de 2020

Encabezamiento

ILMA. SRA. Dª. CARMEN ARNEDO DIEZ

PRESIDENTA

ILMO. SR. D. MIGUEL AZAGRA SOLANO

ILMO. SR. D. JOSE ANTONIO ALVAREZ CAPEROCHIPI

En la Ciudad de Pamplona/Iruña, a NUEVE DE ENERO de dos mil veinte.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 11/2020

En el Recurso de Suplicación interpuesto por D. MIGUEL IRIARTE RUIZ, en nombre y representación de D. Luis Miguel, frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 2 de Pamplona/Iruña sobre INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON MIGUEL AZAGRA SOLANO, quien redacta la sentencia conforme al criterio de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO:Ante el Juzgado de lo Social Nº 2 de Pamplona/Iruña de los de Navarra, se presentó demanda por D. Luis Miguel, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dictara sentencia estimando y declarando el derecho del demandante a que le sea reconocida la Incapacidad Permanente Total solicitada para su profesión habitual de Oficial de 2ª en la empresa dedicada al sector de despiece y matadero de patos para la posterior elaboración de productos derivados del mismo, al no poder desarrollar las labores propias de su puesto de trabajo, con las consecuencias económicas y efectos inherentes derivadas de tal declaración.

SEGUNDO:Admitida a trámite la demanda, se celebró el acto del juicio oral en el que la parte actora se ratificó en la misma, oponiéndose la demandada según consta en el acta extendida a tal efecto por el/la Letrado de la Administración de Justicia. Recibido el juicio a prueba se practicaron las propuestas y declaradas pertinentes.

TERCERO:Por el Juzgado de instancia se dictó sentencia, cuya parte dispositiva dice: 'Que, desestimando como desestimo la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por DON Luis Miguel, frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre incapacidad permanente Absoluta, Debo absolver y absuelvo la entidad gestora demandada de las pretensiones deducidas en su contra.'

CUARTO: En la anterior sentencia se declararon probados:- 'PRIMERO.- El demandante D. Luis Miguel, nacido el NUM000-1979 , con DNI NUM001 y afiliado al Régimen General de la Seguridad Social con el nº NUM002.Su Profesión habitual es la de oficial de 2º matarifes y trabajadores de industria de aves , realizando labores de tarea de matanza y despiece de patos , y como tarea adicionales las de carga y descarga del muelle. Trabajando para la empresa Lerin Agropecuaria S.L., cuyo contrato laboral fue extinguido por causas objetivas el día 9 de octubre de 2018 (conformidad .Expediente folio 96a98).- SEGUNDO.- El demandante inicio un proceso de I.T. el 11-7- 2017 , acordándose por resolución de fecha 10-1-2018 d el LGSS. En el dictamen propuesta del Equipo de Evaluación de fecha 5- 7-2018 se determinó un cuadro residual de lumbalgia crónica con afectación radicular L5-S1 Izdas. crónicas y Carácter leve .tendinitis calcificante hombro izdo. Cervicalgia por hernias discales c_4 -c-5 y c-5 c-6 posterocentrales, cérvico artrosis con las siguientes limitaciones orgánicas y funcionales: Lumbalgia mecánica no deficitaria con funcionalidad conservada , marcha autónoma shober 5cm sin déficit motores , dolor con flexión de gluté o izda. BAA EESSS completo .BAA cervical completo .NO contracturas musculares. No amiotrofias en MMSS. Funcionalidad puño Pinza garra conservada de ambas manos n, no calificándolo como incapacitado permanente , por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan a anulen su capacidad laboral( expediente administrativo) .-TERCERO.- Consta informe pericial del Doctor Blas que se da por reproducido ,así como informes del servicio de neurología del CHN de fecha 18-8-18 y de 14-2-2019 que se dan por reproducidos ( folios 31 y 35).-CUARTO.- La base reguladora para el cálculo de la prestación, de ser estimada la demanda asciende a 1759,17 € mensuales y la fecha de efectos se fija el 5 de julio de 2018 sin perjuicio de las compensaciones y deducciones que procedan por haber percibido subsidio de IT o salarios en periodos concurrentes; y podría instarse revisión por mejoría o agravación en el plazo de dos años (conformidad y expediente administrativo).'

QUINTO:Anunciado recurso de Suplicación por la representación letrada de la demandante, se formalizó mediante escrito que consta unido a las actuaciones.

SEXTO:Evacuado traslado del recurso fue impugnado por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social, actuando en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Fundamentos

PRIMERO:La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social desestima la demanda interpuesta por D. Luis Miguel contra el INSS, y absuelve a la Entidad Gestora demandada de las pretensiones deducidas en su contra.

En la reclamación que principia las actuaciones, la parte demandante solicitó del órgano judicial de instancia el reconocimiento de una incapacidad permanente total para su profesión habitual de 'Oficial de 2ª en empresa dedicada al sector de despiece y matadero de patos', derivada de la contingencia de enfermedad común.

El pronunciamiento judicial al que nos hemos referido, no se comparte por la representación letrada del Sr. Luis Miguel, interponiendo -por tal razón- el presente recurso que sustenta en un único motivo de suplicación, sin amparo en norma procesal alguna, y en el cual, ni se postula adecuadamente la revisión de ninguno de los hechos probados de la decisión controvertida, ni se indica un solo precepto que pueda considerase infringido por la resolución dictada en la instancia.

Como decimos, el único motivo suplicatorio, planteado bajo la rúbrica 'incongruencia omisiva respecto de los hechos probados en el procedimiento. Valoración errónea de los mismos',ni propone ni justifica una redacción alternativa a aquellos que ya constan en el relato fáctico de la sentencia del Juzgado, ni tampoco plantea motivo alguno de censura jurídica.

SEGUNDO:La respuesta al particular recurso de suplicación interpuesto pasa necesariamente por recordar unas nociones básicas relativas al mismo y, especialmente, pasa por traer a colación las exigencias legales mínimas referentes al cumplimiento de los requisitos de forma que regulan este recurso extraordinario, requisitos que cumplen un papel de capital importancia para la ordenación del proceso. Por ello precisamente, su exigencia es obligada tanto para la adecuada marcha del proceso en sí, como para garantía de la contraparte, que no puede resultar perjudicada por los efectos de la inactividad o desacierto de la otra, tal y como vienen precisando numerosas sentencias del TS y del TC, pudiendo mencionar entre las primeras las de 14 y 28 de enero, 10 de febrero y 9 de septiembre de 1986, y entre las segundas las de 27 de mayo y 6 de junio de 1986. Así, mientras que por el recurso ordinario puede denunciarse cualquier vicio de la resolución impugnada, el extraordinario se limita a vicios determinados, de lo que se sigue que en el recurso extraordinario el tribunal 'ad quem' tiene poderes limitados, estándole vedada la construcción 'ex officio' del recurso, como con reiteración ha venido recordando esta Sala.

Por otra parte, la naturaleza casacional del recurso de suplicación ha sido frecuentemente realzada por el TS, y el propio TC en su Sentencia 3/26 de enero de 1983, afirmó -con referencia a la antigua casación laboral- que 'la naturaleza de la suplicación no se diferencia de la casación más que en lo relativo a la cuantía de la pretensión y en determinados aspectos procedimentales, que no llegan a alterar la sustancial identidad'. Carácter cuasicasacional del recurso de suplicación que ha reiterado el TC en Sentencias de 16 de septiembre de 1991, 18 de enero de 1993, 8 de mayo de 1997 y 29 de junio de 1998.

Conforme es conocido, 'no habiéndose incorporado al orden social la figura de la apelación, como se desprende del Título VIII de la Ley 7/1989, de 12 de abril, de Bases del Procedimiento Laboral, y del Libro III de su Texto Articulado, aprobado por Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril, al igual que del Libro III de su Texto Refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, o de la nueva regulación establecida en la LRJS, ello impide a la Sala el control de legalidad de la sentencia de instancia en relación con preceptos sustantivos cuya infracción no ha sido denunciada por la parte recurrente. O, como tuvo ocasión de advertir el TS en sentencias, entre otras, de 22 de abril y 19 de octubre de 1970, y 21 de junio de 1991, 'por ser la suplicación un recurso de carácter extraordinario, la actividad revisoria que en el mismo corresponde a la Sala queda limitada a la materia marcada por el recurrente, de forma tal que sólo las infracciones denunciadas por éste pueden ser examinadas en tal fase procesal, y ello aun cuando pudieran existir otras, aun patentes, no acusadas, salvo que por su propia índole transcendieran de modo directo y evidente al orden público, ya que lo contrario equivaldría a atribuir a la Sala la construcción 'ex officio' del recurso, siendo así que tal actividad corresponde obviamente a la parte'.

Por otra parte, el artículo 196 de la LRJS dispone, entre otras cosas, lo siguiente:

'...2. En el escrito de interposición del recurso...se expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos.

3. También habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados, los documentos o pericias en que se base el motivo de la revisión de los hechos probados que se aduzca e indicando la formulación alternativa que se pretende'.

Así, en el ámbito jurídico 'o de derecho', el recurso debe citar con precisión y claridad el precepto (constitucional, legal reglamentario, convencional, cláusula contractual) que estima infringido, argumentando suficientemente las razones que crea que le asisten para así afirmarlo, ya que la Sala no puede conocer de las violaciones jurídicas no acusadas en el recurso, aunque existan, con la única salvedad de que, por trascender al orden público y conculcarlo, que no es el caso, el tribunal debiera actuar de oficio, pues lo contrario quebraría el principio de igualdad procesal entre las partes litigantes, pues mal podría defenderse la recurrida de unos motivos que por su inconcreción oscuridad u omisión no le permitieran el cabal conocimiento de dicho recurso, de su tesis argumentales y en definitiva, de la pretensión de la parte recurrente.

De no cumplirse estos requisitos mínimos de forma, el recurso de suplicación ha de desestimarse, con la consecuencia automática de ver confirmada la sentencia de instancia defectuosamente impugnada, sin que ello comporte vulneración del artículo 24.1 de la Constitución, pues como ha tenido ocasión de señalar el TS en sus Autos de 17 enero 1991 y 13 noviembre 1992 así como el propio TC en sus Sentencias 29/1985, de 28 de febrero, 99/1990 de 24 de mayo, y 10 de febrero 1992, no basta con manifestar una voluntad de recurrir la sentencia de instancia, sino que hay que hacerlo con las exigencias que impone el propio recurso interpuesto, máxime cuando se trata de un recurso extraordinario, cual acontece, como se dijo, con el recurso de suplicación.

Sentado cuanto antecede, debemos afirmar que el recurso planteado adolece de defectos que impiden analizar la cuestión de fondo deducida inicialmente en la instancia.

El recurso no cumple las exigencias formales mínimas para su consideración, pues ni cumple con los requisitos formales para el planteamiento de un motivo al amparo del apartado b) del artículo 193 de la LRJS, ni cumple con las exigencias legales para considerar recurrida la sentencia con amparo en su apartado c), pues no señala siquiera precepto alguno que pueda tenerse como infringido.

Lo único que se desprende de la redacción del recurso es la mera disconformidad de la parte recurrente con la resolución recurrida, pero tal desacuerdo, no encauzado adecuadamente, no puede viabilizar un recurso extraordinario como es que se plantea, lo que determina su rechazo y con él la confirmación de la sentencia recurrida.

De esta forma, y como ya hemos referido, en el recurso de suplicación interpuesto no se afirma la infracción de ningún precepto sustantivo, ni se recoge y concreta adecuadamente doctrina jurisprudencial alguna que contradiga los acertados razonamientos de la juzgadora de instancia. Simplemente se manifiesta la disconformidad de la parte recurrente con la decisión adoptada en la instancia efectuando para ello una valoración particular de la prueba practicada y de la propia resolución impugnada, para alcanzar conclusiones diferentes a las que llega la Juez de instancia, y ello, al amparo de una alegada incongruencia referida a los razonamientos de la sentencia para lo que ni siquiera alega infracción normativa alguna.

En definitiva, lo único que se desprende de la redacción del recurso es la mera disconformidad de la parte recurrente con la decisión adoptada por el Juzgado, pero como ya hemos dicho antes, tal desacuerdo si se encauza indebidamente, no puede hacer viable un recurso extraordinario como es que se plantea, lo que determina su rechazo y con él la confirmación de la sentencia recurrida, sin expresa condena en costas.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso de Suplicación interpuesto por la representación de D. Luis Miguel frente a la sentencia nº 257/19 dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Navarra de fecha 18 de septiembre de 2019, correspondiente a los autos 253/2019, seguidos a instancias del recurrente frente al INSS, en materia de reconocimiento de prestaciones por incapacidad permanente, CONFIRMANDO la sentencia recurrida en su integridad, sin expresa condena en costas.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal la Sentencia dictada, con la advertencia que contra la misma, puede interponerse Recurso de Casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, anunciándolo a través de esta Sala por escrito, dentro de los DIEZ DIAS hábiles siguientes a su notificación, durante el cual tendrán a su disposición en la oficina judicial de esta Sala los autos para su examen.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de lo social de procedencia con certificación de la misma, dejándose otra certificación en el rollo a archivar por esta Sala.

Así, por nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.