Sentencia Social Nº 1231/2014, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4670/2013 de 18 de Febrero de 2014

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

RM

IL·LMA. SRA. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG

IL·LM. SR. FRANCISCO BOSCH SALAS

IL·LMA. SRA. LIDIA CASTELL VALLDOSERA

Barcelona, 18 de febrer de 2014

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 1231/2014

En el recurs de suplicació interposat per Uralita, S.A. a la sentència del Jutjat Social 27 Barcelona de data 4 de març de 2013 dictada en el procediment núm. 985/2010, en el qual s'ha recorregut contra la part -T.G.S.S.- (Tesorería Gral. Seguridad Social), - I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la Seguridad Social), Luis Pablo , Rosa i Apolonia , ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. LIDIA CASTELL VALLDOSERA.

Antecedentes

PRIMER.Va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre accident de treball, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 4 de març de 2013 , que contenia la decisió següent:

'Que desestimando la demanda interpuesta por Uralita, S.A. frente a -I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la Seguridad Social), - T.G.S.S.- (Tesorería Gral. Seguridad Social), Apolonia , viuda de Donato y sus hijos, Luis Pablo y Rosa , en materia de Falta de medidas de seguridad, debo absolver y absuelvo a los partes demandadas de las pretensiones en su contra deducidas.'

SEGON.En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:

'Primero. Por Resolución del INSS de 28-5-2010 se declaró la responsabilidad de la empresa actora Uralita, S.A. por falta de medidas de seguridad en la enfermedad profesional contraida por el trabajador Don. Donato , incrementando en el 50% las prestaciones derivadas de aquella.

Segundo. Se interpuso por la citada empresa reclamación administrativa previa que fue desestimada por resolución del INSS de 8-9-2010.

Tercero. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó en 16-3-2010 el preceptivo informe en materia de falta de medidas de seguridad, proponiendo el recargo del 50% en las prestaciones de la enfermedad profesional del trabajador, con cargo a la empresa actora, cuyo contenido se tiene por reproducido.

Cuarto. La enfermedad profesional del Sr. Donato ha dado lugar a las prestaciones de incapacidad temporal , incapacidad permanente absouta para todo trabajo y viudedad.

Quinto. Por Sentencia de 26-2-2003 del Juzgado Social núm. 3 de Barcelona en autos sobre incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional se estimó parcialmente la demanda interpuesta por Donato frente al INSS, TGSS, Mutual Cyclops y Uralita SA, declarándolo en situación de incapacidad permanente en grado de total cualificada derivada de enfermedad profesional, y cuyo contenido se tiene por reproducido por obrar en autos.

Sexto. Dicha sentencia recurrida que fue por el citado trabajador y por el INSS se confirmó en todos sus términos por sentencia del TSJ de Cataluña de 1-9-04 , que desestimó los recursos interpuestos, y cuyo contenido se tiene por reproducido por obrar en autos.

Séptimo. Por Resolución del INSS de 14-6-07 fue declarado en situación de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad profesional por agravación, por las lesiones de: 'Asbestosis. probable mesoliohoma. Pendiente pleuroscola. Biopsia Quirúrgica .Disnea a pequeños esfuerzos'.

Octavo. En 9-6-09 el trabajador solicitó el recargo de prestaciones de Seguridad Social por falta de medidas de Seguridad e Higiene en el trabajo, teniéndose por reproducido el escrito de solicitud den su contenido por obrar en el expediente administrativo del INSS.

Noveno. En 18-12-2010 el Sr. Donato falleció, siendo certificada su muerte por certificado médico que por obrar en el ramo de prueba de las demandadas se tiene por reproducido.

Décimo. Los demandantes Apolonia , Luis Pablo y Rosa son los herederos universales del fallecido, como viuda e hijos, que aceptaron su herencia.

Décimo primero. Por Resolución del INSS de 27-1-2011 se reconoció a Apolonia pensión de viudedad derivada de enfermedad profesional.

Décimo segundo. Por Sentencia del TSJ de Cataluña de 17-5-2011 , devenida firme, se confirmó la sentencia del Juzgado Social núm. 3 de Sabadell que estimó en parte la demandada del trabajador Sr. Donato , entre otros, sobre cantidad condenando a la empresa a pagarle la cantidad de 68.511,20 euros, en concepto de daños y perjuicios derivados de enfermedad profesional por exposición al amianto, teniéndose las citadas resoluciones por reproducidas por obrar en autos.

Décimo tercero. El trabajador Donato , nacido en NUM000 -1935 prestó servicios como operario de fabricación de material de construcción por cuenta de Uratila SA, desde 10-9-1963 a 9-5-1964 en el centro de trabajo que aquella tenía en Cerdanyola del Vallés ( Barcelona) estando expuesto al contacto aéreo con polvo de amianto que le produjo asbestosis con probable mesotelioma y disnea a pequeños esfuerzos.

Décimo cuarto. El Sr. Donato , con posterioridad a su trabajo en Uralita SA prestó servicios en distintas empresas del sector de la construcción, de la siderometalúrgica y en el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés.

Décimo quinto. La empresa en dicho período no protegía el trabajo , en ambientes pulvígenos de sus trabajadores siendo conocida la enfermedad de la Asbestosis, y en concreto, por falta y/o insuficiencia de controles médicos previo y semestrales preventivos específicos del trabajador potencialmente expuesto al amianto, falta de ventilación, de protección respiratoria (máscaras y/o caretas) y de limpieza de los locales de trabajo sin barrido, y de instalación de sistemas de captación y/o extracción del polvo de amianto .

Décimo sexto.El Instituto Territorial de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Barcelona emitó informe técnico en 10/3/77 sobre la valoración del riesgo higiénico en la manipulación del amianto seco en el centro de trabajo que la empresa tenía en Cerdanyola, cuyo contenido íntegro por extenso por estar transcrito en las actuaciones se tiene por reproducido y que en resumen conlcuye, que respecto del riesgo de asbestosis se puede afirmar que se sobrepasa ampliamente la dosis máxima permitida que se establecía en el apartado 2.2 por las razones expuestas en el apartado 2.2 (2 fibras por centímetro cúbico), en la Línea de Tubos: alimentación de molinos, encargado de los molinos, ensacado y dosificación de amianto y carta de mezclador de las máquinas holandesas, y Línea de Placas: trabajos en almacén. No se sobrepasa la citadas dosis, alcanzándose sin embargo un elevado porcentaje de la misma en la Línea de Placas: carga de los molinos, y Línea de Moldeados: envio neumático de amianto y molienda de amianto. No se ha detectado concentración apreciable en Control de mezclado de la línea de moldeado. Señala por último el informe que no puede valorar objetivamente el riesgo cancerígeno existente en los distintos puestos de trabajo estudiados, si bien destaca que en todos los puestos correspondientes a la Línea de Tubos y Línea de Moldeados (moldeo por inyección), una parte considerable del amianto es crocidolita lo cual agrava el posible riesgo cancerígeno atribuible a dichos puestos.

Por otra parte el informe efectuaba recomendaciones generales, como que la limpieza general de locales e instalaciones debería realizarse por aspiración o, en los casos en que ello no sea posible, por métodos húmedos. Sí en algún caso ello no fuera posible los empleados que efectúen la limpieza así como aquellos que estén en las inmediaciones deberán obligatoriamente utilizar equipos de protección respiratoria. Puesto que los equipos de limpieza por aspiración ordinariamente descargan el aire aspirado en el interior de la nave, deberá prestarse especial atención a la eficacia de los filtros de dichos equipos, que deben asegurar una eliminación total de las fibras. Los vertidos accidentales de amitanto deberán ser eliminados de forma inmediata por alguno de los métodos anteriores. En razón de la extremada peligrosidad de la crocidolita se recomienda reducir al mínimo uso y extremas al máximo las precauciones durante su manipulación.

Décimo séptimo. En las mediciones efectuadas por el citado Instituto para la realización del anterior informe, no sobrepasaron el nivel de concentración máximo de amianto en el interior de explotaciones industriales de 175 partículas por centímetro cúbico establecido en el Reglamento de actividades insalubres, nocivas y peligrosas, dándose las concentraciones más altas en los procesos de ensacado y dosificación de amianto seco (33 fibras por centímetro cúbico), alimentación de molinos (31 f por centímetro cúbico) y carga de mezclador de las máquinas holandesas (13 f por centímetro cúbico), de la línea de tubos y en los trabajos en almacén por manutención manual de sacos (19,9 f por centímetro cúbico)de la línea de placas.

Décimo octavo.No constan levantadas actas de infracción relacionadas con el amianto a la empresa actora en el centro de trabajo de Cerdanyola del Vallés.

Décimo noveno. A partir del año 1977 la empresa actora estableció un conjunto de medidas preventivas para reducir y eliminar los riesgos derivados de la exposición de amianto, entre otras, la adopción del criterio máximo de concentración de fibras de el 2 por centimetro cúbico, y el establecimiento de un registro de datos y archivos de documentos desde 1977.

Vigésimo. Desde el año 1978 a 1987 la concentración de filtros de asbiesto por centímetro cúbico en los distintos puestos de trabajo del centro de trabajo de la empresa actora en Cerdanyola es inferior a una fibra por centímetro cúbico, y desde el 1990 se obtiene una concentración media menor a 0,1. La empresa actora en 1978, sin ser preceptivo normativamente, introdujo la técnica y la medición de fibras.

Vigésimo primero.Se constituyó en 3/5/78 la Comisión Nacional del Amianto de Uralita SA con el ojetivo de estudiar y colaborar en la solución de los problemas de Seguridad e Higiene originados por la utilización del amianto en la empresa . Se realizaron en 1979 de dos jornadas nacionales sobre Seguridad e Higiene en el trabajo y sobre los riesgos en la manipulación del amianto, y se publicó por la comisión del Amianto de Uralita SA del libro 'El amianto y la salud'

Vigésimo segundo.En 25/10/85 se registró la empresa actora en el Registro de empresas con riesgo por amianto en el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Vigésimo tercero.Se efectuaron inversiones por Uralita SA para mejorar las condiciones de Seguridad y Sistemas de protección en la fábrica de Cerdanyola.

Vigésimo cuarto.Al servicio médico de la empresa le fue trasladado por escrito su buena actuación y/o la satisfacción por el INP del Ministerio de Trabajo en los años 67, 69, 72, 74 y 76.

Vigésimo quinto. Por Resolución de 6/3/1989 se homologó como laboratorio especializado en la determinación de fibras de amianto para su aplicación a la higiene industrial, el laboratorio central de la empresa Uralita SA, de Madrid.

Vigésimo sexto.En 7/6/11 D. Luis María preguntó al congreso de los Diputados sobre la ausencia de normativa que impida los daños de la salud pública originados por el amianto; pregunta que se publicó en el DOCG de 8/6/81.

Vigésimo séptimo.En otros informe obrantes en el ramo de prueba de la actora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relacionados con las enfermedades de otros trabajadores se ha constatado por el Inspector actuante el cumplimiento de medidas de seguridad por la empresa, teniéndose sus contenidos por reproducidos.'

TERCER.Contra aquesta sentència la part actora, Uralita S.A. va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a les parts contràries, les quals el van impugnar, Luis Pablo i altres. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER.Enfront la sentència d'instància, que desestimà la demanda interposada per la part actora, en impugnació de la Resolució de l'Institut codemandat de data 8.5.2010 , que va decidir imposar-li un recàrrec del 50% sobre les prestacions derivades de la mort del cònjuge de Doña. Apolonia , derivada de malaltia professional, s'interposa per aquesta Recurs de Suplicació, el qual té per objecte revisar els fets declarats provats i examinar les infraccions de normes substantives o de la jurisprudència que s'hi ha comès; L'esmentat recurs ha estat impugnat per la part demandada.

La sentència d'instància va desestimar la demanda en entendre que en el present litigi es va demostrar que l'empresa no va adoptar les mesures preventives establertes per la legislació vigent a l'època dels fets, atès que no existia la ventilació adequada de les instal.lacions, el tractament de la roba de treball no era l'adequat, que no existien reconeixements mèdics específics per l'amiant per a tot el personal exposat, no hi havia equips d'extracció de la pols, no s'obligava als treballadors a portar els mínims equips de protecció individual, (mascaretes), per als que es trobaven en perill d'exposició, etc.

SEGON.Com a primer motiu del recurs, i amb emparament correcte en l'apartat b) de l' article 193 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , sol.licita la recurrent la revisió dels fets declarats provats, en concret l'addició de quatre nous fets.

En primer lloc, pel nou fet provat vint-i-vuitè, es proposa la següent redacció: 'Los datos recogidos en los informes realizados con anterioridad al año 1977, reflejan concentraciones que no superan los valores TLV máximos permitidos en la sección de molturación, en la de acabado de piezas de fibrocementos, en la operación de torneado de tubos y en la operación de pulido de amianto seco con papel de vidrio'. Fonamenta la pretensió en els documents que es troben als folis 640 a 725.

En segon lloc es proposa s'afegeixi un nou fet provat, que seria el vint-i-novè, pel qual proposa la següent redacció: 'Constan mediciones ambientales en la empresa desde el año 1978 hasta el año 1999, cuya concentración de fibras nunca superó el máximo de concentración de fibras permitido'. Es fonamenta en els mateixos documents abans esmentats.

En tercer lloc, es demana s'afegeixi un nou fet provat, que seria el trentè, pel qual proposa la redacció següent: 'Desde 1962 en el centro de trabajo había mascarillas y las máquinas se limpiaban con agua. En 1977, la empresa editó una primera publicación sobre el riesgo del trabajo con amianto y en 1978 la empresa creó la Comisión Nacional del Amianto, que tenía por objeto proponer soluciones para tratar de conseguir la erradicación de las enfermedades profesionales derivadas de la utilización del amianto'. Es fonamenta en l'informe que es troba als folis 439 a 777.

I, per últim, es demana s'hi afegeixi un nou fet provat, que seria el trenta-unè, pel qual proposa la redacció següent: 'El senyor Donato , tal y como consta en el hecho probado decimocuarto, prestó servicios en empresas de la industria de la construcción y en empresas de Siderometalurgia, industria en la que ha quedado acreditado que se estaba en contacto con el amianto'.Basa la pretensió en els folis 1050, que és un díptic de la UGT sobre indústries en les que la totalitat dels treballadors estaven en contacte amb amiant i en els folis 772 a 777 en un informe d' Efrain (sic) sobre el treballador Sr. Donato i 1141 a 1142, on consta que el Sr. Donato va treballar 8 mesos per la demandada.

Aquesta Sala ha posat de relleu, en multitud d'ocasions, les exigències de les revisions fàctiques en suplicació, que es poden resumir en els requisits següents: 1) L'equivocació del jutge s'ha de deduir de forma directa d'un element de prova documental o pericial. 2) S'ha d'assenyalar per la part recurrent el punt específic del contingut de cada document que posa de relleu l'error al.legat, raonant sobre la seva correcció, mitjançant una anàlisi que demostri la correspondència entre la declaració continguda en el document i la rectificació que es proposa, 3) l'error ha de ser evident i s'ha de desprendre de forma clara, directa i inequívoca del document, sense que calgui fer deduccions, conjectures o suposicions i 4) l'error ha de ser transcendent per a modificar el sentit de la decisió de la resolució recorreguda, sense que es pugui utilitzar per a introduir qualificacions jurídiques predeterminants de la d'aquella

Doncs bé, aplicant l'anterior doctrina a la pretensió de que s'afegeixin els tres primers fets provats, aquesta s'ha de desestimar, perquè es fonamenta en una prova documental, que ja ha estat valorada per la magistrada d'instància (concretament l'informe en que es recolzen es recull en els fets provats del 16è al 20è) i es de data 10.3.77, és a dir, molt posterior als mesos en que el Sr. Donato va treballar a l'empresa, que va ser del 19.9.1963 al 9.5.1964 i perquè encara que es cert que mai no es van superar els nivells reglamentaris vigents de concentració de fibres d'amiant en l'ambient, en aquell moment, aquest fets no tenen transcendència per a modificar la decisió de la resolució recorreguda, tal com posteriorment es raonarà, ja que els incompliments imputats a l'empresa no es basen en si aquesta incomplia la normativa relativa a la concentració de partícules d'amiant en l'aire, sinó en altres incompliments que es relaten en el fet provat quinzè.

Pel que fa a la petició de que s'afegeixi el nou fet provat trenta-unè, també haurà de ser desestimada. En primer lloc es basa la pretensió en un 'folleto de UGT' que no indica data ni empreses concretes i, a més, fa referència a Castella i Lleó i no a Barcelona, que és on va treballar el marit de la demandant. En segon lloc, l'informe que consta als folis 772 a 777 és un informe mèdic que en cap cas parla de les empreses concretes en les que va prestar serveis el Sr. Donato , d'altra banda, el fet de que el dit Sr. només treballés uns mesos a la mercantil demandada és un fet que ja està recollit en el fet provat tretzè i, per últim, que en el fet provat dotzè consta que per sentència ferma d'aquesta Sala ja es va condemnar a la recurrent a abonar una indemnització per danys i perjudicis al Sr. Donato per la relació causal existent entre l'incompliment normatiu en matèria de prevenció de riscos laborals per part de la mercantil demandada, l'exposició a l'amiant que va patir quan hi va treballar i la malaltia professional que va patir.

TERCER.Els quatre motius següents del recurs, amb correcte emparament processal en l'apartat c) de l' article 193 de la LRJS , es dediquen a denunciar la infracció de la normativa legal i de la jurisprudència.

En el primer dels citats motius la recurrent al.lega la infracció dels articles 1218 i 1225 del Codi Civil , en relació amb la prova documental pública i privada unida a les actuacions i afirma que la prova aportada per l'actora ha estat valorada de forma desproporcionada en contraposició amb la resta de la prova, que és silenciada o contrarrestada en el relat fàctic i que per tal d'evitar la indefensió prohibida en l' article 24.1 de la CE la prova proposada per la recurrent ha de tenir el seu reflex en el relat fàctic de la sentència i també en el present recurs.

El motiu ha de ser desestimat amb tota contundència. La sentència d'instància no ha infringit els articles citats, que es refereixen a la valoració dels documents públics i privats, atès que segons consta en el fet fonament de dret primer, ha valorat la prova documental en el seu conjunt,'en relación con las manifestacions de las partes litigantes' i en el fonament de dret vuitè argumenta de forma extensa i detallada en què s'ha basat per declarada provada la relació entre la patologia patida pel treballador i el contacte que va tenir amb l'amiant mentre prestava serveis per la recurrent, fent referència a l'informe de la Inspecció de Treball que proposa el recàrrec i els documents 24, 28 a 30 aportats pels demandants.

Una altra cosa és que la recurrent no estigui d'acord amb aquesta valoració, però cal tenir en compte que en el procés laboral, com reiteradament ha assenyalat la Sala en aplicació d'una jurisprudència constant ( Sentències de la Sala Social del Tribunal Suprem de 12 de mar ç, 3 , 17 i 31 de maig , 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990 , i 24 de gener de 1.991 , entre moltes altres), davant de dictàmens contradictoris, sinó es donen unes especials circumstàncies, que en el cas present no s'adverteixen, cal atenir-se a la valoració realitzada pel Magistrat d'instància en virtut de les facultats que li confereixen l' article 97-2 de la Llei processal laboral i l'article 209 de la Llei d'Enjudiciament Civil.

QUART.En el següent motiu del recurs es denuncia la infracció de l' art. 123 de la Llei General de la Seguretat Social i s'argumenta, en síntesi, el següent:

1) Que el treballador Sr. Donato va treballar durant molt poc temps (únicament vuit mesos) a l'empresa i, a més, es va acreditar que posteriorment va treballar en empreses en que també es treballava amb amiant, per la qual cosa ens trobem en el mateix supòsit examinat en la Sentència d'aquesta Sala de data 3.4.2012 (R. 6401/2012 ), en la que es va desestimar la responsabilitat de la recurrent perquè també va treballar poc temps a URALITA i, a més, va treballar posteriorment en altres empreses en que també va estar en contacte amb l'amiant.

2) Que el Sr. Donato va treballar a l'empresa els anys 1963 i 1964 quan no hi ha constància de cap informe sobre la situació de la recurrent i del centre de treball en el que va prestar serveis el dit treballador, per la qual cosa no hi ha constància de cap tipus d'incompliment, i, en conseqüència. no es pot condemnar a la recurrent a un recàrrec de prestacions sinó consta cap tipus d'infracció de mesures de seguretat.

Que la sentència es fonamenta en un informe del Centre de Seguretat i Salut Laboral de l'any 1977 que és posterior a la sortida de l'empresa del Sr. Donato . Que no va existir cap norma específica que regulés el risc d'exposició a l'amiant fins l'Ordre de 21 de juny de 1982 i l'actitud de l'empresa ha estat de màxima diligència, atès que ha estat líder en introduir mesures per a potenciar la Prevenció de Riscos Laborals i es va avançar a les disposicions legals sobre aquesta matèria, per la qual cosa no existeix infracció molt greu ni nexe causal ja que cal tenir en compte la legislació que existia en aquell moment, per tal de valorar la conducta de l'empresa i va quedar clar que no existia incompliment de cap norma específica, atès que la primera norma és l'O.M. de 21.7.1982 i les recomanacions de la OIT són a partir de 1983 i les Directives de la CEE des de 1983, dates en les que l'empresa ja no utilitzava l'amiant. Cita en recolzament de la seva tesi diverses sentències de les Sales Social dels Tribunals Superiors de Justícia.

Censura jurídica clarament abocada al fracàs. Pel que fa a la primera al.legació cal dir que la sentència de la Sala de data 3 d'abril de 2012 (R. 5455/2011 i no R. 6401/2012, com assenyala el recurrent), no és d'aplicació en absolut al present supòsit perquè en aquell litigi el treballador encara que patia una lleu asbestosi, no es trobava incapacitat en cap grau per a treballar, motiu pel qual la Sala va estimar l'al.legació de la recurrent de que la sentència era incongruent, perquè per una banda va decidir que no existia incapacitat pel treball, però, per l'altra, va declarar que, en tot cas, la malaltia patida pel treballador era derivada de malaltia professional.

D'altra banda cal dir que en el present litigi existeix una sentència ferma, també d'aquesta Sala, de data 17.5.2011 , que va condemnar l'empresa a abonar al Sr. Donato la quantitat de 68.511,20€ en concepte d'indemnització de danys i perjudicis derivats de malaltia professional per exposició a l'amiant (fet provat dotzè), per la qual cosa és evident que ja va quedar clarificat en aquell procés que existia culpa per part de la demandant en la situació mèdica en que es trobava el Sr. Donato i la relació de causalitat entre aquella culpa i la producció del dany. Aquesta primera al.legació, doncs, ha de ser desestimada.

CINQUÈ.Com ha posat de relleu aquesta Sala en multitud d'ocasions, el recàrrec de prestacions establert a l' article 123.1 de la Llei General de la Seguretat Social requereix, per a la seva imposició, un accident de treball o una malaltia professional que donin dret a prestacions de la Seguretat Social i, a més, que es deguin a la manca d'adopció de mesures de seguretat i salut laborals establertes, tant de tipus genèric com específic, en normes jurídiques publiques i, per últim, cal que hi hagi un nexe causal entre la falta i el sinistre, que no quedi interferit per causa de força major, cas fortuït o imprudència del propi afectat, tenint en compte que a l'empresa li és exigible la diligència d'un prudent empresari amb criteris ordinaris de normalitat per a prevenir o evitar una situació de risc en la vida o salut dels treballadors ( arts. 4.2 . i 19, de l'Estatut dels Treballadors i, en general , articles 1.104 i 1902 del Codi Civil .

Doncs bé, la qüestió que es sotmet a debat en el present recurs ha estat ja resolta per aquesta Sala de forma reiterada, en sentit desfavorable a les al.legacions de l'empresa, en moltes sentències, entre les quals podem citar les més recents de dates 26 i 30 d'abril i 4 i 15 de maig de 2011 (R. 2320/11 , 3581/11 , 4291/11 i 7488/11 , respectivament), citades en la sentència posterior de data 17 de febrer de 2012 (R. 4960/2011). Així mateix aquesta mateixa qüestió ha estat també resolta ja pel Tribunal Suprem en les sentències de dates 18 de maig de 2011 i 11 de gener de 2012 ( R. 2621/10 i 4142/10 ), entre d'altres.

En la sentència del TS citada en primer lloc, es fa una exposició detallada de la normativa existent en matèria de mesures de prevenció relacionades amb el risc d'exposició a l'amiant, que es transcriu seguidament, per tal d'analitzar posteriorment si hi va haver infracció de les citades normes en el present supòsit:

'A) La Orden 31-enero-1940, que aprobó el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 28-02-1940 ), en la que se contienen normas sobre el trabajo en ambientes pulvígenos. Desde dicha fecha ya se dictan normas sobre estado y ventilación de los locales de trabajo en ambientes pulvígenos, así como sobre la dotación de medios de protección individual a los trabajadores cuando no sea posible conseguir una eliminación satisfactoria de polvos u otras emanaciones nocivas para la salud. Estableciéndose, entre otros extremos, que 'El aire de los locales de trabajo y anexos se mantendrá en un grado de pureza tal que no resulte nocivo a la salud personal [...]' (art. 12.III); que 'No se permitirá el barrido ni las operaciones de limpieza de suelo, paredes y techos susceptibles de producir polvo, a cuyo objeto se sustituirán por la limpieza húmeda [...] o [...] por aspiración' (art. 19.II ); que 'Los locales de trabajo en que se desprendan polvos, gases o vapores fácilmente inflamables, incómodos o nocivos para la salud, deberán reunir óptimas condiciones de cubicación, iluminación, temperatura y grado de humedad, el suelo, paredes y techos, así como las instalaciones deberán ser de materiales no atacables por los mismos y susceptibles de ser sometidos a las limpiezas y lavados convenientes' (art. 45); que 'Si fuere preciso, los trabajos se realizarán junto a campanas aspiradoras o bajo cámaras o dispositivos envolventes, lo más cerrados posibles, en comunicación con un sistema de aspiración o ventilación convenientes' (art. 46.II); así como que en orden a la protección personal de los obreros lo patronos están obligados a proporcionar, entre otros elementos, 'máscaras o caretas respiratorias, cuando por la índole de la industria o trabajo no sea posible conseguir una eliminación satisfactoria de los gases, vapores, polvos u otras emanaciones nocivas para la salud' (art. 86).

B) La Orden 7-marzo-1941 por la que se dictan normas para la prevención e indemnización de la silicosis como enfermedad profesional (BOE 18-03-1941), que afectaba a aquellas industrias en la que se desprendía polvo mineral o metálico 'por la mayor existencia en su ambiente de polvo capaz de producir afecciones neumoconiósicas, cuando el trabajo no se efectúa al aire libre o se utiliza maquinaria', entre otras, a las 'industrias en que se actúa sobre materias rocosas o minerales' y a las 'industrias metalúrgicas en las que se desprende polvo metálico' (art. 3). Entre otras normas sobre las debidas condiciones respecto a ventilación o a los locales para cambios de ropa y armarios para los mismos fines (art. 4), destaca ya la exigencia de reconocimientos médicos específicos (cavidad naso-faríngea, aparato respiratorio a efectuar mediante Rayos X, aparto cardio- vascular, fijando el diagnóstico lo más exactamente posible de las lesiones cardio-pulmonares existentes), tanto al ingreso en el trabajo, con posteriores revisiones anuales y en los casos de cese en el trabajo por despido (art. 6).

C) El Decreto de 10-enero-1947 (creador del seguro de enfermedades profesionales -BOE 21-01-1947-), que deroga en parte la Orden 7-marzo-1941, y en cuyo cuadro de enfermedades profesionales se incluye directa y expresamente la asbestosis, al definir la 'neumoconiosis (siliocosis con o sin tuberculosis, antracosis, siderosis, asbestosis, etc.) y otras enfermedades respiratorias producidas por el polvo ...' relacionándola, entre otras, 'con todas las industrias, minas y trabajos en que se desprenda polvo de naturaleza mineral - pétreo o metálico -, vegetal o animal, susceptible de causar enfermedad' (anexo en relación art. 2), evidenciándose el constatado riesgo de sufrir tal enfermedad profesional en dicho tipo de trabajos nocivos.

D) El Decreto de 26-julio-1957 (por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y a los menores -BOE 26-08-1957, derogado en cuanto al trabajo de las mujeres por Disposición Derogatoria Única de la Ley 31/1995, 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales ), reitera el carácter nocivo de tales actividades, excluyendo a los referidos colectivos de trabajos que considera 'nocivos' (conforme se explica en su Preámbulo), incluyendo entre las actividades prohibidas el 'Asbesto, amianto (extracción, trabajo y molienda)', siendo el motivo de la prohibición el 'polvo nocivo' y centrado en los 'talleres donde se liberan polvos' (art. 2 en relación Grupo IV -trabajo de piedras y tierras-), así como el 'Amianto (hilado y tejido)', siendo el motivo de la prohibición el 'polvo nocivo' y centrado en los 'talleres donde se desprenda liberación de polvos' (art. 2 en relación Grupo XI - industrias textiles).

E) El Decreto 792/1961 de 13 -abril (sobre enfermedades profesionales y obra de grandes inválidos y huérfanos de fallecidos por accidentes de trabajo o enfermedad profesional -BOE 30-05-1961), en la que se incluye también como enfermedad profesional la 'asbestosis' por 'extracción, preparación, manipulación del amianto o sustancias que lo contenga. Fabricación o reparación de tejidos de amianto (trituración, cardado, hilado, tejido). Fabricación de guarniciones para frenos, material aislante de amianto o productos de fibrocemento' (art. 2 en relación con su Anexo de 'Cuadro de enfermedades profesionales y lista de trabajos con riesgo de producirlas'); estableciéndose, dentro de las 'normas de prevención de la enfermedad profesional' (arts. 17 a 23), la exigencia de 'mediciones técnicas del grado de peligrosidad o insalubridad de las industrias observado' y el que 'Todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgos de enfermedad profesional están obligadas a practicar un reconocimiento médico de sus respectivos obreros, previamente a la admisión de los mismos y a realizar los reconocimientos periódicos que ordene el Ministerio, y que serán obligados y gratuitos para el trabajador ...' (art. 20.1), destacándose, por tanto, la obligación de reconocimientos médicos específicos.

F) El Decreto 2414/1961, de 30-noviembre (BOE 07-12-1961), por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, estableciéndose una concentración máxima permitida en el ambiente interior de las explotaciones industriales, que tratándose de polvo industrial en suspensión cuando consiste en amianto era de 175 millones de partículas por metro cúbico de aire (Anexo II).

G) La Orden de 12-enero-1963 (BOE 13-03-1963), --dictada para dar cumplimiento al art. 17 del Decreto 792/1961 de 13 -abril y el art. 39 del Reglamento de 9-mayo-1962 --, donde se concretan normas sobre las 'asbestosis' y para los reconocimientos médicos previos 'al ingreso en labores con riesgo profesional asbestósico', así como la posterior obligación de reconocimientos médicos periódicos 'cada seis meses' (plazo inferior al establecido para detectar otro tipo de enfermedades profesionales) en los que específicamente deben realizarse obligatoriamente, al igual que para los trabajadores con riesgo silicósico o neumoconiósico fibrótico, una exploración roentgenológica de tórax por alguno de los procedimientos que detalla (foto- radioscopia en películas de tamaño mínimo de 70x70, radiografía normal o radioscopia).

Les normes abans citades estaven vigents en la data en que el marit de la demandant va treballar per l'actora.

SISÈ.Doncs bé, tenint en compte les citades normes i aplicant-les al cas debatut en el present recurs, aquesta Sala no pot més que compartir els raonaments de la Magistrada d'instància relatius a que va existir infracció de normes de prevenció de riscos laborals en l'actuació de la demandada i la corresponent relació de causalitat amb la malaltia que va patir el treballador, Sr. Donato , que el va portar a la mort per asbestosi i això pels motius següents:

1) El treballador traspassat no va ser objecte de reconeixements mèdics específics per treballadors exposats a riscos derivats d'ambients amb pols, malgrat que per la seva feina estava molt exposat al risc. S'infringia així els articles 17 a 23 del Decret 792/1961, de 13 d'abril en el que s'establien les normes de caràcter mèdic per les quals s'havien de regir els reconeixements, diagnòstics i qualificació de cada malaltia professional, normes que van ser desenvolupades per l'Ordre de 12 de gener de 1963 on s'especifiquen els reconeixements mèdics previs a l'ingrés a l'empresa, així com l'obligació de reconeixements periòdics semestrals. Així mateix establien normes mèdiques sobre el diagnòstic de l'asbestosi que s'efectuarien mitjançant la història laboral d'exposició al risc, anàlisi dels símptomes, en l'exploració dels signes clínics i analítics, així com una placa radiogràfica amb les condicions que s'assenyalen i les normes per a la qualificació de la capacitat de l'asbestosi mitjançant proves sobre la capacitat funcional respiratòria i la circulatòria.

2) No va ser fins el mes de gener de 1983 l'empresa va establir les primeres normes higièniques (referides exclusivament a la roba de treball) que es van incrementar en el mes de novembre de 1984 en més aspectes (vestuari, taquilla, sistemes d'extracció, senyalització, transport de residus, etc.) i per aquells treballadors el lloc de treball dels quals consistia en manipular amiant, és a dir, quan el treballador ja havia cessat en el seu treball.

S'infringien així les mesures preventives recollides amb caràcter genèric en els articles 5 , 12 , 19 , 20 i 21, i específicament en els articles 45 i 46 (per a treballs perillosos), de l'Ordre de 31 de gener de 1940, que aprovà el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo i que va estar vigent fins l'entrada en vigor de l'Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo i l'article 7è de l'Ordre de 9 de març de 1971, per la qual s'aprovà l'Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, vigent també en el moment en que el treballador prestava els seus serveis a l'empresa, en el que es concretà posteriorment les obligacions de l'empresari per a garantir els esmentats drets de seguretat als treballadors disposa, entre altres, que «son obligaciones generales del empresario... 2. Adoptar cuantas medidas fueren necesarias en orden a la más perfecta organización y plena eficacia de la debida prevención de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de los trabajadores al servicio de la empresa... 11. Facilitar instrucción adecuada al personal antes de que comience a desempeñar cualquier puesto de trabajo acerca de los riesgos y peligros que en él puedan afectarle, y sobre la forma, métodos y procesos que deban observarse para prevenir los o evitarlos». A més establia normes similars els preceptes de l'anterior Reglament de l'any 1940, específicament en els articles 7.2, 4 i 5 (obligacions de l'empresari de facilitar mitjans de protecció personal i reconeixements mèdics periòdics...), 32 (neteja de locals), 32.6 (obligació de portar amb un equip protector adequat); 133.1, 136 (màscares respiratòries), 138 (mesures en relació amb els locals), 142 (roba de treball) i 150.1 i 2 (equips de protecció de l'aparell respiratori) de l'esmentada Ordenança.

3) Amb ple coneixement de la perillositat de treball amb amiant, l'empresa no va prendre les mesures necessàries per a preservar la salut dels seus treballadors, atès que no consta que s'hagués posat a disposició dels treballadors els elements de protecció individual mínims (màscares respiratòries), que poguessin impedir o, com a mínim, rebaixar el grau de contaminació. Tampoc consta que en el lloc de treball hi haguessin sistemes de ventilació adequats, ni que la neteja es fes amb els equips de protecció corresponent. D'altra banda, la neteja de la roba de treball es feia a casa dels treballadors, amb el risc que aquest fet comportava per a tota la família.

Tenint en compte, doncs, la manca de mesures de seguretat i higiene -tant de protecció general com específiques- durant els anys en que el marit de l'actora va treballar a l'empresa, i tenint coneixement l'empresa de la perillositat del treball amb amiant, la Sala ha d'arribar a la conclusió de que la seva actuació va infringir les normes abans citades i que aquestes infraccions van ser la causa de que l'espòs de l'actora contragués la malaltia de l'asbestosi que li va produir finalment la mort.

SETÈ.En el segon motiu del recurs es denuncia la infracció de l' art. 9.4 de la LOPJ i 3 a b) de la LJS i s'insisteix en que la Jurisdicció Laboral es la competent per entendre dels litigis relatius al recàrrec de prestacions de la Seguretat Social i que a l'imputar un recàrrec ha d'establir la data d'efectes.

També aquest motiu ha de ser desestimat, atès que la data d'efectes del recàrrec no ha de constar en la resolució administrativa que decideix imposar-lo, sinó que serà posteriorment, quan el recàrrec hagi esdevingut ferm, que s'haurà d'aplicar a totes les prestacions derivades de la malaltia professional o accident de treball a que el treballador o la seva família tingui dret.

VUITÈ.En el motiu següent del recurs, es denuncia de nou la infracció de l' art. 123 de la LGSS i es demana es redueixi el recàrrec a la quantitat del 30%, tenint en compte l'absència d'infracció de cap norma específica relativa als treballs per exposició a l'amiant, els desconeixement que hi havia en aquella època de les conseqüències de l'exposició a aquesta substància, l'existència de mesures preventives en el centre de treball des de l'any 1977 i l'escassa gravetat de la normativa infringida.

Tampoc pot tenir èxit la citada pretensió. Com es diu en la nostra sentència de 15 de maig de 2012 ,

'....si bien el precepto aplicable (123.1 del TRLGSS), no contiene criterios precisos de atribución del porcentaje, sí indica una directriz general para la su concreción: la 'gravedad de la falta'. Configuración normativa que supone reconocer un amplio margen de apreciación al Juez de instancia en la determinación del porcentaje, pero implica también que la decisión jurisdiccional es controlable con arreglo a dicho criterio jurídico general de gravedad de la falta, pudiendo revisarse cuando el recargo impuesto no guarde manifiestamente proporción con ésta directriz legal, lo cual sucede según el alto Tribunal ( STS de 19 de enero de 1996 ), cuando se fija la cuantía porcentual mínima para infracción muy grave, o cuando el porcentaje establecido es el máximo y la falta cometida, por su entidad o por sus circunstancias, no merece el máximo rigor sancionador.

Por su parte, reiterada doctrina dictada en suplicación expresa que el mencionado artículo 123.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social no deja al libre criterio del INSS o del Juzgado su determinación, sino que concreta el parámetro que ha de tenerse en cuenta, que es la gravedad de la falta. Y para la valoración de ésta han de considerarse tres elementos: 1º mayor o menor posibilidad de accidente; 2º mayor o menor gravedad previsible de sus consecuencias para el trabajador; y 3º mayor o menor déficit de medidas destinadas a impedirlo.

Criterio valorativo, que comporta, como se puede apreciar, un amplio margen de apreciación en la determinación de la concreta cuantía del recargo, pero sin duda no puede perder de referencia la directiva legal- 'la gravedad de la falta'-, y que a su vez, a falta de otra referencia, permite en su graduación que se pueda acudir a los criterios normativos que se contienen en el actual artículo 39 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, de peligrosidad de las actividades, gravedad de los daños producidos, número de trabajadores afectados, actitud y conducta general de la empresa en materia de prevención, etc., y habida cuenta que el citado precepto establece que la sanción por incumplimiento empresarial tiene distintos grados: mínimo, medio y máximo, correspondientes a las infracciones leves, graves y muy graves, en el caso enjuiciado, dado el número de trabajadores afectados -hecho notorio, a tenor del número de procedimientos abiertos que penden de esta y otras Salas-, los incumplimientos narrados, el tiempo en que tardó la empresa en adoptar las medidas preventivas, y la gravedad de la enfermedad que sufre el actor, no parece excesivo el porcentaje del 50% del recargo prestacional que se le ha impuesto'.

Aplicant doncs, el citat raonament al present litigi, en el que es tracta del mateix supòsit de fet, la decisió haurà de ser la mateixa, és a dir, que s'entén que no hi ha base per disminuir el percentatge de recàrrec valorant els diferents paràmetres, és a dir, la normativa infringida, el dany produït i el nombre de treballadors afectats. En el mateix sentit han decidit les nostres sentències de 23 de mar ç i 30 d'abril de 2.012 .

NOVÈ.La desestimació del recurs suposa, d'acord amb el que estableix l' article 235.1. de la Llei processal laboral , imposar les costes processals a la recurrent, entre les quals s'inclourà la minuta de la lletrada impugnant del recurs, que la Sala fixa en la quantitat de 500€. Així mateix procedeix acordar la pèrdua del dipòsit efectuat en el moment de recórrer, al qual es donarà el destí previst legalment, tal com disposa l'article 204.1 de la mateixa llei.

VISTOS els preceptes legals citats, els concordants i la resta de disposicions de general i pertinent aplicació,

Fallo

Que hem de desestimar i desestimem el Recurs de Suplicació interposat per URALITA, S.A. contra la Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 27 de Barcelona, en data 4 de març de 2013 , que va recaure en les Actuacions 985/2010, en virtut de demanda interposada per l'esmentada empresa contra l'INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, la TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, Doña. Apolonia i Rosa i Don. Luis Pablo , en matèria de recàrrec de prestacions per manca de mesures de prevenció de riscos laborals i, per tant, hem de confirmar i confirmem resolució citada i condemnem la recorrent a que pagui les costes legals, entre les quals s'inclourà la minuta de la lletrada impugnant del recurs, que la Sala fixa en la quantitat de 500€. Així mateix s'acorda la pèrdua de la quantitat dipositada, a la que es donarà el seu destí legal.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social .

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social, o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l' article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , consignarà com dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el BANC SANTANDER , en l'Oficina núm 2015 situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, n° 0965 0000 66, afegint a continuació els números indicatius del recurs en aquest Tribunal.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , quan així procedeixi, s'efectuarà en el compte que aquesta Sala té obert en l'oficina bancària esmentada al paràgraf anterior, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació els números indicatius del Recurs en aquest Tribunal, i havent d'acreditar que s'ha fet efectiva al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ.Avui, la Magistrada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.