Sentencia SOCIAL Nº 155/2020, Juzgado de lo Social - Murcia, Sección 3, Rec 474/2019 de 16 de Septiembre de 2020

Encabezamiento

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº TRES DE MURCIA

SENTENCIA NÚM. 155/2020

En Murcia, a dieciséis de septiembre de dos mil veinte

Vistos por la que suscribe, MARIA LOURDES GOLLONET FERNÁNDEZ DE TRESPALACIOS, Magistrada-Juez titular del Juzgado de lo Social Nº Tres de Murcia, los presentes autos de Juicio Especial sobre DESPIDO,seguidos con el Nº 474/19en este Juzgado, en virtud de demanda formulada por Dª Ruth,que compareció asistida por el letrado Sr. Mateos Martínez, frente a las empresas LAGES EXPORT S.L., HISPALEMON S.L., y frente a la persona física D. Remigio, que no comparecieron, y frente al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA),que compareció representado por la Abogada del Estado sustituta Sra. Martínez Sánchez,, y en base a los siguientes:

Antecedentes

PRIMERO.- Con fecha de 2-7-19 se presentó a través de sistema informático-Telemático Lex-Net y dirigida a Oficina de Registro y Reparto Social, dependiente del SCG, la demanda suscrita por la demandante y digitalmente por letrado que le asiste, frente a los demandados que constan en el encabezamiento de esta sentencia, que fue registrada y turnada a este Juzgado con fecha 9-7-19, y no constando fecha de entrada en el SCOP-SOCIAL, en la que tras exponer los hechos que sirvieron de base a su pretensión y los fundamentos jurídicos que estimó de aplicación, terminó solicitando se dictase sentencia, y declare la improcedencia de mi despido con todas las consecuencias legales que de ello se deriven, partiendo de mi antigüedad real y del salario que efectivamente me corresponde a efectos de indemnización, condenándoles solidariamente a asumir dichas consecuencias.

SEGUNDO.- Registrada y turnada la demanda, por diligencia de ordenación de la Administración de Justicia (LAJ en adelante) del SCOP SOCIAL de 30-9-19 se requirió a la parte demandante para que subsanase la demanda, y en el plazo de 4 días y ante la acumulación de reclamación indebida de determinadas cantidades a la acción de despido, procediera a elegir la acción que pretendía mantener, la de despido (a la que se puede acumular la reclamación por liquidación de cantidades adeudadas ex Art. 49.2 ET) o la de reclamación de horas extraordinarias, y todo ello con apercibimientos legales.

Por escrito presentado por el letrado de la demandante el día, 1-10-19, se procedió a la subsanación, manifestando que optaba por la acción por DESPIDO, desacumulando la acción de reclamación por horas extras.

La demanda fue admitida a trámite por Decreto de la Letrada de la Administración de Justicia del SCOP-SOCIAL de 27-1-19, en el que se tuvo por subsanada la demanda, fue señalado día y hora para celebración de los correspondientes actos de conciliación y subsiguiente juicio, y dando cuenta a la que suscribe, para acordar sobre solicitud de requerimiento de aportación de pruebas documentales.

Por providencia de 3-2-2020, se acordó que por el SCOP se procedieses a efectuar el requerimiento a la demandada para aportación de la documental interesada en los puntos 4, 5 y 6, apartado DOCUMENTAL, del segundo otrosí digo de la demanda, conforme a las normas del Código de Comercio.

Por diligencia de ordenación de la LAJ del SCOP de 2-9-2020, quedaron incorporadas las vidas laborales de empresas, salvo en el caso de HISPALEMON S.L., al no constar de alta trabajadores en ningún código de cuenta de cotización de esta empresa, y se dio traslado de la documental a las demás partes.

Llegado el día señalado, compareció la parte demandante y el FOGASA en la forma que consta en el encabezamiento de esta Sentencia, no compareciendo la empresa demandada, constando su citación, según diligencia de constancia de citación positiva del SCOP de 28-7-2020, y estando la empresa citada por Edictos, tras intentos negativos de citación por otros medios, y encontrándose en paradero desconocido.

Intentada por Sr./Sra. Letrado/a de la Administración de Justicia de la Unidad de Conciliaciones, la conciliación sin efecto, y abierto el acto de juicio, se procedió a la grabación del mismo por medios mecánicos audio visuales.

La parte demandante ratificó la demanda y en escrito de ampliación en el solicitó Nulidad de despido por haber despedido la empresa al 100% de la plantilla en escasos días, y solicitó el recibimiento del juicio a prueba.

Por la letrada del FOGASA se formuló oposición a la demanda, manifestando que se oponía a la ampliación de solicitud de Nulidad, porque no se pidió la nulidad en demanda, y no se han podido comprobar los hechos, y se tendría que acreditar no solo número de bajas sino fecha de baja, y pudiendo no responder a despido.

Se opuso al salario, entendiendo que le correspondería un promedio de 18,44 según bases de cotización, o el de Convenio Colectivo, si se acreditan las jornadas reales, en cuyo caso estaría al salario correspondiente a sus jornadas reales según Convenio Colectivo.

En el hecho 1º, la antigüedad indicada es de 15-10-18, y constaba de alta en ICORFRUT, S.L. y se tendría que acreditar la subrogación. Las empresas están de baja y sin actividad y una de ellas ni siquiera consta haber tenido trabajadores.

Solicitó extinción de la Relación laboral conforme al Art. 110.1.a) de la LRJS, al estar la empresa en baja, y sin salarios de tramitación, y solicitó el recibimiento del juicio a prueba.

Preguntado el letrado de parte demandante, manifestó que las jornadas reales indicadas en demanda eran de 2.513, y las que aparecen en vida laboral son de 898 jornadas reales de las que:

-. 192 son hasta 11-2-12

-.706 desde 12-2-12

El salario indicado en demanda es incluyendo horas extras, y el salario de Convenio Colectivo es de 68,70 €/día, y sería este el aplicable.

El letrado manifestó conformidad con la extinción de la relación laboral solicitada en juicio, pero solicitando que la extinción fuera a fecha de sentencia con salarios de tramitación.

TERCERO.- Recibido el juicio a prueba, se propusieron las siguientes pruebas:

Por la letrada del FOGASA: Documental consistente en 3 documentos (13 folios) aportados en el acto del juicio para su posterior escaneo e integración digital al proceso.

Por la parte demandante: Interrogatorio de la empresa, solicitando se le tuviese por confesa, y Documental solicitada en demanda, 5 documentos (9 folios) aportados en el acto del juicio para su posterior escaneo e integración digital al proceso.

Admitidas las pruebas propuestas, se practicaron en el acto del juicio, con el resultado obrante en las actuaciones y derivándose de las mismas la relación de hechos probados, que se desarrollará más adelante, quedando los autos vistos para sentencia, tras la formulación por la parte demandante, y por el FOGASA, de sus conclusiones que elevaron a definitivas.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento, se han observado las prescripciones legales, excepto los plazos procesales de señalamiento, por las causas que constan en el antecedente de hecho segundo, y por el volumen de asuntos y señalamientos existentes en este Juzgado.

Hechos

PRIMERO.-La demandante Dª Ruth, con NIE núm. NUM000, ha venido prestando servicios para la empresa demandada LAGES EXPORT S.L., con CIF B73846636, dedicada a la actividad de comercio al por mayor de frutas, patatas y verduras, con las siguientes circunstancias: Desde 1-4-15, por subrogación producida en la relación laboral mantenida por la trabajadora con empresa INCORFRUT, S.L., y Antigüedad reconocida desde 15-10-2008, con contrato indefinido para trabajos fijos discontinuos (300), y sin solución de continuidad, con categoría profesional de Manipuladora/Encajadora, acreditando un total de 809 jornadas reales trabajadas en el total periodo, de las que 192 se prestaron hasta 11-2-12 y el resto, 617 desde 12-2-12, con retribución pactada de Convenio de 58,80 € bruta/diaria, sin antigüedad e incluidas prorratas de pagas extras, sábados, domingos, festivos, vacaciones y 10% de beneficios.

SEGUNDO.-A la relación laboral entre las partes se le aplica el Convenio Colectivo de Agrios (manipulado y envasado), de la Región de Murcia.

TERCERO.-A la trabajadora le fue notificada por la empresa el 16-5-19 carta de despido de la misma fecha, y con la misma fecha de efectos, siendo el texto de la misma del siguiente tenor literal:

Muy Sra. Mía:

Por medio del presente escrito, le comunicamos que la Dirección de la empresa para la que presta servicios ha decidido, al amparo de lo establecido en el artículo 49.1.k) del RDL 2/2015, de 23 de Octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, proceder a su despido.

Los motivos que han dado lugar a la toma de la presente decisión ya son conocidos por usted por lo que no procedemos a la descripción de los mismos.

El presente despido surtirá efectos a partir del 16 de Mayo de 2019.

Sin otro particular, le ruego se sirva firmar el duplicado de esta comunicación a los meros efectos de recibí, advirtiéndole de su derecho a impugnar esta decisión extintiva de acuerdo con lo previsto en el art. 103 de la Ley 36/2011 de 10 de Octubre '.

CUARTO.-A La empresa LAGES EXPORT S.L., con CIF B73846636 y domicilio del centro de trabajo en C/ Mayor 37 - Los Garres. 30158 - Murcia, le constaban en el periodo comprendido entre 1-6- 16 y 30-6-19, entre 19 y 21 afiliados distintos.

La empresa HISPALEMON S.L., con CIF B73928277 y domicilio en C/ Mayor 37 - Los Lages. Los Garres. 30012 - Murcia, no consta en alta en ningún Código de cuenta de cotización, ni que haya tenido trabajadores a su cargo.

A D. Remigio, con DNI NUM001 y domicilio en DIRECCION000 NUM002 localidad: BeniajánC. postal.: 30570 provincia: Murcia, no le constaban trabajadores en alta en el periodo comprendido entre 1-6-16 y 30-6-19, ni consta que la trabajadora demandante haya estado en alta prestando servicios para el mismo.

QUINTO.-En fecha 2-7-19 se celebró el preceptivo acto de conciliación ante el S.C.S.R.L. en reclamación por DESPIDO Y CANTIDAD, instado el día 12-6-19 con el resultado de CELEBRADO SIN AVENENCIA.

Fundamentos

PRIMERO.-Se ha llegado a la convicción de los hechos que se declaran probados a través de la prueba documental de parte demandante, y del FOGASA de la que se acredita la existencia de relación laboral, antigüedad reconocida en la empresa demandada LAGES EXPORT S.L., por subrogación en anterior empresa, tipos de contratos suscritos, retribución pactada de Convenio, Convenio Colectivo aplicable, categoría profesional, jornadas reales trabajadas, extinción de relación laboral mediante carta de despido notificada el 16-5-19 con la misma fecha de efectos, sin que conste la causa del mismo.

La parte demandante impugna el despido alegando la existencia de grupo de empresa, y amplia a solicitud de Nulidad del despido por entender que se había procedido al despido de todos los trabajadores y debía ser despido colectivo.

En el presente caso, corresponde acreditar a la empresa demandada conforme al art. 217 de la LEC, que concurren causas para proceder al despido y extinción de la relación laboral, conforme a lo dispuesto en los Arts. 105.1, sin que por la empresa, que no ha comparecido, se haya practicado ninguna actividad probatoria al respecto.

A la parte demandante le corresponde acreditar las circunstancias derivadas de la relación laboral, antigüedad, categoría y salario, que han quedado acreditadas en la forma antes indicada, a través de la documental aportada, acreditándose un total de 809 jornadas reales trabajadas, y no las indicadas en juicio. Y en cuanto al salario, debiéndose estar al fijado en el Convenio Colectivo aplicable para trabajadores fijos discontinuos, sin antigüedad, pues no se acredite el devengo de ningún quinquenio, teniendo en cuenta que partiendo de las jornadas reales trabajadas, no se cumple ningún quinquenio.

SEGUNDO.-En primer lugar en cuanto a la petición de Nulidad del despido, que efectivamente y como alegó el FOGASA no se contenía en demanda, no se entiende su planteamiento, ya que la declaración de nulidad, se basa en que la haberse despedido a todos los trabajadores debería haberse acudido a un despido colectivo, pero no nos encontramos en un despido por causas objetivas, para el que está prevista la declaración de nulidad por los citados motivos en el Art. 51.1, último párrafo.

Y por otro lado, se desconocen las causas de cese o extinción de contratos de otros trabajadores, y no constan las circunstancias alegadas por el letrado de parte demandante, por lo que no cabe acudir a petición de declaración de nulidad.

En cuanto a la petición de improcedencia, al no haberse acreditado por la empresa demandada, la existencia de la causa o motivo para proceder al despido o extinción de la relación laboral, procede la estimación de la demanda planteada, por ser el despido improcedente, con los efectos previstos en el Art. 56 del ET según redacción dada al mismo por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con entrada en vigor el 24-10-15, y Disposición transitoria undécima del ET en su nueva redacción, que respecto de la indemnización por despido improcedente determina, al igual que la disposición transitoria quinta de Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE 7-7-12), con entrada en vigor el 8-7-12 y la D. Tª 5ª del Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero, el cálculo de la indemnización a razón de 45 días/año para el tiempo de prestación de servicios hasta 12-2-12 (fecha de la entrada en vigor del RDL 3/2012) y a razón de 33 días/año el tiempo de prestación de servicios por contratos formalizados posteriormente a esa fecha, prorrateándose igualmente por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, y sin que el importe indemnizatorio resultante pueda ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará este como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.

Por lo expuesto procede la estimación de la improcedencia del despido ejercitada en la demanda, con los efectos inherentes.

TERCERO.-En cuanto a la pretensión de que se declare que hubo grupo patológico de empresas, no se ha practicado prueba alguna por la parte demandante que justifique ni acredite la estimación del mismo.

En demanda se alude a que las empresas codemandadas comparten domicilio, actividad, plantillas, inmovilizado y dirección, siendo ambas controladas por la persona física demandada, quien las usa como máscara fraudulenta para eludir la responsabilidad derivada de las deudas que genera con su actividad económica única de manipulado y envasado de cítricos, debiendo aplicarse la doctrina del levantamiento del velo y extenderse a su persona, así como considerarse que las mercantiles conforman un grupo patológico de empresas.

De dichas alegaciones, consta que ambas mercantiles tienen su domicilio en C/ Mayor 37 - Los Garres. Los Lages. 30012 - Murcia, pero el centro de trabajo esta en domicilio distinto, según vida laboral, constando el de la empresa LAGES EXPORT S.L., en C/ Mayor 37 - Los Garres. 30158 - Murcia, y el del administrador D. Remigio, en DIRECCION000 NUM002 localidad: Beniaján C. postal.: 30570provincia: Murcia.

Y en cuanto a la alegaciones de que emplearon las empresas indistintamente a los trabajadores dados de alta en una y otra empresa para la citada actividad, en la que emplea igualmente idénticos medios materiales e infraestructuras, tampoco consta prueba de ello, ya que ni siquiera aparecen trabajadores en alta en la empresa HISPALEMON S.L., ni como se alegó, consta haber sido dada de alta por el administrador la trabajadora, con independencia de que sea el administrador de ambas empresas. Tampoco se ha acreditado el hecho alegado en juicio de que la empresa HISPALEMON S.L., era la que facturaba.

Tampoco procede aplicar en la prueba de estas alegaciones los efectos previstos en los Arts. Art. 91.2 de la LRJS para el caso de injustificada incomparecencia de la persona física o legal representante de persona jurídica cuyo interrogatorio o prueba de confesión hubiese sido solicitada y admitida, cuando haya sido citada al efecto con los apercibimientos legales, ni el art- 94.2 LRJS, para el caso de falta de aportación de documental, pues la carga de la prueba de estos hechos corresponde a la parte demandante, que debe acreditarlos, con independencia de la incomparecencia de las demandadas.

Tampoco procede aplicar como cosa juzgada los hechos probados de las sentencia del Juzgado Nº 9 aportadas por la parte demandante , pues en los mismos se indica que concurre grupo de empresas a efectos laborales, pero no se describen las circunstancias concurrentes para llegar esa consideración, ignorando las pruebas practicadas en dichos procesos, ni circunstancias concurrentes respecto de las partes demandantes con las citadas empresas.

Por lo que no procede declarar responsabilidad solidaria de las empresas demandadas, respecto de la trabajadora aquí demandante, procediendo la absolución de los codemandados HISPALEMON S.L., y D. Remigio.

CUARTO.-Respecto a la reclamación formulada contra el FOGASA, la responsabilidad que puede alcanzar a dicho Organismo queda sujeta a la concurrencia de los supuestos en que procede declaración de su responsabilidad, a tenor de lo dispuesto en los Arts. 33 de la L.E.T., 14 del RD.505/85 de 6 de marzo, sobre Organización y Funcionamiento de dicho Organismo, y Arts. 23, 276 Y 277 de la LRJS.

QUINTO.-No obstante ello, y dado que la empresa se encuentra en paradero desconocido, sin constancia de actividad a fecha del juicio, resultando imposible la readmisión y habiendo optado el FOGASA en juicio, al amparo del Art. 110.1.a) de la LRJS, por la extinción de la relación laboral, procede declarar extinguida la relación laboral que ligaba a las partes y fijar las indemnizaciones y abonos correspondientes, sin devengo de salarios de tramitación

A Dicha solicitud se adhirió el letrado de la parte demandante, pero solicitando devengo de salarios de tramitación, y que se realizara a fecha de efectos de la sentencia la extinción, y no a fecha de efectos del despido, al amparo del Art. 110.1.b) de la LRJS.

No procede en el presente caso la pretensión de parte demandante, pues teniendo en cuenta la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS, de 5-3-19, dictada en Recurso de casación para Unificación de doctrina, interpuesto por el FOGASA, obliga a un cambio del anterior criterio mantenido por este Juzgado, en ST. de la Sala 4ª del TS de 21-7-16.

Y ello por cuanto que en la reciente sentencia se viene a decir: 'la Sala considera factible que el FOGASA pueda ejercitar el derecho de opción con efectos plenos en aquellos casos en los que concurran, simultáneamente, las siguientes circunstancias, de las que, como se ve, ya se ha dejado constancia a lo largo de cuanto se ha expresado precedentemente al enumerar las concurrentes en el presente caso: en primer lugar, que la empresa no haya comparecido en el acto del juicio; en segundo, que estemos en presencia de alguno de los supuestos previstos en el artículo 23.2 LRJS (EDL 2011/222121), esto es, que se trate de empresas incursas en procedimientos concursales, declaradas insolventes o desaparecidas, siempre que conste que la empresa ha cerrado sus actividades, siendo, en consecuencia, imposible o de difícil realización la readmisión; en tercero, que se trate de un supuesto en el que el titular de la opción fuere el empresario, pues no se puede sustituir el derecho de opción de quien no lo tiene; y, en cuarto lugar, que el FOGASA haya comparecido en el procedimiento en el momento de efectuar la opción.

Y así, resulta claro que el organismo de garantía puede instar que se anticipe dicha opción en tal sentido (indemnización) en un caso de las características del presente, donde la empresa, de hecho, se halla de todo punto imposibilitada de readmitir por su cierre mismo y por las demás circunstancias en las que se encuentra, ya enumeradas, de modo que no le quedaría más, de poder haberse manifestado, que instar que se señalase la indemnización pertinente, que va de suyo, al haber desaparecido, en efecto, toda posibilidad real y efectiva de readmisión, la cual, de haberla propuesto, supondría un ejercicio de absoluta incongruencia con la realidad si no de un hipotético intento fraudulento con no se sabe qué objeto, por lo que si el FOGASA, como subrogado en su lugar, lo que ha hecho ha sido cumplir con una previsión a la par que requisito material y procesal, ha de concluirse que le asistía todo el derecho -e incluso el deber- en ese sentido, velando así por los intereses públicos ( art. 23.1 de la LRJS , cuya defensa tiene asignada'.

El FOGASA, tiene las mismas posibilidades que las empresas, cuando estas no comparecen, de adelantar la opción por la extinción de la relación laboral en el juicio, con los efectos previstos en el Art. 110.1.a) de la LRJS, esto es, con efectos de la fecha del despido, y sin salarios de tramitación, como establece el citado artículo, pues la parte demandante, al ejercer la facultad del Art. 110.1.b) de la LRJS, lo que ejercer no es la opción por extinción o indemnización, sino propia del empresario, sino una posibilidad de adelantar los efectos de la ejecución, cuando resulta imposible la readmisión, por lo que cuando comparece el FOGASA a juicio y ejercita la opción, deben aplicarse los mismos efectos derivados de la opción contemplada para la empresa.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda formulada por Dª Ruth, frente a las empresas LAGES EXPORT S.L., HISPALEMON S.L., frente a la persona física D. Remigio, frente al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA),declaro IMPROCEDENTEel despido de parte demandante producido con efectos desde 16-5-19,y ante la imposibilidad de readmisión al encontrarse en paradero desconocido la empresa y sin actividad, declaro extinguida la relación laboralque ligaba a las partes con efectos del despido, condenando a la empresa demandada a que abone al demandante la cantidad de 4.668,72 € líquidos,en concepto de indemnización por despido, más los intereses legales a que se refiere el Art. 576 de la LEC ,y sin que haya lugar a salarios de tramitación.

Y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que pudiera corresponder al FOGASA,en el abono de las citadas cantidades, y con absolución de HISPALEMON S.L., y de D. Remigio.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma legalmente establecida, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de SUPLICACIÓNante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que deberá ser anunciado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de notificación de esta sentencia conforme a lo previsto en los Arts. 190 y siguientes de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción social.

Adviértase igualmente a la parte recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 €( Art. 229 y D. Tª Segunda, punto 1 de Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la jurisdicción social )en la cuenta abierta en BANESTO, oficina de Avda. Libertad s/n, Edificio 'Clara', en Murcia, CP 30.009, a nombre del este Juzgado con el núm. 3094-0000-65-0474-19, acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recursoasí como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en BANESTO, en la misma oficina, a nombre de este juzgado, la cantidad objeto de condena,o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado en el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado o Graduado Social para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos principales, lo pronuncio, mando y firmo, debiendo remitirse los presentes autos al Servicio Común correspondiente a efectos de continuación de trámites desde sentencia.