Sentencia SOCIAL Nº 1611/2020, Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 957/2020 de 06 de Octubre de 2020

Encabezamiento

T.S.J.ASTURIAS SALA SOCIAL
OVIEDO
SENTENCIA: 01611/2020
T.S.J.ASTURIAS SALA SOCIAL DE OVIEDO
C/ SAN JUAN Nº 10
Tfno: 985 22 81 82
Fax: 985 20 06 59
Correo electrónico:
NIG: 33024 44 4 2019 0000394
Equipo/usuario: MGZ
Modelo: 402250
RSU RECURSO SUPLICACION 0000957 /2020
Procedimiento origen: SSS SEGURIDAD SOCIAL 0000097 /2019
Sobre: INCAPACIDAD PERMANENTE
RECURRENTE/S D/ña Juan Carlos
ABOGADO/A: IVAN GARCIA GARCIA
RECURRIDO/S D/ña: INSS
ABOGADO/A: LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Sentencia nº 1611/20
En OVIEDO, a seis de octubre de dos mil veinte.
Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la Sala de lo Social del T.S.J. de Asturias, formada por
los Ilmos. Sres. D. FRANCISCO JOSÉ DE PRADO FERNÁNDEZ, Presidente, Dª. PALOMA GUTIÉRREZ CAMPOS,
Dª. MARÍA PAZ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y D. JOSÉ LUIS NIÑO ROMERO, Magistrados de acuerdo con lo
prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
EL PUEBLO ESPAÑOL
ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A
En el RECURSO SUPLICACION 957/2020, formalizado por el Letrado D. IVAN GARCIA GARCIA, en nombre y
representación de Juan Carlos , contra la sentencia número 66/2020 dictada por JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 de
GIJON en el procedimiento SEGURIDAD SOCIAL 0000097/2019, seguido a instancia de Juan Carlos frente al
INSS, siendo Magistrada-Ponente la Ilma. Sra. Dª MARIA PAZ FERNANDEZ FERNANDEZ.
De las actuaciones se deducen los siguientes:

Antecedentes

PRIMERO: D. Juan Carlos presentó demanda contra el INSS, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 66/2020, de fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte.



SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente declarados probados: 1º.- El demandante, D. Juan Carlos , nacido el NUM000 /1978, se encuentra afiliado al Régimen General del Sistema de Seguridad Social con el nº NUM001 y tiene como profesión habitual la de Mecánico.

2º.- El actor inició un proceso de incapacidad temporal el 6/7/2018. El demandante solicitó el reconocimiento de pensión de incapacidad permanente el 2/10/2018, y tras la tramitación del expediente correspondiente, en fecha 20/11/2018 la Dirección Provincial del INSS dictó resolución desestimatoria, previo informe médico de síntesis y dictamen propuesta del EVI de fecha 9/11/2018 (hecho causante), al no alcanzar las lesiones que padece un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral, según lo dispuesto en el art. 194 TRLGSS en relación con el art. 193.1 de la misma disposición.

3º.- El cuadro clínico que motivó la anterior declaración fue: 'STC D intervenido. Discopatías c. cervical.' 4º.- El demandante interpuso reclamación previa contra la anterior resolución, que fue desestimada mediante Resolución de fecha 15/4/2019.

5º.- El actor no presenta focalidad neurológica ni en vías largas de MMII ni MMSS conservando BA y BM, sin patología aguda en columna cervical.

6º.- El demandante recibió el alta médica el 18/6/2019, disfrutando posteriormente de un periodo vacacional e inició un nuevo proceso de incapacidad temporal en fecha 5/8/2019. La empresa para la que prestaba servicios, Orovalle Minerals S.L. le despidió en fecha 31/8/2019.

7º.- La base reguladora para la incapacidad permanente total pretendida se fija en 2.883,07 euros y la fecha de efectos económicos es el 21/11/2018.



TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: 'Que desestimando la demanda interpuesta por D. Juan Carlos frente al INSS, debo absolver y absuelvo a la demandada de la pretensión contra la misma ejercitada.'

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por Juan Carlos formalizándolo posteriormente. Tal recurso no fue objeto de impugnación por la contraparte.



QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 14 de julio de 2020.



SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 24 de setiembre de 2020 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes,

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestimó la demanda formulada por el accionante para obtener el reconocimiento de una incapacidad permanente total para su profesión habitual de mecánico derivada de enfermedad común.

Frente a la resolución adversa se alza en suplicación su representación letrada que intenta variar el signo del fallo, con motivos de recurso correctamente amparados en los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, que se orientan respectivamente, a revisar los hechos declarados probados y el derecho sustantivo y/o la jurisprudencia aplicados en la resolución del Juzgado.

Utiliza el cauce procesal habilitado en el art. 193 b) para solicitar la enmienda del cuadro clínico declarado probado en el ordinal tercero del relato fáctico, interesando la redacción alternativa que a continuación se expone, basada en informe médico de especialista en traumatología obrante a los folios 130 a 132 de las actuaciones.

'+Protrusión discal c4-c5. Con afectación de saco dural +Protrusión discal c5-c6 que afecta a raíces dchas.

+Discoartrosis cervical generalizada.

+Afectación neurógena de la raíz c6 dcha. EMG +.

+Secuelas postquirúrgicas tras intervención del nervio Mediano derecho.

+Síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio Mediano derecho, recidivado.

+Síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio Mediano izquierdo.

+Coxartrosis bilateral en evolución.

+Condropatía femoro-rotuliana bilateral.

+Pies planos esenciales. Hallux rigidus.' En la respuesta al intento revisor, resulta preciso recordar que en el proceso laboral, el Juzgador de instancia tiene atribuidas amplias facultades para valorar los diferentes medios de prueba aportados en el proceso. El recurso de suplicación no es un instrumento adecuado para proceder a una nueva valoración global de los aportados. Su naturaleza extraordinaria excluye ese objeto, reservado al Juez de instancia (art. 97.2 LJS), y únicamente autoriza los cambios en el relato fáctico que se funden en documentos idóneos concretamente identificados o en pericias practicadas de decisivo valor probatorio, no desautorizados por otros medios probatorios de igual eficacia, que de forma directa, diáfana e indudable pongan de manifiesto el desacierto de la convicción judicial y este revista trascendencia para variar el signo del fallo recurrido.

A ello hay que añadir que no resulta posible admitir la revisión fáctica con base en las mismas pruebas que sirvieron de fundamento a la sentencia impugnada, por cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador de instancia, por un juicio valorativo subjetivo de la parte interesada. En el supuesto de documento o documentos contradictorios, y en la medida de que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica realizada por el Juzgador de instancia en el ejercicio de la función de apreciación de la prueba que le corresponde en exclusiva.

Estos requisitos, señalados reiteradamente por la jurisprudencia y la doctrina de los tribunales de suplicación, no se cumplen en este caso.

En general, los informes médicos son documentos que por su propia naturaleza, carecen de decisivo valor probatorio para lograr un cambio en las premisas fácticas, ya que ni tienen atribuida eficacia prevalente, ni disponen de garantías objetivas sobre el acierto de su contenido. Y en caso de dictámenes contradictorios debe aceptarse, en principio, el que sirvió de base a la resolución recurrida, es decir, el admitido como prevalente por el Juez 'a quo', a no ser que se demostrase palmariamente el desacierto en que éste hubiera podido incurrir en su elección por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, cosa que aquí no sucede.

La Juzgadora de instancia, en el ejercicio de las amplias facultades que a tal fin le reconoce el art. 97.2 LJS, valoró todos los elementos probatorios y optó por asumir el informe emitido por el médico evaluador, profesional formado específicamente para reconocer a quienes solicitan una incapacidad y determinar sus limitaciones, que no solo recoge los diagnósticos, con referencia a diversos informes especializados de la sanidad pública, sino también el resultado de la exploración realizada y el historial médico del trabajador, confirmando la convicción expresada por la Magistrada en el ordinal cuyo modificación se pretende, que resulta complementado con otros datos que, con igual valor de hecho probado, obran en la fundamentación jurídica de la sentencia.

Lo que pretende la parte es que su versión de los hechos prevalezca sobre aquélla, y que la Sala realice 'ex novo' una valoración de la prueba practicada en la instancia, que no cabe en un recurso de naturaleza extraordinaria como el de suplicación.



SEGUNDO.- En el motivo destinado al reproche jurídico con correcto encaje procesal en el artículo 193 c) LJS, se acusa vulneración del art. 194.1 b) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en la redacción dada por la Disposición Transitoria Vigesima Sexta uno de dicho texto legal.

Partiendo del éxito del previo intento revisor argumenta en esencia, que las limitaciones previsiblemente definitivas que derivan de las patologías degenerativas que sufre el trabajador, fundamentalmente en raquis cervical y extremidad superior derecha, resultan incompatibles con el desempeño de las fundamentales tareas de su profesión habitual de mecánico y justifican la incapacidad permanente postulada.

La decisión del motivo debe comenzar recordando que el grado de incapacidad permanente total requiere que las patologías acreditadas del trabajador le ocasionen un déficit funcional duradero que le impida el ejercicio estable, eficaz y con rendimiento de las labores de su profesión habitual entendiendo por tal, la que fundamentalmente realizaba antes de la enfermedad, o la desempeñada normalmente antes del accidente, siempre que no se halle impedido para ejercer otra actividad (artículo 194.1 b), 2 y 4 TRLGSS de 30 de octubre de 2015).

En la aplicación de este precepto ha de tenerse en cuenta que más importante que los meros diagnósticos, son las disminuciones anatómico-funcionales repercusiones orgánicas o funcionales y éstas han de cumplir las condiciones establecidas en el art. 193.1 de la Ley General de la Seguridad Social dedicado al concepto general de incapacidad permanente. Esta norma exige que el trabajador, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presente reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral; y añade que no obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo. Son por tanto requisitos, la existencia de menoscabos duraderos y al mismo tiempo en condiciones de ser objeto de determinación objetiva, pues solo cumpliendo estas características podrá determinarse el auténtico alcance del déficit funcional originado por las lesiones y su condición de persistente. Y para reunir estos presupuestos, la norma exige el sometimiento del afectado a los tratamientos médicos pautados, pues en la mayoría de los casos solo una vez realizadas las terapias estimadas convenientes por la ciencia médica, siempre que no supongan un riesgo considerable de fracaso o de efectos secundarios importantes, y a la vista de sus resultados, podrán calificarse de duraderos los menoscabos y conocer su real entidad.

La decisión sobre la correcta o incorrecta aplicación de dichas previsiones legales en el supuesto que nos ocupa, ha de adoptarse partiendo de las patologías y limitaciones declaradas acreditadas en la resolución de instancia incluyendo las que, aun no figurando en el apartado específico dedicado a su constancia, se recogen en los fundamentos de derecho.

La sentencia del Juzgado acepta el informe médico de síntesis y declara probado que el trabajador, nacido en el año 1978, presenta discopatías en columna cervical, patología crónica incipiente en rodillas y caderas, y neuropatía segmentaria sensitivo-motora del nervio mediano derecho intervenida en julio de 2018. Pero sus repercusiones funcionales tienen intensidad menor que la alegada en el recurso.

En efecto, la exploración del evaluador detallada en su fundamentación refleja buen manejo de ropas, estática vertebral conservada, sin amiotrofias ni contracturas musculares, conserva BA Y BM universales. Realiza punteras y talones, las maniobras de estiramiento radicular son negativas, sin focalidad neurológica en MMII.

Conserva fuerza, tono muscular, ROTS y sensibilidad en MMSS, con fuerza de presión simétrica en ambas manos. La cicatriz quirúrgica en muñeca derecha se encuentra en buen estado, y el Tinnel es negativo en las dos muñecas.

Las dolencias señaladas no justificaban la afectación referida por el demandante que, por lo demás, en el momento del reconocimiento médico ante el facultativo del Equipo de Valoración de Incapacidades se encontraba recibiendo tratamiento de fisioterapia complementario a la cirugía de túnel carpiano.

Quedan fuera del análisis los episodios dolorosos en cuello, tórax, y cabeza posteriores al hecho causante documentados en informes médicos de 2019, porque no reúnen los requisitos de permanencia exigidos en el art. 193.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 2015.

El menoscabo funcional descrito no supone una disminución apreciable en el rendimiento laboral efectivo del demandante para desarrollar su profesión habitual de mecánico, así que procede mantener el pronunciamiento de la resolución recurrida.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

Fallo

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de Juan Carlos contra la sentencia de fecha 28 de febrero de 2020 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Gijón en los autos nº 97/19 seguidos en el mismo a su instancia frente al INSS, sobre incapacidad permanente, la cual confirmamos íntegramente.

Medios de impugnación Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, que habrá de prepararse mediante escrito suscrito por letrado, presentándolo en esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la misma en los términos de los artículos 221, 230.3 de la LRJS, y con los apercibimientos contenidos en esto y en los artículos 230.4, 5 y 6 de la misma Ley.

Pásense las actuaciones a la Sra. Letrada de la Administración de Justicia para cumplir los deberes de publicidad, notificación y registro de la Sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.