Sentencia SOCIAL Nº 1746/2017, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3233/2016 de 29 de Junio de 2017

Encabezamiento

1 Rec. Supl. 3233/16
Recursos de Suplicación - 003233/2016
Ilmo/a. Sr/a. Presidente D/Dª. Teresa Pilar Blanco Pertegaz
Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. Ascensión Olmeda Fernández
Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. Mª Isabel Saliz Areses
En València, a veintinueve de junio de dos mil diecisiete.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los/
as Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as citados/as al margen, ha dictado la siguiente,
SENTENCIA Nº 1746 de 2017
En el Recursos de Suplicación - 003233/2016, interpuesto contra la sentencia de fecha 29-12-2015,
dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 6 DE ALICANTE , en los autos 000595/2014, seguidos
sobre CANTIDAD, a instancia de D. Bernardo , asistido del Letrado Dª Paula Pérez Maestre, contra
RADIO AUTONOMIA VALENCIANA SA, ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA, TELEVISION
AUTONOMICO VALENCIANA SA, RADIO TELEVISION VALENCIANA SAU EN LIQUIDACION, FONDO DE
GARANTIA SALARIAL y COMISION LIQUIDACION DE RADIO TV VALENCIANA SAU EN LIQUIDACION
compuesta por Donato , Eutimio Y Gaspar , y en los que es recurrente D. Bernardo , habiendo actuado
como Ponente el/a Ilmo/a. Sr/a. Dº./Dª. Teresa Pilar Blanco Pertegaz.

Antecedentes

PRIMERO .- La sentencia recurrida dice literalmente en su parte dispositiva: 'FALLO: ESTIMO PARCIALMENTE la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por DON Bernardo frente a ENTE PUBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA SA, RADIO AUTONOMIA VALENCIA SA, RADIO TELEVISIÓN VALENCIANA SAU, COMISIÓN LIQUIDADORA y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL sobre CANTIDAD , y condeno a las empresas demandadas a que abonen solidariamente a DON Bernardo la cantidad de 7.424'78 euros.El FOGASA y la COMISIÓN LIQUIDADORA, cada uno en sus respectivas condiciones deberán estar y pasar por dicha declaración.'.



SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como HECHOS PROBADOS los siguientes:
PRIMERO.- DON Bernardo , con DNI NUM000 , prestó servicios para las empresas demandadas, dedicadas a la actividad de radiotelevisión, en virtud de sucesivos contratos temporales por obra o servicio determinado, con una antigüedad de 1.12.04, categoría de periodista-redactor y salario de 2.929'59 euros mensuales con inclusión de la parte proporcional de las pagas extraordinarias hasta el 30.11.13 y 2.983'35 euros a partir del 1.12.13.

SEGUNDO.- El trabajo de DON Bernardo consistía en presentar programas en directo, retransmitir partidos en directo, editar sus cortes de audio, hacer comentarios e intervenciones en antena en directo. DON Bernardo percibió mensualmente por dicho trabajo como retribuciones fijas (no incluidos plus de nocturnidad y de trabajo en festivos) la cantidad de 2.205'06 euros como salario por unidad de obra y 73'60 euros de antigüedad nivel 9 desde mayo de 2013 a abril de 2014. Por los 15 días trabajados en mayo/14 percibió la cantidad de 1.066'96 euros de salario por unidad de obra y 33'61 euros de antigüedad.

Como paga extra de junio y diciembre de 2013 percibió la cantidad de 63'30 euros de antigüedad cada vez.

Como paga extra de junio de 2014 percibió la cantidad de 47'21 euros de antigüedad. En febrero de 2015 Radiotelevisión Valenciana SAU abonó a DON Bernardo la cantidad de 852 euros por devolución de plus de convenio retenido.

TERCERO.- La empresa no ha abonado a DON Bernardo la cantidad de 7.424'78 euros, por las diferencias salariales relativas a la realización de las funciones propias de la categoría profesional de periodista-redactor durante los meses de mayo de 2013 al 15 de mayo de 2014.

CUARTO.- En fecha 6.6.14 DON Bernardo presentó papeleta de conciliación ante el SMAC celebrándose el día 30.6.14 con el resultado de intentado sin efecto al no haberse podido entregar las citaciones.

QUINTO.- DON Bernardo es licenciado en periodismo desde el 25.1.08.



TERCERO .- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte D. Bernardo . Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y pase al Ponente.

Fundamentos

UNICO.- Por el cauce del apartado c del art. 193 de la Ley de la Jurisdicción Social (LJS) se formula el único motivo del recurso de suplicación entablado por la representación letrada de la parte actora frente a la sentencia del juzgado que estima parcialmente la demanda sobre reclamación de diferencias por la realización de funciones de superior categoría profesional y condena solidariamente a las entidades codemandadas a abonar al demandante la cantidad de 7.424,78 euros, no habiendo sido impugnado el recurso de contrario, conforme se refirió en los antecedentes de hecho.

En el único motivo, se denuncia la infracción del art. 29 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , así como del art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la jurisprudencia existente.

Razona la defensa de la parte actora, tras transcribir el contenido del art. 29 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , que en el presente caso es evidente que no ha existido un abono puntual del salario en los términos fijados en el artículo referido que no contempla ninguna excepción al pago de intereses por demora, que desconoce en que se apoya la Magistrada de instancia para decir que la postura de la demandada era defendible y que no lo es, pero que en cualquier caso procede el abono de los intereses por mora según multitud de sentencias que se han dictado en casos idénticos al del actor, esto es, trabajadores contratados como guionistas que hacían funciones de periodistas.

La censura jurídica expuesta ha de ser estimada de acuerdo con la última jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal que ha de prevalecer sobre pronunciamientos precedentes que se han de entender superados.

En efecto, la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2014, Recurso: 1315/2013 , al hablar del tema del recargo por mora manifiesta en sus fundamentos de derecho, lo siguiente: -'

TERCERO.- La doctrina tradicional de la Sala en torno al art. 29.3 ET .- El criterio que tradicionalmente ha mantenido la Sala IV, conjugando lo que disponen los arts. 1100 , 1101 y 1108 CC , siempre ha sido -efectivamente- que el recargo por mora al que se refiere el art. 29.3 ET únicamente cabe imponerlo cuando la realidad e importe de la retribución no satisfecha fuesen pacíficamente admitidos por las partes, esto es, cuando se trate de cantidades exigibles, vencidas y líquidas, sin que la procedencia o improcedencia de un abono se discuta por los litigantes, pues «cuando lo reclamado como principal es problemático y controvertido, queda excluida la mora en que podrían encontrar causa dichos intereses» [así, entre las que más recientemente habían tratado el tema, las SSTS 07/05/04 Ar. 4506 ; 27/09/04 Ar. 6329 ; 15/03/05 -rec. 4460/03 -; y 17/11/05 - rec. 290/05 ), por lo que ha de reconocerse sólo si la sentencia estima totalmente la reclamación salarial, pero no cuando -contrariamente- la estimación de la demanda es tan sólo parcial (así, STS 01/04/96 Ar. 2974; y ATS 10/06/02 Ar. 7801).



CUARTO.- Moderna postura en torno a los intereses de mora.- 1.- Pero esta doctrina, expresamente basada en criterios igualmente tradicionales de la Sala Primera en interpretación de los referidos preceptos del Código Civil, muy recientemente ha sido influenciada por planteamientos innovadores de la misma jurisprudencia civil, expresiva de que si «se pretende conceder al acreedor a quien se debe una cantidad una protección judicial completa de sus derechos, no basta con entregar aquello que, en su día, se le adeudaba, sino también lo que, en el momento en que se le entrega ..., porque si las cosas, incluso fungibles y dinerarias, son susceptibles de producir frutos -léase frutos civiles o intereses- no parece justo que los produzcan en favor de quien debió entregarlas ya con anterioridad a su verdadero dueño, es decir, al acreedor», y ésta es una conclusión apoyada por la «existencia de diversidad de grados de indeterminación de las deudas» y «la comprobación empírica de que los ... criterios tradicionales dejaban la aplicación de la sanción en manos del propio deudor, al que le bastaba con negar la deuda o discutir la cantidad reclamada para hacerla indeterminada», pero sobre todo por la consideración [ STS I 19/02/04 -rec.

941/98 -] de que «la sentencia no opera la creación de un derecho con carácter constitutivo, sino que lo tiene meramente declarativo, pues a través de la misma lo que se hace es declarar un derecho a la obtención de una cosa o cantidad que, con anterioridad a la resolución judicial, ya pertenecía y debía haberle sido atribuida al acreedor, y así, la completa satisfacción de los derechos del acreedor exige que se le abonen los intereses de tal suma, aun cuando fuese menor de la por él reclamada, desde el momento en que se procedió a su exigencia judicial» (así, la STS I 09/02/07 - rec. 4820/99 -, en línea con sus precedentes de 31/05/06 Ar. 3323 , 20/12/05 Ar. 286 , 30/11/05 Ar. 200679 , 03/06/05 - rec. 4719/98-, 15/04/05 Ar. 3242 y 05/04/05 -rec. 4206/98-, que rechazan todo automatismo en la aplicación del brocardo «in illiquidis non fit mora ».

2.- Tal moderno planteamiento de la Sala Primera ha sido también acogido por esta Sala IV, en diversas resoluciones. Así, en materia de daños y perjuicios derivados de AT, y refiriéndose al art. 1108 CC [ STS 30/01/2008-rcud 414/2007- FJ 7.1]; también en el caso de mejora voluntaria de IT y con idéntica aplicación del interés previsto en el art. 1108 CC [ STS 10/11/2010-rcud 3693/2009- FJ 4.2]; e igualmente en el supuesto de indemnización por despido, con idéntica limitación a los intereses del art. 1108 CC [ STS 23/01/2013-rcud 1119/2012- FJ 2]. Y en justificación de ello afirmábamos en estas últimas decisiones que «... esta flexibilidad aplicativa de la máxima tradicional, todavía con mayor rotundidad ha de tenerse en cuenta en el campo del Derecho del Trabajo, terreno en el que los principios sociales han de imperar todavía con más fuerza que en el Derecho Civil [lo que justificaría interpretaciones «matizadas» respecto de las que hubiera llevado a cabo la propia jurisdicción civil, aun a pesar de ser ésta la genuina intérprete de las disposiciones del Código], sino que los intereses en juego -afectantes a valores de singular trascendencia- imponen una interpretación pro operario, contraria al tradicional favor debitoris que informa la práctica civil. Y estas singularidades de nuestro Ordenamiento laboral justifican plenamente que en el ámbito de esta jurisdicción social, la interpretación de los arts. 1101 y 1108 CC atienda -incluso- a un mayor automatismo que el orden civil, de manera que la regla general en la materia ha de ser - supuestos exorbitantes aparte- la de que las deudas en favor del trabajador generan intereses a favor de éstos desde la interpelación judicial». Y con mayor motivo cuando con el interés de demora «no trata de conservar el valor nominal consignado en la resolución judicial [ STC 114/1992, de 14/septiembre ], sino de indemnizar al acreedor impagado el lucro cesante, dándole lo que hubiera podido obtener en circunstancias normales de la cantidad líquida que se le adeuda» [ STC 206/1993, de 22/junio ]' (citada STS SG 30/01/08 -rcud 414/07 - FJ 7.1).

3.- También hemos de señalar que en un concreto supuesto ya se extendió la doctrina -aplicación objetiva- de los intereses previstos en art. 1108 CC a los de demora contemplados en el art. 29.3 ET , tratándose -como es lógico- de estricta deuda salarial [ STS 29/06/12 -rcud 3739/11 - FJ 3.2]; y que con posterioridad, también en materia retributiva, se recordó nuevamente la moderna y flexible orientación ofrecida por la Sala Primera sobre la regla «in illiquidis», siquiera en el caso se justificó finalmente el abono del interés estatutario por considerar que no había sido razonable de la oposición del empresario, admitiendo la deuda pero alegando la prescripción -judicialmente rechazada- ( STS 08/02/10 -rcud 4353/08 -). Pero a la par hemos de reconocer que se excluyen los intereses estatutarios por la vía -más bien tradicional- de argumentar el «tortuoso» camino -conflicto colectivo- que llevó al reconocimiento del plus [ STS 29/04/13 -rcud 2554/12 -, FJ 3]; y a la misma solución se llegó igualmente en materia de horas extraordinarias en el sector de seguridad, por la «enorme litigiosidad» producida en cuestión tan «esencialmente controvertida» y determinante de dos sucesivos Conflictos Colectivos ( STS 18/06/13 -rcud 2741/12 -).



QUINTO.-Clarificación de la actual posición de la Sala.- A la vista de todo ello, singularmente las divergencias -más aparentes que reales- entre las sentencias que se han citado más arriba-, parece imprescindible aclarar la no tan rectilínea doctrina de la Sala. En el sentido de que: a).- No cabe duda que el interés referido por el art. 1108 CC tiene una naturaleza claramente indemnizatoria, lo que se pone de manifiesto en el hecho de que su importe se limite al legal del dinero, garantizando así la cuando menos legal -ya que no real- «actualización» del débito que haya de satisfacerse, fuese o no discutible su posible devengo.

Por el contrario, aparentemente, en el contexto económico actual -escasamente inflacionario y próximo a la deflación-, el interés fijado por el art. 29.3 ET [diez por ciento de lo adeudado] parece que apunta más directamente -o de forma complementaria- a una finalidad sancionadora para el empresario incumplidor. Pero lo cierto es que a la fecha en que el primitivo Estatuto de los Trabajadores fue promulgado, con el mismo texto que el vigente a fecha de hoy, los datos oficiales proclamaron una inflación considerablemente más alta [15,592 para 1979; y 15,213 % para 1980], aunque el interés legal del dinero fuese en las mismas fechas bastante menor [4%], lo que excluye que en el ánimo del legislador pudiera haber influido aquella intención «sancionadora», sino más bien ofrecer una cierta seguridad jurídica y una compensación por demora que superase la civil.

Es más, a esta interpretación llevan los trabajos parlamentarios, pues si bien el Proyecto de Ley era una simple remisión al régimen del Código Civil [«El interés por mora en el pago del salario será el exigible en las obligaciones civiles»], el texto ofrecido por el dictamen de la Comisión -con mejora de los derechos de los trabajadores, al decir de la enmienda 21 de CD- ya hacía referencia a que en caso de mora en el pago del salario «el empresario deberá indemnizar al trabajador» en la cantidad que se fijase en convenio colectivo o en su caso la jurisdicción competente, «que tendrá en cuenta el importe de la remuneración, cargas familiares y causas que hubieran motivado el retraso». Pero lo cierto es que el texto definitivamente aprobado -tras la enmienda 509 del PCE- fue la de establecer la cantidad fija del diez por ciento de lo adeudado, que es la consecuencia que en la actualidad sigue vigente.

b).- Por ello, de igual modo nuestra más reciente doctrina se inclina por la aplicación flexible del interés «indemnizatorio» del Código Civil como regla general en toda clase de deudas laborales, de manera tal que el mismo se devengue siempre desde la reclamación del débito, cualquiera que éste sea y siempre que haya prosperado [bien en todo o bien en parte], en la misma forma la convicción actual de la Sala es que tratándose de concretas deudas salariales la solución ofrecida por el legislador -ex art. 29.3 ET - ha de operar también de forma objetiva, sin tener en cuenta ni la posible razonabilidad de la oposición empresarial a su pago, ni que en los concretos periodos económicos esa cifra -diez por ciento- sea superior o inferior a la inflación. Y ello es así -consideramos-, tanto porque el mandato legal se expresa de forma imperativa y sin condicionamiento alguno [«El interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado»]; cuanto por el importante elemento interpretativo -ya aludido- que significan los trabajos parlamentarios previos «para desentrañar el alcance y sentido de las normas» [ SSTC 108/1986, de 29/Julio , FJ 13 ; 109/1998, de 29/Mayo , FJ 2 ; 15/2000, de 20/Enero, FJ 7 ; y 90/2009, de 20/Abril , FJ 6], en los que claramente se pone de manifiesto -en este sentido, la Enmienda 21, de CD- la intención de mejorar para los trabajadores el régimen civil común de la mora en el incumplimiento de las obligaciones, que contemplaba un interés legal más bajo que la inflación y que además se aplicaba con todas las limitaciones que ofrecía la interpretación tradicional de la regla «in illiquidis»; y muy probablemente se hizo así por atender a los valores en juego -la relevancia vital que el salario tiene para el trabajador- y por considerar que no sólo era aconsejable ofrecer seguridad jurídica, sino de alguna manera limitar controversias que pudieran comprometer el sustento del empleado.' La aplicación de la doctrina jurisprudencial expuesta conlleva, como ya se adelantó, la estimación del recurso y la revocación parcial de la sentencia de instancia en el sentido de condenar solidariamente a las entidades codemandadas al abono del interés del 10% anual en concepto de mora establecido en el art. 29.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores .

Fallo

Estimamos el Recurso de Suplicación interpuesto en nombre de D. Bernardo , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº. Seis de los de Alicante y su provincia, de fecha 29 de diciembre de 2015 , en virtud de demanda presentada a instancia del recurrente contra Radio Autonomía Valenciana, S.A., Ente Público Radiotelevisión Valenciana, Radio Televisión Valenciana S.A.U en liquidación., Comisión liquidación de Radiotelevisión Valenciana S.A.U. en liquidación, Televisión Autonómica Valenciana, S.A. y revocamos parcialmente la resolución recurrida en el sentido de condenar solidariamente a las demandadas al abono del 10% de interés anual por mora devengado por el importe de 7.424,78 euros, manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia de instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, indicando que contra la misma cabe recurso de Casación para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro del plazo de los DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación, mediante escrito dirigido a esta Sala, advirtiendo que quien no tenga la condición de trabajador, no sea beneficiario del sistema público de la Seguridad Social o no tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, deberá depositar la cantidad de 600'00 € en la cuenta que la Secretaría tiene abierta en el Banco de Santander, cuenta 4545 0000 35 3233 16. Asimismo, de existir condena dineraria, deberá efectuar en el mismo plazo la consignación correspondiente en dicha cuenta, indicando la clave 66 en lugar de la clave 35 . Transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será firme.

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN .- En València, a veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

En la fecha señalada ha sido leída la anterior sentencia por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente en audiencia pública, de lo que yo, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, doy fe.