Sentencia Social Nº 1966/...zo de 2013

Última revisión
29/11/2013

Sentencia Social Nº 1966/2013, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6790/2012 de 14 de Marzo de 2013

Relacionados:

Tiempo de lectura: 35 min

Orden: Social

Fecha: 14 de Marzo de 2013

Tribunal: TSJ Cataluña

Nº de sentencia: 1966/2013

Núm. Cendoj: 08019340012013101307


Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

RM

IL·LMA. SRA. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG

IL·LM. SR. FRANCISCO BOSCH SALAS

IL·LMA. SRA. LIDIA CASTELL VALLDOSERA

Barcelona, 14 de març de 2013

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 1966/2013

En el recurs de suplicació interposat per Eliseo a la sentència del Jutjat Social 2 Barcelona de data 18 de maig de 2012 dictada en el procediment núm. 1100/2011, en el qual s'ha recorregut contra la part AYUNTAMIENTO DE CALAF i FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA), ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. LIDIA CASTELL VALLDOSERA.

Antecedentes

PRIMER.En data 2 de desembre de 2011 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre recurs suplicació falta essencial procediment, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 18 de maig de 2012 , que contenia la decisió següent:

'Desestimo la excepción de inadecuación de procedimiento y estimo la excepción de incompetencia de jurisdicción al ser competente la contencioso- administrativa, desestimando la demanda interpuesta por Eliseo contra Ayuntamiento de Calaf y Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), absolviendo a la demandada de todos los pedimentos efectuados.'

SEGON.En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:

' PRIMERO.-Por decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Calaf de 22.01,1997 se contrató a Eliseo en su calidad de ingeniero técnico municipal al amparo del art. 57 de la Ley 13/1995 , de contratos de las administraciones públicas y de la cláusula 18 del pliego de condiciones administrativas generales aplicables a los contratos de consultoría, asistencia y servicios aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 1.09,1995. En el Decreto se especificaba que la prestación de servicios sería por un año prorrogable tácitamente si ninguna de las partes denunciaba la rescisión y por un precio de 600.000 pesetas anuales a pagar mensualmente previa la presentación de la factura (f. 76 a 79)

SEGUNDO,-El actor ha presentado mensualmente sus facturas desde 1997 a octubre de 2011, si bien es cierto que en los años 2006, 2007, 2008 y 2009 aunque era él mismo con sus datos identificativos el que giraba las facturas y se ingresaban en la cuenta abierta a su nombre, en el membrete de las mismas hacía constar 'Anoia Enginyeria'. A partir del mes de julio de 2003 el actor especifica en las facturas las horas de servicio prestadas cada mes

Año 2003: julio: 15 horas, agosto: 9 horas, octubre: 32 horas, noviembre: 18 horas, diciembre: 20 horas

Año 2004: febrero: 22 horas, abril: 22 horas, junio: 22 horas, julio: 29 horas, agosto: 12 horas, septiembre: 35 horas, octubre: 44 horas, noviembre: 48 horas

Año 2005: enero: 34,5 horas, febrero: 46,5 horas, marzo: 56 horas. abril. 48 horas, mayo 2005: 44 horas, junio: 51 horas, julio: 48 horas, agosto 58 horas, septiembre. 44 horas, octubre 48 horas, noviembre 2005: 72 horas, diciembre: 78 horas.

Año 2006: enero: 74 horas, febrero: 76 horas, marzo: 92 horas, abril: 76 horas, mayo: 85 horas, junio: 49 horas, julio: 84 horas, agosto: 92 horas, septiembre: 36 horas, diciembre: 68 horas

Año 2007: enero: 65 horas, marzo: 89 horas, abril: 71 horas, mayo: 75 horas, junio: 89 horas, julio: 22 horas, agosto: 93.75 horas, septiembre: 83,50 horas, octubre: 97 horas, noviembre: 94,75 horas (o 95 horas según la factura del mismo mes presentada (f. 1180, 1184), diciembre: 66,75 horas

Año 2008: enero: 101 horas, febrero 83,25, marzo, 76,75 horas, abril 103,50 euros, mayo 96,75 euros, junio 34,50, julio 123 horas, agosto: 91,50 horas, octubre: 117,50 euros, noviembre: 118 horas, diciembre 77,50

Año 2009: enero: 100,65 euros, febrero: 114,25 euros, marzo: 106 horas, abril: 103 horas, mayo: 107,25 horas, junio: 94,50 horas, julio: 109,50 horas, agosto: 145,50 horas, septiembre: 59,50 horas, octubre: 118 horas, noviembre: 118 horas, diciembre: 112,50 horas

Año 2010: enero: 79,50 horas, febrero: 102 horas, marzo: 136 horas, abril: 107,50 horas, mayo: 112 horas, junio: 98 horas, julio: 117 horas, agosto: 112 horas, septiembre: 109 horas, octubre: 92 horas, noviembre: 108,50 horas,

Año 2011: enero: 93 horas, febrero: 110 horas, marzo: 126 horas, abril: 91,80 horas, mayo: 99,50 horas, junio: 91,50 horas, julio: 77 horas, agosto: 93 horas, septiembre: 83 horas, octubre: 122,75 horas (f. 115, 125, 920 a 1282)

TERCERO.-La última factura que se ha pagado al actor ha sido la de octubre de 2011, no habiéndosele abonado facturas posteriores (desde noviembre) porque no han sido giradas hasta tres de días antes del presente juicio. Por las facturas de enero a octubre de 2011 ha percibido 28.540,20 euros (se excluye el importe de dos certificados de solidez del mes de abril). El actor incrementaba cada año el precio facturado según el IPC catalán. En los años 2010 y 2011 cobraba la hora de trabajo a 28,90 euros. Al actor se le paga por las horas realizadas por lo que es necesario cotejar los marcajes de sus entradas y salidas con las facturas aportadas. La fecha de cobro era el día 20 de cada mes hasta que el Sr. Eliseo solicitó que se le pagase el 15 de cada mes, cosa que se hace desde el año 2009. (f. 1239 a 1281, testifical Nieves , Segundo )

CUARTO.-Las actividades realizadas por el actor como ingeniero técnico (A2) eran las de informe y trámite de licencias de actividad, licencias de vado, licencias de ocupación vía pública, licencias de taxi, alegaciones a planes directores supramunicipales, informes sobre altas y bajas de tasas, informes de reclamación de daños por accidentes causados por terceros contra la propiedad municipal o por defecto de obras ejecutadas, informes de aprobaciones de planes de seguridad, aperturas de centro de trabajo, actas de replanteo de obras municipales, actas de final de obra, de devolución de avales, licencias de actos culturales y deportivos. Asimismo informaba las actuaciones realizadas por Aigües de Manresa y Aspwifi, S.L así como las relativas a solicitud de presupuestos de actuaciones como inspección del alumbrado público, calderas de gas y gasoil (hecho no controvertido)

QUINTO.-El Sr. Eliseo ha cobrado otras facturas en base a otros servicios prestados al Ayuntamiento por proyectos específicos tales como el proyecto ejecutivo y proyecto de seguridad y salud de la reforma de gradas del polideportivo municipal para instalar banquetas o el proyecto básico y ejecutivo de la Casa Bertrán. Por decreto de la Alcaldía 92/2010 de 8 de marzo se le adjudicó un contrato menor para la prestación de los servicios consistentes en la redacción de un proyecto técnico de la obra 'reforma i adaptació de les aules de BUP i de la sala d'actes per ubicar-hi l'Escola de Música', que fue modificado el 1.06.2010 a fin de que el actor asumiese el pago de los trabajos encargados a terceros profesionales o empresas, procediéndose a dictar Decreto de la Alcaldía 287/2010, de 29 de junio de adjudicación del referido contrato menor de prestación de servicios al Sr, Eliseo . El actor ha cobrado su minuta por la dirección de la obra de rehabilitación de las antiguas aulas de BUP para adaptarlas a la Escola Municipal de Música. (f. 916 a 919, 1204, 1221,1250, 1258, 1260, 1266, 1268, 1269, testifical Segundo )

SEXTO-El actor utiliza el sistema de huella dactilar para registrar sus entradas y salidas del Ayuntamiento, como el resto del personal, pero sus marcajes se pasan directamente por la responsable de RHH a Contabilidad para comprobar las facturas, no estando sujeto a control horario disciplinario (testifical Nieves , Candelaria )

SÉPTIMO-El personal del Ayuntamiento de Calaf tiene un horario de entrada diario por la mañana entre Tas 08:30 y las 0900 y salida sobre las 14:30- 15:00 horas y deben ir a trabajar dos tardes por semana de 1 00 a 2000 horas. En los servicios técnicos del Ayuntamiento de Calaf, en relación a los cuales presta sus servicios el actor, Fermina , arquitecto técnico laboral presta servicios de 9:00 a 15:00 por las mañanas y dos tardes por semana de 17:00 a 20:00 horas, la arquitecta, que es autónoma, va los lunes por la mañana y los miércoles por la mañana y tarde, Ezequias , que es personal laboral, va de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00, y Adelaida , la técnico de urbanismo, de 08:00 a 13:00 horas. El actor ha venido iba al Ayuntamiento los martes y miércoles por la mañana y por la tarde, y según resulta de los marcajes horarios aportados desde 1.01.2008 solía acudir otros días a prestar servicios, como los lunes y los viernes, días éstos en los que acudía o bien por la mañana o bien por la tarde según consta en los marcajes, no acudiendo todos los lunes y viernes de cada semana. Si al actor no le iba bien acudir esos días acudía otros e incluso si se ha tenido que ausentar para ir a sus reuniones como regidor del Ayuntamiento de Vilanova del Camí, lo ha hecho sin problemas. Las horas de entrada y salidas no son siempre las mismas (f. 884 a 907, testifical Nieves )

OCTAVO.-El personal (laboral y funcionarial) de los servicios técnicos se coordina en vacaciones para que siempre haya alguien que pueda atender el departamento, cuadrando sus vacaciones en función de lo que haga el personal externo, y es el regidor de territorio Sr. Segundo el que las valida (f. 220 a 222, testifical Adelaida , Segundo )

NOVENO.-El actor acude a las reuniones de coordinación que el regidor de territorio Sr. Segundo tiene con los servicios técnicos. El actor no recibe órdenes técnicas del Sr. Segundo pero comentan algunos asuntos. El actor tramita expedientes en su integridad y ha hecho proyectos conjuntos con la arquitecto técnica Sra. Fermina (testifical Fermina , Segundo ,)

DÉCIMO.- El Sr. Eliseo no tiene correo diba.cat como el personal laboral y funcionarial del Ayuntamiento pero comparte espacio de trabajo con el personal de los servicios técnicos, y tiene una extensión de teléfono. Tiene acceso al servidor pero no tiene una carpeta a su nombre aunque sí la tiene en la fotocopiadora. El actor recibía los correos de las cenas de Navidad del Ayuntamiento y cenas del personal que presta allí sus servicios (f. 227 a 240, 270, 280 testifical Nieves , Fermina , Adelaida )

UNDÉCIMO.-El actor no ha cursado nunca bajas médicas ni ha justificado sus ausencias ante el Ayuntamiento. Tampoco ha solicitado días de asuntos propios ni licencias ni la compatibilidad con la actividad de regidor (f. 915, testifical Candelaria )

DUODÉCIMO.-En noviembre de 2011 el Ayuntamiento propuso al actor reducir las horas de servicios en un 25% y sus retribuciones en un 5%. Desde ese momento el actor ha disminuido sus horas de presencia en el Ayuntamiento acudiendo sólo los martes y miércoles por la mañana y tarde pero al no haber presentado facturas hasta tres días antes del acto de juicio todavía no han sido revisadas en contabilidad ni pagadas (f. 884 a 907, testifical Segundo )

DECIMOTERCERO.-El actor y su esposa constituyeron DIRECCION000 CB con el fin de arrendar bienes muebles e inmuebles de los comuneros. Esta comunidad ha tenido actividad en el año 2007 a 2011(f. 642 a 644, 706 a 826)'

TERCER.Contra aquesta sentència la part actora, Eliseo , va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària la qual el va impugnar, Ayuntamiento de Calaf. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.


Fundamentos

PRIMER.-Enfront la Sentència d'instància, que declarà la incompetència d'aquesta jurisdicció per entendre de la demanda interposada per la part actora, s'interposa per aquesta Recurs de Suplicació.

La sentència fonamenta la decisió en que la relació que unia a les parts no era laboral, sinó una relació administrativa, atès que les parts van subscriure un contracte administratiu de prestació de serveis per l'Ajuntament, emparat en l' art. 57 a Llei 13/1995 , de contractes de les Administracions Públiques, vigent en el moment en que es signà el citat contracte, el qual no va ser impugnat ni es va al.legar que hagués finalitzat, per la qual cosa entén que la jurisdicció competent per examinar el present litigi és la contenciós administrativa.

En el primer motiu del Recurs, correctament emparat en l'apartat a) de l' art. 193 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , el recurrent postula la nul.litat de la sentència, de forma subsidiària al tercer motiu, atès que entén que la nul.litat s'hauria de dictar a l'emparament de l'apartat c) del citat precepte, raonament que la Sala comparteix, per la qual cosa el motiu ha de ser desestimat, atès que s'examinarà posteriorment.

SEGON.-En el segon motiu del recurs, també correctament emparat, ara en l'apartat b) de l' art. 193 de la LRJS es demana la modificació del relat fàctic de la sentència i s'afirma que la citada modificació es pot fonamentar en qualsevol mitjà de prova, a diferència del que estableix l'article 193 de la llei abans citada, atès que en un supòsit com el present, en que es tracta d'examinar si la Jurisdicció Social és competent per entendre del present litigi, la Sala pot examinar la totalitat de la prova, sense cap tipus de limitació.

Certament, en supòsits com el present en que es tracta de dilucidar la competència de la jurisdicció social, la Sala no està limitada per examinar el relat fàctic de la sentència i té plena competència per revisar la totalitat de la prova, per la qual cosa, tenint en compte aquesta facultat, s'entrarà seguidament a examinar el motiu.

En primer lloc es pretén la modificació del fet provat sisè, en el sentit de que es suprimeixi l'última frase que diu: '.... no estando sujeto a control disciplinario'. Es fonamenta la modificació en la prova testifical. La Sala ha de desestimar la citada modificació, atès que el que es pretén suprimir no consta en les citades declaracions testificals.

En segon lloc es demana la modificació del fet provat vuitè, en el sentit de que s'hi afegeixi la redacció següent: 'El actor entrega a éste la misma solicitud de vacaciones que el resto del personal de los servicios técnicos'. Fonamenten la pretensió en la prova testifical. S'ha d'estimar la pretensió, perquè és cert el que es vol afegir i pot tenir transcendència per a la modificació de la decisió.

Seguidament es demana la modificació del fet provat novè, en el sentit de que s'hi afegeixi que el Sr. Segundo ordena el treball del demandant. De nou es fonamenta la pretensió en la prova testifical de la Sra. Fermina . La pretensió ha de ser desestimada, perquè de la prova testifical de la citada Sra. no es pot deduir el que es pretén afegir, encara que sí que s'ha d'afegir que coordinar el treball del Gabinet Tècnic.

Seguidament es demana s'afegeixi al relat fàctic de la sentència tres nous fets provats, que serien el catorzè, quinzè i setzè, pels quals es proposa la redacció següent:

'Catorzè. El actor, entre otras funciones, ha formalizado, como representante del Ayuntamiento, un contrato de mantenimiento con la empresa STARFOC, S.L., en fecha 25 de mayo de 2011'. Es fonamenta en el document que es troba al foli 267. És cert el que es vol afegir, per la qual cosa la modificació ha de ser estimada.

'Quinzè. El actor sustituía en sus funciones a Fermina , arquitecta técnico del Ayuntamiento y personal laboral, cuando esta trabajadora no estaba'. Es fonamenta en el document que es troba al foli 266, així com en el testimoni de la Sra. Fermina . La modificació ha de ser estimada, perquè és cert el que es vol afegir i pot tenir transcendència per a la modificació de la decisió de la resolució impugnada.

'Setzè. El actor presentó la factura de enero de 2012 en la que factura las horas en las que tuvo que acudir como testigo a un procedimiento'. Es fonamenta l'addicció en el document que es troba al foli 93 de les actuacions. També s'ha d'estimar la citada addicció perquè podria tenir transcendència en ordre a modificar la decisió de la sentència recorreguda i consta clarament en el citat document el que es vol afegir.

TERCER.-En el tercer motiu del recurs, correctament emparat en l'apartat c) de l' art. 193 de la LRJS es denuncia la infracció, per inaplicació, dels articles 1 i 2 de la Llei de Procediment Laboral , en relació amb l'art. 1.1. de l'Estatut dels Treballadors, així com aplicació errònia de l'art. 1.3 del citat Estatut, en relació amb la jurisprudència del Tribunal suprem, citant les sentències de 2.2.1998 , 29.9.1998 i 20.6.2007 .

Argumenta el recurrent que el que s'impugna no és el contracte administratiu en sí (que podia formalitzar-se en el moment en que es va signar), sinó que en realitat el citat contracte encobreix una relació laboral i això perquè els treballs que des del primer moment ha realitzat l'actor eren els treballs propis de l'administració i en tot cas el que havia de valorar la magistrada era si existien els trets característiques de la relació laboral, és a dir, el treball per compte aliena i la dependència, per decidir si existia o no relació laboral, per la qual cosa es sol.licita es declari la nul.litat de la sentència d'instància, per no entrar a analitzar el fons de l'assumpte.

Això no obstant, a efectes d'economia processal, entén el recurrent que existeixen elements suficients per a que la Sala entri a valorar el fons de l'assumpte i pugui resoldre la reclamació plantejada i argumenta que en el present cas es clara la relació laboral, atès que l'actor realitzava les funciones que portava a terme l'arquitecta tècnica, quan aquesta es trobava de vacances, assumia competències publiques com representant de l'Ajuntament en la formalització d'un contracte d'assistència amb una empresa privada, el seu horari estava controlat. perquè havia de marcar, tenia l'obligació de treballar dues tardes per setmana, malgrat que la resta de l'horari fos flexible i la jornada a temps parcial, la retribució estava fixada per hora de treball, havia de demanar les vacances d'acord amb la resta de personal, treballava en els locals de l'Ajuntament i amb els seus mitjans, per la qual cosa entén que s'hauria de declarar l'existència de relació laboral i il.lícita la reducció de jornada del 25% i de la retribució del 5%, decidida per l'ajuntament demandat.

Atès que en el present recurs s'està discutint la competència de la jurisdicció social per entendre del plet, ja que la sentència d'instància ha decidit que no hi ha relació laboral i que, per tant, aquesta Jurisdicció no és competent per entendre del litigi, la Sala pot examinar la totalitat de les proves aportades per les parts, tal com abans s'ha dit.

Entrant a l'examen del motiu, cal posar de relleu que les notes que defineixin la relació laboral estan recollides en l'article 1.1. de l'Estatut dels Treballadors, l'anàlisi del qual posa de manifest -com per altra banda ha proclamat la doctrina de manera unànime des de fa ja molts anys- que la relació laboral es caracteritza perquè entre les parts hi ha una prestació de serveis, que ha de reunir les notes següents: Voluntària, per compte d'altri, personal, retribuïda i dependent.

Tal com va posar de relleu aquesta Sala en les sentències de dates 22.3.2006 , 15.3.2007 i 30.1.2008 (R. 8441/05 , 205/07 i 6982/07 ), la jurisprudència i la doctrina s'han ocupat, reiteradament, de cercar i especificar les circumstàncies que delimiten la prestació laboral i la diferencien d'altres prestacions amb les quals de vegades es pot confondre, com son l'arrendament de serveis, el contracte d'agència, la relació administrativa, etc.

El Tribunal Suprem ha posat de relleu constantment i només cal citar la Sentència de 9 de desembre de 2.004 , que recorda les d'11 de desembre de 1989 i de 29 de desembre de 1999 , que la qualificació dels contractes no depèn de com hagin estat denominats per les parts contractants, sinó de la configuració efectiva de les obligacions assumides en l'acord contractual i en les prestacions que constitueixen el seu objecte.

Tal com posa de relleu la sentència del Tribunal Suprem de 7.6.1986 , tant la dependència com el treball per compte d'un tercer son conceptes d'un nivell d'abstracció bastant elevat, que es poden manifestar de diferent manera segons les activitats i les maneres de producció i que, a més, encara que els seus contorns no coincideixin exactament, guarden entre si una estreta relació. És per això que en la resolució dels casos litigiosos s'hagi d'acudir força sovint, per identificar aquestes notes del contracte de treball, a un conjunt d'indicis o fets indiciaris d'una i altra. Aquests indicis son algunes vegades comuns a tots els treballs en general i d'altres vegades específics de certes activitats laborals o professionals.

Els indicis comuns de dependència més habituals en la doctrina jurisprudencial son segurament l'assistència al centre de treball de l'empresari o al lloc de treball designat per aquest i l'estar sotmès a un horari concret. També s'utilitzen com a fets indiciaris de dependència, entre altres, el desenvolupament personal del treball ( STS de 23 d'octubre de 1989 ), compatible en determinats serveis amb un règim excepcional de suplències o substitucions ( STS de 20 de setembre de 1995 ); la inserció del treballador en l'organització de treball de l'empresari, que s'encarrega de programar la seva activitat ( STS de 8 d'octubre de 1992 , STS de 22 de abril de 1996 i) i per contra, l'absència d'organització empresarial pròpia del treballador.

QUART.-Per resoldre el cas a debat s'haurà de veure, doncs, si es donen aquests caràcters en la relació entre les parts.

En primer lloc cal posar de relleu, tal com afirma el recurrent, que és indiferent que l'actor hagués signat un contracte administratiu amb el demandant en data 22.1.1997, sota l'emparament de l' article 57 de la Llei 13/1995, de Contractes de l'Administració Pública , que segons afirma la magistrada era correcte en el moment de la signatura, atès que en tot cas, tal com ha posat de relleu el Tribunal Suprem en les sentències citades pel recurrent, el que s'haurà de valorar són les circumstàncies en que es realitzava el treball, per tal d'esbrinar si aquest reunia o no les característiques de la relació laboral. Així es posa de relleu tant en la STS de data 29 de setembre de 1998 , 25 de maig de 2006 i 20 de juny de 2007 , entre d'altres. En aquesta última s'assenyala el següent:

'Ciertamente, como señala la sentencia de esta Sala de fecha 19 de mayo de 2005 (rec. 2464/2004 ) -antes citada- en doctrina unificada a la que ha de estarse, por un elemental principio de seguridad jurídica ( art. 9 CE ), en cuyo recurso se denunciada la infracción del art. 1.3.a) del Estatuto de los Trabajadores , en relación con lo previsto en el art. 7 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas , aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio en relación con los arts. 196 y 200 del mismo texto legal , en relación con lo previsto en el art. 2 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa , de 13 de julio de 1998 , y ello sobre el argumento de que el Estatuto de los Trabajadores en el precepto citado excluye de la calificación de laboral relaciones de servicio cuando las mismas se regulen al amparo de una Ley por normas administrativas o estatutarias, de forma que, a juicio del recurrente estaríamos ante un contrato de carácter docente concertado al amparo de lo dispuesto en los art. 196 y 200 de la Ley reguladora de la contratación administrativa citada del año 2000: ' Se plantea en estos autos una problemática que ha sido tradicional en la doctrina jurisprudencial anterior al nuevo texto legal regulador de la contratación administrativa hasta del año 2000 acerca de la distinción entre lo que es un contrato laboral y un contrato administrativo.

Para el estudio de esta importante cuestión hay que partir del principio establecido en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública en la que se dispuso de forma palatina que 'a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley no podrán celebrarse por las Administraciones Públicas contratos de colaboración temporal en régimen de derecho administrativo', a lo que añadió que 'los contratos a celebrar excepcionalmente por las Administraciones públicas con personal para la realización de trabajos específicos y concretos no habituales se someterán a la Ley de contratos del Estado', con lo que se pretendió eliminar la posibilidad antes permitida por el art. 6 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 de que la Administración pudiera contratar trabajadores a su servicio por la vía de la contratación administrativa, habiendo sido desarrollada esta Ley en el aspecto concreto de la realización de trabajos específicos por el RD 1465/1985, de 17 de julio.

No obstante aquella prohibición general, se planteó siempre el problema acerca de si las distintas Administraciones Públicas podían contratar personal a su servicio por la vía de la contratación administrativa al amparo de la excepción prevista en aquella Ley para la Reforma de la Función Pública, y posteriormente en Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que en su versión original del año 1995 - Ley 13/1995, de 18 de mayo - en cuanto que ésta preveía como posible la contratación por parte de las Administraciones Públicas de los trabajos 'de consultoría y asistencia, los de servicios y los trabajos específicos y concretos no habituales que celebre la Administración' conforme al detalle establecido en los arts 197 y sgs de aquella disposición legal.

3. El problema se planteó tradicionalmente en la distinción entre lo que pudiera entenderse por 'trabajos específicos y concretos no habituales' que excepcionalmente podía llevar a cabo la Administración cuando para realizarlos contrataba personas individuales, y lo que era un contrato de trabajo, puesto que aquellos trabajos podían confundirse con los que podían realizar personas individuales en régimen de contratación laboral. En relación con ello, y para distinguir entre los contratos administrativos y los laborales, esta Sala en una sentencia de Sala General de 2-2-1998 ( Rec.- 575/1997 ), contemplando lo dicho en las disposiciones administrativas antes referidas, después de reconocer la dificultad en la delimitación de los ámbitos administrativo y laboral en esta materia, estableció que en la normativa administrativa lo que estaba previendo era la contratación con carácter administrativo para la posibilidad de llevar a cabo un 'trabajo de tipo excepcional, pues su objeto no es una prestación de trabajo como tal sino un 'trabajo específico', es decir, un producto delimitado de la actividad humana y no una actividad en sí misma independiente del resultado final'; habiendo incidido en esta idea posteriores sentencias de esta misma Sala como las de 13-7-98 ( Rec.- 4336/97 ), 15-9-98 ( Rec.- 3453/97 ), 9-10-98 ( Rec.- 3685/97 ), 4-12-1998 (Rec.- 598/98 ) 21-1-99 (Rec.- 3890/97 ), 18-2-99 ( Rec.- 5165/98 ), 3-6-99 ( Rec.- 2466/98 ) o 29-9-99 ( Rec.- 4985/98 ) entre otras, en las que se estableció con mayor precisión que 'la naturaleza materialmente laboral de la prestación de servicios realizada, cuando presenta las notas típicas de ajeneidad y dependencia, y tiene carácter retribuido, no puede desvirtuarse por la calificación meramente formal del contrato como administrativo en virtud del artículo 1.3.a) del Estatuto de los Trabajadores en relación con la disposición adicional 4ª.2 de la Ley 30/1984 y con los Reales Decretos 1465/1985 y 2357/1985. Ello es así porque la procedencia de esta contratación administrativa queda condicionada a la concurrencia del presupuesto que la habilita, es decir, a que se refiera 'a la realización de un trabajo específico, concreto y no habitual, lo que, como señala la sentencia de contraste, exige que lo contratado sea 'un producto delimitado de la actividad humana y no esa actividad en sí misma independientemente del resultado final de la misma', añadiendo que 'el contrato regulado en estas normas pertenece al tipo de contrato de obra, cuyo objeto presenta las características mencionadas, y tal tipo de contrato no concurre cuando lo que se contrata no es un producto específico que pueda ser individualizado de la prestación de trabajo que lo produce - un estudio, un proyecto, un dictamen profesional, como precisaba el art. 6.1 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles -, sino una actividad en sí misma y esto es lo que sucede en el presente caso, en que lo que se ha contratado no es ninguna obra o resultado que pueda objetivarse sino la actividad de la actora como profesora que se ha prestado, como no podía ser menos, bajo la dirección y control de los órganos competentes de la administración...' Se trata, por otra parte, de una interpretación congruente con lo que, en sentido contrario, se ha mantenido respecto de los nombramientos de funcionarios interinos que reclamaban la condición de laborales, en distinción sólidamente argumentada con la sentencia de esta Sala de 20-10-98 ( Rec.- 3321/97 ), también dictada en Sala General.

La interpretación de la Sala, a partir de aquella posibilidad de contratación de personas por parte de las administraciones para trabajos 'específicos y concretos' previstos tanto en la Ley 30/84, y decretos de desarrollo de la misma, como en la Ley 13/1995, se recondujo en realidad a hacer posible la contratación de lo que en términos tradicionales se denominaba 'arrendamiento de obras' aun cuando dentro de tal denominación pudieran incluirse no solo las obras físicas sino también las obras resultado de una actividad intelectual, o, como se dijo en sentencia citada más arriba 'un producto delimitado de la actividad humana' y no esa misma actividad en sí mismo considerada, en cuanto que esa contratación, llevada acabo con retribución y con dependencia es lo que constituye el objeto del moderno contrato de trabajo conforme a lo dispuesto en el art. 1 del Estatuto de los Trabajadores .

4. La legislación acerca de la posible contratación de personas par realizar obras o servicios por parte de la Administración no ha sido modificada en lo que afecta a la normativa sobre contratación personal, pero sí que ha sido modificada en lo que se refiere el régimen administrativo de la contratación. En este sentido, la Ley 13/1995 fue modificada por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre , en la que, curiosamente, se suprimió la posibilidad de celebración de 'contratos para la realización de trabajos específicos y concretos no habituales' que antes figuraba como una posibilidad de contratación administrativa en el apartado 4 del art. 197 en el texto de 1995 , y dicha supresión se ha mantenido en el Texto Refundido vigente de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas , aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Ante esta situación no solo procede mantener la tesis de la Sala sino que la misma queda reforzada en tanto en cuanto puede afirmarse que la contratación administrativa ya no ha previsto la posibilidad de una contratación de actividades de trabajo en sí misma consideradas sino sólo en atención a la finalidad o resultado perseguido'.

CINQUÈ.-Doncs be, entrant a examinar les circumstàncies en que el demandant prestava els seus serveis, queda clarament acreditat, al nostre judici, que el demandant, encara que fos contractat sota la formalitat d'un contracte administratiu, en realitat el que se li demanava no era un resultat, sinó que desenvolupés la seva activitat com enginyer tècnic municipal, realitzant les feines habituals i específiques de l'ajuntament i sota la dependència del citat Ajuntament. En efecte:

1) L'actor realitzava les feines que es relacionen en el fet provat quart, que són les específiques d'un ajuntament, sense que tinguin cap especificitat. A més, ja consta en el fet provat cinquè que quan l'actor realitzava altres projectes específics els cobrava en altres factures.

2) A més, l'actor estava integrat en els serveis tècnics de l'ajuntament demandat i substituïa a la Sra. Fermina , que té la condició de personal laboral, quan aquesta realitzava les seves vacances i era el regidor de territori el que les validava (fet provat vuitè).

2) El demandant, encara que realitzava una jornada a temps parcial i tenia possibilitat d'adaptar el seu horari laboral, havia d'acudir obligatòriament a les reunions amb el citat regidor, els dimecres i, a més, estava obligat a fixar quan entrava i sortia de la feina. És cert que el seu horari era flexible, però aquest fet no desvirtua l'obligació d'anar a la feina en unes hores determinades.

3) El demandant tramitava els expedients en la seva integritat, i ha realitzat projectes conjunts amb la Sra. Fermina , sota la coordinació del regidor Sr. Segundo . És a dir, estava inclòs dins de l'organització i direcció del demandat.

4) Les feines es realitzaven sempre en les oficines de l'Ajuntament, compartint espai amb el personal dels serveis tècnics i utilitzant els seus mitjans materials i, a més, tenia a la seva disposició un telèfon i un ordinador.

5) Pel que fa a la retribució, es va fixar d'acord amb el que es va convenir en el moment de signar el contracte administratiu i s'abonava per hores realitzades, amb l'augment anual de l'IPC català. No existia, en conseqüència, un pagament per obra realitzada, sinó que el que es pagava era el temps de prestació de serveis, forma de pagament que està recollida en l' article 26.3 de l'ET . És cert que per poder cobrar la retribució acordada, el demandant expedia una factura, però aquesta circumstància no desvirtua el fet del pagament per la tasca realitzada. També ho és que només cobrava els dies efectivament treballats, però aquest fet no implica necessàriament que no es tractés d'una relació laboral. D'altra banda, res té a veure en relació a si existia o no una relació laboral, que la seva retribució pel sistema abans assenyalat fos superior a la que establia el conveni col.lectiu d'aplicació entre les parts, perquè és evident que les parts podien pactar una retribució superior pagada per hores atès que -com hem dit abans- aquest tipus de retribució està prevista a l'ET.

6) L'actor va signar algun contracte en representació de l'Ajuntament.

Així doncs, valorant la totalitat de les circumstàncies abans citades, s'ha d'arribar a la conclusió de que la relació que l'actor manté amb l'Ajuntament demandant és de naturalesa laboral, perquè la prestació de serveis reunia, a judici de la Sala, totes les notes que caracteritzen la relació laboral, tal com afirma l'actor, motiu pel qual la sentència ha infringit l' article 1.1. de l'ET i haurà de ser revocada.

En efecte, no hi ha dubte de que l'actor prestava un treball personal i voluntari. D'altra banda, es tractava d'un treball retribuït, atès que cobrava mensualment la quantitat que les parts havien pactat i aquest pagament es feia, tal com assenyalen correctament les recurrents, per hora de treball. Ara bé, també és cert que aquestes tres característiques no diferencien el contracte de treball d'un contracte de prestació de serveis. S'haurà d'analitzar seguidament, doncs, si l'actor treballava sota la dependència del demandant i la resposta és afirmativa perquè: a) els fruits del seu treball entraven directament a ser propietat de l'Ajuntament i no d'ell mateix i b) perquè cal tenir en compte que el demandant treballa sota les ordres de l'Ajuntament, que és qui li diu quins informes havia de realitzar isota quins criteris, sota la coordinació d'un regidor de l'Ajuntament. D'altra banda, les eines que utilitzava i el material també eren propietat de l'Ajuntament, així com el lloc en que prestava els citats serveis, per la qual cosa és evident que existia una directa dependència del treballador amb l'empresa. És cert que tenia una certa llibertat pel que fa a la jornada laboral, però aquest fet puntual no obsta a que la dependència existís.

SISÈ.-Així doncs, com hem dit abans, el motiu s'ha d'estimar i s'ha de revocar la sentència d'instància, declarant que la relació jurídica que lligava a les parts era de naturalesa laboral i que, en conseqüència, aquesta jurisdicció és competent per entendre de la demanda interposada per l'actor en reclamació per modificació substancial de les condicions de treball, la qual cosa comporta que s'hagin de retornar les actuacions al jutjat d'instància amb la finalitat de que aquest, una vegada desestimada l'excepció d'incompetència de jurisdicció, entri a resoldre el fons de l'assumpte, amb plena llibertat de judici.

VISTOS els preceptes legals citats, els concordants i la resta de disposicions de general i pertinent aplicació,

Fallo

Que hem d'estimar i estimem el Recurs de Suplicació interposat pel Don. Eliseo contra la Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 2 de Barcelona, en data 18 de maig de 2012 , que va recaure en les Actuacions 1100/2011, en virtut de demanda presentada per l'esmentat Sr. contra l'AJUNTAMENT DE CALAF i el FONS DE GARANTIA SALARIAL, en reclamació de modificació substancial de condicions de treball i, per tant, hem de revocar i revoquem l'esmentada resolució, retornant les actuacions al jutjat d'instància amb la finalitat de que aquest, una vegada desestimada l'excepció d'incompetència de jurisdicció, entri a resoldre el fons de l'assumpte, amb plena llibertat de judici.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social .

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social, o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l' article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , consignarà com dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el Banc Espanyol de Crèdit -BANESTO-, en l'Oficina núm 2015 situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, n° 0965 0000 66, afegint a continuació els números indicatius del recurs en aquest Tribunal.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , quan així procedeixi, s'efectuarà en el compte que aquesta Sala té obert en l'oficina bancària esmentada al paràgraf anterior, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació els números indicatius del Recurs en aquest Tribunal, i havent d'acreditar que s'ha fet efectiva al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ.Avui, la Magistrada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.


Fórmate con Colex en esta materia. Ver libros relacionados.