Sentencia SOCIAL Nº 25/2018, Juzgado de lo Social - Zamora, Sección 2, Rec 410/2017 de 29 de Enero de 2018

Encabezamiento

JDO. DE LO SOCIAL N. 2

ZAMORA

SENTENCIA: 00025/2018

C/ RIEGO, Nº 5, 4ª PLANTA

Tfno:980 55 94 95

Fax:980 55 94 98

Equipo/usuario: MGP

NIG:49275 44 4 2017 0000831

Modelo: N02700

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000410 /2017

Procedimiento origen: /

Sobre: DESPIDO

DEMANDANTE/S D/ña: Hortensia

ABOGADO/A:

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:RAUL GANCEDO CARBALLO

DEMANDADO/S D/ña:ADMINISTRACION CONCURSAL DE VALDESPINO INGENIERIA CONSULTING, S.L.U., FOGASA , INZAMAC DESARROLLO E INNOVACIONES CONSTRUCTIVAS, S.L. , INZAMAC LABORATORIO AGROALIMENTARIO, S.L.U. , INZAMAC SOLUCIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA S L , VALDESPINO INGENIERIA CONSULTING, S.L.U.

ABOGADO/A:, LETRADO DE FOGASA , , , ,

PROCURADOR:, , , , ,

GRADUADO/A SOCIAL:, , , , ,

SENTENCIA Nº 25/2018

En Zamora, a veintinueve de enero de dos mil dieciocho.

Dª MARÍA DEL PILAR MORATA ESCALONA, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social nº 2 de Zamora, tras haber visto los presentes autos sobre extinción de contrato y reclamación de cantidad 410/17 entre partes, de una y como demandante DOÑA Hortensia , representada por el Letrado Sr. Paiva Viñas, y de otra como demandados VALDESPINO INGENIERIA Y CONSULTING S.L. (anteriormente INZAMAC ASISTENCIAS TÉCNICAS S.L.), INZAMAC LABORATORIO AGROALIMENTARIO S.L., INZAMAC SOLUCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA S.L., INZAMAC DESARROLLO E INNOVACIONES CONSTRUCTIVAS S.L., ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE VALDESPINO INGENIERIA Y CONSULTING S.L., 'LENER ADMINISTRACIONES CONCURSALES S.L.', y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, que no han comparecido al acto del juicio a pesar de haber sido citadas en legal forma.

Antecedentes

ÚNICO.-Turnada la demanda por extinción de contrato y reclamación de cantidad a este Juzgado de lo Social en fecha 22/09/2017 se admitió a trámite la misma dándose traslado a los demandados y citando a las partes para la celebración del correspondiente juicio oral, y en su caso previo acto de conciliación judicial, que tuvo lugar en fecha 18/12/2017, compareciendo las partes relacionadas en el acta levantada al efecto y solicitando sentencia de acuerdo a sus intereses, practicándose las pruebas que fueron declaradas pertinentes; acordada la práctica de diligencia final en el sentido que obra en autos, quedaron los autos para el dictado de sentencia por diligencia de fecha 22/01/2018.

Hechos

PRIMERO.-La demandante, mayor de edad y cuyas circunstancias personales obran en su demanda, ha venido prestando servicios para la entidad VALDESPINO INGENIERIA Y CONSULTING S.L. (anterior INZAMAC ASISTENCIAS TÉCNICAS S.L.), desde el 01/07/1999, categoría profesional de Administrativo (Grupo 3.1), y percibiendo un salario diario de 37,26 euros con inclusión de la prorrata de pagas extras.

SEGUNDO.-En el momento de la presentación de la demanda por extinción, a la trabajadora se le adeudaban 8881,36 euros correspondientes al siguiente desglose:

1.- 600 euros por parte de la paga extraordinaria de navidad de 2015.

2.- 842,88 euros netos por los salarios de marzo de 2016.

3.- 842,88 euros netos por los salarios de abril de 2016.

4.- 842,88 euros netos por los salarios de mayo de 2016.

5.- 842,88 euros netos por los salarios de junio de 2016.

6.- 600 euros de diferencias por la extra de verano de 2016.

7.- 600 euros de diferencias por la extra de navidad de 2016.

8.- 842,88 euros por los salarios de febrero de 2017.

9.- 600 euros por las diferencias de la extra de verano de 2017.

10.- 942,88 euros netos por los salarios de julio de 2017.

11.- 942,88 euros netos por los salarios de agosto de 2017.

12.- 381,20 euros por las dietas de los meses de febrero (130,99 euros), julio (123,68 y agosto (126,53 euros), todos ellos relativos a 2017.

TERCERO.-Por este Juzgado se ha dictado sentencia que ha adquirido firmeza en autos PO 44/17 en el que se condena solidariamente a las codemandadas en base a los siguientes hechos probados:

'SEXTO.- En acuerdo de la Junta Universal de la mercantil de 29/12/2016 INZAMAC ASISTENCIAS TÉCNICAS SLU se acordó la escisión parcial de dicha sociedad, sin desaparecer la matriz, traspasando en bloque por sucesión universal una parte de su patrimonio (compuesta por tres ramas de su actividad que constituyen unidades económicas,), respectivamente, a las sociedades, INZAMAC LABORATORIO AGROALIMENTARIO S.L.U., INZAMAC SOCUCIONES DE EFICIENCIA ENERÉTIVA S.L.U. e INZAMAC DESARROLLO E INNOVACIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U, sociedades de nueva constitución, recibiendo el socio único la totalidad de las participaciones de las respectivas sociedades beneficiarias de la escisión, acuerdo elevado a público en escritura de fecha 6 de febrero de 2017, cuyo tenor obra en autos y se da por reproducido, y publicado en el BORME de 2/3/2017.

SÉPTIMO.- INZAMAC ASISTENCIAS TÉCNICAS S.L.U. se constituyó en escritura de 6/5/1998 con domicilio en Zamora, carretera de la Hiniesta 118, y cuyo objeto social es la realización de trabajos, servicios y asistencias técnicas en materias como topografía, geotecnia, metrología y calidad, figurando en la escritura de escisión que su administrador único es CHAGUACEDA SOCIEDAD DE GESTIÓN S.L., actuando en su calidad de persona física designada por ella Don Gerardo . La empresa pasó a adoptar la forma de S.L., y posteriormente cambió de denominación, pasando a llamarse VALDESPINO INGENIERIA Y CONSULTING S.L. (BORME de 2/3/2017).

OCTAVO- INZAMAC DESARROLLO E INNOVACIONES CONSTRUCTIVAS se constituyó con el socio único GRUPO INZAMAC S.L., cuyo administrador es CHAGUACEDA SOCIEDAD DE GESTIÓN S.L., y su representante persona física Don Gerardo (BORME 2/3/2017). INZAMAC LABORATORIO AGROALIMENTARIO S.L. se constituyó con el socio único GURPO INZAMAC S.L., siendo su administrador único CHAGUACEDA SOCIEDAD DE GESTIÓN S.L., y su representante persona física, Don Gerardo (BORME 13/03/2017). INZAMAC SOLUCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA se constituyó con el socio único GRUPO INZAMAC S.L., siendo su administrador único CHAGUACEDA SOCIEDAD DE GESTIÓN S.L., y su representante persona física, Don Gerardo .

NOVENO.- En escritura pública de 15/3/2017, Don Gerardo en nombre de la sociedad GRUPO INZAMAC S.L. en su calidad de persona física designada por la administradora única, CAHGUACEDA SOCIEDAD DE GESTIÓN S.L., transmitió las participaciones de INZAMAC LABORATORIO AGROALIMENTARIO S.L, a la empresa AQUIMISA S.L. Y por contrato de 20/3/2017, Don Gerardo en nombre de GRUPO INZAMAC S.L., transmitió las participaciones de INZAMAC SOLUCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA S.L. a Don Pablo . En escritura pública de 5/5/2017, CHAGUACEDA SOCIEDAD DE GESTIÓN S.L., cesó en la administración de la entidad INZAMAC SOLUCIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA S.L.U'.

CUARTO.-La entidad INZAMAC DESRROLLO E INNOVACIONES CONSTRUCITVAS S.L. ha asumido a la trabajadora, y ha emitido documento de fecha 9/6/2017, de reconocimiento de deuda, por importe de 6145,39 euros.

QUINTO.- Por auto de 21/7/2017 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Zamora se declaró a VALDESPINO INGENIERIA Y CONSULTING S.L. en concurso de acreedores.

SEXTO.- La papeleta de conciliación se presentó en fecha 01/09/2017, teniendo lugar la celebración del correspondiente acto de conciliación en fecha 21/09/2017, con el resultado de sin avenencia respecto de INZAMAC DESARROLLO E INNOVACIONES CONSTRUCITVAS S.L. y de intentada sin efecto respecto del resto de codemandados.

Fundamentos

PRIMERO.- En cumplimiento de la previsión contenida en el art. 97.2 de la LJS, los hechos declarados probados se deprende de la documental aportada, valorada conforme a las reglas de la sana crítica.

SEGUNDO.- Ejercita el actor la presente demanda al objeto de que se declare la extinción del contrato de trabajo que le une con la demandada, por incumplimientos de la demandada, consistente en los impagos de las cantidades que reclama, por un total de 8881,36 euros según desglose que realiza, e interesa la condena solidaria de todas las codemandadas alegando que en fecha 4/1/2017 la empleadora INZAMAC ASISTENCIAS TÉCNICAS S.A.U. se escindió en INZAMAC LABORATORIO AGROALIMENTARIO S.L., INZAMAC SOLUCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA S.L., INZAMAC DESARROLLO E INNOVACIONES CONSTRUCTIVAS S.L. y VALDESPINO INGENIERÍA Y CONSULTING S.L.

Las empresas codemandadas no han comparecido al acto del juicio.

TERCERO.- Se reconoce como un derecho básico del trabajador en la relación de trabajo, la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida, como así regula el artículo 4.2 f) del ET , de modo que en correspondencia con dicho precepto, entre las causas justas que permiten al trabajador solicitar la extinción de su contrato de trabajo, el artículo 50. 1 b) del E.T . recoge la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado. La consagración expresa de este incumplimiento empresarial, más allá de la cláusula genérica del artículo 50.1.c) del ET se justifica en el hecho de tratarse de una de las obligaciones básicas asumidas por el empresario al celebrar el contrato de trabajo y que sirven de nota de calificadora de la propia relación laboral. Su inclusión explícita por otra parte, facilita el juego de la facultad resolutoria en tanto se resuelve en sentido positivo su consideración de incumplimiento contractual susceptible de originar la extinción contractual. El impago o el retraso debe de considerarse en sentido amplio, incluyendo tanto el no abono de cantidad alguna, como el pago parcial, debiendo concurrir el requisito de la gravedad de la conducta para que sea procedente la extinción contractual, sin que la ausencia de culpabilidad del empresario impida el juego de la facultad resolutoria. Concurre la gravedad cuando el impago de los salarios no sea un mero retraso esporádico, sino un comportamiento continuado y persistente, de modo que la gravedad del incumplimiento se manifiesta mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos.

En estos casos de incumplimiento empresarial, el artículo 50.1 a) del E.T . dispone que el trabajador tendrá derecho al percibo de una indemnización equivalente a la señalada para el despido improcedente, se trata de una indemnización tasada, y para el cálculo de la antigüedad del trabajador a efectos de su determinación, deberá fijarse hasta la fecha de la resolución judicial que estime la demanda de resolución contractual por primera vez, dado su carácter constitutivo, o bien hasta la fecha de la sentencia en vía de recurso si ésta fuere la primera resolución estimatoria de la resolución contractual solicitada ( STS de 11 de noviembre de 1985 ).

En orden a la concreta valoración de incumplimientos en la obligación de pago del salario, tiene dicho la Sala de lo Social de nuestro Tribunal Supremo a partir de su sentencia de 24 de marzo de 1992 ( RJ 1992, 1870 ) (RCUD 413/1991 ), que rectifica un criterio aplicativo anterior y desde entonces se sigue pacíficamente ( sentencias de 29 de diciembre de 1994 (RJ 1994 , 10522) , 13 de julio (RJ 1998, 5711 ) y 28 de septiembre de 1998 , 25 de enero de 1999 , 22 de diciembre de 2008 y 10 de junio de 2009 (RJ 2009, 3261) , RCUD 1169/1994 , 4808/1997 , 930/1998 (RJ 1998 , 8553 ) , 4275/1997 , 294/2008 (RJ 2009 , 1434 ) y 2461/2008 respectivamente), que no obsta a la concurrencia del supuesto previsto en el art. 50.1.b)ET el hecho de que concurra en forma generalizada por razón de la situación de crisis de la empresa, incluso aunque esté sujeta a un proceso de suspensión de pagos (caso de la sentencia de 29 de diciembre de 1994 referida) o en concurso (supuesto de la sentencia de 22 de diciembre de 2008 mencionada) o se haya iniciado un expediente de regulación de empleo ( sentencia de 5 de abril de 2001 ( RJ 2001, 4885 ) , RCUD 2194/2000 ), dado que no son situaciones que exoneren al empresario de su deber de satisfacer al trabajador su salario, ni determinan que se esté ante un supuesto de trasgresión de esa obligación por razones de fuerza mayor, no exigiéndose culpabilidad ( sentencias citadas de 28 de septiembre de 1998 y 25 de enero de 1999 ), careciendo también de relevancia para impedir el éxito de la acción resolutoria del contrato que el trabajador no hubiera requerido previamente al empresario el pago puntual de su salario ( sentencia de 10 de junio de 2009 antes señalada).

También ha señalado, en forma expresa, que el incumplimiento en esta materia ha de ser grave, estimando que no lo es el retraso de un solo mes ( sentencia de 21 de junio de 1986 (RJ 1986, 3696) ), o el de dos meses ( sentencia de 16 de junio de 1987 (RJ 1987, 4376) ) o incluso, con el valor añadido de pronunciarlo con el fin de proclamar la doctrina buena al respecto, en la falta de abono de tres meses de salario y una paga extra en una relación laboral vigente durante 20 años ( sentencia de 25 de septiembre de 1995 ( RJ 1995, 6892 ) , RCUD 756/1995 ). Pero en cambio, sí se da esa gravedad, por ejemplo, cuando durante más de un año se viene cobrando el salario con retraso ( sentencia de 24 de marzo de 1992 (RJ 1992, 1870) citada), si la demora alcanza a once meses consecutivos, cuya entidad varía de un mes a otro, pero de media supera el mes (la referida sentencia de 13 de julio de 1998 ), a veinticinco meses con un promedio de 11,20 días sin que en ningún caso llegue a un mes (la mencionada sentencia de 22 de diciembre de 2008 ), o si desde hace más de cuatro años se paga con un retraso entre 15 y 20 días (la sentencia de 10 de junio de 2009 antes señalada); o, así mismo, si el abono de las pagas extras se realiza, en dos anualidades consecutivas, con un retraso de cinco o más meses (caso de la sentencia de 28 de septiembre de 1998 invocada), al igual que si se adeudan dos meses y una paga extra, cobrándose las nóminas con un retraso medio de 29 días (supuesto de la sentencia de 25 de enero de 1999 ya referida) o si las nóminas se pagan con retraso desde hace más de dos años, adeudándose dos pagas extras y tres mensualidades ( sentencia de 3 de noviembre de 2009 (RJ 2009, 7733) citada); o cuando el retraso afecta a más de nueve meses, con demoras que, en promedio, superan el mes y medio, teniendo pendiente de pago, a la fecha de la demanda, tres mensualidades y una paga extra ( sentencia de 9 de diciembre de 2010 ( RJ 2011, 239 ) , RCUD 3762/2009 ).

La sentencia del TS de fecha 26/7/2012 dictada en el recurso de casación para la unificación de doctrina 4115/2011 dispone: 'para el enjuiciamiento de asuntos como el presente es necesario tener en cuenta las circunstancias del caso que permiten valorar la gravedad de las conductas de incumplimiento empresarial tipificadas en el precepto. Estas conductas son dos: la ' falta de pago ' y los ' retrasos continuados en el abono del salario pactado' [ art. 50.1.b) ET ( RCL 1995, 997 ) ]. En particular, pero no sólo, habrá que tener en cuenta las circunstancias temporales del impago o del retraso en el pago de los salarios debidos, factor que suele resultar determinante de la graduación del incumplimiento, y de la consiguiente calificación de la gravedad del mismo; estas circunstancias temporales se indican expresamente en el precepto citado, al adjetivar la falta o los retrasos en el pago como 'continuados'. Otra consideración metodológica que conviene adoptar en la fundamentación de nuestra sentencia es que los impagos o retrasos en el pago a tener en cuenta en la resolución del litigio son, como es lógico, los existentes en el momento de la interposición de la demanda. Es este documento de iniciación del proceso de instancia el que contiene la pretensión rectora del mismo, y es en este momento por tanto cuando se fija el objeto de la litis'. Sigue diciendo: 'La evolución de la jurisprudencia de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo en materia de calificación de los incumplimientos empresariales de la obligación de pago puntual de la retribución ha experimentado una tendencia marcada hacia la objetivación de tales incumplimientos. Esta línea jurisprudencial ha quedado recogida en numerosas resoluciones de la que es señalado exponente la sentencia de 10 de junio de 2009 ( RJ 2009, 3261 ) (rcud 2461/2008 ), que resume y puntualiza la doctrina precedente de la Sala, seguida luego literalmente en sentencia de 9 de diciembre de 2010 ( RJ 2011, 239 ) (rcud 3762/2009 ). A esta corriente jurisprudencial se refiere, por cierto, la sentencia recurrida, pero sin aplicar correctamente su doctrina, como se verá enseguida.

La referida doctrina jurisprudencial se puede resumir en los siguientes puntos: 1) no es exigible para la concurrencia de la causa de resolución del artículo 50.1.b)ET la culpabilidad en el incumplimiento del empresario; 2) para que prospere la causa resolutoria basada en 'la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado' se exige exclusivamente el requisito de gravedad en el incumplimiento empresarial; y 3) este criterio objetivo de valoración del retraso continuado, reiterado o persistente en el pago de la retribución no es de apreciar cuando el retraso no supera los tres meses ( TS 25-9-1995; rcud 756/1995 )'.

Por último, la STS de 25/2/2013 (RJ 2013/4497) determina que la fecha límite a tener en cuenta a efectos de determinar la gravedad de la demora en el pago de salarios, como de la posible reclamación de cantidad acumulada, puede extenderse hasta la fecha del juicio, salvo supuesto de indefensión; y que procede la extinción del contrato cuando el impago de salarios excede con exceso de los tres meses sin que, en este caso, los pagos ulteriores empresariales puedan dejar sin efecto el dato objetivo de gravedad del incumplimiento empresarial.

La aplicación de esta doctrina al caso que nos ocupa conduce a la estimación de la demanda por el motivo examinado, ya que los impagos constatados en el momento de la interposición de la demanda superan tal cifra, (siete mensualidades y diferencias en cuatro pagas extras y dietas). Frente a la actividad probatoria desarrollada por la parte actora, la parte demandada no ha acreditado el hecho obstativo del pago, por más que no sólo en virtud de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , sino que ante su incomparecencia al acto del juicio pese a haber sido citado en legal forma, procederá tenerlo por confeso habida cuenta lo normado en el artículo 91 de la L.R.J.S . La situación generada es determinante de un incumplimiento que se constituye por sí mismo en causa de extinción ex art. 50.1 b) del ET , toda vez que los impagos acreditados colocan al demandante en una situación francamente difícil para subvenir a sus necesidades mínimas, por causa de incumplimiento empresarial, en un sentido objetivo y sin el menor tinte culpabilístico, provocándose así una ruptura bien trascendente en el binomio trabajo-salario, caracterizador de la relación laboral, de conformidad con lo apuntado.

Respecto de la indemnización correspondiente a consecuencia de la extinción de la relación laboral, debe partirse de la regulación contenida en el art. 56-1 del Estatuto de los Trabajadores , referida a la indemnización por despido improcedente, y partiendo del salario y antigüedad recogidos en los hechos probados de esta resolución, la indemnización asciende a 26827,20 euros -tope máximo legal- (s.e.u.o.).

CUARTO.-En cuanto a la reclamación de los salarios dejados de percibir, acción acumulada a la anterior al amparo de la previsión contenida en el artículo 26.3 de la LRJS , en aplicación de lo dispuesto en los artículos 4.2 f) del Estatuto de los Trabajadores , 29.1 del mismo Texto Legal , y el artículo 217 de la LEC 1/2000 , -y considerando que la aplicación del principio contenido en este último a la reclamación del pago de cantidades por salarios devengados y no abonados implica que el reclamante venga obligado a demostrar la prestación de los servicios cuyo pago reclama, y en consecuencia, el devengo de los salarios correspondientes a éstos, siendo obligación del demandado probar, como hecho obstativo, que el pago se ha efectuado o que no se han prestado los servicios cuyo pago se pretende-, acreditado por el actor la prestación de servicios, y no acreditado por la parte demandada el hecho obstativo del pago, procede, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil condenar a la demandada al abono de las sumas reclamadas, por importe de 8881,36 euros correspondientes a las mensualidades reclamadas, cantidad que devengará el correspondiente interés por mora ( art. 29.3 ET ).

QUINTO.- Interesa el actor la declaración de responsabilidad solidaria respecto de las responsabilidades económicas referidas, en relación con lo cual, conforme se desprende de los hechos probados recogidos en la sentencia firme dictada en PO 44/2017 , y se ha resuelto asimismo por este Juzgado en otros asuntos más recientes entre las mismas empresas en relación con otros trabajadores, concurren elementos probatorios que permiten justificar la solución de que sí existe grupo o unidad de empresas con responsabilidad solidaria, en atención a los siguientes datos: a) por el mecanismo de la escisión parcial societaria, el patrimonio de la sociedad matriz, sin extinguirse ésta, se segregó en varias partes, dando lugar a la creación de tres nuevas sociedades, a las que se traspasa en bloque el patrimonio segregado, y recibiendo el socio único la totalidad de las participaciones de las respectivas sociedades beneficiarias de la escisión; b) entre las nuevas sociedades fruto de la escisión y la sociedad principal existe unidad de dirección, mismo propietario, mismo domicilio social y utilización de la expresión INZAMAC en su denominación, creando sin duda una situación de apariencia unitaria y confusión de gestiones; c) las tres sociedades beneficiarias de la escisión han procedido a la transmisión de sus participaciones, asumiendo nuevos socios y nuevos órganos de administración; d) la sociedad matriz ha quedado en situación de concurso de acreedores; e) por último, nada se opone a las legítimas operaciones de escisión parcial, como forma de asunción «inter vivos» de una actividad empresarial, al haberse alegado el estricto cumplimiento de la normativa contenida en la Ley de Modificaciones Estructurales de Sociedades Mercantiles (Ley 3/09 de 3 de abril), pero ello no puede desligar a las sociedades beneficiarias de la escindida, si -con cualquier ánimo- la avocan a la inactividad, pues realmente se ha operado una transmisión de los elementos de la organización empresarial de la escindida a las beneficiarias, lo que -de persistir la primera con personalidad propia- supone un fenómeno de sucesión empresarial, conforme al artículo 44 ET , mas si ello supone dejar a la primera como una sociedad inactiva, sin posibilidad práctica de funcionamiento, por carecer de medios efectivos para proseguir su actividad, al pasar los elementos y centro de decisión a otras personas, éstas no son meros sucesores de aquello que han recibido, sino que se integran en un nuevo grupo de empresas con la escindida, respondiendo solidariamente con ella (en similar sentido, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla (Sala de lo Social) núm. 1396/2000 de 14 abril (AS 2000/3662).

Todo ello se acomoda con los requisitos clásicos para la declaración de responsabilidad solidaria a que aludía la STS de 30 de junio de 1993 , razonado que «la Sala, de acuerdo también con la doctrina científica más autorizada, viene manteniendo estos pronunciamientos: a) La responsabilidad solidaria se fundamenta en la búsqueda de la realidad auténtica de los hechos, más allá de los formalismos y formalidades jurídicas, evitando que pese sobre el trabajador el oneroso deber de indagación de interioridades negociables subyacentes que suelen ser difíciles de descubrir y, en aras de la seguridad jurídica, evitando así empresas ficticias y sin garantías de responsabilidad ( SS. 3 de marzo y 8 de octubre de 1987 ); b) Responsabilidad solidaria en el grupo de empresas que se representa con una relación vertical de dominación y un sistema de gobierno unitario, en un conjunto formado con una evidente vinculación, tanto económica como personal ( S. 24 de julio de 1989 ); c) Para que se dé la responsabilidad solidaria, en el cumplimiento de las obligaciones laborales, entre los componentes del grupo es preciso que las conexiones entre sus distintos miembros sean no ya económicas o financieras, sino de tipo laboral (plantilla única o indistinta: S. de 22 de enero de 1990 ); d) La responsabilidad solidaria exige, además de la actuación unitaria del grupo de empresa, con unos mismos dictados y coordinadas y confusión patrimonial, la prestación laboral al grupo de forma indiferenciada y la utilización abusiva de la personalidad jurídica independiente de cada una de las empresas, en perjuicio de los trabajadores ( S. de 30 de enero de 1990 ); e) Es preciso que en el grupo se dé un nexo o vinculación que presente ciertas características especiales: 1. Funcionamiento integrado o unitario, como precisan las SS. de 6 de mayo de 1981 y 8 de octubre de 1987 ; 2. Prestación de trabajo indistinta o común, simultánea o sucesiva, en favor de varios empresarios, como advierten las SS. 11 de diciembre de 1985 , 3 de marzo de 1987 , 8 de junio de 1988 , 12 de julio de 1988 y 1 de julio de 1989 : S. 3 de mayo de 1990 ; f) Para que se declare la comunicación de responsabilidad es exigible que haya en el grupo confusión de plantillas, confusión de patrimonios, apariencia externa de unidad empresaria y unidad de dirección; g) Salvo supuestos especiales, los fenómenos de circulación del trabajador dentro de las empresas del mismo grupo no persiguen una interposición ilícita en el contrato para ocultar al empresario real, sino que obedecen a razones técnicas y organizativas derivadas de la división del trabajo dentro del grupo de empresas; práctica de lícita apariencia, siempre que se establezcan las garantías necesarias para el trabajador, con aplicación analógica del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores ( S. 26 de noviembre de 1990 )». Se trata, en definitiva, en el caso, de actuación unitaria de las empresas demandadas fruto de la escisión parcial, con prestación laboral al grupo de forma indiferenciada, utilizándose abusivamente la personalidad jurídica diferenciada de cada sociedad y los mecanismos lícitos de escisión societaria para pretender eludir, en perjuicio de trabajadores y demás acreedores, la efectividad de las reglas de responsabilidad por deudas.

SEXTO.- Vistas las alegaciones de la parte actora en su escrito de fecha 15/01/2018, por último, conviene significar que no es posible la extensión de responsabilidad en este procedimiento a Grupo Inzamac S.L. en la medida que no ha sido parte demandada en el mismo. Y por último, a tenor de las manifestaciones que realiza, y en concreto relativas a la petición de deducción de testimonio al Ministerio Fiscal por si los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal, no ha lugar a lo interesado, toda vez que, dilucidadas las responsabilidades a efectos laborales en el presente procedimiento, en relación con las operaciones mercantiles descritas, la parte actora relata hechos, al parecer, posteriores en el tiempo, careciendo este Juzgado de los elementos necesarios para su valoración. Ello sin perjuicio del derecho del demandante, si a su derecho conviene, de ejercitar, en su caso, las acciones oportunas ante el orden jurisdiccional competente.

SEPTIMO.- Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación. (Art 191 de la LJS).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por DOÑA Hortensia contra VALDESPINO INGENIERIA Y CONSULTING S.L., (anteriormente INZAMAC ASISTENCIAS TÉCNCIAS S.A.U.), INZAMAC LABORATORIO AGROALIMENTARIO S.L., INZAMAC SOLUCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA S.L.; INZAMAC DESARROLLO E INNOVACIÓN CONSTRUCTIVAS S.L. ADMINISTRADOR CONCURSAL DE VALDESPINO INGENIERIA Y CONSULTING S.L. 'LENER ADMINISTRACIONES CONCURSALES S.L.', y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, debo declarar y declaro la extinción del contrato de trabajo que une al demandante con las empresas demandadas, con efectos desde esta sentencia, condenando solidariamente a VALDESPINO INGENIERIA Y CONSULTING S.L., (anteriormente INZAMAC ASISTENCIAS TÉCNICAS S.A.U.), INZAMAC LABORATORIO AGROALIMENTARIO S.L., INZAMAC SOLUCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA S.L. e INZAMAC DESARROLLO E INNOVACIÓN CONSTRUCTIVAS S.L., a estar y pasar por esta declaración así como a abonar a la parte actora solidariamente la cantidad de 26827,20 euros en concepto de indemnización, y otros 8881,36 euros en concepto de salarios devengados y no abonados, con más el 10% de interés por mora correspondiente a esta última cantidad.

Procede la libre absolución del ADMINISTRADOR CONCURSAL DE VALDESPINO INGENIERIA Y CONSULTING S.L. 'LENER ADMINISTRACIONES CONCURSALES S.L.', que no obstante deberá estar y pasar por esta declaración, y sin perjuicio de la responsabilidad legal del FOGASA.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidashasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partesy de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se advierte a las partes que contra la presente resolución podrán interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en BANCO SANTANDER a nombre de esta Oficina Judicial con el núm. 4297 0000 65 0410 17, debiendo indicar en el campo concepto 'recurso' seguido del código '34 Social Suplicación', acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como; en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.