Sentencia Social Nº 270/2007, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Rec 2702/2006 de 08 de Febrero de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.3

MADRID

SENTENCIA: 10791/2009

Recurso de Apelación nº. 801/2009

Ponente: Dª. Pilar Maldonado Muñoz

Parte Apelante: UTE PARQUE LISBOA

Procurador: D. Iñigo Muñoz Durán

Parte Apelada: AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

Procurador: D. José Luis Granda Alonso

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SENTENCIA NÚM.- 791

ILTMO. SR. PRESIDENTE

D. Gustavo Lescure Ceñal

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS

Dª. Pilar Maldonado Muñoz

D. Juan Ignacio Pérez Alférez

Dª. Fátima Arana Azpitarte

D. Rafael Estévez Pendás

En Madrid, a veintinueve de junio de dos mil nueve.

Visto por la Sección del margen el recurso de apelación nº 801/2009, interpuesto por el Procurador D. Iñigo Muñoz Durán, en nombre y representación de la Unión Temporal de empresas Dragados S.A. y Begar Construcciones y Contratas S.A., denominada abreviadamente UTE Parque Lisboa, contra la sentencia número 68 de 12 de marzo de 2009, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Madrid, en Procedimiento Ordinario número 44/2008, habiendo sido parte apelada el Ayuntamiento de Alcorcón, representado por el Procurador D. José Luis Granda Alonso.

Antecedentes

PRIMERO.- La referida representación procesal de la parte impugnante formuló recurso de apelación frente a la resolución judicial reseñada, solicitando la revocación de la misma, y siguiéndose por el correspondiente Juzgado de lo Contencioso Administrativo los trámites procedimentales previstos en los arts. 80.3 y 85 y siguientes de la Ley Jurisdiccional 29/1998 .

SEGUNDO.- Recibidas en esta Sala las actuaciones y documentaciones correspondientes al recurso de apelación, y no habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista o la presentación de conclusiones, ni estimando la Sala necesario ninguno de tales trámites, se señaló fecha para la votación y fallo del recurso de apelación, que tuvo lugar el día 26 de junio de 2009.

Siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª. Pilar Maldonado Muñoz.

Fundamentos

PRIMERO.- La representación procesal de la Unión temporal de Empresas "Dragados SA y Begar Construcciones y Contratas SA", denominada abreviadamente "UTE Parque Lisboa", interpone recurso de apelación contra Sentencia número 68, de 12 de Marzo del 2009, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 17 de los de Madrid en el procedimiento ordinario número 44/2008 deducido contra la desestimación por silencio administrativo de su solicitud de pago de la cantidad de 108.720,64 euros, importe de la certificación número 20 de las obra denominada "Remodelación del Parque Lisboa, fase II", más los intereses de demora de dicha cantidad calculados al interés legal establecido en la Ley y cuya parte dispositiva estima el recurso anula la resolución impugnada y condena al Ayuntamiento de Alcorcón al pago de 108.720,64 euros, mas los intereses de demora que deberán determinarse en ejecución de Sentencia con arreglo a los parámetros expuestos en el Fundamento de Derecho Sexto de dicha resolución judicial. En lo que aquí interesa el Fundamento de Derecho Sexto de la Sentencia apelada establece lo siguiente: El tipo de interés aplicable será el legal del dinero vigente para el año 2005, contabilizándolo año por año, conforme al tipo expresado en la Ley de Presupuestos que en el año 2005, quedó fijado en el 4%, con fundamento en que existiendo un pacto contractual dentro del cual se establece la cláusula de intereses de demora que fue aceptada por la contratista, este ha de primar frente al interés especial previsto en el artículo 99.4 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio , tras la redacción dada por la Ley 3/2004, de 29 de Diciembre, por así disponerlo el artículo 7 de la referida ley 3/2004 .

Pretende el recurrente se revoque la Sentencia apelada en el único extremo del interés de demora aplicable, por entender que la Ley 3/2004, de 29 de Diciembre, al modificar el apartado cuarto del artículo 99 de la Ley de Contratos de Administraciones Publicas , deja al margen la posibilidad de pacto al respecto, fijando un tipo de interés concreto y un determinado periodo de tiempo para que la Administración efectúe los pagos a que viene obligada, añadiendo que en dicho sentido se ha pronunciado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su Dictamen 5/2005, de 11 de Marzo, excluyendo la libertad de pactos en cuanto a plazos y a tipo de interés de demora sustituyéndolos por determinaciones legales en lo que se refiere a la contratación con la Administración.

SEGUNDO.- Las pretensiones actoras merecen tener favorable acogida por los motivos que a continuación se exponen.

La normativa aplicable al supuesto que nos ocupa es el artículo 99 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, tras la modificación operada por la Ley 3/2004, de 29 de Diciembre , por la que se establecen Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y que, según su disposición transitoria única será de aplicación a todos los contratos que incluidos en su ámbito de aplicación hayan sido celebrados con posterioridad al 8 de agosto de 2002, en cuanto a sus efectos futuros, incluida la aplicación del tipo de interés de demora establecido en su artículo 7 .

Pues bien la Disposición Final Primera de la Ley 3/2004, modifica el apartado cuarto del artículo 99 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en los siguientes términos, quedando redactado como sigue: "La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 60 días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el apartado cuarto del artículo 110 , y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 60 días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales".

El artículo 7 de la Ley 3/2004 , se refiere a los intereses de demora disponiendo lo siguiente: El interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del contrato y, en defecto de pacto, el tipo legal que se establece en el apartado siguiente, añadiendo que el tipo legal de interés de demora será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate mas 7 puntos porcentuales. Este tipo de interés legal de demora se aplicará durante los 6 meses siguientes a su fijación, concluyendo el citado artículo señalando que el Ministerio de Economía y Hacienda publicará semestralmente en el BOE el tipo de interés. En cumplimiento de la citada disposición, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera ha dictado sendas resoluciones con fechas 30 de Junio y 29 de Diciembre del 2005 y 28 de Junio del 2006, haciendo público el tipo legal de interés de demora aplicables a las operaciones comerciales durante el segundo semestre del año 2005 y primero y segundo semestre del 2006, haciendo constar que en la última operación principal de financiación del Banco Central Europeo en el primero y segundo semestre del 2005 y primer semestre del 2006 el tipo de interés marginal resultante ha sido el 2,05, 2,25 y 2,83, respectivamente, y en consecuencia, a efecto de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de Diciembre , el tipo de interés legal de demora a aplicar durante el segundo semestre natural del 2005, primero y segundo semestre natural del 2006, primero y segundo semestre del 2007, primer y segundo semestre del 2008 y primer semestre del 2009 es del 9,05%, del 9,25%, del 9,83%, 10,58, 11,07, 11,20, 11,07 y 9,50 respectivamente.

La cuestión que se plantea en el presente recurso de apelación estriba en determinar si en los contratos administrativos el pacto contractual ha de prevalecer sobre los plazos y el tipo legal de interés de demora establecido en el artículo 7 de la referida Ley 3/2004 .

La respuesta que hay que dar a dicha cuestión es negativa por los motivos que a continuación se exponen. Aún cuando la redacción del apartado cuarto del artículo 99 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, tras la modificación operada por la Ley 3/2004, de 29 de Diciembre , al disponer que si la Administración se demorase en el pago, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 60 días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, no es muy clara, sin embargo entendemos que dicha remisión lo es al tipo legal previsto en dicha Ley, que es el establecido en su art. 7.2 transcrito y no por tanto de forma genérica al art. 7 de Ley 3/2004 cuyo número primero permite la libertad de pacto sobre el interés que debe de pagar el deudor en caso de demora, precepto que entendemos - a diferencia de lo que sostiene la Sentencia apelada- que no es aplicable a la contratación administrativa sino tan solo a las operaciones comerciales entre particulares a que se refiere la mencionada Ley.

Tal conclusión deriva de que la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales es una Ley que se aplica no solo a los pagos realizados por la Administración a las empresas sino, en general, a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas dentro del ámbito del derecho privado en que es principio tradicional el de libertad de pactos y el principio de autonomía de la voluntad que, en materia de contratación, no rige igual en el ámbito del Derecho privado que en el del Derecho público, ya que en éste la Administración pública contratante ha de actuar conforme a la ley y al Derecho y la actuación de la Administración es objeto de una regulación muy pormenorizada a la que debe de ajustarse y en la que existe un menor margen de libertad de actuación, regulación que, a la fecha a que el contrato presente se refiere, era la contenida en el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio , por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. De hecho, la sistemática que la Ley 3/2004 utiliza para aplicarla a los contratos celebrados por la Administración no es declararla sin más aplicable a ellos sino redactar una Disposición Final (la 1ª ) modificando el art. 99.4 del Real Decreto Legislativo 2/2000 (que como decimos era la normativa aplicable a los contratos administrativos) diciendo que quedará redactado en la forma que expusimos, sentando por tanto un tipo de interés concreto de demora (el que establece la Ley 3/2004 que no es otro que el fijado en su art 7.2 ) y un plazo para que la Administración efectúe los pagos a que viene obligada, realizando por tanto una regulación específica para los contratos celebrados por la Administración. De hecho desde un punto de vista gramatical el art 99.4 del Real Decreto Legislativo 2/2000 , en su redacción dada por la Disposición Final primera de la Ley 3/2004 no se remite a los intereses pactados sino a los intereses de demora en los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Tal tesis es sostenida asimismo por el Dictamen 5/2005 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de fecha 11 de marzo de 2005 que ,en relación al tema que nos ocupa, razona que aunque la Directiva 2000/35 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, (Directiva que fue incorporada al Derecho interno precisamente por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre ) admita la libertad de pactos en cuanto a plazos de pago e intereses de demora ,prevé que tal libertad de pactos pueda ser sustituida por una determinación legal , tal como resulta de su art. 2.2 cuando define la morosidad como "el incumplimiento de los plazos contractuales ó legales de pago" y de su art 3.2 al expresar que "En el caso de algunos tipos de contrato que deberá definir la legislación nacional, los Estados miembros podrán fijar el plazo de exigibilidad del pago de los intereses en un máximo de 60 días cuando obliguen a las partes contratantes a no rebasar dicha demora o cuando fijen un tipo de interés obligatorio sustancialmente superior al tipo legal", proscribiendo los apartados 3 y 4 del mismo artículo las cláusulas sobre intereses que resulten manifiestamente abusivas. Concluyendo que la Ley 3/2004 ha incorporado el contenido de la Directiva diferenciando entre la regulación de operaciones comerciales entre particulares en la que trascribe los preceptos de la Directiva y los pagos derivados de los contratos públicos efectuándose en este aspecto la incorporación mediante la modificación de preceptos de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas suprimiendo la libertad de pacto sobre el interés de demora y sustituyéndolo por un tipo de interés legal. Así resulta también -añadimos nosotros- de la exposición de motivos de la Ley 3/2004 que expresamente señala que la adecuación de nuestra legislación interna sobre contratación pública al ordenamiento jurídico comunitario está contenida en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio , y que la inclusión de las Administraciones públicas en el ámbito de la Directiva 2000/35 /CE, hace necesario modificar la regulación del tipo de interés de demora e introducir el reconocimiento del derecho del acreedor a una indemnización por costes de cobro de la deuda, para su adecuación a las previsiones de la norma comunitaria, fines a los que responde la disposición final primera de esta Ley .

TERCERO.- Sentado cual es el interés de demora que conforme a lo dispuesto en el TRLCAP la Administración debe de abonar al contratista (la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más siete puntos porcentuales) el establecido en el caso presente por el apartado 19.2 a) del Pliego de Cláusulas administrativas particulares para la contratación de las obras, al que se remitía el contrato celebrado por las partes, (interés legal del dinero publicado en la Ley General de Presupuestos Generales del Estado para 2005 ) es contrario a la Ley y en concreto a una norma imperativa o de derecho necesario con naturaleza de ius cogens, tal lo es el art. 99.4 del TRLAP mencionado, por lo que el pacto de reducción del interés de demora realizado es contrario a la Ley y por lo tanto nulo y así debe de ser declarado, ya que aunque el Pliego fuera aceptado por las partes mediante su incorporación al contrato y sea " ley del contrato" ello tan solo lo es si no es contrario a normas de rango superior, o incurre en nulidad, por lo que si se producen estas infracciones la aceptación de ese Pliego no impide a los Jueces y Tribunales apreciar la ilegalidad de sus cláusulas aunque sea con ocasión de la impugnación de la ejecución del contrato, así lo ha venido sosteniendo esta misma Sala y Sección en reiteradas Sentencias (entre otras de fecha 14.2.2004 rec 1151/2001, 28.5.2004 rec 465/2001, 31.10.2005 rec. 1517/2002, 17.2.2006 rec. 2169/2003 ) en supuestos de reclamación de intereses de demora por retraso en el pago de certificaciones y liquidaciones derivadas de contratos de obras celebrados en el ámbito local en que al estar las obras subvencionadas y financiadas por la Comunidad de Madrid, se había pactado que el pago estaba condicionado a la recepción de la subvención, pacto que considerábamos nulo por ser también contrario a una norma imperativa declarando el derecho al cobro de intereses teniendo en cuenta el plazo de demora legal establecido en la Ley de Contratos).

CUARTO.- Finalmente, el Ayuntamiento de Alcorcón sostiene la validez de la reducción del interés realizada y niega que la cláusula pactada fuera abusiva para el acreedor con fundamento en que tuvo su causa en la situación económica-financiera del Ayuntamiento al haber presentado remanente de Tesorería negativo, con cita de lo establecido en el art. 9.1 de la Ley 3/2004 en relación a las cláusulas abusivas. El art. 9 mencionado dice lo siguiente: "Cláusulas abusivas:

1. Serán nulas las cláusulas pactadas entre las partes sobre la fecha de pago o las consecuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago y al tipo legal de interés de demora establecidos con carácter subsidiario en el apartado 2 del art. 4 y en el apartado 2 del art. 7 , así como las cláusulas que resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demora del art. 6 , cuando tengan un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, consideradas todas las circunstancias del caso, entre ellas, la naturaleza del producto o servicio, la prestación por parte del deudor de garantías adicionales y los usos habituales del comercio. No podrá considerarse uso habitual del comercio la práctica repetida de plazos abusivos.

Para determinar si una cláusula es abusiva para el acreedor, se tendrá en cuenta, entre otros factores, si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del plazo de pago y del tipo legal del interés de demora dispuestos en el art. 4.2 y en el art. 7.2 .

Asimismo, para determinar si una cláusula es abusiva se tendrá en cuenta, considerando todas las circunstancias del caso, si dicha cláusula sirve principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, o si el contratista principal impone a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas por razón de las condiciones de que él mismo sea beneficiario o por otras razones objetivas.

2. El juez que declare la invalidez de dichas cláusulas abusivas integrará el contrato con arreglo a lo dispuesto en el art. 1.258 del Código Civil y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes y de las consecuencias de su ineficacia.

3. Serán igualmente nulas las cláusulas abusivas contenidas en las condiciones generales de la contratación según lo dispuesto en el apartado 1".

Entendemos en primer lugar que el precepto está previsto básicamente para las operaciones comerciales entre particulares y no para la contratación administrativa en la que el precepto aplicable era el art 4 del TRLCAP conforme la cual la Administración podrá concertar los contratos, pactos y condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración, ordenamiento jurídico al que como hemos razonado era contraria la reducción del interés pactada.

A mayor abundamiento la reducción del interés no podía encontrar amparo en el art.9.1 inciso 2º de la Ley 3/2004 ya que, a diferencia de lo sostenido por el Ayuntamiento de Alcorcón, no apreciamos pudiera justificarse en la situación económica-financiera del Ayuntamiento mencionado.

Así en primer lugar conviene recordar que el espíritu que emana de la Exposición de Motivos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y que se concreta en su articulado, es plasmar en la legislación nacional las constantes inquietudes que existían en las Instituciones Comunitarias de presentar propuestas con objeto de solucionar el problema de los retrasos en el pago, considerando que las pesadas cargas administrativas y financieras que recaen sobre las empresas -especialmente las pequeñas y medianas-, debido a la larga duración de los plazos de pago en las transacciones comerciales que implican un riesgo para el equilibrio financiero y para su propia supervivencia, y a la constatación de la observancia en la mayoría de los Estados miembros de un deterioro en las prácticas de pago, proponiendo entre otras medidas aquellas que tiendan al respeto de los plazos y a que el dispositivo de sanciones de los Estados miembros aplicables a las demoras en el pago debe poder disuadir, por una parte, para que no se produzcan demoras en el pago y, por otra, permitir indemnizar integralmente a los acreedores víctimas de dichas demoras por los gastos que éstas les hayan ocasionado.

Fruto de estas inquietudes es la Recomendación de la Comisión de 12 de mayo de 1995, relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales (DOCE L 127/1995 de 10 de junio de 1995), en la que se invita a los Estados miembros a adoptar las medidas jurídicas y prácticas necesarias con objeto de hacer respetar los plazos de pago contractuales en las transacciones comerciales y garantizar mejores plazos de pago en los contratos públicos, reconociendo el derecho de los acreedores a percibir intereses de demora transcurrido el plazo contractual o legal, fijando un tipo de interés de demora suficientemente disuasorio para los morosos. Además, en el apartado específico relativo a los contratos públicos, se invitaba a los Estados miembros a: a) tomar medidas para sensibilizar a todas las autoridades implicadas sobre las consecuencias que las demoras en los pagos tienen para la salud financiera de los operadores económicos; b) respetar un plazo de sesenta días para los pagos en el marco de los contratos públicos, sin perjuicio de los plazos más cortos que pudieran estar en vigor; c) establecer procedimientos administrativos precisos, con unos plazos que garanticen la mayor rapidez de los pagos públicos; d) realizar a todos los niveles controles regulares sobre los plazos de pago de las autoridades públicas; e) prever el pago -simultáneo al pago del principal- de los intereses de demora adeudados en el caso de que se sobrepasen los plazos contractuales, cuando ello sea imputable a las entidades adjudicadoras o empresas públicas, debiendo preverse sistemas de control adecuados para garantizar que las autoridades públicas respeten este principio.

Por último, la Directiva 2000/35 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000 , por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que contempla un plazo no superior al 8 de agosto de 2002 para que los Estados miembros adopten las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para darle cumplimiento, y que fue incorporada al Derecho interno precisamente por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , culmina aquel proceso al prohibir el abuso de la libertad de contratar en perjuicio del acreedor. La Directiva expresa que la morosidad constituye un incumplimiento de contrato que se ha hecho económicamente provechoso para los deudores en la mayoría de los Estados miembros a causa de los bajos intereses aplicados a los pagos que incurren en mora y/o de la lentitud de los procedimientos de reclamación y que es necesario un cambio decisivo incluida una compensación a los acreedores por los gastos en que hayan incurrido, para invertir esta tendencia y garantizar que las consecuencias de la morosidad sean disuasorias ,asimismo la Directiva prohíbe el abuso de la libertad de contratar en perjuicio del acreedor, considerándose abusivos los acuerdos que sirvan principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, o cuando el contratista principal imponga a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas por razón de las condiciones de las que él mismo sea beneficiario. Los mismos principios son recogidos en la Exposición de Motivos de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que como hemos dicho incorporó la Directiva al derecho interno español.

Pues bien, entendemos que precisamente en el caso presente el pacto de reducción del interés a abonar en caso de demora en el pago, consagra que el incumplimiento del contrato en cuanto a los plazos de pago pactados resulte económicamente provechoso para el deudor y sirva para proporcionar al Ayuntamiento una liquidez adicional a expensas del acreedor, que no puede ampararse en la situación económica-financiera del mismo que no constituye razón objetiva admisible para apartarse del tipo legal del interés de demora dispuesto en el art 99.4 del TRLCAP .

Así el artículo 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales lo que establece es que en caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido y si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el art. 177.5 de esta ley . En el caso presente no consta acreditado en absoluto que el Ayuntamiento haya dado cumplimiento a lo previsto en tal precepto ni cuales han sido las medidas que en cumplimiento del mismo ha adoptado para paliar tal situación, medidas que entendemos no pasan por contratar la remodelación de un parque, cuando ya se conoce que la liquidación del último presupuesto lo ha sido con remanente de tesorería negativo y se ha aprobado un Plan de Saneamiento, pactando una reducción del interés legal en caso de demora en el pago, lo que no hace más que desplazar a priori sobre el acreedor - ya que no nos encontramos ante una circunstancia sobrevenida- los problemas de tesorería del Ayuntamiento fomentando su retraso en el pago a cambio de una escasa penalización económica como efectivamente ocurrió.

QUINTO.- Por lo expuesto procede la estimación del recurso reconociendo el derecho del apelante-recurrente al cobro de los intereses de demora por retraso en el pago de las certificaciones al tipo legal establecido en el art.7.2 de Ley 3/2004, de 29 de diciembre , es decir la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más siete puntos porcentuales, entendiéndose por tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de financiación el tipo de interés aplicado a tales operaciones en caso de subastas a tipo fijo, en el caso de que se efectuara una operación principal de financiación con arreglo a un procedimiento de subasta a tipo variable, este tipo de interés se referirá al tipo de interés marginal resultante de esa subasta.

SEXTO.- Conforme al artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , no se aprecian razones para una especial declaración sobre las costas procesales.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de pertinente aplicación,

Fallo

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la Unión Temporal de Empresas "DRAGADOS S.A. Y BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.", denominada abreviadamente "U.T.E. PARQUE LISBOA", contra la Sentencia número 68, de 12 de Marzo del 2009, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 17 de los de Madrid en el procedimiento ordinario número 44/2008 la revocamos por no ser conforme a derecho en el extremo a que el presente recurso se refiere y en consecuencia reconocemos y declaramos el derecho del apelante al cobro de los intereses de demora por retraso en el pago de las certificaciones al tipo legal establecido en el art.7.2 de Ley 3/2004, de 29 de diciembre , con la consiguiente condena a su pago a la Administración demandada. No se realiza condena en costas.

Hágase saber a las partes que contra esta Sentencia no cabe interponer recurso alguno.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada Ponente de la misma, en el día de la fecha, hallándose celebrando audiencia pública en la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de lo que doy fe.