Sentencia Social Nº 2727/2016, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1367/2016 de 03 de Mayo de 2016

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

F.S

Recurs de Suplicació: 1367/2016

IL·LM. SR. ANDREU ENFEDAQUE MARCO

IL·LMA. SRA. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG

IL·LMA. SRA. LIDIA CASTELL VALLDOSERA

Barcelona, 4 de maig de 2016

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 2727/2016

En el recurs de suplicació interposat per Bankia, S.A. a la sentència del Jutjat Social 2 Granollers de data 30 de març de 2015 dictada en el procediment núm. 63/2014, en el qual s'ha recorregut contra la part Lázaro , ACCAM, SATE, Unio General de Treballadors de Catalunya (UGT), Comissio Obrera Nacional de Catalunya, CSICA i Fondo de Garantia Salarial, ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG.

Antecedentes

Primer.En data 24-1-14 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre acomiadament en general, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 30 de març de 2015 , que contenia la decisió següent:

SE ESTIMA la demanda interpuesta por D. Lázaro contra Bankia, S.A. y las secciones sindicales de Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, CSICA, ACCAM y SATE y SE DECLARA IMPROCEDENTE el despido del demandante, por lo que DEBO CONDENAR Y CONDENO a Bankia, S.A. a que, a su opción y en el plazo legal de cinco días, proceda a la readmisión del demandante en su mismo puesto y condiciones de trabajo, o a pagarle en concepto de indemnización la cantidad de 33.883,74 euros y, en caso de que se opte por su readmisión y no por la indemnización, al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido y hasta la de notificación de la sentencia, a razón de un salario diario de 155,43 euros. En caso de abono de la indemnización, debe descontarse el importe de 20.517,66 euros ya percibido por el demandante.

SE ABSUELVE al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de las responsabilidades legales que le correspondan.

Segon.En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:

PRIMERO.- D. Lázaro venía prestando servicios por cuenta y bajo la dependencia de la demandada mediante contrato indefinido desde el 1 de septiembre de 2008, con la categoría profesional de 'Grupo 1, nivel IV' (gerente de la red de empresas) y salario mensual de 4.727,87 euros brutos, con inclusión de la prorrata de las pagas extras.

En el momento del despido el actor prestaba servicios en la sucursal 8701-Empresas en la calle Girona, número 333, 2ª planta de la localidad de Granollers.

El demandante no ostenta ni ha ostentado durante el último año cargo de representación legal de los trabajadores. Estaba afiliado al sindicato SATE (Hechos no controvertidos)

SEGUNDO.- El 14 de noviembre de 2013 la mercantil demandada comunicó al actor su despido por causas objetivas y con efectos del 10 de diciembre de 2013, basado en el acuerdo suscrito entre la representación de los trabajadores y la empresa el 8 de febrero de 2013 dentro de un procedimiento de despido colectivo del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores .

Entre otros extremos, en la carta de despido se pone en conocimiento del demandante lo siguiente:

[...] En el caso concreto de la red de oficinas de la dirección banca de empresas en la que Vd. presta servicios, una vez resuelto el procedimiento de adhesión al programa de bajas indemnizadas, descontadas las personas afectadas por procesos de movilidad geográfica y cambios de puestos de trabajo, se hace necesario un mayor ajuste de plantilla, debiendo procederse a la extinción de contratos de trabajo por designación directa de la empresa, según lo previsto en el apartado II- B del citado acuerdo de 8 de febrero de 2013 y en su anexo III relativo a los criterios de afectación de empleados.

En este sentido, como resultado del proceso de valoración realizado en la entidad, que fue tratado en el período de consultas, siendo un elemento relevante para la adopción del acuerdo de 8 de febrero de 2013, al que fue incorporado como parte del mismo, su valoración es de 5 puntos que se encuentra entre las valoraciones de menor puntuación de la red de oficinas de la dirección banca de empresas en la Vd. presta servicios.

Por todo ello, en aplicación de los criterios de afectación expuestos y como consecuencia de las razones expuestas, le comunico que se ha decidido proceder a la extinción de su contrato de trabajo con efectos del día 10 de diciembre de 2013.'

En la carta se reconoce una indemnización de 20.517,66 euros que fue puesta a disposición del trabajador el 14 de noviembre de 2013 (folio 279) y una segunda cantidad de 6.103,53 euros respecto a la cual se dispone:

[...] 'El abono de este segundo pago se realizará en el plazo de 18 meses desde la extinción de la relación laboral, siempre y cuando durante dicho período Bankia no le haya ofrecido un empleo de carácter indefinido, bien de forma directa, bien a través de la bolsa de empleo o del plan de recolocación externa recogidos en el citado acuerdo de 8 de febrero de 2013.'

TERCERO.- El 8 de febrero de 2013 las secciones sindicales de Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, CSICA, ACCAM y SATE y la empresa demandada suscribieron acuerdo dentro del período de consultas de despido colectivo, modificación de condiciones de trabajo, movilidad funcional y geográfica y otras modificaciones por el cual el número máximo de empleados afectados por el despido colectivo no podría exceder de 4.500 y con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015.

El citado acuerdo expresa que 'La decisión de la extinción de las relaciones laborales corresponde a la empresa. No obstante, podrán proponer su adhesión al programa de bajas indemnizadas los empleados de la entidad que esté interesados en ello en los términos, plazos y condiciones establecidos en el presente acuerdo.'

El desarrollo de los criterios de afectación se encuentra recogido en el anexo III del mencionado acuerdo. (Documento 6 parte demandada)

En cuanto a la determinación de las personas afectadas en cada provincia y agrupación o unidad funcional, el anexo dispone:

'Una vez deducidas las bajas producidas por la aceptación empresarial de las propuestas de adhesión totales en esa provincia y descontando a aquellas personas que se vean afectadas por procesos de movilidad geográfica y cambio de puesto de trabajo para cubrir las necesidades originadas por la redistribución de cargas de trabajo, la empresa designará a las personas afectadas por salida forzosa de acuerdo al perfil profesional, la adecuación a los puestos de trabajo y la valoración personal llevada a cabo por la entidad con carácter general.

En cualquier caso, se cumplirán las exigencias legales sobre permanencia en la empresa, aplicables a los representantes de los trabajadores.

En el caso de matrimonios o parejas de hecho, solo se podrá afectar a uno de los cónyuges a su elección de acuerdo a las necesidades funcionales y de perfiles requeridos, pudiendo ser necesaria la movilidad geográfica para cumplir este requisito.

En caso de empleados con alguna discapacidad superior al 33% reconocida y acreditada por los organismos competentes de cada CCAA y siempre y cuando exista amortización de su puesto de trabajo, se valorará su reubicación en otro puesto siempre y cuando sea acorde a su perfil profesional.'

El proceso de valoración del perfil competencial de los empleados es descrito del siguiente modo:

'Desde abril de 2012 se ha puesto en marcha un proceso de valoración del perfil competencial en la entidad. El objetivo principal del proceso, que supone la creación de una herramienta de gestión permanente, permite contar con información fidedigna, imparcial y objetiva posible de los empleados para tomar decisiones con criterio, en línea con los principios de Bankia de integridad y profesionalidad.

Para llevarlo a cabo se ha reforzado al equipo de gestores de personas, formándoles y tutorizándoles para que el proceso fuera transparente, homogéneo y equitativo.

El primer paso ha sido establecer los criterios de valoración en términos de comportamientos observables en el día a día. Se han definido dos perfiles para la valoración, uno aplicable al equipo directivo y otro para el resto de los empleados, acordes con las necesidades del negocio en ese momento. Cada una de estar competencias se ha descrito con un estilo sencillo y claro, al igual que los criterios de potencial, para asegurar que los gestores de personas realicen una valoración homogénea y de acuerdo a los mismos parámetros.

Perfil directivo. Competencias: Visión de negocio, orientación a resultados, liderazgo de equipos, vocación por el cliente, impacto e influencia y responsabilidad.

Potencial: Aspiración y compromiso, solvencia profesional, confianza en sí mismo, autoconocimiento e integridad.

Perfil resto de profesionales. Servicio al cliente, compromiso, rendimiento, trabajo en equipo y polivalencia.

El siguiente paso ha sido la valoración de los empleados que se inició con el equipo directivo (directores, directores de área, directores de negocio, directores territoriales y directores de zona) y que progresivamente se ha extendido a toda la organización, con las siguientes fases:

-Fase 1. A partir del conocimiento que los gestores de personas tienen de su colectivo, complementado con entrevistas, feedback con los superiores jerárquicos e información disponible de todos los empleados, se han evaluado a todos los empleados en base a los criterios descritos anteriormente.

-Fase 2. Para asegurar la mayor fiabilidad de la información, la valoración realizada se ha contrastado y validado sucesivamente con los directores de las agrupaciones correspondientes:

-En la red de empresas y particulares: primero con el director de zona / director de negocio y después con el director territorial / director empresas.

-En los departamentos centrales primero con los directores de área y después con el director de la agrupación.

Por último, se han llevado a cabo procesos de validación de la información. Se han realizado los análisis estadísticos correspondientes, buscando garantizar una información final fiable, objetiva y sin sesgos.'

CUARTO.- A fecha de 31 de octubre de 2014, se había producido un total de 3.566 desvinculaciones correspondientes a designaciones por la empresa previa propuesta inicial de los empleados (2836 de la red comercial de Bankia y 730 de otros ámbitos funcionales) y 539 desvinculaciones por designación directa de Bankia (491 en la red comercial de oficinas y 48 en otros ámbitos funcionales, de las cuales, 5 corresponden a desvinculaciones por no aceptación de movilidad geográfica).

El número de designaciones por la empresa previa propuesta inicial de gerentes de la red de empresas a nivel nacional, ha sido de 22 solicitudes, de las cuales 19 han sido aceptadas y 3 denegadas. El número de desvinculaciones por designación directa de la entidad que afecten a gerentes de red de empresas a nivel nacional ha sido 2.

En la provincia de Barcelona, las desvinculaciones relativas a gerentes de red de empresas han ascendido a tres: dos a propuesta de los empleados y una por designación directa de la entidad. (Folios 274 a 277)

QUINTO.- Los plazos y demás información relativa a las propuestas de adhesión al programa de bajas indemnizadas fueron publicados en la intranet de la mercantil. (Folios 280 a 287)

SEXTO.- El 31 de octubre de 2014 la directora de relaciones laborales de la mercantil demandada emitió el siguiente certificado:

[...] 'Certifica: Que durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de octubre de 2014, no se ha producido ningún alta en Bankia, S.A. por nueva contratación en la red comercial en la provincia de Barcelona.

Las altas que constan en el listado que se adjunta, aportado por Bankia se derivan de la fusión por absorción de Bankia Banca Privada, S.A., de Madrid Leasing, S.A. de Corporación Cibeles, S.A. y Bancaja Gestión de Activos.

Asimismo, se han producido diversas altas en Bankia derivadas de las reincorporaciones de excedencias maternales, de excedencias de sociedades del grupo, permisos sin sueldo, suspensiones de empleo, revisiones de situaciones de incapacidad permanente, ejecuciones de sentencias dictadas en procedimientos instados por trabajadores y sustituciones de contratos de relevo que habían causado baja voluntaria en la entidad.' (Folio 288)

SEPTIMO.- El informe de valoración refleja una 'valoración media comportamientos' de 5,5 y una 'valoración revisada Zona / Área' y una 'valoración revisada D. Territorial / Director' de 5. En el citado documento no se identifica a la persona que realizó la valoración y redactó el informe y el mismo no aparece firmado.

Asimismo, en el acta de la reunión de validación y contraste, únicamente se relacionan los diferentes empleados y sus correspondientes calificaciones y no se expresa el motivo por el cual la del actor asciende a 5 si la valoración media antes de tal revisión era de 5,5.

Los mencionados documentos no fueron comunicados al demandante. (Documentos 1 y 2 parte demandada; declaración testifical de Dª Amalia )

Tercer.Contra aquesta sentència la part codemandada Bankia, S.A. va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària que el va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

Primer.- L'objecte del recurs de l'empresa condemnada Bankia contra la sentència que declara la improcedència de l'acomiadament del seu treballador demandant afectat pel ERO. d'extinció col lectiva de la relació laboral amb efectes de 10 de desembre de 2013, és per reposar les actuacions al moment anterior a ser infringides normes del procediment que causen indefensió, i per examinar les infraccions de normes substantives i de la jurisprudència, en empara en l'article núm. 193, a) i c) de la Llei 36/2011 Reguladora de la Jurisdicció Social de 10 d'octubre ( BOE 11 d'octubre).

El demandant presenta escrit d'impugnació al recurs oposant-s'hi amb els arguments que hi consten.

Segon.- En primer lloc l'empresa interessa la nul litat de la sentència perquè considera que li causa indefensió per infracció dels articles núm. 85.1 i 97.2 de la LRJS. en relació als articles núm. 24.1 i 120.3 de la Constitució Espanyola. Resumidament manté que la part demandant va introduir fets o arguments nous en el acte de la vista oral que recull la sentència, amb infracció dels principis de contradicció i igualtat d'armes. Amb cita de doctrina del Tribunal Constitucional, argumenta que se li causa indefensió perquè en la demanda no apareix en cap moment referència a la insuficiència de la carta d'acomiadament, ni de la falta de desplegament dels criteris d'afectació , ni expressions com ' l'incompliment dels requisits materials de la carta', ' insuficiència de la carta', 'desconeixement dels criteris', o ' falta de concreció dels criteris d'afectació'. Es remet al tercer fet de la demanda, sobre l'absència de comunicació per part de l'ocupadora de la nota obtinguda pel demandant en les avaluacions anteriors al lliurament de la carta , o a la falta de coneixements del programa d'adhesions voluntàries al ERO. col lectiu d'extincions de contractes, a mes de rebutjar de forma injustificada algunes adhesions de cessament voluntari, o d'haver realitzat l'ocupadora noves contractacions. Combat que la sentència reculli fets i fonaments de la demanda , ampliant i al legant fonaments jurídics no continguts en la demanda, malgrat la protesta formal oral de la recorrent plantejada en oposició a la demanda i en conclusions, que no va quedar resolta en la vista oral, sense que la sentència es pronunciï sobre la indefensió causada.

També en aquest objecte del recurs denuncia la infracció de l'article núm. 218,1 de la Llei d'Enjudiciament civil per incongruència extra petitum i indefensió. Resumidament entén que la fonamentació de la sentència sobre la nota de valoració obtinguda és fet que no es pot considerar controvertit, ja que no es discuteix la nota obtinguda pel demandant ni en la demanda ni en el judici , de forma que la magistrada no podia dubtar de la validesa de la nota davant la seva modificació posterior rebaixant la nota efectuada per l'empresa. Conclou que independentment del fet assenyalat, tots els empleats amb nota de 5 o inferior van ser afectats per l'acomiadament col lectiu, fos per designació directa o per adhesió voluntària, sense que existeixen treballadors que hagin set acomiadats havent obtingut un 5,5 de puntuació, i entén que aquesta qüestió constitueix incongruència extra petitum, doncs la magistrada no podia entrar a valorar l'adequació de la nota del treballador per no haver set un fet discutit entre les parts.

Aquest objecte del recurs està abocat a la seva desestimació de pla.

1er. Quant a la consideració de la infracció dels articles 85.1de la LRJS ., perquè interpreta la demanda en el sentit de què no inclou les expressions que cita sobre la insuficiència de la carta o incompliment dels requisits materials de la carta , o desconeixement dels criteris o falta de concreció dels motius d'afectació. Possiblement els termes de la carta no contemplen aquestes concretes expressions, però el tercer fet de la demanda és clar i equivalent a ressaltar i denunciar la insuficiència de la carta sobre el compliment dels criteris d'afectació en seguiment del Annex III del Acord de 8 de febrer de 2013 del ERO. col lectiu en les fases dels empleats de l'ocupadora, fent la carta una única referència a la puntuació obtinguda en la avaluació sense haver-li donat trasllat ni explicitar el coneixement i control dels representants dels treballadors, o els factors de selecció i de la nota tall.

2on. Per altra banda la motivació de la improcedència postulada queda evidenciada en la pètita de la demanda de declaració d'improcedència de l'acomiadament per causa formal i falta d'informació suficient, no sols del nombre d'adhesions prèvies a l'afectació directa dels treballadors, sinó de la motivació empresarial concreta d'afectació del demandant, doncs queda provat que el treballador no va tenir coneixement de la valoració empresarial fins a la carta d'acomiadament i en la prova de la vista oral, malgrat constituir les circumstàncies d'aquesta valoració fonament destacat de la decisió extintiva empresarial que havia de provar, d'acord amb l' article 105 de la LRJS . per carregar amb la prova dels motius de la carta d'acomiadament segons l'article núm. 217 de la LEC..

Entenem que en el judici no es van al legar fets nous ni el treballador va efectuar modificació substancial de la demanda que causés indefensió a la part, de forma que la sentència no infringeix l'apartat 1 de l'article núm. 85 de la LRJS.. Si al llarg de la vista oral, atenent a la prova practicada i als elements de convicció aportats per les parts al judici, el convenciment judicial, que és facultat exclusiva de la magistrada segons l' article 97,2 de la LRJS ., va portar a la magistrada a considerar circumstàncies dels fets de la demanda de major concreció, apareguts en la prova de les parts a la vista oral per primer cop, amb rigor jurídic no es pot pretendre de forma interessada que la sentència incorregués en incongruència extra petita prohibida per l'article núm. 218 de la LEC. com pretén incorrectament la demandada, atès el concepte i la interpretació jurisprudencial d'aquesta excepció processal.

Recordem que el Tribunal Constitucional ha definit la incongruència com un 'desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido' ( SSTC 136/1998, de 29 de junio [RTC 1998136 ] y 29/1999, de 8 de marzo [RTC 199929]) que entraña una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva siempre y cuando esa desviación 'sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos por los que discurra la controversia procesal' ( STC 215/1999, de 29 de noviembre [RTC 1999215]). La incongruència extrapetita de la decisió judicial condemna a mes d'allò demanat en la pètita de la demanda, sense que la part demandant ho hagi postulat. Els termes comparatius de la constatació de la incongruència es concreten en la Pètita o Súplica de la demanda i en el seu cas de la contestació a la demanda en la vista oral i la Part Dispositiva de la Sentència ( SSTS. de 13 de maig , 7 de juliol de 1988 , 15 i 21 de juliol i 10 de novembre de 1998 , i de 15 de setembre i 6 d'octubre de 1997 , entre moltes d'altres, que segueixen també la doctrina constitucional de la STC. 20/1982 ). No es produeix incongruència pel canvi del punt de vista del tribunal respecte als mantinguts pels interessats, sempre que s'observi total respecte pels fets, que són els únics elements que corresponen a l'exclusiva disposició de les parts, encara que amb la facultat de qui jutja de fixar les al legacions de manera definitiva segons el resultat de la prova, atès que l'òrgan judicial es troba facultat per basar les seves decisions en fonaments jurídics distints dels utilitzats per les parts, sempre que no s'innovi l'acció exercitada ( STS. 12 de novembre de 1985 , per totes).

En el cas present no s'ha produït cap situació que causi indefensió a la part recorrent, de forma que deneguem aquest objecte del recurs en aplicació de la doctrina jurisprudencial de la Sala IV del Tribunal Suprem que ha establert d'antic (Sentència de 10 d'abril 1990 [RJ 19903452 ]) que «es constante doctrina de la Sala la que afirma que la nulidad de las resoluciones judiciales es una medida excepcional que, por sus negativas consecuencias sobre el proceso, ha de limitarse a los supuestos legalmente tipificados en el art. 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 19851578, 2635 y ApNDL 8375) y a los vicios formales especialmente cualificados que menciona el núm. 1 del art. 240 de dicha Ley respecto de los que no pueda operar la subsanación prevista en el núm. 2 de este último artículo, sin que en ningún caso irregularidades formales carentes de auténtica proyección invalidante, al no impedir que el acto alcance su fin ni generar indefensión puedan justificar la adopción de tal medida con infracción del principio de economía procesal». (En sentit anàleg, la Sentència de la Sala IV del Tribunal Suprem de 2 de març 1992 [RJ 19921611]).

Per altra banda cal fer notar que en la pètita del recurs no interessa la reposició de les actuacions al moment anterior a infringir normes del procediment que causen indefensió, perquè el seu contingut no guarda coherència amb el contingut del recurs de suplicació, doncs interessa que es dicti sentència ' per la qual es desestimi el dit recurs de suplicació i confirmi la resolució de la instància.', en aquest cas de declaració de la improcedència de l'acomiadament, declaració que recorre l'ocupadora.

Conseqüentment amb el raonat, desestimem aquest objecte del recurs.

Tercer.- L'empresa denuncia subsidiàriament en el segon objecte del recurs la infracció de l'article núm. 53.1 del ET. perquè entén que l'afectació del treballador ha quedat degudament justificada, perquè ha procedit en aplicació estricta dels criteris pactats en l'Acord final del ERO. d'extincions col lectives de les relacions de treball. En aquest sentit argumenta que en l'Acord de 8 de febrer de 2012 es va pactar l'afectació directa dels treballadors per l'empresa, previ descompte de les baixes voluntàries i de l'exclusió pactada del personal que no quedava afectat pel ERO.( discapacitats, representants dels treballadors i matrimonis o unions de fet). Es remet al Annex II del Acord que transcriu, si be ens remetem al Annex III, que regula els criteris d'afectació tenint en compte la valoració resultant dels processos d'avaluació efectuats per l'ocupadora respecte del perfil competencial, indicadors de potencial i compliment d'objectius com factors de servei al client, compromís, rendiment treball en equip i polivalència. Processos d'avaluació que la recorrent afirma s'han efectuat a la totalitat dels empleats pels equips tècnics de recursos humans amb metodologia i contingut comú, amb entrevistes personals, participació dels responsables directes de cada agrupació i han set revisades conforme a criteris homogenis, segons obliga el Annex III. Argumenta que l'oficina del treballador demandant va quedar tancada. A Catalunya el tall d'avaluació era el 5, atenent l'alta afectació del ERO. en aquesta zona, i afirma que es justifica la seva afectació perquè els designats tenien una nota de 5,5 o de 5, com va ser aquesta última la nota definitiva del demanant, en la facultat de revisar l'avaluació segons la 2ª fase que contempla l'Annex III del Acord, tal com recull el tercer fet provat al qual es refereix el Tercer Fonament de Dret de la Sentència. Assenyala que el demandant no ha practicat cap prova per desvirtuar la valoració a la baixa obtinguda. Igualment manté que les explicacions genèriques efectuades en prova testifical per la Gestora de personal no poden comportar la declaració d'improcedència de l'acomiadament.

Subsidiàriament denuncia la infracció de l'article núm. 53.1 del ET. i manté la validesa de informe de valoració encara que no estigui signat ni consti la seva paternitat, i encara que el treballador en fos informat en el moment de lliurar-li la carta d'acomiadament i no abans. Argumenta que aquesta avaluació va ser efectuada amb anterioritat al Acord del ERO., al llarga de l'any 2012 com a eina interna de Bankia a utilitzar per RRHH. a fi de disposar d'informació homogènia i objectiva dels empleats desprès de la integració de les set Caixes d'Estalvis que van conformar la Societat, ja que la recorrent no disposava de dades comparables que mesuressin la eficiència, rendiment i adequació al lloc de treball de tots els treballadors integrants de l'entitat, de manera que consistia en una eina de gestió interna que explica que els treballadors afectats no coneguessin els criteris i resultats de la qualificació obtinguda perquè no era pública. Criteris i resultats dels quals en l'Acord del ERO. no es va pactar la seva publicitat. Assenyala que no obstant la manca de signatura del document d'avaluació i la manca de publicitat de l'avaluació, els treballadors podien interessar per escrit còpia de les avaluacions, fet que no va efectuar el demandant. Es remet a la validació del Informe de valoració de l'avaluació dels treballadors afectats per l'extinció forçosa efectuada en la reunió del 17 de desembre de 2012 per parts del Director del Negoci d'Empreses a Catalunya, pel Director del Departament de Persones i per la Gestora de Persones designada.

Finalment denuncia també que la carta d'acomiadament no és insuficient perquè estableix la causa econòmica negativa i fa referència genèrica als criteris d'afectació pactats en l'Acord de l'acomiadament objectiu col lectiu. Lògicament en la sentència No es discuteixla causa econòmica, i queda clar que l'afectació del demandant es deu a la seva puntuació baixa d'un 5, sense que el previ desconeixement d'aquesta valoració definitiva li causés indefensió, perquè va conèixer la causa d'afectació en la carta d'acomiadament i podia conèixer el criteris generals i propis de la seva selecció concreta, atès que l'Acord va ser publicat amb els seus Annexos en la intranet interna. Es remet finalment a sentències de Sales Socials de diferents TSJ. i doctrina jurisdiccional sobre la competència general de l'empresari per determinar la selecció dels treballadors afectats; selecció empresarial subjecta a revisió judicial quan es presentin indicis de vulneració de drets fonamental o de frau de llei i abús de dret, i conclou que la carta d'acomiadament compleix amb les exigències formals establertes en l'article núm. 53,1 del ET..

Partim de la relació fàctica no atacada i de la declaració d'improcedència de l'acomiadament per defecte de la carta d'acomiadament individual en compliment del Acord de 8 de febrer de 2013 arribat en el marc del ERO col lectiu d'extinció de contractes laborals a que va arribar la representació empresarial i la dels treballadors.

En el cas present la controvèrsia versa fonamentalment en si l'empresa va aplicar els criteris d'afectació recollits en l'Annex III del Acord de 8 de febrer de 2013 en el marc del ERO col lectiu d'extincions, i si la comunicació de la seva concreta afectació és o no suficient en la comunicació d'afectació del treballador demandant. La sentència arriba a la conclusió que l'ocupadora no va seguir el procés de selecció establert en les dues fases del Annex III del Acord, fet que considerem que resulta obvi, com reconeix la recorrent en el recurs al assenyalar que per a l'afectació forçosa per l'extinció de contractes de treball en el marc del ERO. es va valer de les avaluacions de finalitat interna de l'any anterior 2012 efectuada amb la finalitat de tenir una eina per obtenir una informació homogènia i objectiva dels empleats desprès de la integració de les set caixes d'estalvi que van conformar l'entitat.

Quart.- La qüestió, tan sobre la insuficiència de la causa objectiva que consta en la carta d'acomiadament, com fonamentalment sobre els concrets criteris de selecció del demandant, ha set resolta abastament per aquesta Sala Social del TSJ. de Catalunya en procediments anteriors d'afectació individual del Acord del Acomiadament col lectiu de la demandada recorrent del que deriva l'extinció de la relació laboral del treballador amb efectes des del 10 de desembre de 2013, amb comunicació d'extinció del contracte per afectació al ERO col lectiu d'acomiadament, en idèntics termes que la que ens ocupa en aquest cas excepte les concretes dates.

Quant a la suficiència o insuficiència de la comunicació sobre la constatació de la causa objectiva econòmica en la comunicació de 21 de novembre de 2013 a què fa referència el recurs en el últim motiu del segon objecte del recurs, ens remetem a la nostra Sentència de 4 d'abril de 2016 ( rec. 6534/2015 ) que en cas d'una altra treballadora afectada pel ERO d'acomiadament col lectiu a qui el 14 el novembre de 2013 se li va comunicar la seva afectació d'extinció del contracte per causes objectives amb efectes de 10 desembre de 2013 en termes iguals que la comunicació rebuda pel demanant que ara ens ocupa, excepte ostentar major puntuació en la valoració del criteris d'afectació, en la qual recollim la nostra Sentència del Ple de la Sala de 17 de novembre de 2015 ( recud. 4048/2015 ), a la qual ens remetem igualment per congruència i seguretat jurídica, i en concret al seu Tercer Fonament de Dret sobre la 'suficiència de la carta d'acomiadament' que en el punt 4.3, prèvia invocació en punt 4.2 de doctrina jurisprudencial, fonamentalment la Sentència del Tribunal Suprem núm. 219/2016 de 15 de març de 2016 i la de 12 de maig de 2015 ( recud.1731/2014 ), diem que: '- Es deriva de les presents actuacions que a la carta d'acomiadament es feien constar els criteris d'adscripció (que a més, varen ser penjats en l'intranet de l'empresa). D'altra banda, en la carta d'acomiadament es feia constar la puntuació obtinguda en forma individualitzada per la demandant en l'àmbit provincial de referència, en relació a criteris d'afectació que bé poden ser qualificats com a subjectius i no subjectius (perfil professional, adequació als llocs de treball i, en especial, la valoració personal de la demanant). Per tant, aquells requisits que anteriorment hem exigit s'ha complert fil per randa en el cas objecte del debat de la Sala.

Ara bé, dit l'anterior, caldrà observar que el jutjador del primer grau, per bé que en el judici de formalitat considera que la missiva extintiva no compleix els requisits necessaris -criteri que, com es desprèn de les prèvies reflexions no compartim- entrar també a fer una valoració dels criteris concrets de valoració de la demandatI així, s'afirma a la Sentència del primer grau: 'Además, respecto de la supuesta valoración efectuada a la trabajadora, se plantean muchas dudas. Así, del examen del informe de valoración y su validación (documentos 9 y 10 demandante, 4 y 5 demandada), debemos concluir que dichos documentos no tienen fuerza probatoria suficiente para acreditar la evaluación de la actora, ni su fecha, ni su autor, ni sus circunstancias. El informe de valoración (folio 87) es un documento en el que no figura su autor ni viene firmado, únicamente se hace referencia a un 'DIR. SISTEMAS' que la empresa no puede identificar. Es más, ni siquiera la declaración testifical aportada por la demandada (gestora personal de zona, Sra. Diana ) puede dar detalles sobre dicha evaluación, añadiendo el directo superior jerárquico de la trabajadora (Sr. Santos ) que la última valoración que recuerda es del año 2009. Por tanto, dicha supuesta valoración, de la que no ha tenido conocimiento la actora, además de basarse en datos totalmente subjetivos e incluso erróneos (puesto que la actora nunca ha tenido trato con el cliente - como recuerda el testigo Don. Santos - por lo que difícilmente puede evaluarse dicho aspecto), no puede ser base para determinar la causa del despido de la trabajadora' . Caldrà ressenyar que en les presents actuacions s'havia practicat, a instàncies de la part actora, prova anticipada, entre altres aspectes, en relació a les entrevistes, comunicació i informació de tot el procés de selecció i avaluació

Observis com les dites constatacions s'emmarquen ja no tant en el judici de formalitat (contingut de la carta), sinó en el de causalitat en el sentit ample pel qual abans advocàvem. D'aquesta forma allò que es sustenta és, essencialment, que l'actora ha estat valorada en forma arbitrària. I això es fa en base a una sèrie d'afirmacions de valor indubtablement fàctic que no han estat atacades per la via corresponent en el recurs.

Reiterem, per tant, que aquest aspecte s'ha de situar en el judici de causalitat ample. Una cosa és que en la carta d'acomiadament constin les dades necessàries per a la defensa del treballador. Una altra, molt diferent, si les dites dades s'adeqüen als límits autoimposats per l'empresari en la comunicació final o acordats amb la comissió representativa de personal. I és clar que, formalismes a banda, els jutges i tribunals tenen plenes competències per fer l'anàlisi de si en cada cas concret la selecció dels treballadors en base als dits paràmetres subjectius es corresponen amb els dits límits (en aquest cas, pactats).

El recurs, com s'ha dit, només s'adreça al judici de formalitat però -retòrica i valoracions de la prova de part a banda- deixa inalterats els elements fàctics del judici de causalitat expressat, la qual cosa impedeix en el present cas el seu èxit.'

Seguim conseqüentment el criteri de la Sentència transcrita en aquest punt del Ple jurisdiccional d'aquesta Sala, i estimem suficient la carta d'acomiadament respecte de la causa objectiva d'extinció.

Cinquè.- Quant a la deguda informació que ha de constar en la carta d'acomiadament sobre els criteris concrets d'afectació del treballador, ens remetem a la relació fàctica i als fets conformes com el contingut de la mateixa comunicació del acomiadament de 14 de novembre de 2013 i del Acord de 8 de febrer de 2013 i l' Annex III del Acord que recull la relació fàctica no atacada , en la qual consta que el treballador va ser valorat en les seves funcions amb un 5,5 sobre 10 ; puntuació revisada posteriorment a 5 punts segons consta en el setè fet provat. Valoració que no se li va informar abans de la carta d'acomiadament i de la qual en va tenir coneixement en el moment d'examinar la prova documental i testifical de l'ocupadora en la vista oral de la instància.

És doncs obligat remetre'ns a l'apartat A del Annex III del Acord de 8 de febrer de 2012 del Acomiadament col lectiu que ens ocupa i fonamentalment en l'apartat E del Annex III del Acord en relació al Procés de Valoració Perfil Competencial dels empleats, a fi de poder determinar si en la notificació de l'extinció per afectació directa de l'empresa s'informa i es compleixen les dues fases d'avaluació per als empleats que hi consten, que s'inicien un cop conclòs i resolt el procediment d'adhesió al programa de baixes indemnitzades previst en l'Acord del ERO. de 8 de febrer de 2013, en el cas que sigui necessari un major ajustament de plantilla en l'àmbit de Barcelona i província.

En aquest supòsit, com en el cas present, l'ocupadora recorrent pot procedir a amortitzar llocs de treball en el nombre que sigui necessari, amb els termes i límits continguts en l'Acord que es remet al Annex III.

Diem aquí, com en el supòsit idèntic que resolem en la Sentència d'aquest TSJ. de Catalunya de 4 d'abril de 2016 ( recud 6534/2015 ) sobre el compliment dels requisits d'avaluació per a procedir a l'afectació forçosa de l'extinció de la relació de treball individual, que en l'Annex III del Acord es regula el procés concret de designació dels treballadors afectats d'acomiadament, tenint en compte la valoració resultant dels processos d'avaluació realitzats per la Entitat sobre la competència, indicadors de potencial i compliments d'objectiu. El procés d'avaluació s'inicia amb criteris de comportaments observables en el dia a dia, es defineixen dos perfils de valoració, que, respecte dels empleats conté dues fases:

'1ª Fase: a partir del conocimiento de los gestores de personas tienen de su colectivo complementado con entrevistas, feedback con los superiores jerárquicos e información disponible de todos los empleados, se han evaluado a todos los empleados en base a los criterios antes descritos .

2ª Fase: para asegurar la mayor fiabilidad de la información, de la valoración realizada se ha contrastado y validado sucesivamente con los directos de las agrupaciones correspondientes:

- en la red de empresas y particulares: primero con el Director de Zona/Director de Negocio y después con el Director Territorial /director de empresas.

Por último se llevan a cabo procesos de validación de la información.'

En aquell cas com en el present no consta provat que el demandant hagués estat sotmès a la primera fase de valoració en els termes del Annex III , doncs no s'ha provat per l'empresa que se li hagués realitzat cap entrevista per part de l'ocupadora, sense que la recorrent hagi justificat aquest incompliment . Tampoc consta que els caps jeràrquics immediats del treballador s'hi entrevistessin, a la vista de la signatura del Acta de reunió per a l'Avaluació a la plantilla de la Direcció Metropolitana Centre de 12 de desembre de 2012, on únicament consta la signatura del Director de Zona, el Director del Departament de Persones i de la Gestora de Persones de la Zona Metropolitana Centre.

Ens remetem a les consideracions que fem en la nostra Sentència recent citada que diu ' Pues bien, en el caso de autos resulta que la trabajadora no fue sometida a la primera fase de valoración en los términos del Anexo III del acuerdo, toda vez que consta que no se realizaron entrevistas a los trabajadores, sin que exista justificación alguna. Por otro lado, el Director de Oficina donde prestaba los servicios la trabajadora, tampoco fue entrevistado ni preguntado, aunque estuvo de baja a finales del año 2012, no siendo determinante tal circunstancia, porque consta que la entrevista no se hizo a muchos trabajadores. Tampoco hay justificación para que no fuera preguntado el Director de Oficina en las que prestaba sus servicios la trabajadora, siendo ése un trámite correspondiente a la primera Fase.'

Entenem que en aquest cas, com en aquell, 'la empresa sólo acredita la segunda fase, dirigida a acreditar la fiabilidad de una información que se obtenía en una primera fase que la empresa, respecto de la trabajadora en concreto, no llevó a cabo, con clara infracción de los Criterios de selección de los afectados pactados con la representación de los trabajadores, lo que conlleva, en consonancia con lo que sostiene la resolución recurrida, la improcedencia del despido. Dicha infracción no puede ser sanada, como parece pretender la recurrente, mediante el acta de validación y contraste, pues la misma sirve para dar mayor fiabilidad a una información que se obtiene por quienes conocen y están en contacto directamente con el trabajador/a, información que en el caso de autos, insistimos, queda acreditado que no se obtuvo. '

Conseqüentment el criteri fins ara d'aquesta Sala Social del TSJ. de Catalunya coincideix amb el vot particular de la recent Sentència del Tribunal Suprem IV de 15 de març de 2016 ( recud 2507/2014 ) en la que es discuteix la qüestió de la suficient informació o no dels criteris de selecció de Bankia als treballadors afectats, atès el incompliment per part de l'ocupadora del procés de selecció acordat en l'apartat E del Annex III del Acord de 8 de febrer de 2013 que va culminar el període de consultes del ERO. d'extinció de 4.500 contractes de treball, en compliment de l'article núm. '. 3.3.v) Directiva 98/59/CE 'los criterios tenidos en cuenta para designar a los trabajadores que vayan a ser despedidos' i en seguiment de la Sentència del Ple de la Sala IV del TS. ' entre otras, en la STS/IV 25- junio-2014 (rco 198/2013 , Pleno, con voto particular, Ayuntamiento Jerez de la Frontera), que remitían a los procesos individuales para determinar la adecuación a los criterios de selección de los concretos trabajadores ("... parece claro que deberá ser en ese proceso individual donde se plantee y analice con precisión el cumplimiento o incumplimiento de los 'criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados'"), sin que se indique que se está cambiando de doctrina ni con claridad sus motivos.. I amb remissió al vot particular a la ' STS/IV 24-noviembre-2015 (rcud 1681/2014 , Pleno, con dos votos particulares discrepantes) afirmábamos que: "No encontramos sentido a que en un Estado social y democrático de Derecho ( art. 1.1 CE y, entre otras, STC 192/2003 ) en el que se protege el derecho al trabajo ( art. 35 CE ) en su manifestación del derecho a no ser despedido sino existe justa causa (entre otras, SSTC 22 / 1981 , 125/1994 , 192/2003 e incluso en la citada STC 8/2015 de 22 de enero ), -- y también con olvido de la propia jurisprudencia de esta Sala (entre otras, STS/IV 20- enero-2015 -rcud 401/2014 ) --, ante dos supuestos de despidos fundados en 'causas económicas, técnicas, organizativas o de producción', los del art. 51 o los del art. 52.c) ET , diferenciados legalmente por el mero hecho de que se superen o no los umbrales numéricos y de centro de trabajo que se establecen en el art. 51.1 ET en desarrollo de la Directiva 98/1959/CE del Consejo, de 20-julio-1998 (relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos) y ahora con referencia también a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (entre otras, SSTJUE 7-diciembre-1995 - C-499/93 , Rockfon; 15-febrero-2007 - C-270/05 , Athinaïki Chartopoïïa AE; 30-abril-2015 - C-80/14 , Sindicato USDAW ; 13- mayo-2015 - C-182/13 , Valerie Lyttle y otros y 13-mayo- 2015 - C-393/13 , Rabel Cañas),'., atesos els termes de la carta d'acomiadament individual del demandant, idèntica a les altres que ens han ocupat que diu: 'Asimismo, una parte de lo pactado en dicho acuerdo establece la aplicación de un conjunto de criterios a la hora de determinar aquellos trabajadores que resulten afectados como consecuencia del proceso de reestructuración. En este sentido, se ha establecido que, dentro del ámbito provincial o agrupación/unidad funcional, la designación por parte de Bankia se efectuará, de conformidad con el perfil profesional, la adecuación a los puestos de trabajo y la valoración llevada a cabo por la Entidad con carácter general. La designación se producirá una vez descontadas las bajas producidas por la aceptación de la Entidad de las propuestas de adhesión en dicho ámbito y la consideración de las personas que, en su caso, se vean afectadas por procesos de movilidad geográfica y cambio de puesto de trabajo.' ...' La carta es refereix al procés de valoració dels treballadors de 2012 realitzat per la Entitat, que va ser ' un elemento relevante para la adopción del Acuerdo de 8 de febrero de 2013, al que fue incorporado como parte del mismo, su valoración es de 5 puntos, que se encuentra entre las valoraciones de menor puntuación de la red de oficinas de ñla Dirección Banca Empreses en la que Ud. Presta servicios'. , Especifica en el paràgraf anterior que la designació directa dels trebalaldors afectats es fera segons allò previst en l'apartat II-B del Acord citat de 8 de febrer de 2013 i en l'Annex III relatiu als criteris d'Afectació d'Empleats ( foli 8 del procediment), que no ha complert l'ocupadora.

Sisè.- No obstant, per tractar-se de supòsit idèntic al contemplat i resolt per la majoria en la Sentència del Tribunal Suprem referida de 15 de març de 2016 ( recud. 2507/2014 ), cal que atenguem els raonaments dels seus Quart i Cinquè Fonament de Dret encara que es pugui considerar que aquesta única Sentència de la Sala IV del TS. no constitueix doctrina jurisprudencial, perquè resol la mateixa controvèrsia present sobre la procedència o no de major o menor claredat d'exposició en la carta d'extinció individual derivada de l'acomiadament col lectiu, d'haver de fer constar els criteris d'afectació individual acordats entre la representació econòmica i social en compliment dels concrets termes del Acord en aquest punt amb la finalitat de major garantia, seguretat jurídica i possibilitat de defensa de la persona afectada.

Els raonaments del Quart i Cinquè Fonaments de Dret de la Sentència citada diuen: 'CUARTO.- 1.- Innecesaria reproducción -en la Els comunicación- de los criterios de selección .- Siendo ello así, parece razonable entender que en la comunicación individual del despido colectivo no es necesaria la reproducción de los criterios de selección fijados o acordados durante las negociaciones:

a).- En plano de estricta legalidad, porque tal requisito está ausente en el art. 53.1 ET y en la remisión legal que al mismo hace el art. 54.1, de manera que su exigencia desbordaría el mandato legal; y porque -en igual línea normativa- el art. 122.1 LRJS dispone que se declarará procedente la decisión extintiva cuando el empresario «acredite la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación escrita», y tal referencia textual -en cursiva- invita a sostener que para el legislador la «causa legal» es el único dato que ha de constar en la comunicación extintiva.

b).- Atendiendo a consideraciones finalísticas, porque resultaría formalismo innecesario -y en todo caso enervante- exigir que se comunique de manera individual a los trabajadores aquellos datos que no sólo es razonable suponer que se han conocido materialmente por ellos en el curso de las negociaciones, en tanto que la decisión extintiva de la empresa se ha adoptado con activa intervención e incluso acuerdo de la representación -legal o sindical- de los trabajadores , que obligadamente han de informarles de las gestiones y sus resultados [ art. 64.7.e) ET ], sino que en todo caso el general conocimiento de tales datos por los sujetos representados bien pudiera entenderse como consecuencia directa del significado que tiene por sí misma la figura del mandato legal representativo [ art. 1259 CC ], pues sin perjuicio de la singularidad que ofrece el mandato propio de la RLT [gestiona intereses, más que voluntades], de todas formas no parece dudoso que su válida actuación «alieno nomine» y la eficacia jurídica de sus actos respecto del «dominus negotii» -personal representado- se extiende al íntegro objeto material que fije la norma de la que trae causa [aquí, el art. 51 ET ], salvo que la propia disposición legal imponga -éste no es el caso- otra cosa o la intervención personal de los trabajadores afectados. Y

c).- Desde una perspectiva eminentemente práctica, tampoco resultaría en absoluto razonable pretender que en cada comunicación individual del cese se hagan constar -de manera expresa y pormenorizada- los prolijos criterios de selección que normalmente han de utilizarse en los PDC que afecten -como es el caso- a grandes empresas y numerosos afectados, dándole así a la indicada carta de despido una extensión tan desmesurada como -por lo dicho- innecesaria.

2.- Inexigible constancia -en la carta de despido - de la concreta aplicación de los criterios al personal afectado.- Por estas mismas consideraciones -y alguna más- también excluimos la necesidad de que en la referida comunicación se lleve a cabo la justificación individualizada del cese que se comunica, con detallada referencia a la singular aplicación de los criterios de selección utilizados en el PDC de que se trate. A nuestro juicio la respuesta ha de ser contraria a tal exigencia, por tres razones:

a).- En primer lugar porque -reiteramos lo dicho a propósito de los criterios de selección en sí mismos considerados- el precepto nada indica al respecto y la pretensión excede del mandato legal, que se limita a la expresión de la «causa».

b).- Además, el adecuado cumplimiento de la exigencia -de proceder- supondría no sólo relatar la valoración individual del concreto trabajador notificado, sino también la de sus restantes compañeros con los que precisamente habría de realizarse el juicio de comparación, lo que en la mayor parte de los supuestos daría lugar a que la carta de despido tuviese -cuando menos tratándose de un PDC- una dimensión ajena a toda consideración razonable. Y

c).- En último término, porque el derecho de defensa que corresponde al hipotético trabajador demandante, queda en todo caso garantizado con la posibilidad que el mismo tiene de reclamar a la empresa los datos que considere necesarios para presentar la correspondiente demanda [si duda de la legalidad de los criterios y/o de su correcta aplicación], acudiendo -a tales efectos- a los actos preparatorios y diligencias preliminares que regula la normativa procesal [ arts. 76 y 77 LRJS ; y art. 256 LECiv ], así como a la solicitud de oportuna aportación documental por parte de la empresa, para de esta forma acceder a todos los datos que le permitan comparar su concreta situación con la de sus compañeros no despedidos y -en su caso- poder combatir la concreta aplicación de los criterios de selección llevado a cabo por la demandada.

3.- Los dos planos -laboral/procesal- de la necesaria justificación del despido .- En síntesis, nuestra posición en torno a la justificación del despido individual producido en el marco de un PDC es la que sigue:

a).- La comunicación individual al trabajador afectado tiene por obligada indicación - exclusivamente- la expresión de la concreta «causa motivadora» del despido [económica, técnica o productiva], en términos compatibles con el derecho de defensa del interesado a los que más arriba nos hemos referido [precedente apartado «1.a)» de este mismo FJ], proporcionando -como indicamos- detalles que permitan al trabajador tener un conocimiento claro e inequívoco de los hechos generadores de su despido ; y ello -además- en el marco de una posible contextualización de las previas negociaciones colectivas, que puedan proporcionar el acceso a elementos fácticos que complementen los términos de la comunicación escrita [vid. apartado 1.b) de este mismo FJ]. Y

b).- Los criterios de selección y su concreta aplicación al trabajador individualmente considerado, solamente han de pasar al primer plano de documentación para el supuesto de que se cuestionen en oportuna demanda -por los afectados- los propios criterios de selección y/o su específica aplicación a los singulares trabajadores ; demanda que bien pudiera ser preparada o precedida de aquellas medidas -diligencias preliminares; actos preparatorios; solicitud de aportación de documental- que autoriza la Ley y que permiten al trabajador la adecuada defensa de sus derechos e interese legítimos [nos remitimos a los ya citados arts. 76 y 77 LRJS ; y art. 256 LECiv ].

QUINTO.- 1.- Censura de la sentencia recurrida a la concreta comunicación de despido en el caso que se debate.- Para la decisión del TSJ que se recurre, la censura que cabe hacer a la carta de despido entregada en autos es que en ella «no se indica la valoración que ha obtenido cada demandante, ni que se les haya notificado sus resultados con anterioridad al Acuerdo mencionado [el de 08/02/2013], ni la nota de corte para poder determinar si se han cesado a los que menos puntuación han obtenido... Al no conocer los demandantes su valoración no sólo no pueden defenderse adecuadamente sino que se les ha privado de la posibilidad de adherirse a las bajas indemnizadas... La recurrente hace referencia a una valoración efectuada en el año 2012 de toda la plantilla ... pero no consta ... que a los demandantes se les haya notificado los resultados de la valoración ... con anterioridad a la decisión adoptada por la empresa ...».

2.- Posición -diversa- que este Tribunal mantiene al respecto.- Pero ni la doctrina expuesta en los dos procedentes fundamentos jurídicos, ni las circunstancias del caso debatido nos permiten coincidir con las indicadas razones de la decisión objeto de recurso y así alcanzar con ella su misma consecuencia. La carta de despido no sólo refiere detalladamente la causa legitimadora del PDC, que es -como vimos- la única exigencia legal, relatando de manera suficiente la existencia de cuantiosas pérdidas y la exigencia de un Plan de Reestructuración, aprobado por la Comisión Europea y suscrito por el Reino de España; sino que asimismo también refiere -al menos en parte- el extenso Acuerdo obtenido con la RLT de 08/02/13; e igualmente reproduce también de forma parcial -aunque suficiente- los criterios de selección que en el mismo constan; y señala su concreta aplicación en el caso, «de conformidad con el perfil profesional, la adecuación a los puestos de trabajo y la valoración llevada a cabo por la Entidad con carácter general».

Esta valoración individual a que se refiere la comunicación, es de la que trata con detalle el Acuerdo [Anexo III.E] al que la carta se remite y que había sido llevada a cabo por la empresa en el año 2012, y que en el concreto caso de los demandantes de autos alcanzó -en una escala entre 0 y 10- desde los 2,25 puntos de Sra. Camino los 3,75 puntos del Sr. Braulio . Y si bien es cierto que no consta que tal valoración individualizada hubiese sido personalmente notificada a los singulares trabajadores con anterioridad al despido , no lo es menos que su conocimiento por los afectados no sólo es consecuencia del trascendente significado -arriba destacado- que debe atribuirse a la representación ostentada por los negociadores del PDC, sino que tal conocimiento era en todo caso procesalmente obtenible empleando una mínima diligencia [también nos remitimos a los ya referidos arts. 76 y 77 LRJS ]; aparte de que, como sostiene la sentencia referencial y no duda en reiterar el Ministerio Fiscal, pretender que los criterios de selección y las puntuaciones obtenidas por los trabajadores en la evaluación general de 2012 «no eran conocidos por la plantilla, no es razonable, máxime cuando el despido colectivo tuvo repercusión social importante... ». Por lo que hemos de concluir diciendo, en línea con la decisión de contraste, que si bien la carta de comunicación del cese pudo haber sido más detallada en la exposición de los criterios selectivos y en la concreta aplicación de los mismos a cada uno de los trabajadores afectados, en todo caso cumplió las exigencias legales y no es susceptible de reproche formal alguno trascendente'

Independentment dels possibles efectes de dificultat afegida per arribar a un Acord entre la representació econòmica i social en la negociació d'un acomiadament col lectiu que es pot generar a les empreses en dificultats, si no cal respectar el trams del procés de selecció com a part destacada del Acord que persegueix millora de la norma general en la garantia dels mecanismes concrets de selecció específica individual de les persones treballadores objecte d'extinció individual, en aplicació del nou criteri jurisprudencial transcrit referit a controvèrsia idèntica a la present de la mateixa empresa demandada, estimem també aquest motiu del recurs, conscients del diferent tracte que la solució present pot causar a partir d'aquest pronunciament judicial del TS.IV entre les persones que amb anterioritat a aquesta Sentència han set afectades pel mateix ERO. col lectiu i Acord de 8 de febrer de 2013, amb declaració d'acomiadament objectiu improcedent i no procedent com hem de fer en aquesta sentència per l'extinció per afectació directa de Bankia.

Pel raonat, amb revocació de la sentència de la instància, desestimem la demanda del treballador Lázaro contra Bankia, a qui absolem.

Atesos el fonaments jurídics precedents,

Fallo

Estimar el recurs de l'empresa Bankia SA contra la Sentència de 30 de març de 2015 dictada pel Jutjat Social núm. 2 de Granollers en el procediment núm. 63/2014 a instància del treballador Lázaro en matèria d'extinció de la relació laboral per afectació del ERO col lectiu d'acomiadament, i

Desestimar la demanda del treballador, amb absolució de l'empresa recorrent.

Donis a la consignació de la condemna i dipòsit el curs legal.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Un cop sigui ferma la sentència caldrà remetre al Jutjat d'instància les seves actuacions ja que és l'òrgan judicial competent per executar-la.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social .

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social,o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l' article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , consignarà com a dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el BANC SANTANDER , a l'Oficina núm 6763 situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, n° 0965 0000 66, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , quan així procedeixi, cal acreditar- la al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria i s'efectuarà en el compte que la Sala té obert en l'oficina bancària esmentada al paràgraf anterior, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

També és possible substituir la consignació en metàl lic per l'assegurament de la condemna mitjançant un aval bancari emès per una entitat de crèdit. El document haurà de ser de duració indefinida i a pagar a primer requeriment.

Si el dipòsit o la consignació no és fan de forma presencial sinó mitjançant transferència bancària o per procediments telemàtics, a les dites operacions hauran de constar les següents dades:

El compte bancari al que es remetrà la quantitat és IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. A la dada de 'ordenant' caldrà indicar el nom de la persona física o jurídica que fa l'ingrés i el seu NIF o CIF. Com a 'beneficiari' ha de constar la Sala Social del TSJ de Catalunya. Finalment, a 'observacions o concepte de la transferència' cal introduir els 16 dígits que consten en els paràgrafs precedents respecte al dipòsit i la consignació fets de forma presencial.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ.Avui, la Magistrada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.