Sentencia SOCIAL Nº 293/2019, Juzgado de lo Social - Zamora, Sección 2, Rec 272/2019 de 23 de Diciembre de 2019

Encabezamiento

JDO. DE LO SOCIAL N. 2

ZAMORA

SENTENCIA: 00293/2019

-

C/ RIEGO, Nº 5, 4ª PLANTA

Tfno:980 55 94 95

Fax:980 55 94 98

Correo Electrónico:

NIG:49275 44 4 2019 0000555

Modelo: N02700

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000272 /2019

Procedimiento origen: /

Sobre: DESPIDO

DEMANDANTE/S D/ña: Borja

ABOGADO/A:MARIA PALOMA PRIETO SANCHEZ

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:

DEMANDADO/S D/ña:INMOBILIARIA ZAMORANA S.A., EDIFICACIONES ZAMORANAS S.A. EDIZASA , PROMOCION URBANISTICA ZAMORANA S.A. , FOGASA

ABOGADO/A:, , , LETRADO DE FOGASA

PROCURADOR:, , ,

GRADUADO/A SOCIAL:, , ,

SENTENCIA Nº 293/2019

En ZAMORA, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve.

Dña. MARÍA JOSE JUANES GARCIA,Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social nº 2 de Zamora, tras haber visto los presentes autos sobre extinción de contrato y reclamación de cantidad 272/19 entre partes, de una y como demandante D. Borja, representado por la Letrada Sra. Prieto Sánchez, y de otra como demandados INMOBILIARIA ZAMORANA S.A, representada por el Letrado Sr. Olalla Pérez y EDIFICACIONES ZAMORANAS S.A. , PROMOCIONES URBANISTICAS ZAMORANAS S.A., y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, que no han comparecido al acto del juicio a pesar de haber sido citadas en legal forma.

Antecedentes

ÚNICO.-Turnada la demanda por extinción de contrato y reclamación de cantidad a este Juzgado de lo Social se admitió a trámite la misma dándose traslado a los demandados y citando a las partes para la celebración del correspondiente juicio oral, y en su caso previo acto de conciliación judicial, que tuvo lugar en fecha 14 /10/2019, compareciendo las partes relacionadas en el acta levantada al efecto y solicitando sentencia de acuerdo a sus intereses, practicándose las pruebas que fueron declaradas pertinentes, y quedando los autos vistos para dictar sentencia.

Hechos

PRIMERO.-El demandante ha venido prestando servicios para de forma indiferenciada para todas las codemandadas (si bien en el momento del cese formalmente es trabajador de la empresa Edificaciones Zamoranas S.A.) desde el 9 de diciembre de 2003 con la categoría profesional de Auxiliar administrativo a tiempo parcial , 14 horas semanales, siendo la actividad de la empresa promotora y constructora en el centro de trabajo de Zamora, siendo el salario anual para su categoría de 17.364,75 euros por todos los conceptos correspondiendo a las 14 horas semanales un salario del 35,17% que al año es de 6.107,18 euros incluida la prorrata de gratificaciones extraordinarias.

Desde la indicada fecha de 9 de diciembre de 2003 se han ido sucediendo las contrataciones por parte de las codemandadas, prestando servicios de forma continuada, sin interrupción de ningún tipo, para todas ellas.

SEGUNDO.- Todas las codemandadas forman un único grupo de empresas a efectos laborales. Así, además de encontrarse todas ellas en el mismo domicilio, realizan la misma actividad con total confusión de plantillas (especialmente en el caso del actor, trabajador administrativa de todas ellas), se rigen y gestionan bajo la misma organización y jerarquía empresarial; con coincidencia de administradores y confusión patrimonial.

La existencia del grupo de empresas ya ha sido objeto de reconocimiento en diversos procedimientos judiciales.

TERCERO.-Las empresas codemandadas desde el día 4 de junio de 2019 han cerrado el centro de trabajo de forma definitiva, sin poder acceder el trabajador a realizar su trabajo, careciendo tal decisión de justificación.

Que en el momento de la presentación de la demanda la empresa adeudaba al trabajador los salarios desde el 1 de junio de 2018 hasta el día del despido el 4 de junio de 2019, cantidad que asciende a 6.681,13 euros, desglosados como sigue:

CONCEPTO CANTIDAD

S. Base del 1 de junio de 31 de diciembre de 2018(214 días a 10,129€/día) 2.167,61 €

Plus Asistencia igual periodo (138 días a 3,98€/día) 549,24€

Plus Convenio igual periodo (138días a 1,25€/día) 172,50 €

Extra de Junio y diciembre de 2018(481,17 euros cada extra x 2 ) 187,68 €

Salario Base del 1 de enero al 4 de junio de 2019( 155 días a 10,36 euros/día)

1.605,80€

Plus asistencia igual periodo (102 días x 4,07 euros/ día) 415,14€

Plus Convenio igual periodo ( 102 días x 1,27€/día)

129,54€

Extra de Junio 2019:5/6 partes de 492 euros ) 410,00€

PP Vacaciones 2019: 5,5 días a 16,40 euros/día 268,96€

TOTAL ADEUDADO 6.681,13€

CUARTO.-El actor presentó papeleta de conciliación conforme consta en la documentación aportada , con el resultado intentado sin Avenencia.

QUINTO.-La existencia de grupo de empresas ya ha sido objeto de reconocimiento en diversos procedimientos judiciales entre ellos por el Juzgado de lo Social número 1 de Zamora se dictó sentencia el 21 de mayo de 2019 en autos 65/2019, por la que estimando a demanda de una trabajadora, condenaba solidariamente a las demandadas al abono de la suma correspondiente a salarios devengados y no abonados. La sentencia apreció la existencia de un grupo de empresas entre las codemandadas.

Fundamentos

PRIMERO.- En cumplimiento de la previsión contenida en el art. 97.2 de la LJS, los hechos declarados probados se deprende de la documental aportada valoradas conforme a las reglas de la sana crítica.

SEGUNDO.- Ejercita el actor la presente demanda al objeto de que se declare la extinción del contrato de trabajo que le une con la demandada, por incumplimientos de la demandada, consistente en retrasos continuados e impagos de las cantidades que refiere, según desglose que realiza, e interesa la condena solidaria de todas las codemandadas.

Las empresas codemandadas EDIFICACIONES ZAMORANAS S.A. y PROMOCION URBANISTICA ZAMORANA S.A. no han comparecido al acto del juicio, si lo ha hecho INMOBILIARIA ZAMORANA S.A.

TERCERO.- Se reconoce como un derecho básico del trabajador en la relación de trabajo, la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida, como así regula el artículo 4.2 f) del ET, de modo que

en correspondencia con dicho precepto, entre las causas justas que permiten al trabajador solicitar la extinción de su contrato de trabajo, el artículo 50. 1 b) del E.T. recoge la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado. La consagración expresa de este incumplimiento empresarial, más allá de la cláusula genérica del artículo 50.1.c) del ET se justifica en el hecho de tratarse de una de las obligaciones básicas asumidas por el empresario al celebrar el contrato de trabajo y que sirven de nota de calificadora de la propia relación laboral. Su inclusión explícita por otra parte, facilita el juego de la facultad resolutoria en tanto se resuelve en sentido positivo su consideración de incumplimiento contractual susceptible de originar la extinción contractual. El impago o el retraso debe de considerarse en sentido amplio, incluyendo tanto el no abono de cantidad alguna, como el pago parcial, debiendo concurrir el requisito de la gravedad de la conducta para que sea procedente la extinción contractual, sin que la ausencia de culpabilidad del empresario impida el juego de la facultad resolutoria. Concurre la gravedad cuando el impago de los salarios no sea un mero retraso esporádico, sino un comportamiento continuado y persistente, de modo que la gravedad del incumplimiento se manifiesta mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos.

En estos casos de incumplimiento empresarial, el artículo 50.1 a) del E.T. dispone que el trabajador tendrá derecho al percibo de una indemnización equivalente a la señalada para el despido improcedente, se trata de una indemnización tasada, y para el cálculo de la antigüedad del trabajador a efectos de su determinación, deberá fijarse hasta la fecha de la resolución judicial que estime la demanda de resolución contractual por primera vez, dado su carácter constitutivo, o bien hasta la fecha de la sentencia en vía de recurso si ésta fuere la primera resolución estimatoria de la resolución contractual solicitada ( STS de 11 de noviembre de 1985).

En orden a la concreta valoración de incumplimientos en la obligación de pago del salario, tiene dicho la Sala de lo Social de nuestro Tribunal Supremo a partir de su sentencia de 24 de marzo de 1992 ( RJ 1992, 1870 ) (RCUD 413/1991 ), que rectifica un criterio aplicativo anterior y desde entonces se sigue pacíficamente ( sentencias de 29 de diciembre de 1994 (RJ 1994, 10522) , 13 de julio (RJ 1998, 5711) y 28 de septiembre de 1998 , 25 de enero de 1999 , 22 de diciembre de 2008 y 10 de junio de 2009 (RJ 2009, 3261) , RCUD 1169/1994 , 4808/1997 , 930/1998 (RJ 1998, 8553) , 4275/1997 , 294/2008 (RJ 2009, 1434) y 2461/2008 respectivamente), que no obsta a la concurrencia del supuesto previsto en el art. 50.1.b)ET el hecho de que concurra en forma generalizada por razón de la situación de crisis de la empresa, incluso aunque esté sujeta a un proceso de suspensión de pagos (caso de la sentencia de 29 de diciembre de

1994 referida) o en concurso (supuesto de la sentencia de 22 de diciembre de 2008 mencionada) o se haya iniciado un expediente de regulación de empleo ( sentencia de 5 de abril de 2001 ( RJ 2001, 4885 ) , RCUD 2194/2000 ), dado que no son situaciones que exoneren al empresario de su deber de satisfacer al trabajador su salario, ni determinan que se esté ante un supuesto de trasgresión de esa obligación por razones de fuerza mayor, no exigiéndose culpabilidad ( sentencias citadas de 28 de septiembre de 1998 y 25 de enero de 1999 ), careciendo también de relevancia para impedir el éxito de la acción resolutoria del contrato que el trabajador no hubiera requerido previamente al empresario el pago puntual de su salario ( sentencia de 10 de junio de 2009 antes señalada).

También ha señalado, en forma expresa, que el incumplimiento en esta materia ha de ser grave, estimando que no lo es el retraso de un solo mes ( sentencia de 21 de junio de 1986 (RJ 1986, 3696) ), o el de dos meses ( sentencia de 16 de junio de 1987 (RJ 1987, 4376) ) o incluso, con el valor añadido de pronunciarlo con el fin de proclamar la doctrina buena al respecto, en la falta de abono de tres meses de salario y una paga extra en una relación laboral vigente durante 20 años ( sentencia de 25 de septiembre de 1995 ( RJ 1995, 6892 ) , RCUD 756/1995 ). Pero en cambio, sí se da esa gravedad, por ejemplo, cuando durante más de un año se viene cobrando el salario con retraso ( sentencia de 24 de marzo de 1992 (RJ 1992, 1870) citada), si la demora alcanza a once meses consecutivos, cuya entidad varía de un mes a otro, pero de media supera el mes (la referida sentencia de 13 de julio de 1998 ), a veinticinco meses con un promedio de 11,20 días sin que en ningún caso llegue a un mes (la mencionada sentencia de 22 de diciembre de 2008 ), o si desde hace más de cuatro años se paga con un retraso entre 15 y 20 días (la sentencia de 10 de junio de 2009 antes señalada); o, así mismo, si el abono de las pagas extras se realiza, en dos anualidades consecutivas, con un retraso de cinco o más meses (caso de la sentencia de 28 de septiembre de 1998 invocada), al igual que si se adeudan dos meses y una paga extra, cobrándose las nóminas con un retraso medio de 29 días (supuesto de la sentencia de 25 de enero de 1999 ya referida) o si las nóminas se pagan con retraso desde hace más de dos años, adeudándose dos pagas extras y tres mensualidades ( sentencia de 3 de noviembre de 2009 (RJ 2009, 7733) citada); o cuando el retraso afecta a más de nueve meses, con demoras que, en promedio, superan el mes y medio, teniendo pendiente de pago, a la fecha de la demanda, tres mensualidades y una paga extra ( sentencia de 9 de diciembre de 2010 ( RJ 2011, 239 ) , RCUD 3762/2009 ).

La sentencia del TS de fecha 26/7/2012 dictada en el recurso de casación para la unificación de doctrina 4115/2011 dispone: 'para el enjuiciamiento de asuntos como el presente es necesario tener en cuenta las circunstancias del caso

que permiten valorar la gravedad de las conductas de incumplimiento empresarial tipificadas en el precepto. Estas conductas son dos: la ' falta de pago ' y los ' retrasos continuados en el abono del salario pactado' [ art. 50.1.b) ET ( RCL 1995, 997 ) ]. En particular, pero no sólo, habrá que tener en cuenta las circunstancias temporales del impago o del retraso en el pago de los salarios debidos, factor que suele resultar determinante de la graduación del incumplimiento, y de la consiguiente calificación de la gravedad del mismo; estas circunstancias temporales se indican expresamente en el precepto citado, al adjetivar la falta o los retrasos en el pago como 'continuados'. Otra consideración metodológica que conviene adoptar en la fundamentación de nuestra sentencia es que los impagos o retrasos en el pago a tener en cuenta en la resolución del litigio son, como es lógico, los existentes en el momento de la interposición de la demanda. Es este documento de iniciación del proceso de instancia el que contiene la pretensión rectora del mismo, y es en este momento por tanto cuando se fija el objeto de la litis'. Sigue diciendo: 'La evolución de la jurisprudencia de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo en materia de calificación de los incumplimientos empresariales de la obligación de pago puntual de la retribución ha experimentado una tendencia marcada hacia la objetivación de tales incumplimientos. Esta línea jurisprudencial ha quedado recogida en numerosas resoluciones de la que es señalado exponente la sentencia de 10 de junio de 2009 ( RJ 2009, 3261 ) (rcud 2461/2008 ), que resume y puntualiza la doctrina precedente de la Sala, seguida luego literalmente en sentencia de 9 de diciembre de 2010 ( RJ 2011, 239 ) (rcud 3762/2009 ). A esta corriente jurisprudencial se refiere, por cierto, la sentencia recurrida, pero sin aplicar correctamente su doctrina, como se verá enseguida.

La referida doctrina jurisprudencial se puede resumir en los siguientes puntos: 1) no es exigible para la concurrencia de la causa de resolución del artículo 50.1.b)ET la culpabilidad en el incumplimiento del empresario; 2) para que prospere la causa resolutoria basada en 'la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado' se exige exclusivamente el requisito de gravedad en el incumplimiento empresarial; y 3) este criterio objetivo de valoración del retraso continuado, reiterado o persistente en el pago de la retribución no es de apreciar cuando el retraso no supera los tres meses ( TS 25-9-1995; rcud 756/1995 )'.

Por último, la STS de 25/2/2013 (RJ 2013/4497) determina que la fecha límite a tener en cuenta a efectos de determinar la gravedad de la demora en el pago de salarios, como de la posible reclamación de cantidad acumulada, puede extenderse hasta la fecha del juicio, salvo supuesto de indefensión; y que procede la extinción del contrato cuando el impago de salarios excede con

exceso de los tres meses sin que, en este caso, los pagos ulteriores empresariales puedan dejar sin efecto el dato objetivo de gravedad del incumplimiento empresarial.

La aplicación de esta doctrina al caso que nos ocupa conduce a la estimación de la demanda por el motivo examinado, ya que los impagos constatados en el momento de la interposición de la demanda son de mas de doce mensualidades con las consiguientes pagas extras y prorrateo de vacaciones. Frente a la actividad probatoria desarrollada por la parte actora, la parte demandada no ha acreditado el hecho obstativo del pago, por más que no sólo en virtud de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino que ante la incomparecencia de alguna codemandada al acto del juicio pese a haber sido citado en legal forma, procederá tenerlo por confeso habida cuenta lo normado en el artículo 91 de la L.R.J.S. y el reconocimiento expreso de los hechos por parte de la comparecida, la situación generada es determinante de un incumplimiento que se constituye por sí mismo en causa de extinción ex art. 50.1 b) del ET, toda vez que los continuos impagos acreditados colocan al demandante en una situación francamente difícil para subvenir a sus necesidades mínimas, por causa de incumplimiento empresarial, en un sentido objetivo y sin el menor tinte culpabilístico, provocándose así una ruptura bien trascendente en el binomio trabajo-salario, caracterizador de la relación laboral, de conformidad con lo apuntado.

Respecto de la indemnización correspondiente a consecuencia de la extinción de la relación laboral, debe partirse de la regulación contenida en el art. 56-1 del Estatuto de los Trabajadores, referida a la indemnización por despido improcedente, y partiendo del salario y antigüedad recogidos en los hechos probados de esta resolución, la indemnización asciende a 6.497.04 euros (s.e.u.o.). Ello partiendo de que el salario regulador diario asciende a la suma de 10,36 euros, resultado de dividir el salario en cómputo anual entre 365 días( STS Sala 4ª, de 17-12-13 (RJ 2014, 402) , rec 521/2013 ), con cita de la doctrina ya unificada por el TS en sus sentencias de 27 de octubre de 2005, rec.. 2531/04 , 30 de junio de 2008, rec. 2639/07 , y 24 de enero de 201 y 9 de mayo de 201, rec. 2018/10 y 2374/10. Y teniendo en cuenta 45 días de salario por año trabajado desde el 9 de diciembre de 2003 hasta el 10 de febrero de 2012 (45días x 8años x 10,36€) y de 33 días desde esa fecha hasta el 4 de junio de 2019 (33días x 8 años x 10,36€).

CUARTO.-En cuanto a la reclamación de los salarios dejados de percibir, acción acumulada a la anterior al amparo de la previsión contenida en el artículo 26.3 de la LRJS, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 4.2 f)

del Estatuto de los Trabajadores, 29.1 del mismo Texto Legal, y el artículo 217 de la LEC 1/2000, -y considerando que la aplicación del principio contenido en este último a la reclamación del pago de cantidades por salarios devengados y no abonados implica que el reclamante venga obligado a demostrar la prestación de los servicios cuyo pago reclama, y en consecuencia, el devengo de los salarios correspondientes a éstos, siendo obligación del demandado probar, como hecho obstativo, que el pago se ha efectuado o que no se han prestado los servicios cuyo pago se pretende-, acreditado por el actor la prestación de servicios, y no acreditado por la parte demandada el hecho obstativo del pago, procede, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil condenar a la demandada al abono de las sumas reclamadas, cuyo importe asciende a la suma de 6.681,13 euros, a tenor de lo reclamado en el acto del juicio, cantidades que devengará el correspondiente interés por mora ( art. 29.3 ET).

No procede, sin embargo, y tampoco se ha interesado, la condena a los salarios diarios generados hasta el dictado de la sentencia, valorando que el salario se devenga mensualmente, y que la última nómina devengada, tanto en el momento de la celebración del juicio como en el del dictado de esta sentencia, es la de junio de 2019, a cuyo pago se condena a la parte demandada, lo que resulta asimismo conforme con la STS de 25/2/2013 , cuyo FD Tercero: 'Entendemos que debe mantenerse la doctrina consolidada de la Sala y declarar que cuando el trabajador ejercita la acción de extinción del contrato de trabajo por la causa justa de incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario consistente en ' La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado ' ( art. 50.1.bET ), la fecha límite hasta la que deben haber acontecido los hechos relativos a las demoras o impagos y/o a los abonos salariales, salvo supuestos de indefensión, puede extenderse hasta la propia fecha del juicio, tanto a efectos de constatar el alcance del denunciado incumplimiento empresarial, y, en su caso, como de la posible concreción de la acción de reclamación de cantidad acumulada'.

QUINTO.- Interesa el actor la declaración de responsabilidad solidaria respecto de las responsabilidades económicas referidas, en relación con lo cual, conforme se desprende de los hechos probados recogidos y conforme se ha resuelto asimismo por este Juzgado en otros asuntos entre las mismas empresas en relación con otros trabajadores, concurren elementos probatorios que permiten justificar la solución de que sí existe grupo o unidad de empresas con responsabilidad solidaria, pues realmente se ha operado una transmisión de los elementos de la organización empresarial de la escindida a las beneficiarias, lo que -de persistir la primera con personalidad propia- supone un fenómeno de grupo de empresas o sucesión empresarial, conforme al artículo 44 ET, que se integran en un nuevo grupo de empresas respondiendo solidariamente (en similar sentido, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla (Sala de lo Social) núm. 1396/2000 de 14 abril (AS 2000/3662).

Todo ello se acomoda con los requisitos clásicos para la declaración de responsabilidad solidaria a que aludía la STS de 30 de junio de 1993 , razonado que «la Sala, de acuerdo también con la doctrina científica más autorizada, viene manteniendo estos pronunciamientos: a) La responsabilidad solidaria se fundamenta en la búsqueda de la realidad auténtica de los hechos, más allá de los formalismos y formalidades jurídicas, evitando que pese sobre el trabajador el oneroso deber de indagación de interioridades negociables subyacentes que suelen ser difíciles de descubrir y, en aras de la seguridad jurídica, evitando así empresas ficticias y sin garantías de responsabilidad ( SS. 3 de marzo y 8 de octubre de 1987 ); b) Responsabilidad solidaria en el grupo de empresas que se representa con una relación vertical de dominación y un sistema de gobierno unitario, en un conjunto formado con una evidente vinculación, tanto económica como personal ( S. 24 de julio de 1989 ); c) Para que se dé la responsabilidad solidaria, en el cumplimiento de las obligaciones laborales, entre los componentes del grupo es preciso que las conexiones entre sus distintos miembros sean no ya económicas o financieras, sino de tipo laboral (plantilla única o indistinta: S. de 22 de enero de 1990 ); d) La responsabilidad solidaria exige, además de la actuación unitaria del grupo de empresa, con unos mismos dictados y coordinadas y confusión patrimonial, la prestación laboral al grupo de forma indiferenciada y la utilización abusiva de la personalidad jurídica independiente de cada una de las empresas, en perjuicio de los trabajadores ( S. de 30 de enero de 1990 ); e) Es preciso que en el grupo se dé un nexo o vinculación que presente ciertas características especiales: 1. Funcionamiento integrado o unitario, como precisan las SS. de 6 de mayo de 1981 y 8 de octubre de 1987 ; 2. Prestación de trabajo indistinta o común, simultánea o sucesiva, en favor de varios empresarios, como advierten las SS. 11 de diciembre de 1985 , 3 de marzo de 1987, 8 de junio de 1988 , 12 de julio de 1988 y 1 de julio de 1989: S. 3 de mayo de 1990 ; f) Para que se declare la comunicación de responsabilidad es exigible que haya en el grupo confusión de plantillas, confusión de patrimonios, apariencia externa de unidad empresaria y unidad de dirección; g) Salvo supuestos especiales, los fenómenos de circulación del trabajador dentro de las empresas del mismo grupo no persiguen una interposición ilícita en el contrato para ocultar al empresario real, sino que obedecen a razones técnicas y organizativas derivadas de la división del trabajo dentro del grupo de empresas; práctica de lícita apariencia, siempre que se establezcan las garantías necesarias para el trabajador, con aplicación analógica del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores ( S. 26 de noviembre de 1990 )». Se trata, en definitiva, en el caso, de actuación unitaria de las empresas demandadas, con prestación laboral al grupo de forma indiferenciada, utilizándose abusivamente la personalidad jurídica diferenciada de cada sociedad y los mecanismos lícitos de escisión societaria para pretender eludir, en perjuicio de trabajadores y demás acreedores, la efectividad de las reglas de responsabilidad por deudas.

SEXTO.-Conforme a los arts. 190 y 191 LRJS contra la sentencia cabe recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por D. Borja y de otra como demandadas las empresas : EDIFICACIONES ZAMORANAS S.A., INMOBIIARIA ZAMORANA S.A., PROMOCION URBANISTICA ZAMORANA S.A. que conforman un grupo empresarial a efectos laborales, y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL:

DEBO DECLARAR Y DECLARO la extinción de la relación laboral que unía a las partes , con fecha 4 de junio de 2019, condenando a las empresas codemandadas de manera solidaria:

- A estar y pasar por esta declaración y a que abonen al actor, en concepto de indemnización, la cantidad de 6. 497,04€ (s.e.u.o).

- Así como al abono de los salarios devengados desde junio de 2018 hasta el 4 de junio de 2019, por un total de seis mil seiscientos ochenta y un euros con trece centimos de euros (6.681,13€). Mas el 10 % de recargo de moracorrespondiente a esta última cantidad. Sin que haya lugar a la condena al abono de los salarios diarios devengados hasta la fecha de la sentencia, por los motivos expuestos.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al FOGASA y con los limites del art. 33 del ET.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidashasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partesy de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se advierte a las partes que contra la presente resolución podrán interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en SANTANDER a nombre de esta Oficina Judicial con el núm. 4297 0000 65 0272 19, debiendo indicar en el campo concepto 'recurso' seguido del código '34 Social Suplicación', acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como; en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.