Sentencia SOCIAL Nº 331/2019, Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1404/2017 de 01 de Abril de 2019

Encabezamiento

T.S.J.MURCIA SALA SOCIAL
MURCIA
SENTENCIA : 00331/2019
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO
PASEO DE GARAY, 5 - 2ª PLANTA - 30005 - MURCIA
Tfno: 968 22 92 16
Fax: 968 22 92 13
Correo electrónico: tsj.social.murcia@justicia.es
NIG: 30016 44 4 2017 0000492
Equipo/usuario: ACL
Modelo: 402250
RSU RECURSO SUPLICACION 0001404 /2017
Procedimiento origen: SSS SEGURIDAD SOCIAL 0000179 /2017
Sobre: INCAPACIDAD PERMANENTE
RECURRENTE/S D/ña Horacio
ABOGADO/A: INMACULADA CONCEPCION MARTINEZ GARCIA
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:
RECURRIDO/S D/ña: INSS, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ABOGADO/A: LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LETRADO DE LA TESORERIA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
PROCURADOR: ,
GRADUADO/A SOCIAL: ,
En MURCIA, a uno de abril de dos mil diecinueve.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, compuesta por los Ilmos. Sres. D.
RUBÉN ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, D. MANUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ y D. RICARDO BARRIO
MARTÍN, de acuerdo con lo prevenido en el art. 117.1 de la Constitución Española , en nombre S.M. el Rey,
tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, ha dictado la siguiente
SENTENCIA

En el presente recurso de suplicación interpuesto por D. Horacio , contra la sentencia número 255/2017
del Juzgado de lo Social número 1 de Cartagena, de fecha 17 de julio de 2017 , dictada en proceso número
179/2017, sobre INCAPACIDAD, y entablado por D. Horacio frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL y a la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
En la resolución del presente recurso de suplicación, actúa como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D.
RICARDO BARRIO MARTÍN, quien expresa el criterio de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO .- Hechos Probados en la instancia y fallo.

En la sentencia recurrida, se consignaron los siguientes hechos probados:
PRIMERO. El demandante, nacido el NUM000 -57, se encuentra afiliado a la Seguridad Social con el nº NUM001 y ha sido dado de alta en el Régimen General por la realización de las funciones propias de su profesión habitual de conserje.



SEGUNDO. El actor inició situación de incapacidad temporal el 1-9-16 y solicitó pensión de incapacidad permanente en fecha 10-10-16.



TERCERO. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, en resolución de fecha 3-11-16, declaró la inexistencia de invalidez permanente en ninguno de sus grados, tras dictamen propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades de 2-11-16.



CUARTO. Disconforme con la anterior resolución, el demandante formuló reclamación administrativa previa, que fue desestimada por resolución de fecha 27-1-17.



QUINTO. El demandante padece las siguientes dolencias y secuelas: crisis comiciales, trastorno orgánico de la personalidad secundario.



SEXTO. La base reguladora mensual asciende a 1.255,34 euros

SEGUNDO .- Fallo de la sentencia de instancia.

En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo: 'Que, desestimando la demanda interpuesta por D. Horacio , absuelvo al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y a la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de las pretensiones deducidas en su contra'.



TERCERO .- De la interposición del recurso y su impugnación.

Contra dicha sentencia fue interpuesto recurso de suplicación por la Letrada Dª. Inmaculada Martínez García, en representación de la parte demandante.



CUARTO .- De la impugnación del recurso.

El recurso interpuesto no ha sido impugnado por la parte demandada.



QUINTO .- Admisión del recurso y señalamiento de la votación y fallo.

Admitido a trámite el recurso se señaló el día 29 de marzo de 2019 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes

Fundamentos

FUNDAMENTO
PRIMERO .- La parte recurrente interesa la modificación del hecho probado quinto de la sentencia de conformidad con el art. 193.b) de la LRJS .

La parte recurrente solicita que el hecho probado segundo tenga la siguiente redacción: 'El demandante padece las siguientes dolencias y secuelas: Crisis comiciales generalizadas, Alteración conductual, Dislipemia, trastorno orgánico de la personalidad.

Su situación es crónica con evolución deteriorante progresiva'.

Por lo que se refiere al primer párrafo, procede su estimación. Aunque recoge las mimas lesiones que se describen ele en hecho probado quinto, se trata de una redacción más concreta de las mismas, y se basa en el informe del EVI en expediente administrativo. En cuanto a la adición del segundo párrafo, procede su desestimación. Consta en los informes médicos que la evolución de la enfermedad ha alternado agravaciones con regresiones. Así, en el informe psiquiátrico de la Dra. Inés (médico tratante) aportado al expediente administrativo consta una notable mejoría en exploración en octubre de 2016. Lo que concuerda con el informe psiquiátrico del EVI. Y todos los informes mencionados en el recurso de suplicación son posteriores a la reclamación previa de enero de 2017. Del informe de seguimiento de la Dra. Inés (documento nº 2 de la demandante) se desprende que el demandante alterna periodos de it con periodos de mejoría de la patología, como en octubre de 2016 y en marzo de 2017. De hecho, consta exploración en urgencias en noviembre de 2016 en la que el paciente se muestra consciente y orientado, con lenguaje coherente. Por lo tanto, consideramos que la parte demandante pretende la fijación de una evolución deteriorante progresiva cuando, a la vista de la documental valorada por el Juez de Instancia, lo que se aprecia es que la enfermedad está cronificada, es de larga evolución y ha fluctuado con periodos de empeoramiento con it y periodos de mejoría.

Hay un claro componente reactivo al trabajo, de manera que los periodos de crisis guardan relación con vivencias estresantes derivadas del ambiente laboral, lo que determina el carácter fluctuante de la enfermedad.

FUNDAMENTO

SEGUNDO .- Sobre la base del art. 193.c) de la LRJS la parte recurrente alega infracción del art. 137.5 y 137.4 de la LGSS .

La Jurisprudencia ha sentado con reiteración, los siguientes criterios del precepto que tipifica la Incapacidad Permanente Absoluta, sus antecedentes históricos, la realidad social y fundamental el espíritu y finalidad de la norma: 1) No es posible, para la tipificación de una Incapacidad Laboral, reconducir a la unidad los supuestos de hecho en su proyección jurídica. Por tratarse de una tarea compleja en la que se han de tener en cuenta factores laborales, médicos y jurídicos, y considerar variados informes periciales, con frecuencia demasiado lacónicos en la descripción de los padecimientos que aquejan al trabajador y faltos de precisiones sobre cuáles son los concretos efectos negativos que cada uno de esos males determina precisamente en esa persona, individualizada, única e irrepetible. Por eso, salvo absoluta coincidencia de todas y cada una de las lesiones, en su identidad y grado -cosa prácticamente imposible que se produzca-, la invocación de precedentes y jurisprudenciales resulta ineficaz, pues no alcanza el grado de doctrina vinculante, en cuanto que cada concreto supuesto reclama también concreta decisión, ya que sólo así queda otorgada la plena tutela judicial.

2) Debe valorarse más que la índole y naturaleza de los padecimientos determinantes de las limitaciones que ellos generen, éstas en sí mismas. en cuanto impedimentos reales y suficientes para dejar a quien los sufre sin posibilidad de iniciar y consumar las faenas que corresponde a un oficio, siquiera sea el más simple de se dan en el seno de una empresa o actividad económica de mayor o menor volumen.

3) No sólo debe ser reconocido este grado de Incapacidad al trabajador que carezca de toda posibilidad física para realizar cualquier quehacer laboral, sino también a aquélla que, aun con aptitudes para algunas actividades, no tengan facultades para consumar, con cierta eficacia, las tareas que componen una cualquiera de las variadas ocupaciones que ofrece el ámbito laboral. Sin que impida esta calificación la posibilidad de desarrollar aquellas actividades marginales que en el arto 138.2 de la Ley General de la Seguridad Social declara compatibles con la percepción de pensión por Incapacidad Permanente Absoluta. Pero no es menos cierto que dichas actividades, y la aptitud para su desarrollo, no deben comprender el núcleo funcional de una profesión u oficio, cualquiera que sea, pues a todos incluye tal grado de invalidez, y el citado precepto alude a aquellas actividades marginales 'que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión'.

4) La realización de una actividad laboral, por liviana que sea, incluso las sedentarias, sólo pueden consumarse mediante la asistencia diaria al lugar de trabajo, permanencia en el mismo durante toda la jornada, debe poder realizarse con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, actuando de acuerdo con las exigencias, de todo orden, que comporta la integración en una empresa, en régimen de dependencia de un empresario, dentro de un orden preestablecido y en interrelación con los quehaceres de otros compañeros, por cuanto no es posible pensar que en el amplio campo de las actividades laborales exista alguna en la que no sean exigibles esos mínimos de dedicación, diligencia y atención, que son indispensables en el más simple de los oficios y en la última de las categorías profesionales, salvo que se den un singular afán de superación y espíritu de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia en el empresario pues, de no coincidir ambos, no cabe mantener como relaciones laborales normales aquéllas en las que se ofrezcan tales carencias.

Habiendo hecho está precisión, siguiendo el criterio reiteradamente sostenido por la Sala IV del Tribunal Supremo (STS de 17 de enero de 1989 , y otras posteriores que por reiteradas no consideramos necesario citar), a los efectos de determinar si estamos en presencia de una incapacidad permanente total debe tenerse en cuenta que: a) La valoración de la invalidez permanente ha de realizarse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales limitaciones son las que determinan la efectiva restricción de la capacidad de ganancia; b) Han de ponerse en relación las limitaciones funcionales resultantes con los requerimientos de las tareas que constituyen el núcleo de la concreta profesión; c) La aptitud para el desempeño de la actividad laboral 'habitual' de un trabajador, implica la posibilidad de llevar a cabo todas o las fundamentales tareas de la misma, con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, dedicación, rendimiento y eficacia, y sin que el desempeño de las mismas genere 'riesgos adicionales o superpuestos' a los normales de un oficio o comporte el sometimiento a una 'continua situación de sufrimiento' en el trabajo cotidiano; d) No es obstáculo a la declaración de tal grado de incapacidad el que el trabajador pueda realizar otras actividades distintas, más livianas o 'sedentarias', o incluso pueda desempeñar tareas 'menos importantes o secundarias' de su propia profesión habitual o cometidos secundarios o 'complementarios' de ésta, siempre que exista una voluntad de continuar trabajando en dicha actividad y que conserve aptitud residual que tenga relevancia suficiente y que no le impida al trabajador concertar relación de trabajo futura, y que; e) Debe entenderse por 'profesión habitual', no un determinado puesto de trabajo sino aquella que el trabajador está cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional.

En el presente caso, las dolencias de la parte demandante son: 'Crisis comiciales generalizadas, Alteración conductual, Dislipemia, trastorno orgánico de la personalidad.'.

En este sentido, coincidimos con el criterio seguido por el Juzgado de Instancia. Las dolencias pueden afectar a las facultades para su profesión habitual de conserje, que no se caracteriza por ser un puesto de especial responsabilidad o de estrés elevado. Como ha indicado el juez de instancia, la enfermedad es de larga evolución y no ha impedido el desempeño de la profesión habitual, sin que, por el momento se haya acreditado una agravación suficiente, ya que la enfermedad ha alternado periodos de descompensación como reacción a situaciones de estrés que han dado lugar a periodos de it, con periodos de mejoría. Por otra parte, más allá de la reacción del demandante al ambiente laboral, mantiene conservada las capacidades congnitivas e intelectivas, como se desprende de las exploraciones ante el médico del EVI y la Dra. Inés .

Consecuentemente, al no ser las lesiones tributarias de una IPT para la profesión habitual, tampoco lo son para una IPA, especialmente si se refiere a trabajos que requieran poco esfuerzo o poca responsabilidad.

Por último, en cuanto a la omisión de la sentencia relativa a la nulidad de la resolución administrativa, procede su desestimación. En primer lugar, en el recurso de suplicación no se solicita la nulidad de la sentencia por omisión de este pronunciamiento, sino que lo introduce en el fundamento de infracción de derecho. Tampoco solicitó la parte demandante el complemento de sentencia conforme al art. 267 de la LOPJ . Por otra parte, la sentencia valora las lesiones que constan en el EVI, que fueron fundamento para la resolución administrativa impugnada, de lo que se infiere que el juez de instancia estima que la resolución estaba suficientemente motivada. De hecho, la redacción del hecho probado quinto que propone la parte demandante se basa en el informe del EVI. Es irrelevante que el dictamen propuesta aparezca en blanco, por cuanto el contenido del informe del EVI está suficientemente motivado. Por lo que consideramos que la resolución administrativa del Inss está suficientemente motivada y así lo entendió el Juez de Instancia al valorar la documentación médica obrante en el expediente administrativo. Por lo tanto, la sentencia recurrida no adolece de la omisión alegada.

En definitiva, procede desestimar el recurso de suplicación y confirmar la sentencia de instancia.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de este Tribunal, por la autoridad que le confiere la Constitución, ha decidido: Desestimar el presente recurso de suplicación interpuesto por D. Horacio , contra la sentencia número 255/2017 del Juzgado de lo Social número 1 de Cartagena, de fecha 17 de julio de 2017 , dictada en proceso número 179/2017, sobre INCAPACIDAD, y entablado por D. Horacio frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y a la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL; y confirmar como confirmamos el pronunciamiento de instancia.

Dese a los depósitos, si los hubiera, el destino legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiera sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banco de Santander, S.A.

Dicho ingreso se podrá efectuar de dos formas: 1.- Presencialmente en cualquier oficina de Banco de Santander, S.A. ingresando el importe en la cuenta número: 3104-0000-66-1404-17.

2.- Mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta de Banco de Santander, S.A.: ES55-0049-3569-9200-0500-1274, indicando la persona que hace el ingreso, beneficiario (Sala Social TSJ Murcia) y en el concepto de la transferencia se deberán consignar los siguientes dígitos: 3104-0000-66-1404-17.

En ambos casos, los ingresos se efectuarán a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiese en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría del SCOP, al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de seiscientos euros (600 euros), en la entidad de crédito Banco de Santander, S.A., cuenta corriente indicada anteriormente.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigase en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.