Sentencia Social Nº 3333/2016, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1393/2016 de 24 de Mayo de 2016

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

F.S.

Recurs de Suplicació: 1393/2016

IL·LM. SR. ANDREU ENFEDAQUE MARCO

IL·LMA. SRA. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG

IL·LMA. SRA. LIDIA CASTELL VALLDOSERA

Barcelona, 25 de maig de 2016

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 3333/2016

En el recurs de suplicació interposat per Worldwide Flight Services, Servicios Aeroportuarios, S.A. a la sentència del Jutjat Social 10 Barcelona de data 27 de juliol de 2015 dictada en el procediment núm. 260/2015, en el qual s'ha recorregut contra la part Ministerio Fiscal i Marino , ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG.

Antecedentes

Primer.En data 18-3-15 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre acomiadament disciplinari, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 27 de juliol de 2015 , que contenia la decisió següent:

Estimo en parte la demanda promovida por el trabajador Marino , y:

1. Declaro el despido nulo, y condeno al empresario Worldwide Flight Services, SA, a la readmisión inmediata del trabajador con el abono de los salarios dejados de percibir. Y,

2. Declaro la existencia de vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la libertad sindical, y condeno al susodicho empresario a indemnizar al trabajador con la cantidad de 7.000,00 euros.

Segon.En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:

1. El trabajador demandante venía prestando servicios por cuenta de la empresa demandada, en las siguientes circunstancias: antigüedad, 18 de junio de 2008; categoría profesional, agente de servicios auxiliares, en la actividad de 'handling'; salario mensual con inclusión de la prorrata de pagas extras, 1.611,28 euros; en el centro de trabajo de aeropuerto de El Prat; mediante contrato en la modalidad de indefinido; y en jornada a tiempo completo. Está afiliado al sindicato CNT desde marzo de 2014, siendo miembro de la sección sindical, con cargo de secretario de prevención de riesgos laborales, y había sido miembro del comité de empresa precisamente hasta esta fecha.

2. El 29 de enero de 2015 cesó en los indicados servicios, por despido, comunicado mediante carta el mismo día, y en la que se alegaba que mantenía una conducta obstruccionista ante las órdenes e instrucciones de los mandos y, en concreto, no compareció a un examen médico para adaptar su puesto de trabajo a sus condiciones físicas y a un curso formativo, y que había enganchado adhesivos de propaganda en los lavabos del centro de trabajo y del coche del director.

3. Sobre los hechos alegados en la carta de despido, se ha acreditado:

1º. Que el 12 de noviembre de 2014 a las 12.00 el trabajador estaba citado por el servicio de prevención de riesgos laborales para comparecer a un examen médico al objeto de adaptar su puesto de trabajo a sus condiciones físicas, al cual no se presentó, firmando un 'no conforme fuera del horario laboral' en la citación el día 4 de noviembre; el día siguiente la empresa le recordó mediante escrito que debía comparecer a la citación, por cuanto que el reconocimiento médico en las circunstancias que estaba programado y en atención a su objeto y necesidad tenía el carácter de obligatorio con independencia de si se programaba o no fuera del horario laboral, volviendo a escribir un 'no conforme'; el 7 de noviembre el trabajador presentó un escrito alegando que ya tenía informes desde 2010, con uno reciente de mayo de 2014, y aún así no se había adaptado su puesto de trabajo; y el día de la citación no se presentó.

2º. Que se convocó a todos los trabajadores de la plantilla para el curso de 'Mercancías Peligrosas 7 y 8' que imparte la empresa y que tiene el carácter de curso en materia de prevención de riesgos laborales, en dos turnos; el 24 se le envió al trabajador un escrito individual de convocatoria en el horario de 15 a 17, el 10 de noviembre, y el trabajador escribió 'no conforme texto'; el trabajador cambió su turno de trabajo en el mes de noviembre, y el 5 de noviembre la empresa le entregó otra carta, modificando el horario del curso debido al cambio de turno, que pasaba a ser de 13 a 15 (su turno de trabajo el 10 de noviembre era de 15 a 23 horas), y el trabajador escribió en la hoja 'no conforme'; el 7 de noviembre el trabajador envió un escrito a la empresa diciendo que no asistiría al curso porque la formación fuera del horario laboral no es obligatoria según el convenio colectivo de 'handling'; el 10 de noviembre la empresa le reiteró la obligatoriedad de comparecer a la hora señalada, con la advertencia de incurrir en desobediencia, y el trabajador volvió a firmar 'no conforme'; el trabajador se presentó en el horario de 15 a 17, y no se le permitió el acceso; y,

3º. Que en el contrato de trabajo se expresaba en la cláusula 11ª que el trabajador acepta recibir la formación que la empresa proporcione aún cuando el horario sea fuera de su jornada de trabajo.

4. El 10 de marzo de 2011 se constituyó un nuevo comité de empresa, en el que era miembro el demandante, que fue designado delegado de prevención de riesgos laborales junto con otro trabajador, integrando el comité de seguridad y salud. El 17 de octubre de 2011 efectuaron una primera denuncia por falta de entrega de documentación solicitada meses antes. El 19 de abril de 2012 presentaron una nueva denuncia en la Inspección de Trabajo por incumplimientos en materia de riesgos laborales. El 12 de julio la Inspección de Trabajo instó a la empresa a la adopción de medidas en la materia. El 16 de julio tuvo lugar un accidente de trabajo de un transportista, que dio lugar a otra denuncia a la Inspección de Trabajo el 27 de julio. El 17 de diciembre la Inspección de Trabajo emitió un informe con una lista de incumplimientos empresariales, instándola a solucionarlos. El 29 de octubre el trabajador presentó un escrito a la empresa denunciando que no se había realizado ninguna evaluación de planificación de actividad preventiva de riesgos psico sociales. El 9 de noviembre la sección sindical de CC.OO., incluido el demandante, envió un escrito a la empresa informándola de su intención de secundar la huelga del 14 de noviembre. En marzo de 2013 la empresa modificó la jornada de la plantilla, y el comité de empresa interpuso demanda de conflicto colectivo, y por sentencia se declaró su nulidad. El 7 de marzo de 2013, el trabajador presentó una denuncia en la Inspección de Trabajo por incumplimiento de normativa sobre adopción de planes de igualdad, levantándose acta de infracción el 3 de mayo de 2013. El 13 de marzo de 2013, el comité del que formaba parte el actor presentó otro escrito solicitando una evaluación médica específica. A lo largo de 2013 dicho comité presentó otras cinco denuncias en materia de prevención de riesgos en la Inspección de Trabajo. El 13 y 14 de febrero de 2014 el trabajador secundó la huelga convocada para estas jornadas. El 22 de febrero de 2013 este comité denunció a la Inspección de Trabajo para que se realizaran revisiones médicas específicas.

5. El 16 de noviembre de 2012, la mutua de accidentes concluyó en la evaluación de la salud del demandante: apto con limitaciones, no debe realizar manipulación de cargas superiores a 5 kg. Mediante dos escritos solicitó a la empresa la adaptación de su puesto de trabajo, que no se contestaron. El 9 de mayo, y en relación con la denuncia efectuada por el comité, la Inspección de Trabajo requirió a la empresa a fin de que tratara al demandante como trabajador especialmente sensible. El 27 de octubre de 2013 la Inspección informó al objeto de adaptar los puestos de trabajo de varios trabajadores, entre ellos el actor. El 4 de abril de 2014 el demandante denunció otra vez a la Inspección de Trabajo por motivos varios, entre ellos la falta de adaptación de su puesto de trabajo y situación de acoso, y el 22 de septiembre amplió la denuncia.

6. La sección sindical de la CNT había interpuesto una demanda de conflicto colectivo, recayendo sentencia en marzo de 2013, declarando la existencia de vulneración del derecho a la libertad sindical y del derecho a huelga. En sentencia dictada en noviembre de 2013 se declaró el derecho de la trabajadora que reclamaba, miembro de dicha sección sindical, a una determinada concreción horaria. En marzo de 2014, otra sentencia de la jurisdicción social declaró la nulidad de un despido de un trabajador de esta sección sindical, por vulneración de derechos fundamentales. En febrero de 2014 esta sección sindical convocó una huelga. El 29 de abril se despidió a tres trabajadores afiliados al sindicato; dos de ellos conciliaron, y a la otra por sentencia se le declaró la nulidad del despido por vulneración de los derechos fundamentales de los artículos 24 y 28 de la Constitución Española , la cual es firme y la trabajadora ha sido readmitida. A principios de 2014, catorce trabajadores de la sección sindical presentaron demandas individuales en reclamación de cantidad, recayendo sentencia para el actor el 28 de mayo de 2011, estimatoria sólo en parte y firme.

7. El trabajador ha sido sancionado en dos ocasiones, el 5 de septiembre y el 17 de octubre de 2014, con amonestación y suspensión de empleo y sueldo de dos días, respectivamente, contra las que reclamó judicialmente, habiendo recaído sentencia, declarando la nulidad y la vulneración de derechos fundamentales en ambos casos, si bien la segunda ha sido recurrida por la empresa. Tras la primera sanción, otros tres trabajadores de la sección sindical han sido sancionados, y una trabajadora, despedida.

Tercer.Contra aquesta sentència la part demandada va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària que no el va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

Primer.- L'objecte del recurs de l'ocupadora demandada contra la Sentència que declara nul l'acomiadament del seu treballador demandant, Don. Marino , per vulneració del dret fonamental a la indemnitat i a la llibertat sindical, i la condemna a la seva immediata readmissió amb abonament dels salaris de tramitació i pagament de la indemnització de 7.000 euros, és per denunciar les infraccions de normes substantives i de la jurisprudència en empara en l'article núm. 193 c) de la Llei 36/2011 de 10 d'octubre ( BOE 11 d'octubre).

Segon.- La recurrent condemnada denuncia la vulneració de l'article núm. 54, 1 b) en relació a l'article núm. 5 b) del Estatut dels Treballadors i article núm. 19,2 de la Llei 31 /1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscs laborals. Resumidament, combat, en referència al tercer fet provat sobre la inassistència del demandant al Curs de ' Mercaderies perilloses 7 i 8' al qual va ser convocat dos cops i no hi va comparèixer perquè s'havia programat fora del horari de la seva jornada de treball, que, contràriament a l'aplicació de l'article núm. 51.1 del Conveni col lectiu d'aplicació (BOE. de 13 d'octubre de 2011) per part de la instància el qual estableix que la formació fora del horari laboral no és obligatòria, la recorrent invoca doctrina jurisprudencial de 1976, 1986 i 1988, i criteri jurisprudencial de diferents Sales Socials de Tribunals Superiors de Justícia, entre elles també de Catalunya, sobre el principi de solve et repete en cas d'ordres de l'empresari o el seu representat que es puguin considerar inadequades, de forma que s'han de complir per part de la persona treballadora i posteriorment reclamar o denunciar. Conclou que la negativa del treballador constitueix una desobediència greu establerta en l'article núm. 54,2 b) del ET., atesa també la clàusula 11ena. del contracte de treball per la qual el treballador es compromet a rebre la formació que l'empresa proporcioni en horari fora de la jornada de treball. Manté que aquesta clàusula ja comporta una obligació assumida pel treballador, i puntualitza que l'article núm. 51.1 del conveni fa referència a la formació en matèria de treball i no de riscs laborals. Es remet a l'article núm. 19.2 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, que estableix que la formació de riscs laborals s'haurà d'impartir, sempre que sigui possible en jornada de treball, i en cas d'impossibilitat en altres hores, si be no recorda que la norma imposa que el temps invertit en la formació fora de la jornada s'haurà de restar de la jornada de treball. Conclou que per aquests fonaments l'acomiadament s'havia de declarar procedent.

Subsidiàriament denuncia la infracció de l'article núm. 55.4 del ET. en relació amb l'article núm. 108 de la LRJS.. Combat l'apreciació judicial de la instància de la vulneració del dret a la indemnitat i a la llibertat sindical, perquè manté que el fet que el demandant sigui membre de la secció sindical de la CNT. que va ser membre del Comitè de Seguretat i Salut i del Comitè d'empresa, no constitueix indici suficient. Considera que el quart fet provat es refereix a actuacions col lectives dels representants sindicals o dels treballadors en els diferents òrgans de representació, sense que consti cap acció específica del demandant. Manté que las actuacions son anteriors a l'acomiadament entre un i quatre anys, de forma que es produeix desconnexió temporal i falta de relació causal entre les actuacions i l'extinció de la relació de treball decidida per la recorrent. Conclou que, no existint suficients indicis de vulneració de dret fonamental, en cas de no declarar procedent l'acomiadament, hauria de ser considerat improcedent i no nul.

De forma mes subsidiària denuncia la infracció de la Sentència de la Sala IV del TS. de 15 d'abril de 2013 ( rec. 1114/2012 ) perquè no s'acrediten danys morals, que han de ser objecte de prova, sense que es puguin establir de forma automàtica. No havent quedat demostrats els danys morals, i no sent automàtica la indemnització, no procedeix la condemna dinerària pel concepte de rescabalament de danys, perquè aquest ja s'efectua amb la readmissió ja es restableix el treballador íntegrament en la situació anterior.

Ens remetem a l'extensa relació fàctica de la sentència, que no ha set atacada, sense que calgui reiterar-nos en el seu contingut.

Atesa la naturalesa extraordinària del recurs de suplicació, quasi de cassació i no d'apel lació en virtut del principi d'instància única que regeix el procediment laboral, no correspon a la Sala ni té competències per tornar a jutjar allò que ja ha estat jutjat, sinó únicament pel control d'adequació a la legalitat de l'activitat jurisdiccional en la instància única. Aquest caràcter extraordinari del recurs de suplicació i el fet que no es tracta d'una segona instància impedeix dur a terme una anàlisi de la prova practicada amb una valoració nova de la totalitat dels elements de prova emprats ( Sentència de la Sala de lo Social del Tribunal Suprem de 18 de novembre de 1.999 ).

És així que si no s'ha atacat la modificació de fets provats, que únicament pot ser conseqüència d'un error de fet evident i ha de derivar de la prova pericial o documental eficaç i eficient prevista en l'article núm. 193 b) i núm. 196.3 de la vigent Llei 36/2011 Reguladora de la Jurisdicció Social, no correspon que la Sala substitueixi el criteri objectiu del jutge d'instància que aprecia les proves practicades i els elements de convicció segons l' article 97.2 de la Llei processal laboral , que és un concepte més extens que el de mitjans de prova ja que compren tan els mitjans de prova que enumera l'article 299 de la Llei d'Enjudiciament Civil, com el comportament de les parts en el transcurs del procés i també les seves omissions, davant l'anàlisi de la part, lògicament parcial i interessada, cosa que no es pot acceptar perquè comporta un desplaçament de la funció judicial ordenada per l'article núm. 2.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i per l'article núm. 117.3 de la Constitució Espanyola de manera exclusiva als jutges i tribunals.

Aquest caràcter limitador de la suplicació no restringeix el dret a la tutela judicial efectiva, atès que el dret fonamental citat es garanteix en principi en el primer grau, de tal manera que la suplicació esdevé un supòsit extraordinari, limitat a un concret i específic marc legal tal com indica la STC 119/1998, de 4 de juny .

Atenent doncs als càrrecs sindicals que el demandant va ostentar fins al moment de l'acomiadament , el 29 de gener de 2015, i atenent a les actuacions de representació i defensa dels drets laborals dels treballadors que consten en el quart i sisè fets provats, constatem amb la instància que el demandant va exercir la seva funció sindical i representativa de forma intensa i extensa, fos de forma col lectiva o a la seva instància, tal com consta en l'abundant prova aportada. Actuacions que s'estenen des de març de 2011 fins a febrer de 2013 i reclamacions judicials de diferents treballadors de la CNT. a l'any 2013 i 2014, en reclamació de drets laborals i pel exercici del dret de vaga, inclús amb acomiadaments. La majoria de les resolucions judicials relacionades en el sisè fet provat estimen les pretensions dels treballadors o representants, entre els quals consta el demandant, i declaren la vulneració del dret fonamental de vaga i de llibertat sindical, així com la nul litat d'acomiadament per vulneració de dret fonamental d'indemnitat i llibertat sindical.

L'empresa va sancionar el demandant el 5 de setembre i el 17 d'octubre de 2014, que va recórrer judicialment, sent declarades nul les les dues en sentència per vulneració de drets fonamentals. Altres tres treballadors van ser sancionats i una treballadora acomiadada, segons el setè fet provat.

La sentència aprecia que les sancions, i finalment l'acomiadament del demandant el 29 de gener de 2015 constitueix una reacció empresarial a les reclamacions judicials i preparatòries de instades pel demandant , fos a títol individual o col lectiu, i a la seva activitat reivindicativa constant com a representant sindical i dels treballadors.

Tercer.- La doctrina constitucional ( STC 6/2011 per totes), la vulneració del dret a la indemnitat requereix que l'ocupadora adopti mesures de represàlia derivada de l'exercici per part del treballador de la tutela dels seus drets ( Sentències del TC 54/1995, de 24 de febrer de 1995 , 197/1998, de 13 de octubre de 1998 , 101/2000, de 10 de abril de 2000 , y 196/2000, de 24 de julio de 2000 ), ( TS 21-01-2014, Rec. 941/2013 ; TS 14-5-14, Rec 1330/2013 ; TS 04-03-2013, Rec. 928/2012 , TS 05-07-2013 Rec. 1683/2012 , per totes). Per a què operi l'apreciació de la vulneració del dret, cal que es donin indicis raonables a fi de que operi la inversió de la càrrega de la prova que reclama la recurrent, de forma que serà l'empresari qui ha de justificar que la decisió. Els indicis raonables requereixen que es doni una concatenació en el temps entre les reclamacions dels drets laborals i la immediata decisió empresarial de represàlia després de la reclamació constitueix indici suficient ( Sentència de la Sala Social del STSJ. Madrid de 24 abril 1998 ).

La intensitat de l'activitat representativa i reivindicativa del demandant que ha culminat en el reconeixement judicial els drets reclamats, no constitueix una ' conducta obstruccionista de les ordres i instruccions dels caps' com assenyala la carta d'acomiadament de 29 de gener de 2015, sinó, a la vista de les resolucions judicials, una activitat conscient i seria de la tasca representativa i sindical per part del demandant, qui en tot cas qüestiona la correcció de segons quines ordres donades pels comandaments de l'empresa, o el incompliment de les obligacions empresarials laborals o sobre els aspectes deficients de la política laboral empresarial, que contribueixen a la conflictivitat i als nombrosos litigis laborals existent a l'empresa en els últims anys.

La instància te la facultat exclusiva d'apreciar i valorar la prova practicada i els elements de convicció en compliment de l'article núm. 97.2 del ET., tal com hem dit abans, de forma que efectivament la relació fàctica citada estableix uns indicis raonables i concloents de la causa de l'acomiadament amb enllaç en el temps a la vista de les últimes dues sancions imposades declarades nul les per vulneració de drets fonamentals, sense que l'empresari hagi demostrat que la causa de l'acomiadament disciplinari és aliena a la vulneració del dret a la indemnitat de l'article núm. 24 i del dret a la llibertat sindical de l'article núm. 28 de la Constitució Espanyola, doncs els càrrecs disciplinaris declarats provats als quals fa referència extensa el tercer fet provat en relació al cinquè fet provat no presenten suficient entitat extintiva, no s'han provat o no són constitutius de falta disciplinària.

L'ocupadora recorrent, sense cap referència a la vulneració de drets fonamentals estimada, en el recurs únicament es refereix al càrrec disciplinari de negar-se el demandant a acudir a un curs de formació en matèria de prevenció de riscs laborals establert en hores fora de la seva jornada laboral per justificar la procedència de l'acomiadament. Aquest càrrec resulta totalment feble i sense fonament per destruir els indicis de vulneració dels drets fonamentals estimats per la instància que porten a declarar la nul litat de l'acomiadament.

Tan l'article núm. 51.1 del II Conveni col lectiu general del sector de Serveis d'assistència a terra en aeroports -Handling. ( BOE de 13 d'octubre de 2011) d'aplicació, com l'article núm. 19.2 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscs laborals que transcriu la clàusula 11ena. Del contracte de treball del demandant , preveuen que la formació fora d'hores de treball ha de ser voluntària i en cas de fer-se fora de la jornada laboral el temps invertit s'haurà de descomptar. La disposició de la Llei general i del conveni sectorial és que la formació, sigui laboral o de prevenció de riscs, doncs no procedeix diferenciar allò que la norma no fa, s'ha de fer dintre de la jornada laboral, o a compte de la jornada laboral. La clàusula 11ena. del contracte no estableix cap renuncia al dret reconegut legalment i convencionalment, devent l'empresa organitzar els cursos d'acord amb la norma dintre la jornada de treball, i en cas d'impediment organitzatiu o d'altre tipus, si es fa fora de jornada laboral, procedirà la seva reducció pel temps emprat, sense poder excedir-se a la norma general i convencional sobre l'obligatorietat del compliment de formació fora de la jornada laboral, perquè aquesta és voluntària i no obligada. La comunicació empresarial de 24 d'octubre i la de 5 de novembre de 2014 ( f. 43 i 44) mantenen que l'assistència al curs és obligatòria encara que sigui en hores fora de la jornada, malgrat que l'article núm. 51 del Conveni col lectiu sectorial, de redacció igual l'article núm. 48 del III Conveni col lectiu sectorial, com l'article núm. 19,2 de la Llei 31/1995, mantenen que la formació fora de la jornada laboral no és obligatòria, i per tant és voluntària tal com conclou la sentència de la instància, de forma que no es pot imputar al treballador la comissió d'aquesta falta disciplinària.

No havent demostrat l'ocupadora la realitat de les faltes disciplinàries imputades, a la vista de la relació fàctica en què consta que el demandant ha presentat indicis determinants de la vulneració del dret fonamental a la llibertat sindical de l'article núm. 28 de la Constitució Espanyola, en relació amb l'article núm. 2.2., 8 i 13 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical així com amb l'article núm. 64 del ET., i art. 24 de la Constitució Espanyola , l'acomiadament s'ha de qualificar de nul com declara la sentència de la instància, que ratifiquem.

Quant a la indemnització per rescabalament de la vulneració dels drets fonamental establerta en la instància a què es refereix el recurs de forma subsidiària, únicament recordar que la indemnització fixada en la sentència no pot ser objecte de revisió en suplicació, ja que correspon fixar-la de forma raonada la instància segons el seu prudent arbitri ( STS. 23 de desembre de 2003 , RJ. 2004

Fallo

Desestimar el recurs de suplicació interposat per l'empresa ocupadora Worldwide Flight Services, Servicios Aeroportuarios, SA. contra la Sentència de 27 de juliol de 2015 dictada pel Jutjat Social núm. 10 de Barcelona en el procediment núm. 260/2015, que confirmem.

Sense costes perquè el treballador no impugna.

Donis al dipòsit i asseguraments econòmics el curs legal.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Un cop sigui ferma la sentència caldrà remetre al Jutjat d'instància les seves actuacions ja que és l'òrgan judicial competent per executar-la.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social .

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social,o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l' article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , consignarà com a dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el BANC SANTANDER , a l'Oficina núm 6763 situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, n° 0965 0000 66, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , quan així procedeixi, cal acreditar- la al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria i s'efectuarà en el compte que la Sala té obert en l'oficina bancària esmentada al paràgraf anterior, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

També és possible substituir la consignació en metàl lic per l'assegurament de la condemna mitjançant un aval bancari emès per una entitat de crèdit. El document haurà de ser de duració indefinida i a pagar a primer requeriment.

Si el dipòsit o la consignació no és fan de forma presencial sinó mitjançant transferència bancària o per procediments telemàtics, a les dites operacions hauran de constar les següents dades:

El compte bancari al que es remetrà la quantitat és IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. A la dada de 'ordenant' caldrà indicar el nom de la persona física o jurídica que fa l'ingrés i el seu NIF o CIF. Com a 'beneficiari' ha de constar la Sala Social del TSJ de Catalunya. Finalment, a 'observacions o concepte de la transferència' cal introduir els 16 dígits que consten en els paràgrafs precedents respecte al dipòsit i la consignació fets de forma presencial.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ.Avui, la Magistrada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.