Sentencia SOCIAL Nº 362/2018, Juzgado de lo Social - Burgos, Sección 2, Rec 435/2018 de 23 de Noviembre de 2018

Encabezamiento

JDO. DE LO SOCIAL N. 2

BURGOS

SENTENCIA: 00362/2018

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

AVDA. REYES CATOLICOS S/N BURGOS (PLANTA 1ª-SALA VISTAS 1)

Tfno:947284055

Fax:947284056

Correo Electrónico:

Equipo/usuario: MBL

NIG:09059 44 4 2018 0001340

Modelo: N02700

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000435 /2018

Procedimiento origen: /

DEMANDANTE/S D/ña: Javier

ABOGADO/A:JESUS BARRIO MARIN

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:

DEMANDADO/S D/ña: Jorge , MADERAS PABLO ARROYO SA , FONDO DE GARANTIA SALARIAL FOGASA

ABOGADO/A:, , LETRADO DE FOGASA

PROCURADOR:, ,

GRADUADO/A SOCIAL:, ,

SENTENCIA 362/18

En BURGOS, a veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho.

D/Dª. MARIA JESUS MARTIN ALVAREZ Magistrado/a Juez del JDO. DE LO SOCIAL N. 2 tras haber visto el presente DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000435 /2018 a instancia de D/Dª. Javier que comparece asistido del Letrado Don Jesus Barrio Marin contra ADMINISTRADOR CONCURSAL DON Jorge , MADERAS PABLO ARROYO SA Quienes no comparecen , FONDO DE GARANTIA SALARIAL FOGASA que comparece representado por el Letrado de FogasaEN NOMBRE DEL REY, ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA

Antecedentes

PRIMERO.-D/Dª. Javier presentó demanda en procedimiento de DESPIDO contra ADMINISTRDOR CONCURSAL DON Jorge , MADERAS PABLO ARROYO SA , FONDO DE GARANTIA SALARIAL FOGASA , en la que exponía los hechos en que fundaba su pretensión, haciendo alegación de los fundamentos de derecho que entendía aplicables al caso y finalizando con la súplica de que se dicte sentencia accediendo a lo solicitado.

SEGUNDO.-Que admitida a trámite la demanda, se ha/n celebrado los actos de conciliación, y en su caso, juicio/el acto de juicio con el resultado que obra en las actuaciones.

TERCERO.-En la tramitación de estos autos se han observado todas las prescripciones legales.

Hechos

PRIMERO.-DON Javier viene prestando servicios para la empresa MADERAS PABLO ARROYO S.A., con una antigüedad de 1 de septiembre de 2.004, ostentando la categoría profesional de Ayudante Aserrador y salario mensual bruto con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias de 1.372,75 €.

SEGUNDO.- En el momento de presentación de la demanda, la empresa demandada adeudaba al actor el 17% de la nómina del mes de diciembre de 2.017 y la retribución correspondiente a los meses de enero a mayo de 2.018 por importe total de 6.906,22 € conforme a los cálculos que constan en el Hecho Tercero de la demanda, cuyo contenido se da por reproducido, habiéndole abonado con posterioridad, la cantidad de 229,15 € correspondiente al 17% de la nómina del mes de diciembre de 2.017 y la retribución correspondiente a los meses de enero y febrero de 2.018, no habiéndole abonado la retribución a partir del mes de marzo de 2.018.

TERCERO.- La parte actora solicita se declare extinguido el contrato de trabajo que le une con la empresa demandada al amparo de lo dispuesto en el artículo 50 del ET con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración y, tal como ha concretado en el acto de juicio, se condene a dicha empresa a abonarle la cantidad de 4.059,33 € en concepto de retribución no abonada durante el periodo comprendido entre el mes de marzo al mes de mayo de 2.018, conforme al desglose que consta en el Hecho Tercero de la demanda, cuyo contenido se da por reproducido y a la aclaración efectuada en el acto de juicio respecto al abono de la cantidad de 229,15 € correspondiente al 17% de la nómina del mes de diciembre de 2.017 y la retribución correspondiente a los meses de enero y febrero de 2.018.

CUARTO.- Intentado acto de conciliación ante la UMAC, se celebró con el resultado de sin avenencia.

QUINTO.- Por el FONDO DE GARANTIA SALARIAL se ha abonado al demandante la cantidad de 4.094,65 € correspondiente a 114,44 días.

Fundamentos

PRIMERO.- Los hechos declarados probados se han acreditado a través de la prueba documental obrante en autos, procediendo asimismo tener por reconocidos los hechos en que la empresa demandada hubiese intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial conforme al artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

SEGUNDO.- En primer lugar, la parte actora solicita la aplicación de lo dispuesto en el artículo 50 del ET , que señala que serán justas causas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato, las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de su formación profesional o en menoscabo de su dignidad, la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado, así como cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor, teniendo en tales casos derecho el trabajador a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente.

La Sentencia del TSJ del País Vasco de 14 de octubre de 1997 señala que el trabajador por el carácter personalísimo de sus servicios puede desistir unilateralmente del contrato de trabajo que le vincula con su empresario ( art 49-1-d ET ) de forma que su sola voluntad es suficiente a tal fin, sin necesidad de que su decisión esté basada en un previo incumplimiento de las obligaciones por parte de aquel. Basta pues, con que no le resulte de interés continuar manteniendo el vínculo contractual para que la relación pueda finalizar sin más deber por su parte que el de preavisar su decisión al empleador, salvo que por Convenio Colectivo o por pacto individual se dispusiera otra cosa lícitamente.

Ahora bien, nuestro Ordenamiento Jurídico también ha previsto la situación en la que el empresario incumple gravemente sus obligaciones para con el trabajador por circunstancias que no sean absolutamente imprevisibles e inevitables. Dicha situación puede provocar en este una pérdida de interés en continuar con el vínculo contractual pero que aquí viene provocada por esa actitud incumplidora del otro contratante, y es la razón por la que se ha regulado de forma distinta, disponiéndose que en estos casos el trabajador estará facultado para solicitar la extinción de su contrato de trabajo con derecho a percibir la misma indemnización que le habría correspondido si hubiera sido objeto de un despido improcedente.

Pero para el éxito de la acción resolutoria no basta con que se produzca una trasgresión empresarial de uno de sus deberes laborales, sino que se precisa siempre que sea grave. La resolución del contrato se ha de ofrecer, en suma, como fruto de la actitud de quien no confía ya razonablemente en obtener la satisfacción propia de la persona que trabaja por cuenta de otro, esto es, de alguien que se ve forzado a resolver el contrato de trabajo injustificadamente provocado por la conducta de su empresario, pero no de cualquier conducta, sino únicamente de aquella que constituya una trasgresión de las obligaciones que tiene contraídas por razón del contrato de trabajo, que además, le sea imputable, con lo que se descartan los supuestos en que el incumplimiento atañe a obligaciones no derivadas de dicho contrato como también aquellos en que la falta de cumplimiento de un deber laboral obedece a razones de fuerza mayor, pero no requiere en cambio que sea fruto de una actitud malévola o negligente por su parte.

Igualmente la razón de ser de ese derecho a ser indemnizado no estriba en los perjuicios que le ocasionen al trabajador los actos que el empresario realice, sino que radica en que este incumpla sus obligaciones, por lo que no estaremos ante el supuesto de hecho generador del mismo si el daño proviene de una conducta suya derivada del ejercicio de las facultades que tiene con arreglo a lo establecido en las leyes, convenios colectivos o en virtud de pacto legítimo alcanzado con el trabajador. Los perjuicios que este tenga constituyen, tan solo un dato a tener en cuenta a los exclusivos efectos de poder valorar la gravedad del incumplimiento empresarial, pero no es el determinante de que este concurra.

Por tanto debe entenderse que no todo incumplimiento empresarial es susceptible de determinar la resolución del contrato laboral, a instancia del trabajador, sino sólo aquellos cuya gravedad ha de vincularse a la manifestación de una voluntad empresarial deliberadamente rebelde al cumplimiento de las obligaciones o a un hecho obstativo suficientemente significativo dentro de la economía del contrato, que impidiera la continuidad del mismo ( STS 15 enero 1.987 ).

En orden a la concreta valoración de incumplimientos en la obligación del pago del salario tiene dicho la Sala de lo Social de nuestro Tribunal Supremo que no obsta a la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 50 1 b) del ET el hecho de que concurra de forma generalizada por razón de la situación de crisis de la empresa ( Sentencia de 24 de marzo de 1992 ), incluso aunque esté sujeta a un proceso de suspensión de pagos ( Sentencia de 29 de diciembre de 1994 ), dado que no son situaciones que exoneren al empresario de su deber de satisfacer al trabajador su salario, ni determinan que se esté ante un supuesto de trasgresión de esa obligación por razones de fuerza mayor.

También ha señalado de forma expresa que el incumplimiento en esta materia ha de ser grave, estimando que no lo es el retraso de un solo mes ( Sentencia de 21 de julio de 1986 ), o el de dos meses ( Sentencia de 16 de junio de 1987 ) o incluso muy recientemente en la falta de abono de tres meses de salario y una paga extra en relación laboral vigente durante 20 años ( Sentencia de 25 de septiembre de 1995 ).

Pero en cambio si se da esa gravedad, por ejemplo, cuando durante más de un año se viene cobrando el salario con retraso ( Sentencia de 24 de marzo de 1992 ).

La Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 16 de octubre de 2.007 señala que para proceder a la extinción del contrato de trabajo al amparo del artículo 50 del ET por retrasos continuados en el abono del salario pactado' requiere de la existencia de un incumplimiento contractual del empresario que deba calificarse como grave, tomando en consideración, a tenor de lo indicado en la sentencia del Tribunal Supremo de 25/1/1999 , con referencia a jurisprudencia anterior, que a los efectos de determinar tal 'gravedad' debe valorarse exclusivamente si el retraso o impago es o no grave o trascendente en relación con la obligación de pago puntual del salario 'ex' arts. 4.2 f ) y 29.1 ET , partiendo de un criterio objetivo (independiente de la culpabilidad de la empresa), temporal (continuado y persistente en el tiempo) y cuantitativo (montante de lo adeudado). El referido incumplimiento se exige que sea continuado y persistente, constituyendo causa de resolución tanto los impagos como los retrasos aunque en el momento de la demanda se hubiera producido el pago.'

La Sentencia del TSJ de Baleares de 17 de abril de 2.007 establece que concurre tal gravedad cuando el impago de los salarios no sea un mero retraso esporádico, sino un comportamiento continuado y persistente, por lo que la gravedad del incumplimiento se manifiesta mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos, señalando asimismo que en cuanto a la gravedad del incumplimiento empresarial, se ha estimado que no reviste la suficiente gravedad cuando el retraso es de un solo mes ( Sentencia de 21 junio 1986 ), o el de dos meses ( Sentencia de 16 junio 1987 ) o incluso en el abono de tres meses de salario y una paga extra en una relación laboral vigente durante 20 años ( Sentencia de 25 septiembre 1995 ). Pero en cambio, sí se da esa gravedad, por ejemplo, cuando durante más de un año se viene cobrando el salario con retraso ( Sentencia de 24 marzo 1992 ), y continúa diciendo dicha Sentencia que la obligación de pago de salario es una de las obligaciones esenciales a cargo del empresario dentro del contrato de trabajo, cuya causa es la prestación de servicios a cambio del salario, suponiendo el incumplimiento de esta obligación importantes perjuicios para el trabajador, incluso cuando se trata de una simple impuntualidad, pues la no percepción del salario en la fecha pactada puede impedir atender los pagos corrientes y cuando la situación persiste crea inseguridad e inestabilidad al trabajador, agravándose la cuestión cuando el retraso afecta a períodos como la Navidad, durante la cual se incrementa el gasto de las familias con ocasión de la celebración de las fiestas. Por esta razón el retraso continuado y persistente en el pago de salarios se establece como causa de extinción del contrato de trabajo.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2.013 señala que'...debe mantenerse la doctrina consolidada de la Sala y declarar que cuando el trabajador ejercita la acción de extinción del contrato de trabajo por la causa justa de incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario consistente en la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado ( art. 50.1.b ET ), la fecha límite hasta la que deben haber acontecido los hechos relativos a las demoras o impagos y/o a los abonos salariales, salvo supuestos de indefensión, puede extenderse hasta la propia fecha del juicio...'

TERCERO.-En el presente caso, concurre la causa contenida en dicho precepto de falta de pago de salario, dado que en el momento de presentación de la demanda, la empresa demandada adeudaba al actor el 17% de la nómina del mes de diciembre de 2.017 y la retribución correspondiente a los meses de enero a mayo de 2.018 por importe total de 6.906,22 € conforme a los cálculos que constan en el Hecho Tercero de la demanda, cuyo contenido se da por reproducido, habiéndole abonado con posterioridad, la cantidad de 229,15 € correspondiente al 17% de la nómina del mes de diciembre de 2.017 y la retribución correspondiente a los meses de enero y febrero de 2.018, no habiéndole abonado la retribución a partir del mes de marzo de 2.018.

CUARTO.- En segundo lugar, la parte actora, tal como ha concretado en el acto de juicio, reclama el abono de la cantidad de 4.059,33 € en concepto de retribución no abonada durante el periodo comprendido entre el mes de marzo al mes de mayo de 2.018, conforme al desglose que consta en el Hecho Tercero de la demanda, cuyo contenido se da por reproducido y a la aclaración efectuada en el acto de juicio respecto al abono de la cantidad de 229,15 € correspondiente al 17% de la nómina del mes de diciembre de 2.017 y la retribución correspondiente a los meses de enero y febrero de 2.018, pretensión que debe ser estimada, habiendo acreditado la parte actora la existencia de relación laboral con la empresa demandada y sus circunstancias, correspondiendo a la misma acreditar el pago del salario al demandante durante el periodo reclamado, conforme a las reglas de la carga de la prueba previstas en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , lo cual no ha efectuado.

QUINTO.- Resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 29-3 del ET en cuanto al interés legal por mora respecto de la cantidad adeudada de 4.059,33 €.

SEXTO.- Dado que el FONDO DE GARANTIA SALARIAL ha abonado al demandante la cantidad de 4.094,65 € correspondiente a 114,44 días, en su caso, a efectos de una posible reclamación a dicho Organismo, restaría únicamente por abonar por el mismo el importe restante hasta 120 días, si bien en el presente procedimiento, procede la condena únicamente a la empresa MADERAS PABLO ARROYO S.A.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso.

Fallo

Que estimando la demanda presentada por DON Javier contraMADERAS PABLO ARROYO S.A., ADMINISTRADOR CONCURSAL DON Jorge , FOGASAdebo declarar y declaro extinguida la relación laboral existente entre el actor y la empresa MADERAS PABLO ARROYO S.A., con efectos desde la fecha de la presente Resolución, condenando aMADERAS PABLO ARROYO S.A.a abonar al demandante la cantidad de25.409,04 €en concepto de indemnización y la cantidad de4.059,32€en concepto de retribución no abonada, más el interés legal por mora de este último importe.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidashasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendocarga procesal de las partesy de sus representantesmantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se advierte a las partes que contra la presente resolución podrán interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en BANCO DE SANTANDER a nombre de esta Oficina Judicial con el núm. ES8800490143709999999999, debiendo indicar en el campo concepto 1073/0000/65/0435/18 'recurso' seguido del código '34 Social Suplicación', acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como; en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.