Sentencia Social Nº 3848/2012, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7500/2011 de 18 de Mayo de 2012

Encabezamiento

Procedimiento: Recurso de suplicación

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

m.e.

IL·LM. SR. DANIEL BARTOMEUS PLANA

IL·LM. SR. AMADOR GARCIA ROS

IL·LM. SR. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ

Barcelona, 18 de maig de 2012

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 3848/2012

En el recurs de suplicació interposat per Salvador a la sentència del Jutjat Social 3 Granollers de data 7 de juny de 2011 dictada en el procediment núm. 574/2009, en el qual s'ha recorregut contra la part Nacional Motor, S.A.U. i Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros, ha actuat com a ponent Il·lm. Sr. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ.

Antecedentes

Primer.En data 15 de juny de 2009 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre reclamació quantitat, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 7 de juny de 2011 , que contenia la decisió següent:

' Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por Salvador frente NACIONAL MOTOR S.A.U. y GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS, debo absolver y absuelvo a NACIONAL MOTOR S.A.U. y GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS de todos los pedimentos formulados frente a los mismos en el presente procedimiento. '

Segon.En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:

PRIMERO.- El actor, Salvador , con DNI NUM000 y nº de afiliación a la Seguridad Social NUM001 , ha venido prestando servicios para NACIONAL MOTOR S.A.U. como oficial de 3ª.

SEGUNDO.- Al tiempo del accidente, el actor venía ocupando un puesto de trabajo en la sección de 'lavadora de cárters'. El trabajador, en sus funciones en dicho puesto de trabajo, debe colocar las piezas que hay situadas en los carros, en la cesta o jaula; posteriormente, coloca dicha cesta en una guía la cual la dirige mecánicamente hacia la rampa; colocada sobre la rampa, se inicia el procedimiento automático de desengrase, lavado y secado de piezas, controlando el procedimiento el trabajador, y en espera de que vuelva a salir la cesta, por la rampa situada en el otro lado del procedimiento y realizando entonces el proceso inverso de recoger las piezas de la cesta para volverlas a colocar en el carro a efectos de almacenaje. En la operación de mecanizado de la jaula, no se requiere realización de funciones del manejo manual de la cesta o jaula por parte del trabajador, sino que, incluso en su caso, se dispone del enganche a la misma a una guía para una movilización de forma mecánica.

El día 21-02-2005 el actor se encontraba en su puesto de trabajo cuando en el transcurso del proceso mecanizado se produjo una incidencia en el trayecto de la cesta, no permitiendo el desarrollo normal de la jaula, de modo que al intentar el actor su manipulación forzada, sin utilización de mecanismo mecánico, sufrió dolor en el hombro.

TERCERO.- Como consecuencia de los hechos descritos en el hecho probado anterior el actor inició una baja por incapacidad temporal el 25-02-2005, con diagnóstico de rotura manguito rotador hombro derecho, siendo dado de alta el 05-04-2006 con propuesta de incapacidad.

CUARTO.- En fecha 05-04-2006 se emitió dictamen por la UVAMI, en el procedimiento de determinación de grado, con el siguiente resultado 'ROTURA MANGUITO ROTADORES HOMBRO DERECHO Y SÍNDROME SUBACROMIAL HOMBRO DERECHO CON SEVERA LIMITACIÓN FUNCIONAL' por lo que en fecha 23-05-2006 el Instituto Nacional de la Seguridad Social declaró al actor en situación de Incapacidad Permanente Total derivada de contingencia común.

QUINTO.- El actor formuló reclamación previa frente a la resolución referida en el hecho probado anterior, siendo estimada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social mediante resolución de 30-10-2006 en el sentido de que la situación de Incapacidad permanente total en grado cualificada derivaba de accidente de trabajo.

SEXTO.- En fecha 20-10-2003 el actor había sido diagnosticado de rizartrosis trapeziometacarpiana.

SÉPTIMO.- El actor fue declarado apto para su puesto de trabajo en la revisión efectuada en el año 2004 y 2005.

OCTAVO.- NACIONAL MOTOR S.A.U. efectuó la evaluación de riesgos de puestos de trabajo que se aporta como documento nº 5 de NACIONAL MOTOR S.A.U., que aquí se da por reproducido.

NOVENO.- El actor recibió información sobre prevención de riesgos de trabajo referida a su puesto de trabajo. Además, en el puesto de trabajo estaban expuestos los documentos nº 6 y 10 de NACIONAL MOTOR S.A.U., que aquí se dan por reproducidos.

DÉCIMO.- En fecha 13-03-2008 Salvador requirió a la empresa NACIONAL MOTOR S.A.U. que le abonaran la indemnización por daños y perjuicios derivada del accidente de trabajo sufrido, al que contestó la empresa en el sentido de que en fecha 23-05-2006 percibió el finiquito quedando saldado y finiquitado por todos los conceptos.

UNDÉCIMO.- NACIONAL MOTOR S.A.U. tenía suscrita con GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS (antes BANCO VITALICIO DE ESPAÑA C.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS que fue absorbida por fusión por LA ESTRELLA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS y que cambió su denominación a GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS) la póliza de seguros que se acompaña como documento nº 3 de GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS que aquí se da íntegramente por reproducida.

DUODÉCIMO.- En fecha 17-12-2008 Salvador interpuso reclamación previa frente a NACIONAL MOTOR S.A.U. que resultó sin avenencia.

DÉCIMO TERCERO.- El capital coste de la prestación de IPT reconocida al actor es la que consta en el informe remitido al Juzgado como mejor proveer, que aquí se da por reproducido.

Tercer.Contra aquesta sentència la part actora va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària que el va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER.- En els dos primers motius de suplicació, ambdós articulats per la via de l'apartat b) de l' art. 191 TRLPL , postula la part actora a la instància la revisió de fets provats. En concret, se'ns demanen els següents canvis:

- Fet provat segon, en relació als documents que es citen i consten en els folis 4, 11, 18 a 20 i 31 a 35, amb la següent proposta de redacció alternativa:

'Al tiempo del accidente, el actor venía ocupando un puesto de trabajo en la sección de 'lavadora de cárters'. El trabajador, en sus funciones en dicho puesto de trabajo, debe colocar las piezas que hay situadas en los carros, en la cesta o jaula; posteriormente, coloca dicha cesta en una guía la cual la dirige mecánicamente hacia la rampa; colocada sobre la rampa, se inicia el procedimiento automático de desengrase, lavado y secado de piezas, controlando el procedimiento el trabajador, y en espera de que vuelva a salir la cesta, por la rampa situada en el otro lado del procedimiento y realizando entonces el proceso inverso de recoger las piezas de la cesta para yo/verse a colocar en el carro a efectos de almacenaje. En la operación de mecanizado de la jaula en ocasiones, como es en el momento de sufrir el accidente el actor, requiere la realización de funciones de manejo manual de la cesta o jaula por parte del trabajador, a pesar de disponer del enganche a la misma a una guía para una movilización de forma mecánica.

Este procedimiento necesariamente requiere la acción de manipular el cárter, por parte del actor, de forma repetida y sucesiva en el tiempo para colocar el cárter en su debida posición, sospesando un peso total de 1,5 kq por cárter (ocho cárters por operación resultan un peso de 12 kg). Puntualmente, el proceso requiere la manipulación de un total de 32 kg, resultado de la suma de cárters y jaula

Es precisamente esta última circunstancia la que al provocarse un incidente causará la lesión al actor cuando éste deba suplir la función mecanizada, ahora inhábil, con su propio cuerpo. El día 21-02.2005 el actor se encontraba en su puesto de trabajo cuando en el transcurso del proceso mecanizado se produjo una incidencia en el trayecto de la cesta, no permitiendo el desarrollo normal de la jaula, de modo que al intentar el actor su manipulación forzada, sin utilización de mecanismo mecánico, sufrió dolor en el hombro'

- Addició d'un nou fet provat, en relació als documents dels folis 23-25, 4, 15 i 18 a 20, amb el següent redactat: 'El actor padecía mialgias en sus extremidades superiores, por lo que tenía limitadas sus capacidades físicas. Tal circunstancias era conocida por la empresa desde el año 2004, sin que se procediera a adecuar su puesto de trabajo'

- I addició d'un nou segon fet provat, en relació als documents dels folis 1 i 2, 41 i 42, amb el següent redactat:'El actor ha sufrido, como secuelas derivadas del accidente de trabajo sufrido, una incapacidad permanente total para su profesión habitual; artrosis postraumática valorada en 5 puntos, y ha permanecido 395 días impedido para trabajar. Aplicado por analogía el baremo para accidentes de tráfico publicado en el BOE de 5 de noviembre de 2003, resulta una cantidad global de 121.182,47 Euros'

Cal recordar que en el procés laboral regeixen els principis d'immediació i oralitat ( art. 74.1 TRLPL ), la qual cosa determina - entre d'altres efectes- la Impossibilitat que el tribunal 'ad quem' revisi fets acreditats a través de proves testificals o d'interrogatori de part -el què s'ha de cohonestar amb el principi d'instància única-: p. e. STS 10.06.1986 : 'precisamente el principio de inmediación ha servido al Magistrado, para extraer directamente su apreciación sobre la prueba practicada y no habiendo plasmado en los hechos probados que se hubieran cometido alteraciones y manipulaciones denunciadas o la inexistencia del transporte efectuado, al no poder lograr con los medios propuestos y precedentemente examinados, la variación del relato fáctico'. OSTS 21.10.2010: 'en el proceso laboral la valoración de la prueba en toda su amplitud únicamente viene atribuida por el art. 97.3 del invocado Texto procesal al juzgador de instancia (en este caso a la Sala `a quo'), por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica'

En tot cas, la revisió de fets provats només es pot basar, de conformitat amb els ja citats art. 191. b ) i 194.3 TRLPL , en documents o perícies (en altres paraules, els instruments tradicionals de l'antic i ja en desús concepte d'error de fet, a diferència de l'error de dret) La resta de la prova practicada no és valorable pel TSJ, essent competència única i exclusiva del primer grau jurisdiccional, en relació amb el contingut de l' art. 97.2 TRLPL . I també escau referir que en el cas de documents -o, especialment, perícies- contradictòries ha de prevaler la valoració de la prova feta a la 'instància'

Però les dificultats d'atacar els fets provats de la sentència no resten aquí. Escau afegir que dins del concret marc exposat, és doctrina consolidada, pacífica i antiga que per a que la revisió dels fets provats pugui ser atesa és precís que concorrin una sèrie d'elements'sine qua non', a saber: a) Que es determinin amb precisió i claredat els fets afirmats, negats o omesos que es considerin erronis, contrari al què s'ha acreditat amb respecte els elements documentals o pericials sobre els què es basa la sentència recorreguda, b) Que s'ofereixi al tribunalad quemun redactat alternatiu concret i específic sobre el què s'ha de basar la narració fàctica refutada com incorrecta, bé sigui substituint alguns dels seus punts, bé complementant-los, bé incloent-n'hi de nous; c) Que es citin en forma concreta els documents o les perícies respecte les què es dimani l'error del jutjador 'a quo', sense que sigui acceptable una invocació genèrica o una revisió de fets no discutits al llarg de les actuacions; d) Que aquests documents o perícies posin en evidència en error d'aquest jutjador de forma clara, evident, directa i palesa, sense necessitat de conjectures, suposicions o argumentacions més o menys lògiques, naturals i/o raonables; el document en què es basa la pretensió ha de tenir 'una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas' (STS UD 16.11.1998) e) Que la revisió que es pretén sigui transcendent en quant la part dispositiva de la sentència, amb efectes modificadors d'aquesta, atès que el principi d'economia processal impedeix incorporar fets respecte els què la seva inclusió cap efecte pràctic tindria. 'la inclusión de hechos probados solo debe efectuarse con respecto a aquéllos que sean esenciales para la resolución de la cuestión debatida, en el sentido de trascendentes para modificar el pronunciamiento impugnado, y que hayan sido objeto de debate y prueba procedente por haber sido alegados oportunamente por las partes' (STS UD 27.03.2000)

L'aplicació d'aquests criteris ens ha de dur a la desestimació dels canvis proposats. En efecte, escau ressenyar en relació a la modificació de l'ordinal segon que el recurs incorre en una mala tècnica formal, atès que en definitiva allò que es pretén és la substitució de la valoració de la prova pel jutjador del primer grau per la pròpia de part, atès que es fa una referència genèrica a varis documents, sense cap tipus de concreció dels múltiples aspectes en ells contemplats en els què l'activitat jurisdiccional del primer grau ha incorregut en error, màxim quan, a més, el redactat proposat no s'aparta substancialment del relat fàctic de la sentència. I a tot això escau afegir que -significativament en quant a la pericial tècnica- no és apreciable error pel jutjador del primer grau, atès que es tracta de documents valorats en forma expressa. Pel que fa a l'addició del primer fer provat el motiu també ha de ser desestimat, atès que l'únic document en el què es podria sustentar la lògica del recurs és la denúncia davant la Inspecció de Treball; ara bé, escau referir que el motiu de la dita denúncia es circumscrivia a la realització de la feina que es qualificava com 'matar cantos' (que, es suposa, es refereix a concretes activitats d'esmolament final) el què cap relació guarda amb la descripció de funcions del fet provat segon i les circumstàncies de l'accident; i és obvi que corresponia a la part recorrent acreditar que les denúncies formulades per la dita activitat es corresponien amb les què s'exercien en el moment de l'accident, màxim quan només es denunciaren àlgies a 'les extremitats superiors', sense majors concrecions. I, finalment, en quant la segona addició escau referir que es tracta en tot cas -i a banda del seu contingut que predetermina la part dispositiva- d'un aspecte jurídic -la quantificació de la indemnització- i no, fàctic.

SEGON.-En el tercer motiu de recurs es denuncia per la part recorrent la infracció d'allò disposat a l' art. 25 LPRL . 24.1 CE i 132.2 TRLGSS.

Conforme constant i pacífica doctrina per a que concorri la indemnització addicional per culpa contractual és del tot precís que apareguin els següents elements conformadors: a) un subjectiu, entès com un incompliment empresarial d'alguna mesura de seguretat, general o especial, de tal manera que el dit incompliment ha d'estar suficientment acreditat, sense que es puguin adduir simples incompliments genèrics; b) un segon objectiu, doncs ha d'existir culpa o negligència en l'incompliment o omissió, de tal manera que s'ha d'atendre criteris de normalitat i raonabilitat, pel que no tot tipus d'incompliment o accident dóna lloc al rescabalament aquí analitzat, per bé que sí és exigible al causant una actuació ajustada a la diligència necessària, ateses les circumstàncies del cas concret de les persones, el lloc i el temps ( STS 07.12.1987 ): c) i, finalment, és precís que existeixi un nexe de causalitat entre la infracció i el dany (per tant, la conclusió de que si aquella primera no s'hagués produït, tampoc aquest darrer), el què també ha de ser provat, sense que es puguin establir presumpcions de part, de tal manera que la dia infracció es constitueix com condició necessària i adequada per produir l'efecte ( STS 30.09.1997 ). D'aquesta manera, el nexe de causalitat ha estat interpretat per la jurisprudència civilista ( SSTS 1ª 31.07.1999 , 02.03.2000 , 30.06.2000 , etc) en els següents i concrets termes: 'para observar la responsabilidad del agente es preciso que el resultado sea una consecuencia natural, adecuada y suficiente de la determinación de su voluntad; debiendo entenderse por consecuencia natural aquélla propicia entre el acto inicial y el resultado dañoso; una relación de necesidad conforme a los conocimientos normalmente aceptados; y debiendo valorarse en cada caso concreto si el acto antecedente que se presenta como causa tiene virtualidad suficiente para que del mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto lesivo producido, no siendo suficiente las simples conjeturas, o la existencia de datos fácticos que, por una mera coincidencia, induzcan a pensar en una posible interrelación de esos acontecimientos, sino que es necesaria la existencia de una prueba terminante relativa al nexo entre la conducta del agente y la producción del daño, de tal forma que haga patente la culpabilidad que obliga a repararlo'

Allò que esdevé clau en els de responsabilitat civil derivada d'accidents de treball, la qual cosa justifica la importància de la vesant objectiva de la dita responsabilitat, és la noció de risc il lícit. El propi treball comporta una evident realitat de risc per a la integritat física i psíquica de les persones. I aquest risc serà il lícit quan la seva actualització tingui com causa un incompliment o omissió empresarial de qualsevol mesura preventiva de l'empresari, en l'exercici de l'activitat que al respecte li atorga la llei, actuant com a un 'prudent ocupador' ( STS 26.03.1999 ). O, per utilitzar els termes de la doctrina comunitària a la STJCEE de 14 de juny de 2007, assumpte Convenio Colectivo de Empresa de EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A./2005, allò que és exigible a l'empresari és una garantia de seguretat i prevenció 'raonablement viable'. Pel contrari, el risc serà lícit quan es correspongui amb allò que pot ser caracteritzat com a 'inevitable', entès com aquells supòsits en els què la seva prevenció sigui impossible, en l'estat actual de la ciència i de la tècnica. No obstant, aquesta darrera afirmació ha de ser matisada en aquells casos en els què la pròpia activitat -per sí mateixa- sigui perillosa ( STS UD 07.02.2003 ), doncs aquí és exigible en especial zel empresarial en l'adopció de les oportunes mesures preventives.

I, en aquest sentit, volem recordar que la doctrina unificada ve considerant ( STS UD 07.02.2003 ) que:

'Sobre los términos en que se plantea la cuestión dadas las distintas posturas de las sentencias de comparación, conviene analizar la doctrina unificada deesta Sala, partiendo de la sentencia de 30 de septiembre de 1997 (recurso 22/97), que ante la tesis de 'una responsabilidad cuasiobjetiva por los daños causados, al ser estos previsibles y producidos por una actividad con riesgo de originarlos y en beneficio del empresario, causante de esta situación', señala que 'Esta responsabilidad cuasiobjetiva se construye, acentuando el caracter complementario y subsidiario de la responsabilidad de losartículos 1902a1910 del Código Civilde la responsabilidad contractual y la posibilidad de la concurrencia de ambas en yustaposición, acercando el regimen de la responsabilidad aquiliana a la responsabilidad por riesgo con la aminoración del elemento estrictamente moral y subjetivo de la culpa en sentido clásico, con valoración predominante de las actividades peligrosas propias del desarrollo tecnológico, y consiguiente imputación de los daños causados a quien obtiene el beneficio por estos medios creadores de riesgo. A esta construcción jurídica se le añade la inversión en la carga de la prueba y se alcanza prácticamente una responsabilidad objetiva. Este enfoque de la cuestión tiene pleno sentido cuando, desde la creación de riesgos por actividades ventajosas para quienes las empleen, se contemplan daños a terceros ajenos al entramado social que se beneficia de este progreso y desarrollo, es decir cuando los riesgos sociales son valorados frente a personas consideradas predominantemente de modo individual, como sucede en el derecho civil, pero la cuestión cambia radicalmente de aspecto cuando el avance tecnológico alcanza socialmente tanto al que emplea y se beneficia en primer lugar de las actividades de riesgo -empresarios- como a quien los sufre, trabajadores, el puesto de trabajo es un bien nada desdeñable, en este caso la solución es la creación de una responsabilidad estrictamente subjetiva, que garantizando los daños sufridos por estas actividades peligrosas, previene al tiempo los riesgos económicos de quienes al buscar su propia ganancia crean un bien social, como son los puestos de trabajo. Este justo equilibrio, es el que desde antiguo se ha venido consiguiendo, con la legislación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y con toda la normativa a ella aneja, adecuada no solo al conjunto social de empresas y trabajadores, sino que permite mediante las mejoras voluntarias de la Seguridad Social, acomodar en cada empresa las ganancias del empresario con la indemnización de los daños sufridos por los trabajadores en accidentes laborales y enfermedades profesionales ...Las consideraciones hechas en el fundamento precedente evidencian que en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que gozan de una protección de responsabilidad objetiva, venir a duplicar esta por la vía de la responsabilidad por culpa contractual o aquiliana, que nunca podrá ser universal como la prevenida en la legislación social ni equitativa entre los distintos damnificados, como la legislada, más que ser una mejora social se transforma en un elemento de inestabilidad y desigualdad.Por ello, en este ámbito, la responsabilidad por culpa ha de ceñirse a su sentido clásico y tradicional, sin ampliaciones que están ya previstas e instauradas, con más seguridad y equidad'.

Esta doctrina se reitera ensentencia de 2 de febrero 1998 (recurso 124/97) afirmando que 'en el ámbito de actuación empresarial que es objeto de examen (es decir, el del citado artículo 97.3), la responsabilidad del empresario (responsabilidad llamada civil y depurada en el marco de la Jurisdicción Social), con fundamento en la cual pueda hacerse efectiva la indemnización postulada en la demanda, es la responsabilidad subjetiva y culpabilista en su sentido más clásico y tradicional'. También se manifiestan en estos términos lassentencias de 18 de octubre de 1999y22 de enero de 2002(recursos 315/99y471/01), que aún cuando desestiman el recurso por falta de contradicción, parten de que la base de la responsabilidad descansa en la culpa o negligencia. Incluso añade la última de estas resoluciones, que en cualquier caso el recurso no podría tener acogida por falta de contenido casacional, pues la tesis que se mantiene es contraria a la doctrina unificada establecida por lasentencia de 30 de noviembre de 1997yreiterada en la de 2 de febrero de 1999.'

Cal destacar, en conseqüència, que, com més amunt s'apuntava,la responsabilitat que exigeix la jurisdicció social en supòsits com el present no és -a diferència dels tribunals civils- objectiva. I aquesta diferenciació té raó en el fet que en la relació laboral la responsabilitat objectiva ja ve establerta pel Sistema de Seguretat Social ( SSTS 30.09.1997 , 13.07.1999 , etc.). D'aquí que en la nostra disciplina es demani quelcom més que l'existència d'un any i un nexe amb una responsabilitat genèrica, essent exigible una conducta mínimament culposa.

Alhora, i com element afegir, volem destacar que encara que acceptéssim una lleu responsabilitat per culpa de l'ocupador, faria també fallida el nexe de causalitat entre aquesta culpa i el resultat final. A banda de que ex art. 1195 CC no existeix imputació de responsabilitats respecte els successos que siguin d'impossible previsió o siguin imprevisibles, el dit nexe causal ha estat definit per la doctrina civilista (per totes, STS 1a 02.03.2000 ) a través de la denomina 'doctrina de la causalitat adequada, formulada de la forma següent: 'para observar la responsabilidad del agente es preciso que el resultado sea una consecuencia natural, adecuada y suficiente de la determinación de su voluntad; debiendo entenderse por consecuencia natural aquélla propicia entre el acto inicial y el resultado dañoso; una relación de necesidad conforme a los conocimientos normalmente aceptados; y debiendo valorarse en cada caso concreto si el acto antecedente que se presenta como causa tiene virtualidad suficiente para que del mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto lesivo producido, no siendo suficiente las simples conjeturas, o la existencia de datos fácticos que, por una mera coincidencia, induzcan a pensar en una posible interrelación de esos acontecimientos, sino que es necesaria la existencia de una prueba terminante relativa al nexo entre la conducta del agente y la producción del daño, de tal forma que haga patente la culpabilidad que obliga a repararlo'.

En el present cas la Sala no pot més que compartir l'argumentació del jutjador del primer grau. En efecte -a banda de les consideracions relatives a la inexistència de recàrrec que, tot i l'èmfasi del recorrent en aquest punt és essencialment a la sentència una afirmació obiter dicta- el fet cert és que no s'ha provat l'existència de cap incompliment preventiu i, encara menys, que existís un culpa subjectiva per l'ocupador. El sinistre es produí en forma totalment imprevista, sense que sigui apreciable cap intervenció, activa o omissiva, de la part demandada. Davant aquesta consideració allò que no resulta invocable en matèria d'indenització contractual per danys i perjudicis en aplicació de la doctrina referida, és una simple invocació a preceptes genèrics preceptius. O existeix un clar incompliment per part de l'empresari o existeix una acció directa per part d'aquest en el fet causant. Allò que no resulta invocable en aquests casos és -com resulta lògica del recurs- una simple referència a la culpa 'in vigilando' o a la culpa 'in preveiendo'. A la part actora li pertocava acreditar que l'accident tingué com causa un clar incompliment de les obligacions preventives concretes de l'ocupador -el què no fa ni tant sols en el recurs-, o que fou l'acció directa d'aquest el què ho ocasionà. No és el cas, tal i com s'ha vist, el què ens ha de dur a la desestimació del motiu i, amb ell, del recurs en la seva integritat.

Atesos els preceptes legals esmentats, els seus concordants i demès disposicions de general i pertinent aplicació,

Fallo

Que hem de desestimar i desestimem el recurs de suplicació interposat per Salvador contra la sentència dictada pel jutjat del social número 3 dels de Granollers en data 7 de juny de 2011 , recaiguda en les actuacions 574/2009, en virtut de demanda deduïda per la dita part actora contra NACIONAL MOTOR, SAU i GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA (abans, BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS) en reclamació de quantitat i, en conseqüència, hem de confirmar i confirmem íntegrament la dita resolució.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l'Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social, o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l'article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, consignarà com dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el Banc Espanyol de Crèdit -BANESTO-, en l'Oficina núm 2015 situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, n° 0965 0000 66, afegint a continuació els números indicatius del recurs en aquest Tribunal.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l'art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, quan així procedeixi, s'efectuarà en el compte que aquesta Sala té obert en l'oficina bancària esmentada al paràgraf anterior, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació els números indicatius del Recurs en aquest Tribunal, i havent d'acreditar que s'ha fet efectiva al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ.Avui, el Magistrat ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.