Sentencia Social Nº 4808/2012, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 756/2012 de 27 de Junio de 2012

Encabezamiento

Procedimiento: Recurso de suplicación

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

MDT

IL·LM. SR. SEBASTIÁN MORALO GALLEGO

IL·LMA. SRA. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG

IL·LMA. SRA. LIDIA CASTELL VALLDOSERA

Barcelona, 27 de juny de 2012

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 4808/2012

En el recurs de suplicació interposat per Ayuntamiento de Sant Feliu de Guixols a la sentència del Jutjat Social 3 Girona de data 22 de juliol de 2011 dictada en el procediment núm. 161/2011, en el qual s'ha recorregut contra la part Flor , ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG.

Antecedentes

Primer.En data 18.02.11 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre acomiadament en general, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 22 de juliol de 2011 , que contenia la decisió següent:

'Que, estimando en parte la demanda interpuesta por Doña Flor contra AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS, debo declarar y declaro la improcedencia del despido de que ha sido objeto la actora y en consecuencia condeno a la entidad demandada a que, a su opción, que deberá ejercitar en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado de lo Social, proceda:

a) a la readmisión de la demandante en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido y al abono de los salarios dejados de percibir desde el 28 de diciembre de 2010 hasta el 1 de febrero de 2011, a razón de 103,57 euros diarios;

b) o bien, a abonarle una indemnización por importe ascendente a 4.660,65 euros, así como, igualmente, a una indemnización, a razón de 103,57 euros diarios, igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, el 28 de diciembre de 2010, hasta el 1 de febrero de 2011, quedando extinguida la relación laboral en el momento en que la parte demandada opte por la no readmisión y entendiéndose, caso de no ejercitar la opción dicha parte en el plazo indicado, que procede la readmisión, y en uno u otro caso, sin perjuicio de la responsabilidad legal del Estado, en cuanto a salarios de tramitación.'

Segon.En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:

PRIMERO.- La actora ha venido prestando servicios para la entidad demandada, desde el 28 de diciembre de 2009, con la categoría profesional de AODL (Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local) y percibiendo un salario de 1.664,64 euros brutos mensuales hasta junio de 2010 y de 1.581,41 euros brutos a partir de junio de 2010, si bien la base de cotización, con pagas extraordinarias, se ha mantenido en 1.942,08 euros mensuales (hecho primero y contestación a la demanda y hojas de salario obrantes a folios 32 a 57 y 378 a 388).

SEGUNDO.- El salario que se ha estado abonando a la actora por parte de la entidad demandada se corresponde, aproximadamente, al de una administrativa de Urbanismo y obras.

El salario correspondiente a un técnico (TAG) de Urbanismo y obras, por los conceptos de sueldo, complemento de destino y complemento específico, sería de 37.803,78 euros brutos anuales, o de 3.150,32 euros brutos mensuales, con gratificaciones extraordinarias (relación de puestos de trabajo y salarios del año 2010, obrante a folios 73 a 76 y 413 a 420, que se da por reproducida).

TERCERO.- La actora inició la relación laboral con la demandada suscribiendo en fecha 28 de diciembre de 2009 contrato de duración determinada, para la realización de obra o servicio determinado, como Agent Desenvolupament Local, Pla de Barris, indicando la cláusula adicional del contrato que el servicio para el que se contrata a la actora está descrito en el expediente NUM000 . En dicho contrato se establece que su duración será hasta 27/12/2010 (hecho primero de la demanda y contrato obrante a folios 30 y 364).

En el expediente NUM000 se acuerda la contratación de un AODL, con perfil de Director del Pla de Barris. Y así en la convocatoria de la plaza, publicada en el BOP de Girona de 2 de octubre de 2009, consta que lo es para 'Treball als Barris' con perfil de Directora, requiriendo la titulación de diplomado o licenciado universitario, preferentemente en económicas, ciencias políticas, sociología, geografía u otras análogas (documentación obrante a folios 60 a 65 y 368 a 374).

La actora es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y en Ciencias de la Información y Máster en Administración Pública y Dirección de Márqueting, con una larga experiencia, tanto en España como en le extranjero (hecho segundo de la demanda y documento obrante a folios 365 a 367).

CUARTO.- La contratación de la actora lo ha sido en virtud de las subvenciones concedidas al Ajuntament demandado, en el año 2009, en base a lo dispuesto en la Orden TRI/125/2006, de 17 de marzo, en la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a programas para el desarrollo local y la ocupación en colaboración con las entidades locales (documentación obrante a folios 234 y siguientes y 525 y siguientes).

QUINTO.- En julio de 2010 se concurre nuevamente a la convocatoria de las subvenciones para la continuación del proyecto del Pla de Barris, que se deben solicitar anualmente y se cuenta con la actora para su continuidad (testifical del entonces responsable del proyecto, Rosendo ).

En Junta de Govern Local, de fecha 26 de octubre de 2010, se acuerda cambiar la figura de directora del Pla de Barris, por otra figura con un perfil de técnico social, en participación ciudadana (Acta obrante a folios 742 a 746, en especial el apartado 2.1, que se da por íntegramente reproducido).

SEXTO.- Mediante comunicación escrita, de fecha 23 de noviembre de 2010, la entidad demandada ha notificado a la actora la finalización de su contrato con efectos de 27 de diciembre de 2010, del siguiente tenor literal:

'De conformitat amb el que s'estipula en el contracte de treball concertat entre Vd. i aquest Ajuntament, el dia 28 de desembre de 2009, el mateix finalitza el proper dia 27 de desembre de 2010. Atès que la Junta de Govern Local de 26 d'octubre de 2010 va acordar eliminar la figura director/a del Pla de Barris i modificar el perfil de la AODL, amb efectes 27 de desembre de 2010, moment en que finalitza el contracte lligat a la subvenció sol.licitada l'any 2009 per finançar la contractación d'aquesta figura i, conseqüentment, des de l'esmentada data quedarà extingida la relació laboral entre Vd. i aquest Ajuntament, que es contempla en l'esmentat contracte' (hecho tercero de la demanda y comunicación obrante a folio 66).

SÉPTIMO.- La obra o servicio para la que fue contratada la actora no ha finalizado, ya que su ejecución debía llevarse a cabo en cuatro años, ni tampoco se han realizado los trabajos para los que se contrató a la actora, en calidad de directora de las cuestiones socio-económicas del Pla de Barris, habiéndose ejecutado sólo en un 5 por 100 de los objetivos previstos (testifical de Rosendo , técnico de administración general del Ajuntament demandado, del Área de Urbanismo y Vivienda y máximo responsable, durante el año 2010 del proyecto para el que se contrató a la actora y testifical de Natividad , técnico de administración general del Ajuntament demandado, co-responsable con el anterior testigo del proyecto desde septiembre de 2010 y responsable máxima desde enero de 2011).

OCTAVO.- A pesar de estar inacabadas las actividades para las que se contrató a la actora, en función del cambio que se plasmará después en acuerdo de la Junta de Govern de octubre de 2010, en septiembre de 2010 se adapta la solicitud de subvención que se había efectuado a las necesidades de contratar un técnico con más contenido social. En la convocatoria del BOP se sigue refiriendo a la contratación de un AODL para la dinamización económica y socialdel Pla de Barris (solicitud obrante a folios 77 y siguientes y 642 y siguientes y testifical de Rosendo y de Natividad , técnicos de administración general y responsable del proyecto en que trabajó la actora y convocatoria en el BOP, folios 758 y siguientes).

Consecuencia de dicha convocatoria, el Ajuntament demandado, en fechas 28 y 30 de diciembre de 2010 contrata a una diplomada en educación social y dos licenciadas en psicología, respectivamente (contratos obrantes a folios 209 a 226).

NOVENO.- En el mes de junio de 2010 la actora y su superior Rosendo participaron en una huelga de empleados de la Administración Pública. En septiembre de 2010 ambas personas y varias más de la entidad demandada, participaron en otra convocatoria de huelga a nivel general del Estado (hecho cuarto de la demanda y testifical de Rosendo ).

La actora, durante la prestación de servicios para la demandada, ha realizado diversas reclamaciones verbales a su superior, Rosendo , relativas a que ni las funciones, ni el salario que se le asignaron se correspondían con los de la convocatoria de su contratación. Incluso en fecha 18 de marzo de 2010 llegó a presentar un escrito en que comunicaba su decisión de renunciar al puesto de trabajo, aunque luego no se materializara (hecho cuarto de la demanda y testifical de Rosendo y documento obrante a folio 59, que se da por reproducido).

DÉCIMO.- La actora está prestando servicios desde el día 2 de febrero de 2011 para otra entidad local, Ajuntament de Viladecans, en la que percibe un salario muy superior al que percibía de la demandada (alegaciones de la actora en el acto de juicio y documentos obrantes a folios a 770 a 773).

DÉCIMO PRIMERO.- En fecha 6 de enero de 2011 la actora ha formulado reclamación previa ante la entidad demandada, sin que conste que se haya resuelto de forma expresa la misma, habiendo presentado la demanda origen de estas actuaciones en fecha 11 de febrero de 2011 (reclamación previa, obrante a folios 16 a 21).

Tercer.Contra aquesta sentència la part demandada va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària que el va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER.L'objecte del recurs de l'Ajuntament demandat contra la Sentència que declara la improcedència del l'acomiadament de la treballadora demandant, és revisar els fets declarats provats en la Sentència i examinar les infraccions de normes substantives en empara en l' article 191 b ) i c) de la vigent Llei de Procediment Laboral , el Text Refós de la qual va ser aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/1995 de 7 d'abril.

SEGON.Postula la modificació del primer fet provat que es refereix al inici de la prestació de serveis per part de l'Ajuntament i la categoria professional de AODL ( Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local). Postula que s'afegeix tot seguit del text : ..., 'inclòs en el grup professional A2'. Basa la modificació en què és el grup que en la convocatòria pública havia d'ostentar la demandant com a treballadora seleccionada.

També postula una modificació en aquest fet provat consistent en suprimir el segon paràgraf referent al TAG.. Paràgraf que correspon al segon fet provat, de forma que considerem atacat també aquest segon. La modificació la basa en els documents que cita per a la modificació del primer fet provat.

Finalment postula la modificació del fet provat setè referit a que l'obra no ha finalitzat ni tampoc els treballs pels quals es va contractar la demandant. Proposa un text alternatiu que digui ' El Pla de Barris te una duració de quatre anys, efectuant-se anualment un Pla de Treball. El Pla de Treball anual 2009-2010 per al qual va ser contractada la demandant, va acabar el dia 27 de desembre de 2010.' Basa la modificació en els documents que cita.

Cal recordar que el recurs de suplicació té una naturalesa extraordinària quasi de cassació i no d'apel lació, en virtut del principi d'instància única que regeix el procediment laboral. D'aquesta manera, no correspon a la Sala ni té competències per tornar a jutjar allò que ja ha estat jutjat, sinó únicament el control d'adequació a la legalitat de l'activitat jurisdiccional en la instància única. Aquest caràcter extraordinari del recurs de suplicació i el fet que no es tracta d'una segona instància impedeix dur a terme una anàlisi de la prova practicada amb una valoració nova de la totalitat dels elements de prova emprats ( Sentència de la Sala de lo Social del Tribunal Suprem de 18 de novembre de 1.999 ). És així que la modificació de fets provats únicament pot ser conseqüència d'un error de fet evident i ha de derivar de la prova pericial o documental eficaç i eficient prevista en l'article núm. 191 b) i núm. 194.3 de la Llei de Procediment Laboral, sense haver de recórrer a deduccions lògiques o raonables, perquè això suposaria la substitució del criteri objectiu del jutge d'instància que aprecia els elements de convicció segons l' article 97.2 de la Llei de Procediment Laboral , que és un concepte més extens que el de mitjans de prova ja que compren tan els mitjans de prova que enumera l'article 299 de la Llei d'Enjudiciament Civil com el comportament de les parts en el transcurs del procés i també les seves omissions, davant l'anàlisi de la part, lògicament parcial i interessada, cosa que no es pot acceptar perquè comporta un desplaçament de la funció judicial ordenada per l'article núm. 2.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i per l'article núm. 117.3 de la Constitució Espanyola de manera exclusiva als jutges i tribunals. Aquest caràcter limitador de la suplicació no restringeix el dret a la tutela judicial efectiva, atès que el dret fonamental citat es garanteix en principi en el primer grau, de tal manera que la suplicació esdevé un supòsit extraordinari, limitat a un concret i específic marc legal, tal com indica la STC 119/1998, de 4 de juny . Conseqüentment, la doctrina jurisprudencial pacífica dels Tribunals laborals i d'aquesta Sala, manté que únicament de manera excepcional els Tribunals superiors poden fer ús de la facultat de modificar i fiscalitzar la valoració de les proves feta pel jutge de la instància, ja que aquesta facultat els hi està atribuïda únicament per a supòsits en què els elements esmentats com a revisors, ofereixin una força de convicció molt gran que a judici de la Sala manifestin un error de fet clar del jutge en l'apreciació de la prova.

Els documents citats van ser examinats per l'òrgan judicial de la instància en la facultat de valoració judicial que li atorga l'article núm. 97.2 de la Llei de Procediment Laboral, conjuntament amb la resta de proves practicades i dels elements de convicció aportats per les parts al procés . En aplicació de la doctrina transcrita desestimem l'addició al fet provat primer i la supressió proposada en el fet provat segon, així com la modificació del fet provat setè, perquè, com hem dit, són producte de la valoració conjunta de tota la prova practicada i fonamentalment de la prova que consta citada en cada un dels fets provats que han merescut major consideració i convicció a la magistrada, amb referència a les proves testificals i la documentals entre les quals s'inclouen les invocades pel recurrent com el contracte de treball signat entre les parts, els termes de la convocatòria per a la qual la demandant va ser seleccionada, els rebuts salarials, la relació dels llocs de treball, el Pla de Barris, que s'han de relacionar amb les condicions exigides per al servei concret pel qual se la va seleccionar i contractar que consta en el fet provat tercer.

En conseqüència, desestimem aquest motiu de recurs.

TERCER.En l'altre objecte de recurs l'Ajuntament ocupador examina els fonaments de dret de la sentència i es deté en primer lloc en el tercer fonament de dret en el qual la sentència raona la procedència de reconèixer que a la demandant li correspon un salari superior al cobrat del nivell d'administrativa adscrita a l'Àrea d'Urbanisme i Obres que se li abonava , i aplica, per analogia, l'equiparació salarial al de tècnic de l'Àrea d'Urbanisme i Obres TAG ( V) postulat, si be en import inferior perquè considera que, tenint en compte la convocatòria per la qual es va contractar a la demandant publicada en el BOP de Girona el 2 d'octubre de 2009 ( foli 368), que en l'apartat 2 c) exigeix el perfil professional com a Directora, amb titulació mínima de diplomada o llicenciada universitària, titulació que acredita, únicament merita el salari, complement de destí i complement específic.

L'Ajuntament recurrent argumenta que la titulació per cobrir la plaça segons la convocatòria era la mínima de diplomatura, sense perjudici de què hi accedís una llicenciada com la demandant. Argumenta que el que fos llicenciada no li donava dret a percebre el salari corresponent al Grup A1, perquè en l'assignació del salari es te en compte la plaça a la qual s'aspira amb les característiques i requisits mínims, que en aquest cas és el Grup A2 que correspon al títol mínim exigit en la convocatòria, atenent la classificació segons l'article núm. 75 i Disposició Transitòria 3ª del Estatut Basic de l'Empleat Públic, EBEP , que fa equivaler el Grup A2 al grup B de diplomatura. Introdueix un fet nou no al legats en la contestació en l'acte del judici en oposició a la demanda, de què les funcions de la plaça de directora s'han d'entendre com de coordinadora i no de directora, malgrat que reconeix expressament el càrrec de Directora encarregada el primer any de vigència del Pla de Barris de desarrollar el plantejament. També es refereix a la duració de l'objecte d'obra o servei del contracte i nega que aquesta obra o servei fos per a quatre anys, doncs encara que el Pla de Barris te previst aquest quatrieni de duració, es troba sotmès a un Pla de Treball anual, de forma que considera que el contracte és de duració anual, segons el Pla d'execució Anual que s'aprova per la Junta de Govern local cada any. Conclou denunciant la indeguda aplicació dels articles núm. 54 a 56 del Estatut dels Treballadors perquè no es tracta d'un acomiadament sinó de la finalització d'un contracte temporal.

Partim de la relació de fets provats no modificada i dels fets conformes.

Quant a la determinació del import del salari procedent, la majoria de la Sala considera que la seva determinació és suficientment complexa per exigir examinar-la en plet apart de la modalitat present d'acomiadament, en reclamació de diferències salarials o d'altra naturalesa. Les raons fonamentals per adoptar aquest criteri es basen en la manca d'elements de judici aportats per les parts, i en concret per la mateixa demandant que proposa el salari superior a qui correspon la càrrega de la prova d'acord amb l'article núm. 217 de la Llei d'Enjudiciament Civil, sobre el contingut de la funció desplegada per la demandant en les seves funcions de Directora del Pla de Barris en relació a la suposada autonomia, responsabilitats, comandament, etc.., que el càrrec de directora podés comportar i que justifiqués i el muntant salarial de 3.150,32 euros mensuals, ja què la categoria professional que consta en els rebuts salarials és com a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local i el salari que hi consta és substancialment inferior. Coincidim amb el raonament de la sentència de la instància de què la plaça exigeix titulació universitària de llicenciatura o mínim diplomatura, i també coincidim amb el recurs de què el salari s'estableix en relació a la funció que es desplega i no en funció de la titulació. El cert és que la convocatòria o oferta pública de la plaça exigia títol universitari de llicenciatura o diplomatura, i que, davant totes les persones aspirants que van presentar-se al concurs, el consistori va decidir classificar la demandant, persona llicenciada amb currículum professional d'alt nivell, com la persona mes idònia. El salari evidentment ha d'estar en relació amb les exigències personals de la plaça i amb el contingut de les funcions de Directora, i ha d'estar degudament previst en el moment de tramitar les corresponents subvencions a la Generalitat de Catalunya, i ha de ser el salari que consta com a Director/a del Pla de Barris previst i establert en el pressupost subvencionat concedit. És així perquè l'oferta pública de la plaça en qüestió va acompanyada d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya. Efectivament l'objecte de la subvenció ha d'estar concretat prèviament en aquest cas per l'Administració local que la demana. Així tan en l'oferta i convocatòria pública per cobrir la plaça com en la petició municipal de la subvenció de la Generalitat , la titulació universitària exigida per cobrir la plaça ha d'estar en correspondència amb el càrrec de Directora del Pla de Barris a la qual va accedir la demandant, càrrec que és fet conforme reconegut pel Ajuntament i documentat.

La Sala te en compte la doctrina i criteri jurisprudencial sobre la fixació del salari computable als efectes de l'acomiadament improcedent que ha de resoldre l'òrgan judicial en el si de la modalitat processal d'acomiadament quan constitueix una qüestió controvertida en el judici ( STS. de 27 de desembre de 2010, rec. 1751/2010 , 25 de setembre de 2008, rec. 4387/2007 ,i mes enllà la STS de 17 de juliol de 1990 que reitera d'altres anteriors com la de 30 de maig de 2003, rec. 2754/2002, 27 abril 2004, rec. 4911/2003, de 11 de maig de 2005, rec.5737/2003 o la de 26 de gener de 2006, sobre el salari computable de l'últim mes treballat prorratejat amb les pagues extres , excepte 'circumstàncies especials' com la oscil lació d'ingressos segons STS de 29 de setembre de 2004 , o el tractament dels bonus o incentius en altres casos, per totes). Així es fa constar en la STS. de 27 de desembre de 2010 que en el 3er. Fonament de dret diu: 'En efecto, la sentencia de 25 de febrero de 1993 (recurso 14040/1992 ), tras recordar que la 'reciente doctrina de la Sala ha establecido que «el debate sobre cuál debe ser el salario procedente es un tema de controversia adecuado al proceso de despido», pues se trata de un elemento esencial de la acción ejercitada sobre el que debe pronunciarse la sentencia y, en consecuencia, es «en el proceso de despido donde debe precisarse el salario que corresponde al trabajador despedido sin que se desnaturalice la acción ni deba entenderse que se acumula a ella en contra de la ley ... una reclamación inadecuada», recordaba, asimismo, que la sentencia de 24 de julio 1989 tuvo ya ocasión de señalar, en interpretación del artículo 56.1.a) del Estatuto de los Trabajadores , que «el salario regulador de la indemnización es aquel que corresponde al trabajador al tiempo del despido y no el que arbitrariamente abona la empresa». Pues bien, si ello es así, resulta palmario, que el salario a tener en cuenta para el cálculo de la indemnización por despido improcedente y salarios de tramitación, no es el que trabajador viniera percibiendo realmente en el momento del despido de ser inferior al establecido en convenio colectivo aplicable, sino precisamente, dado el carácter mínimo e irrenunciable de la norma convencional, el fijado en la misma en función de las circunstancias concretas de antigüedad y categoría profesional del trabajador.' També la Sala te present que la determinació del salari en l'acció d'acomiadament és als únics efectes del plet, de forma que no impedeix posteriors procediments en reclamacions d'obligacions de quantitats meritades, sense que el salari establert en la sentència de l'acomiadament constitueixi cosa jutjada respecte de la indemnització i salaris de tramitació en cas d'acomiadament improcedent o injustificat. En aquest sentit es pronuncia la STS. de 30 de novembre de 2010 (rec. 3360/2009 ) que reconeix que del reconeixement d'improcedència de l'acomiadament neix l'acció de reclamar la indemnització si no s'ha satisfet o és de forma parcial com en aquest cas, sent l'exercici d'aquest dret pel procediment ordinari amb elusió de la caducitat pròpia de l'acció pura d'acomiadament. Aquesta situació es planteja davant la dificultat en aplicar la normativa adequada o per la manca d'altres elements que justifiquen una excepció racional a la regla general d'acumulació d'accions acollida per la doctrina jurisprudencial pel principi d'economia processal.

En el cas present és pacífic el salari percebut el mes anterior a la data establerta per la demandant com a acomiadament. El que és objecte de controvèrsia i resol la magistrada de la instància és el salari superior al abonar que li ha de correspondre per les funcions com a Directora del Pla de Barris, tan les executades com les previstes en la descripció de l'expedient al qual es remet el contracte de treball, tal com consta en el fet provat tercer de la sentència. La determinació del salari superior al d'administrativa que se li abona ha d'estar en correspondència amb la convocatòria de la plaça que ha cobert i també amb les partides de la subvenció de 2010 i 2011 de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament. I sempre en corespondència i respectant la normativa d'aplicació que invoca el recurrent com l'article núm. 76 del Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i la Disposició Addicional 3ª del mateix Estatut, entre altres fonamentacions legals. La controvèrsia sobre el salari és prou complexa per requerir un plet específic per aportar les parts tots els elements fàctics i jurídics en discussió per determinar el salari corresponent.

En conseqüència considerem que en aquest plet i de forma excepcional no procedeix pronunciar-nos sobre el salari superior establert en la demanda, sense entrar a determinar-lo, supeditada la seva fixació pel import superior legalment procedent en un plet posterior, i cautelarment ens remetem al percebut el mes anterior a l'acomiadament pel cas d'haver de determinar els efectes de la qualificació d'improcedència que també ataca la part recurrent.

QUART.Quant a la qualificació que mereix la carta del Ajuntament de 23 de novembre de 2010 dirigida a la demandant comunicant-li l'extinció del contracte amb efectes de 27 de desembre de 2010 per finalització del període contractat, partim de la duració del projecte, i ens remetem als termes del contracte, dels quals resulta que l'objecte és una obra o servei determinat consistent en desenvolupar com a Directora els aspectes socials i econòmics del Pla de Barris. El contracte signat es regeix doncs per l'article núm. 2 b) del R. Decret 2720/1998. És cert que en el contracte s'estableix una data definida de durada malgrat que la característica dels contractes temporals per obra o servei és que la seva finalització és quan aquesta o aquest s'han assolit, i en cas d'establir una data concreta de finalització, aquesta és únicament orientativa. També que la contractació per temps determinats està previst en concretes circumstàncies com les circumstàncies de la producció que te un temps màxim limitat. Tal com raona la sentència, la duració de l'obra o servei que servia la demandant està prevista per quatre anys, sense perjudici de la concessió de la referida subvenció pública que requereix la renovació i abonament anuals . En aquest cas l'Ajuntament va rebre la subvenció l'any 2009 per dotar el Plà per a l'any 2010, i consta provat en el vuitè fet provat que es va concedir la subvenció per a l'any 2011. També ha quedat provat que a l'any 2010 es van desplegar les activitats socials i econòmiques del Pla de Barris desglossat en el Pla de Treball de l'any 2010 en un percentatge mínim perquè, entre altres raons no imputables a la demandant, el Consistori, després de presentar la petició de subvenció per a l'any 2011 el mes de juliol, va decidir reorientar el Pla de Treball per a l'any 2011 per Acord de Junta de Govern d'octubre de 2010, si be prèviament el setembre anterior ja havia adaptar la petició de subvenció de juliol per contractar un tècnic a fi de donar més contingut social al Pla, tot i que a la convocatòria del BOP se segueix establint que la contractació del tècnic AODL és per la dinamització econòmica i social del Pla de Barris. Queda clar doncs que aquest Pla de Barris està concebut per una duració de quatre anys, també en el cas de considerar que cada any es troba condicionat el seu desplegament per les corresponents subvencions anuals a rebre de la Generalitat.

Considerem que el contracte per obra o servei de la demandant tenia una duració incerta tal com especifica l'apartat a) de l'article núm. 15.1 del Estatut dels treballadors ( RD. Legislatiu 1/1995). Aquesta norma estatutària en relació amb l'article núm. 2 del R. Decret 2720/1998 d'aplicació, i l'article núm. 8,1 a) del mateix R. Decret ens porta a coincidir amb la instància de que no queda justificada l'extinció del contracte de la treballadora. No podem tenir en compte la determinació concreta de la duració temporal del contracte, al qual únicament és legalment orientativa. També coincidim amb el raonament de la sentència de què el Pla de Treball de 2010 perquè la subvenció per a l'any 2010 ja s'havia concedit l'any 2009, i en l'exercici 2010 s'havia concedit la subvenció per a l'any 2011. La subjecció a la subvenció anual del Pla de Barris no podia ser condició de duració d'aquell Pla en el moment de la notificació de l'extinció del contracte amb efectes de 27 de desembre de 2010.

En no apreciar la fi de l'objecte del contracte, la direcció social i econòmica del Pla de Barris a desplegar en un període de quatre anys, i quedar acreditat que aquest desplegament va ser ínfim en l'any 2010 i les tasques de desenvolupament social i econòmic seguien pendents per a l'any 2011, el contracte de la Directora no es pot entendre extingit sense perjudici de que l'Ajuntament hagi volgut insistir en altres activitats o aspectes del Pla de treball del Pla de Barris, en el qual es comptava formalment amb la demandant per a l'any 2011, a la vista de la subvenció interessada i de l'oferta pública en els mateixos termes que els de l'any anterior.

La conclusió és que el 27 de desembre de 2010 es va produir l'extinció unilateral i injustificada de la relació laboral de la demandant, que ens porta a confirmar la declaració de la improcedència de l'acomiadament segons l'article núm. 55.4 de l'Estatut dels Treballadors, tal com ha decidit la sentència recorreguda. Per tant desestimem en part aquest objecte del recurs, de manera que confirmem la sentència de la instància excepte en la fixació del salari regulador per fixar la indemnització i els salaris de tramitació establerta en l'article núm. 56.1 del Estatut dels Treballadors, amb la limitació dels salaris fins al 1 de febrer de 2011, atès que el dia 2 de febrer presta serveis amb salari superior. Així la indemnització resultant en aquest procediment a abonar per l'Ajuntament en cas d'optar per ella i no per la readmissió, és de 2.913,12 euros per l'any treballat a raó de 45 dies per any al salari de 1664,64 euros més les pagues extres, total 1942,08 euros segons el rebut salarial de novembre de 2010, sense perjudici de la facultat de la demandant a plantejar la reclamació per obligació empresarial de salari superior.

SISÈ.En aplicació del previst en l'article núm. 233 de la Llei de Procediment Laboral, no correspon condemnar l'empresa recurrent a què pagui els honoraris del lletrat de la part impugnant perquè estimem parcialment el recurs.

Atesos els fonaments de dret precedents i els preceptes invocats d'especial i general aplicació,

Fallo

Estimar en part el recurs de suplicació presentat pel Ajuntament de Sant Feliu de Guixols contra la Sentència de 22 de juliol de 2011 dictada pel Jutjat social núm.3 de Girona en el procediment núm. 161/2011, que confirmem, excepte en el import d'indemnització de la condemna, la qual en aquest procediment ascendeix a 2.913,12 euros, i en la fixació del salari diari de 102,70 euros als efectes de la condemna dels salaris de tramitació des del 28 de desembre de 2010 fins el 1 de febrer de 2011. Sense costes.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l'Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social, o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l'article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, consignarà com dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el Banc Espanyol de Crèdit -BANESTO-, en l'Oficina núm 2015 situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, n° 0965 0000 66, afegint a continuació els números indicatius del recurs en aquest Tribunal.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l'art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, quan així procedeixi, s'efectuarà en el compte que aquesta Sala té obert en l'oficina bancària esmentada al paràgraf anterior, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació els números indicatius del Recurs en aquest Tribunal, i havent d'acreditar que s'ha fet efectiva al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ.Avui, la Magistrada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.