Sentencia SOCIAL Nº 4901/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1191/2022 de 27 de Septiembre de 2022

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG :08019 - 44 - 4 - 2017 - 8034959

AR

Recurs de Suplicació: 1191/2022

IL·LM. SR. FÉLIX V. AZÓN VILAS

IL·LM. SR. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ

IL·LMA. SRA. M. MAR MIRÓN HERNÁNDEZ

Barcelona, 27 de setembre de 2022

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 4901/2022

En el recurs de suplicació interposat per Ildefonso i Isidro a la sentència del Jutjat Social 17 Barcelona de data 25 de maig de 2021 dictada en el procediment Demandes núm. 16/2018 en el qual s'ha recorregut contra la part DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A .( INETUM ESPAÑA, S.A.), EL CORTE INGLÉS, S.A., GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A, CASTINFO, SA i SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA, S.A., ha actuat com a ponent Il·lm. Sr. Félix V. Azón Vilas.

Antecedentes

Primer.Va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Impugnació resolucions administració àmbit laboral, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 25 de maig de 2021, que contenia la decisió següent:

'QueDESESTIMOlas demandas presentadas por D. Ildefonso y D. Isidro frente a EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES, GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA, S.A., EL CORTE INGLÉS, S.A., INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. CAST INFO, S.A. Y SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA, S.A., y en consecuencia, CONFIRMOlas resoluciones impugnadas dictadas por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales, Familia de la Generalitat de Catalunya por ser estas ajustadas a derecho, ABSOLVIENDOa las demandadas de todos los pedimentos frente a ellas dirigidas en el suplico de las demandas.'

Segon.En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:

'PRIMERO.-D. Ildefonso, prestó servicios para la empresa SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA, S.A. desde el 28/05/2007 hasta el 27/06/2011, fecha en que fue despedido, formuló denuncia ante el servicio de Guardia de la Inspección de trabajo de la semana del 20/06/2011 contra su empleadora así como contra las empresas INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. y GENERALITAT DE CATALUNYA por cesión ilegal de trabajadores así como por vulneración del derecho de huelga y libertad sindical los días 21 y 22 de junio de 2011. El actor formaba parte de la sección sindical CNT en el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. (Folios 14 a 26, 40 a 47 y 54 a 58)

SEGUNDO.-D. Isidro prestó servicios para la empresa CAST INFO, S.A., desde el 25/08/2008 hasta el 28/06/2011, fecha en que fue despedido. El Melchor formuló denuncia ante el servicio de Guardia de la Inspección de trabajo de la semana del 20/06/2011 contra su empleadora así como contra las empresas INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. y GENERALITAT DE CATALUNYA por cesión ilegal de trabajadores así como por vulneración del derecho de huelga y libertad sindical los días 21 y 22 de junio de 2011. El actor formaba parte de la sección sindical CNT en el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. (Folios 14 a 26, 40 a 47 y 54 a 58)

TERCERO.-En fecha 11/08/2011 D. Ildefonso, D. Isidro y D. Pablo interpusieron demanda de despido y cesión ilegal de trabajadores que fue turnada al Juzgado de lo Social núm. 1 de Barcelona, que dictó sentencia que se da por reproducida en fecha 25/01/2012.

(Folios 54 a 58)

CUARTO.-A la vista de las citadas denuncias y la judicialización de los hechos denunciados, la Inspección de Trabajo realizó labores de comprobación, que fueron

archivadas provisionalmente en fecha 29/07/2011 mediante orden de servicio 8/0023254/11 (Inspector Severino) que concluía lo siguiente:

'La actuación inspectora culmina con este informe para dejar constancia de las diligencias y comprobaciones practicadas, cuya cronología inspectora y documental es exhaustiva y reveladora, dado que la amplia actuación de los trabajadores afectados a nivel jurisdiccional bien a citar y contemplar los aspectos que dese la vertiente administrativa hubiera podido intervenir reglamentariamente este inspector, que declina pronunciamientos hasta la resolución de la vía judicial. En la sentido se archivan actuaciones tras enviar el presente informe a todas las entidades y empresas intervinientes para la debida constancia de todas ellas.'.

En fecha de 30/09/2011 el Inspector Ruiz emitió informe en idéntico sentido relativo a la posible prohibición de acceso al centro de trabajo de los trabajadores del comité de huelga (orden de servicio 8/0026330/11) en tanto se dictara la correspondiente resolución judicial. En fecha 18/10/2011 el inspector Severino emitió un segundo informe (orden de servicio 8/0041304/11) acordando una vez más el archivo de las actuaciones por encontrarse tanto el despido de los trabajadores, la cesión ilegal de los mismos y la vulneración de los derechos de huelga y libertad sindical sub iudice. (Folios 27, 28, 29 y 40 a 47)

QUINTO.-En fecha de 07/04/2015 la Sala de lo Social del TSJ de Catalunya dictó sentencia revocando la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 referida en el hecho probado tercero y declarando la nulidad de los despidos de los trabajadores aquí demandantes por apreciar la existencia de cesión ilegal de trabajadores.

(Folios 14 a 26)

SEXTO.-En fecha de 09/09/2016 la Inspección de Trabajo incoó actuaciones inspectoras emitiéndose informe por el inspector Jose Augusto (orden de servicio 8/0028058/16) en el sentido de considerar que las empresas SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA, S.A., CAST INFO, S.A., INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. y EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA vulneraron los derechos de huelga y libertad sindical de los demandantes e incurrieron en cesión ilegal de varios trabajadores entre los que se encuentran también los ahora demandantes.

En fecha de 27/09/2016 la Inspección de trabajo dictó acta de infracción proponiendo para las empresas anteriormente referidas una sanción de 25.003 euros así como la prohibición de contratar con el sector público por tiempo de 3 años por las infracciones descritas anteriormente. (Folios 27 a 39 y 40 a 47)

SÉPTIMO.-Evacuado el correspondiente trámite de alegaciones a las empresas afectadas, la Inspección de Trabajo confirmó en fecha de 09/12/2016 la sanción económica impuesta reduciendo la prohibición de contratación de las empresas responsables con el sector público de tres a un año.

Impugnada dicha resolución por EL CORTE INGLÉS, S.A., la Dirección General de Relaciones Laborales y Calidad en el Trabajo de la Generalitat de Catalunya dictó resolución de 10/02/2017 en el marco del expediente núm. SSB-243/16 estimando el recurso y declarando prescrita la infracción.

Contra dicha resolución D. Ildefonso presentó recurso de alzada en fecha de 07/04/2017 alegando la no prescripción de la infracción y solicitando una sanción mayor que la impuesta en la resolución impugnada.

También el actor D. Isidro interpuso recurso de alzada frente a la citada resolución en fecha de 11/05/2017.

En fecha de 18/10/2017 el Secretario General del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat de Catalunya dictó resolución desestimatoria de los recursos de alzada interpuestos por los Sres. Ildefonso y Isidro confirmando las resoluciones recurridas que declaraban prescrita la infracción.

(Folios 61 a 63, 67 a 69, 70 a 74, 76 a 79, 738 a 740, 742 a 746)

OCTAVO.-No conformes con dichas resoluciones, los ahora demandantes interpusieron tres demandas en fecha de 27/12/2017 que fueron turnadas a los Juzgados de lo Social núm. 17, 25 y 29 respectivamente. Dichos procedimientos fueron acumulados en los presentes autos por tener la consideración de más antiguos en virtud de auto de 06/05/2019. (Folios 1 a 12, 322, 347 a 358 y 691 a 701)'

Tercer.Contra aquesta sentència la part actora va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària i van impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER. Contingut del recurs.

La representació de Ildefonso y Isidro articula el recurs sobre la base de tres motius: en el primer, a l'empara de la lletra a) de l'article 193 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social (des d'ara, LRJS), s'al·lega infracció de l' article 218 de la LEC en relació amb la no valoració de les pretensions sol·licitades a l'escrit de demanda que generaria indefensió; en el segon, es pretén la revisió dels fets declarats provats (des d'ara, FDP); i, en el tercer a l'empara de la lletra c) de la mateixa norma, s'al·lega infracció de l' article 1.963 del Codi Civil espanyol (des d'ara CC) en relació amb l' article 1.973 del mateix CC i en relació las tesis del ' animus conservandi', de l' article 7.2 del Reial Decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d'ordre social i per als expedients liquidadors de quotes de la Seguretat Social, la vulneració de lateoria d'identitatdels procediments laboral i judicial per aplicar la paralització de la prescripció del procediment administratiu, de l' article 1969 del CC, i de l' article 218 de la LEC en relació amb la no valoració per part del jutjador de les pretensions sol·licitades per aquesta part a l'escrit de demanda.

El recurs ha estat impugnat per les parts contràries DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES, SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA, S.A., INETUM ESPAÑA, S.A. y EL CORTE INGLÉS, S.A., que entenen que la sentència ha valorat correctament la prova practicada i aplicat adequadament el dret.

La demanda pretenia la impugnació de la resolució del DEPARTAMENT DE TREBALL I AFERS SOCIALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 18/10/2017, en considerant que les infraccions en què les empreses demandes van incórrer (cessió il·legal de treballadors i vulneració del dret de vaga i llibertat sindical segons va establir la sentència d'aquesta Sala del STSJ de Catalunya de 7/4/2015) no estan prescrites com decideix la resolució esmentada.

La sentència ara recorreguda entén que no han quedat prou acreditats fets que puguin sustentar una interrupció de la prescripció de les faltes comeses, i per tant confirma la solució administrativa i desestima la demanda.

L'escrit d'impugnació d'EL CORTE INGLÉS, S.A. planteja la seva manca de legitimació passiva ja que l'empresa que originàriament era INFORMÀTICA EL CORTE INGLÈS S.A. ara és INETUM ESPAÑA, S.A. i actualment pertany a un altre grup empresarial, per la qual cosa -a la pràctica- cap relació té amb el debat objecte del procés: sol·licita per tant la seva lliure absolució per desestimació de la demanda contra ella deduïda. Aquest escrit d'impugnació no entra al debat de les qüestions plantejades, llevat del tema de la prescripció.

SEGON.- Sobre la nul·litat de la sentència.

L'escrit de recurs planteja al seu primer motiu la nul·litat de la sentència i la reposició de les actuacions al moment previ a dictar-se aquesta, per entendre que '...con la apreciación de la prueba que consta en autos se acredita que las infracciones cometidas por las demandadas no han prescrito, por lo que entendemos que el juez, en la sentencia, debía haber entrado a valorar las solicitudes realizadas por esta parte en el escrito de demanda. El hecho de que el juzgador no entre a valorar nuestras solicitudes genera a esta parte una total indefensión. Ya que el juzgador deja a esta parte huérfana de cualquier pronunciamiento acerca de nuestras solicitudes, argumentando para ello que, 'la estimación de la prescripción impide continuar con la resolución del resto de pretensiones articuladas por los actores en tanto que las mismas traen causa de las infracciones prescritas'. Claramente, al apreciar el juez la prescripción de las faltas rehúye dar una argumentación a las solicitudes realizadas por esta parte, este hecho entendemos que puede dar lugar a incongruencia en la sentencia. Todo ello en base a que se realizaron unas peticiones concretas en el escrito de demanda que este juzgador no ha entrado a valora, dejándonos totalmente huérfanos en nuestras pretensiones.Así mismo, el principio de congruencia está dirigido a los jueces y les impone el deber de adecuar sus decisiones a las cuestiones que hayan sido objeto del juicio, pronunciándose sobre todas y cada una de las materias debatidas en el mismo, con respeto a las pretensiones deducidas por las partes'.

Cita les sentències del Tribunal Constitucional 17/2000 i 34/2000 i la del Tribunal Suprem de 25 de gener del 2008, de les quals extreu que la incongruència vulnera l' article 24 de la Constitució. Entén que, en no pronunciar-se la sentència sobre les pretensions plantejades en demanda, es produeix incongruència per omissió que genera indefensió davant les pretensions plantejades, per la qual cosa sol·licita la nul·litat de la sentència i la reposició de les actuacions a l'estat que es trobaven abans que la sentència cometre's l'esmentada infracció.

LÂescrit dÂimpugnació dÂINETUM ESPAÑA, S.A. assenyala que no hi ha cap causa de nul·litat perquè la sentència dona resposta, explícita o implícita, a totes les qüestions plantejades, oposició que reprodueix -gairebé de manera literal- l'escrit d'impugnació de SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA, S.A. L'escrit d'impugnació del DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES s'oposa i cita la sentència del Tribunal Suprem ( STS) 441/2018, del 25 d'abril, Rcud. 1835/2016, i raona en els següents termes:

'a) Es evident, en el meu parer, que aquell petitum comportava, si ho puc dir així, dues pretensions successives o encadenades; una primera consistent en aconseguir que es declarés que la prescripció no va existir i, en segon lloc, que s Âordenés a l ÂAutoritat laboral la prossecució del procediment sancionador que havia finalitzat arran d Âaquella declaració de la prescripció.

b) L Âanterior comportava que, si com va efectivament succeir, es desestimava la petició de declarar la inexistència de l Âinstitut de la prescripció, l Âòrgan jurisdiccional d Âinstancia, de manera implícita, rebutjava la pretensió encadenada a la inicial, perquè, un cop apreciat l Âimpediment formal per entrar en el fons de la conducta infractora, no li era permès dur a terme l Âanàlisi de la pretensió subsegüent, que s Âhavia plantejat a la demanda, com he dit, en una relació de subordinació respecte de la primera.

c) No som, doncs, aquí davant d Âun supòsit en que` la part ara recurrent no hagi vist resposta una de les pretensions convenient articulades en llur demanda, sinó, ans al contrari, que el rebuig d Âaquella que constituïa la principal comportava, necessària i inexorablement, la desestimació de la segona (desestimació implícita); i, sense que aquesta desestimació requerís d Âuna argumentació jurídica explícita i expressa'.

A la Sala pensem que no es possible acceptar la proposta de nul·litat de la sentencia, llevat que es doctrina reiterada del nostres tribunals que la manca de resposta a una qüestió concreta no es pot considerar omissió si del conjunt del raonament es deduïble la resposta a aquesta concreta qüestió. Així ho explica la sentència del TC y TS. La del Tribunal Constitucional de 27.03.2000, STC 77/2000, diu:

Una vez dicho esto conviene también dejar constancia de que este Tribunal, en lo que respecta a la falta de respuesta judicial, esto es, a la vertiente omisiva de tal incongruencia, y su incidencia sobre el derecho consagrado en el art. 24.1 CE , ha venido manteniendo una doctrina consolidada. En este sentido hemos dicho que las hipótesis de incongruencia omisiva no son susceptibles de una solución unívoca, 'sino que hay que examinar las circunstancias que concurren en cada caso concreto para establecer si el silencio del órgano judicial puede o no ser razonablemente interpretado como una desestimación tácita' ( STC 128/1992, de 28 de septiembre , y en la misma línea, SSTC 175/1990, de 12 de noviembre , 198/1990, de 10 de diciembre , 88/1992, de 8 de junio , 163/1992, de 26 de octubre , 226/1992, de 14 de diciembre , 169/1994, de 6 de junio , 91/1995, de 19 de junio , 58/1996, de 4 de abril , 26/1997, de 11 de febrero , 16/1998, de 26 de enero ); doctrina que es también la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (decisiones en los asuntos Ruiz Torija c . España e Hiro Balani c. España, ambas de 9 de diciembre de 1994 ). Y a estos efectos hay que distinguir entre las alegaciones aducidas por las partes para fundamentar sus pretensiones y las pretensiones en sí mismas consideradas, pues como han señalado, entre otras muchas, las SSTC 58/1996 y 26/1997 , 'respecto a las primeras, no sería necesario para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales. Más rigurosa es la exigencia de congruencia respecto a las pretensiones, siendo necesario para poder apreciar una respuesta tácita -y no una mera omisión- que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución judicial pueda deducirse razonablemente no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida, sino, además, los motivos fundamentadores de la respuesta tácita'.

No hay duda de que el derecho a la tutela judicial obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteados; y que el incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas dichas pretensiones, constituye lesión de aquel derecho fundamental (14/1984, de 3 de febrero, 177/1985, de 18 de diciembre, 69/1992, de 11 de mayo, 88/1992, 4/1994, de 17 de enero, por todas); pero, asimismo, que no existe incongruencia constitucional relevante si el órgano judicial resuelve genéricamente las pretensiones de las partes, aunque no se haya pronunciado sobre todas las alegaciones concretas, no haya dado una respuesta pormenorizada, siempre que resuelva las pretensiones formuladas ( SSTC 14/1985, de 1 de febrero , 29/1987, de 6 de marzo , y 169/1994, de 6 de junio ).

Per la seva banda, la sentència del TS de 4 de abril de 2011 raona que:

32. Ciertamente, como afirma la sentencia 648/2009, de 2 octubre , 'El principio de la congruencia proclamado en el artículo 218 LEC (que, en su modalidad llamada omisiva, tiene trascendencia constitucional, por entrañar una infracción del artículo 120.3 CE y también una conculcación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 24.1 CE ) exige que la sentencia resuelva absolutamente todas las cuestiones debatidas en el proceso, dando a cada una de ellas la respuesta suficientemente razonada o motivada que sea procedente'.

33. Pero es doctrina jurisprudencial que no hay incongruencia omisiva cuando, como afirma la sentencia 588/2010, de 29 septiembre' el silencio judicial puede, razonablemente, interpretarse como desestimación implícita. Así lo ha venido señalando esta Sala, tanto al amparo del artículo 359 LEC 1881, como de la LEC vigente en la actualidad. La respuesta judicial solo es incongruente por falta de argumentación concreta acerca de una cuestión cuando 'no cabe entender que hay una desestimación implícita derivada claramente de lo razonado en el cuerpo de la resolución'

I la STS 842/2010, de 22 de desembre de 2010, Recurs 369/2007, afegeix:

2.1. Congruencia vs. motivación.

34. Como tenemos declarado en la sentencia 648/2009, de 2 octubre , con cita de las de 1 de diciembre de 1998 , 25 de enero de 1999 , 2 de marzo de 2000 , 25 de septiembre de 2003 , 30 de octubre de 2006 , 29 de noviembre de 2006 , 26 de abril de 2007 y 23 de julio de 2007 , 'la incongruencia y la falta de motivación son 'conceptos distintos, que han de integrar también motivos diferentes' puesto que 'una sentencia puede ser congruente aunque no esté motivada, y cabe, pese a estar motivada, que la sentencia sea incongruente' ya que la congruencia se mide por el ajuste del fallo a lo pedido, mientras la falta de motivación ha de referirse a los supuestos en que, realizado el pronunciamiento y cumplido el requisito de congruencia, no se halla amparado en razonamientos fácticos o jurídicos suficientes para justificarlo' , por lo que en correcta técnica la denuncia de ambas infracciones debe realizarse en motivos distintos, dada la exigencia de precisión propia del recurso extraordinario, no obstante lo cual, al no introducir ambigüedades ni oscuridad en su planteamiento, permite tratar ambas cuestiones como submotivos.

2.2. Congruencia de la sentencia.

35. En el caso examinado la sentencia recurrida en la parte dispositiva se ha pronunciado de forma expresa sobre los intereses de la cantidad fijada concretando su cuantía y el momento a partir del que deben computarse, al indicar que 'las cuantías reconocidas en esta instancia, en cuanto elevan las reconocidas en primera instancia, devengarán el interés prevenido en el art. 576 LEC desde la fecha de notificación de la presente sentencia' , por lo que no existe incongruencia omisiva en relación con el pronunciamiento referido a los intereses.

Es desestima la pretensió de nul·litat de la sentència.

TERCER. Fets declarats provats: Proposta de modificació.

Quant a la pretesa modificació de fets provats que proposa el recurs, en primer lloc cal raonar que, amb caràcter general, l'òrgan que coneix del recurs extraordinari de suplicació no pot fer una nova ponderació de la prova, atès que és a qui té la jurisdicció a la instància a qui correspon apreciar els elements de convicció per establir la veritat processal, intentant que aquesta s'apropi tant com sigui possible a la veritat material. Ara bé, tal principi ha de ser matisat en el sentit que el tribunalad quemestà autoritzat per revisar les conclusions fàctiques quan els documents o perícies citats per la part recurrent facin palès de manera inqüestionable l'error en el què ha incorregut qui ha emès la decisió impugnada, o la irracionalitat o arbitrarietat de les seves conclusions: d'una altra manera no tindria sentit la previsió de l'article 193.bde la llei processal.

A més, cal assenyalar que la jurisprudència ha exigit amb reiteració, fins al punt de constituir doctrina pacífica, que per estimar aquest motiu és necessari que concorrin els següents requisits:

1r. Que s'assenyali amb precisió i claredat quin és el fet afirmat, negat o omès que el recurrent considera equivocat, contrari al que s'ha acreditat o que consta amb evidència i no ha estat incorporat al relat fàctic.

2n. Que s'ofereixi un text alternatiu concret perquè figuri en la narració fàctica qualificada d'errònia, bé que substitueixi algun dels seus punts, bé que els complementi.

3r. Que se citin detalladament els documents o perícies dels quals es considera que es desprèn l'equivocació de la sentència, sense que sigui factible admetre'n la invocació genèrica, ni plantejar-se la revisió de qüestions fàctiques no discutides al llarg del procés; la llei assenyala que l'error ha de fer-se palès precisament gràcies a les proves documentals o pericials practicades en la instància.

4t. Que aquests documents o perícies palesin l'error de manera clara, evident, directa i patent; sense necessitat d'acudir a conjectures, suposicions o argumentacions més o menys lògiques, naturals i raonables, de manera que per fer palès l'error de fet només són admissibles els documents que tinguin un decisiu valor probatori, tinguin un concloent poder de convicció per la seva eficàcia, suficiència, credibilitat o idoneïtat.

5è. Que la revisió pretesa sigui transcendent a la part dispositiva de la sentència, amb efectes modificadors d'aquesta, ja que el principi d'economia processal impedeix incorporar fets la inclusió dels quals no conduiria a res pràctic, si bé cal admetre la modificació fàctica quan sense ser transcendent en aquesta instància pogués resultar-ho en altres de superiors.

6è. Que no es tracti d'una nova valoració global de la prova incorporada al procés.

Criteris aquests que han estat reafirmats per la recent sentència 90/2022 del Tribunal Suprem, de 1 de febrer, Recurs 2429/2019.

El recurs proposa una nova redacció al FDP 4rt de la sentencia i en el que consti que

'A la vista de las citadas denuncias y la judicialización de los hechos denunciados, el Inspector Severino realizó labores de comprobación, que fueron archivadas provisionalmente en fecha 29/07/2011, mediante orden de servicio 8/0023254/11. Este mismo inspector volvió a emitir un segundo informe, vinculado con este primero, en fecha 18/10/2011, mediante orden de servicio 8/000041304/11, donde se realizó la última actuación inspectora acordando el archivo de las actuaciones por encontrarse tanto el despido de los trabajadores, la cesión ilegal de los mismos y la vulneración de los derechos de huelga y libertad sindical en vía judicial. En la misma línea actuó el Inspector Damaso (orden de servicio 8/0026330/11 y donde se intentó ampliar los hechos aportando una grabación) en su informe de fecha 30 de septiembre de 2011'.

Fa referencia a prova documental i sustenta la seva proposició al següent raonament: ' Dicha modificación es esencial, ya que si tenemos en cuenta la verdadera fecha de archivo de las actuaciones de comprobación por parte de Inspección, 18/10/2011, es posterior a la entrada en vigor del artículo 7.2 del Real Decreto 928/1998 de 14 de mayo, que fue modificado por el art. único 3 del Real Decreto 772/2011 de 3 de junio (publicado el 21 de junio de 2011 y entrando en vigor a partir del 21 de septiembre de 2011) y por lo tanto dicho artículo es aplicable al caso que aquí nos ocupa, tal y como venimos solicitando, por lo que de acuerdo con lo planteado el presente procedimiento seria de fácil resolución. Todo ello porque la controversia del procedimiento emana de manera directa de la normativa que se debe aplicar en cuanto a las causas que pueden dar lugar a la paralización de la prescripción para la imposición de sanciones de orden social, y que de acuerdo con la fecha de suspensión establecida en los autos, Tomo I, doc. 2, página número 27, las mismas están establecidas en el mencionado artículo 7.2 del Real Decreto 928/1998 de 14 de mayo que es de aplicación al presente procedimiento'.

LÂescrit dÂimpugnació dÂINETUM ESPAÑA, S.A. assenyala que el recurs no posa de manifest cap error de qui ha exercit jurisdicció a la instància, pretén substituir la seva lliure valoració per la qual realitza la part, i és totalment intranscendent per a la decisió del recurs, oposició que novament reprodueix l'escrit d'impugnació de SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA, S.A. L'escrit d'impugnació del DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES posa de manifest que el recurs es fonamenta en el informe-comunicació emès per la ITSS el 27 d Âoctubre del 2011 i signat per l Âinspector de treball Severino (foli 27) que segon es dedueix de la STSJ de Galícia del 14 de juny del 2019 (rec. 4758/2018) no pot sustentar la modificació de FDP.

A la Sala considerem que la proposta es irrellevant per a la nostra decisió, i per tal raó ha de estar desestimada.

QUART.- La legislació aplicable al cas.

L' article 132 ('Prescripció') de la Llei 30/1992, de 26 de novembre , de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC) estableix:

1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

L' article 3.2 i 3 ('Concurrència amb l'ordre jurisdiccional penal') del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost , pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions a l'Ordre Social (LISOS) , estableix:

2. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones.

3. De no haberse estimado la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al procedimiento penal, la Administración continuará el expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados.

L' article 4 ('Prescripció de les infraccions') LISOS , estableix:

1. Las infracciones en el orden social a que se refiere la presente Ley prescriben a los tres años contados desde la fecha de la infracción, salvo lo dispuesto en los números siguientes.

2. Las infracciones en materia de Seguridad Social prescribirán a los cinco años, excepto las cometidas por trabajadores y beneficiarios que supongan el reintegro de prestaciones de Seguridad Social indebidamente percibidas, en que el plazo de prescripción será de cuatro años.

3. En materia de prevención de riesgos laborales, las infracciones prescribirán: al año las leves, a los tres años las graves y a los cinco años las muy graves, contados desde la fecha de la infracción.

4. Las infracciones a la legislación de sociedades cooperativas prescribirán: las leves, a los tres meses; las graves, a los seis meses; y las muy graves, al año, contados desde la fecha de la infracción.

Així mateix i pèl que aquí interessa, el Reial Decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d'ordre social i per als expedients liquidadors de quotes de la Seguretat Social, amb vigència en la redacció original fins al 20-9-2011, estableix:

Artículo 6.Iniciación del procedimiento de oficio ante el orden jurisdiccional social.

1. De conformidad con lo establecido en la Ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social podrán proponer al Jefe de la Inspección Provincial o al Jefe de la respectiva Unidad especializada la formulación de demandas de oficio ante los Juzgados de lo Social en la forma prevista por el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril. Si se formulase demanda, se dará cuenta al órgano competente para resolver, y se producirá la suspensión del expediente administrativo sancionador y, cuando exista, del procedimiento liquidatorio, con notificación a los interesados y al proponente, hasta tanto se dicte sentencia firme.

Los procedimientos de oficio iniciados mediante certificaciones de las resoluciones firmes derivadas de las actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las que se aprecie perjuicios económicos para los trabajadores afectados, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 a) del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, no impedirán la ejecución de las resoluciones administrativas sancionadoras que hayan adquirido firmeza.

2. Una vez comunicada la sentencia firme, se continuará la tramitación del expediente administrativo sancionador o liquidatorio, dictándose la correspondiente resolución, que respetará el pronunciamiento del orden jurisdiccional social sobre el fondo del asunto.

CINQUÉ.- Raonaments de la sentencia, recurs i impugnació.

1.-La sentenciarecorreguda raona, pel que ara interessa, que la '... prescripción extintiva encuentra su fundamento en el ordenamiento jurídico en la seguridad jurídica de poder consolidar una situación de hecho en una situación de derecho por el transcurso de los plazos legalmente previstos ... al no estar constituido sobre principios de la justicia intrínseca, ha de ser tratado con un criterio restrictivo, de modo tal que, en lo referente a la prescripción extintiva, en cuanto aparezca fehacientemente evidenciado el 'animus conservandi' por parte del titular de la acción, incompatible con toda idea de abandono de esta, ha de entenderse queda correlativamente interrumpido el tempus praescriptionis'.De altra banda la '... el mencionado artículo 1973, no exige fórmula instrumental alguna para la reclamación extrajudicial como medio para interrumpir la prescripción por lo que cualquiera de ellos, puede servir para tal fin'.

Ens recorda que l' art. 4.1 LISOS disposa que les infraccions a l'ordre social a què es refereix aquesta Llei prescriuen als tres anys comptats des de la data de la infracció, i el principal problema jurídic que s'ha plantejat reiteradament es el de la interrupció de la prescripció, mes que aquesta mateixa. Al respecte fa palès que la LRJPAC, que era vigent en el moment de produir-se la infracció, preveu a l'art. 132.2 que 'El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable'. La Llei 42/1997, ordinadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social vigent a data dels fets era la Llei de 14 de novembre (d'ara endavant LITSS), á la seva Disposició Addicional 4ª, apartat 1er disposa el següent ' El procedimiento sancionador por infracciones en el orden social y de liquidación de cuotas de la Seguridad Social se iniciará, siempre de oficio, en virtud de acta de infracción o acta de liquidación, previas las investigaciones y comprobaciones que permitan conocer los hechos o circunstancias que la motivan. Mediante Real Decreto se regulará el procedimiento administrativo especial para la imposición de sanciones y de liquidaciones en el orden social, común a las Administraciones públicas, que determinarán los requisitos de las actas, notificación, plazos de descargos, prácticas de las pruebas propuestas que se declaren pertinentes y propuesta definitiva de la inspección actuante, así como el régimen de recursos en vía administrativa'.Això significa que hi ha una remissió a les normes reglamentàries per al desenvolupament del procediment administratiu especial per a imposició de sancions a l'ordre social, que se concreta en el Real Decreto 928/1998, l'article 7.2 del qual preveu un major nombre de causes d'interrupció del termini de prescripció de les infraccions de l'ordre social que les enumerades a l' art. 132.2 LRJPAC, en permetre que ho faci qualsevol causa admesa en dret (en remetent al 1.973 CC): La sentència entén que no és possible que una norma reglamentària reguli matèries que són reserva de llei com és el dret sancionador laboral. Cita la sentència del TSJ de Madrid de 24-2-2006 (Sala contenciós administrativa) en què s'havia produït un accident laboral el 8-9-1998, i encara que el treballador havia instat la invalidesa davant l'INSS (del que va tenir coneixement l'empresa) no consta cap actuació de la Inspeccions de Treball i Seguretat Social (ITSS) fins a l'any 2.002 en què recau Acta d'infracció de prevenció de riscos número 1032/02, aixecada per la ITSS amb data 28 de febrer del any 2002; la sentència recorreguda reprodueix l'argument de la sentència de Madrid:

'Es verdad que el artículo 7.2 reseñado habla de que interrumpen el plazo de prescripción de las infracciones en materia de Orden Social 'cualquiera de las causas admitidas en Derecho', lo que haría admisible el juego del artículo 1973 CC , dando valor para interrumpir a reclamaciones como la del trabajador afectado, pero no lo es menos que una jurisprudencia absolutamente uniforme del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo viene afirmando que el Derecho Administrativo Sancionador participa, con ciertos matices, de los principios y garantías propios del Derecho Penal, y entre ellos el de que mientras no se haya iniciado el procedimiento administrativo sancionador, el plazo de prescripción de las infracciones administrativas sigue corriendo, lo que recoge de forma expresa el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , norma con rango de Ley que se aplica subsidiariamente a las infracciones en el Orden Social (vid su Disposición adicional 7ª), porque en realidad ni el LISOS del año 2000 , ni la anterior Ley 8/1988, contenían previsión expresa en materia de interrupción de las infracciones, de forma que el artículo 7.2 del Real Decreto 928/1998 , que es un Reglamento subordinado a las Leyes, no puede ir en la materia más allá de lo previsto por las Leyes, de manera que el alcance de la expresión 'cualesquiera de las causas admitidas en Derecho', no puede entenderse como la admisión de la interrupción del plazo de prescripción de una infracción respecto de la cual no se ha incoado todavía el correspondiente expediente administrativo para castigarla, por todo lo cual se está en el caso de estimar el Recurso.'

Posa en relleu la irrellevància del Reial Decret 772/2011 perquè entra en vigor amb posterioritat a la infracció, segons cal deduir de l' article 1939 CC, i ens recorda que '... de esta forma, el poder sancionador ha de ser reconocido por una norma con rango de Ley, al igual que la conducta que se castigue, que ha de estar previamente tipificada ( art. 9.3 CE ) y cuya sanción ha de ser proporcionada al daño ocasionado, no pudiendo imponerse, en ningún caso, dos veces sobre el mismo hecho ilícito (principio non bis idem), cuando coinciden en la misma persona la autoría, el hecho y el fundamento ( artículos 24 y 25 CE ) ... La interrupción de la prescripción de las infracciones del orden social, por ser una materia íntimamente ligada al procedimiento administrativo-sancionador, únicamente puede ser regulada por normas con rango de ley ( art. 81 y ss. en relación con los artículos 9.3 y 25.1 CE ) en la medida que deben respetarse los principios de legalidad y seguridad jurídica. Es por ello que, aun previéndose en el RD 928/1998 como causas de interrupción de la prescripción de las infracciones del orden social las del art. 1973 CC (entre las que se encuentra la reclamación judicial), estas no resultan de aplicación a las infracciones del orden social al no existir disposición legal que lo prevea. El principio de legalidad se encuentra estrechamente vinculado con el de subordinación de los reglamentos a las normas con rango de ley, y en este sentido, entre otras, la STC de 27/04/2009 '.Analitza després la caducitat de les accions inspectores i assenyala que de '... la lectura del art. 132.2 LRJPAC puede concluirse que el legislador quiso limitar los supuestos interruptivos de la prescripción, pues únicamente contempla como tal la comunicación al interesado de la iniciación del procedimiento sancionador y no lo son las decisiones de la ITSS de archivar el procedimiento sancionador por haberse iniciado actuación jurisdiccional coincidente en el objeto. Dicha decisión provocó la caducidad del expediente administrativo sancionador; la posibilidad de archivar provisionalmente unas actuaciones inspectoras previas a la espera de resolución judicial [órdenes de servicio 8/0023254/11 (29/07/2011), 8/0026330/11 (30/09/2011) y 8/0041301/11 (18/10/2011)] es una posibilidad que se encuentra regulada en el art. 21.4 de la Ley 23/2015 de 21 de julio , pero no en la anterior LOITSS 42/1997, vigente al momento de la producción de la infracción ... No es por tanto sino hasta el año 2016 cuando la ITSS inicia un nuevo expediente sancionador (orden de servicio 8/0000146/16) en el que, ahora sí, dicta la correspondiente acta de infracción notificándosela a las empresas afectadas (trámite de incoación previsto en el art. 51.2 LISOS )'.Després d'aquests extensos raonaments acaba concloent que

'Aplicando la doctrina expuesta -también recogida en la Consulta de la Dirección Gral. De la ITSS de 13/05/2015- al supuesto de autos puede concluirse que las actuaciones inspectoras llevadas a cabo por el Sr. Severino (29/07/2011 y 18/10/2011) y Sr. Melchor (30/09/2011) caducaron por el transcurso del plazo de 3 meses previsto por el art. 8.2 RD 928/1998 , motivo por el que una vez dictada la sentencia firme que puso fin a la vía judicial el 7/4/2015 se incoaron otras nuevas, ya que no podían continuarse las anteriores por el tiempo transcurrido. Nótese además que el citado precepto sanciona expresamente el incumplimiento de los plazos máximos previstos para la tramitación del expediente sancionador no interrumpiendo el cómputo de la prescripción. Es decir, que las actas de los inspectores no interrumpieron el plazo de prescripción de la infracción por haber dejado transcurrir el plazo de los 3 meses previsto en el art. 8.2 RD 928/1998 '.

Posteriorment raona que la prescripció no està subjecta suspensió, sinó a interrupció, i això significa que les darreres actuacions de la inspecció ITSS haurien causat la interrupció amb reinici del còmput, però tot i així hauria transcorregut en excés el termini previst per la llei; per fi assenyala que en aquest cas no hi ha identitat d'objecte entre els procediments judicials que s'han seguit i ja han acabat amb sentències d'aquesta Sala i l'actuació sancionadora laboral de l'administració '...porque lo que se perseguía en el procedimiento judicial no era sancionar a las empresas (como sí lo era en el procedimiento de la ITSS), sino la declaración de improcedencia de los despidos de los demandantes, habiéndose alegado la cesión ilegal y la vulneración de la garantía de indemnidad en su vertiente de vulneración de derechos fundamentales de libertad sindical y derecho de huelga como hechos determinantes de la nulidad o subsidiariamente la improcedencia de los despidos de los que fueron objeto. Por ello, y aun aceptando la tesis de los actores, la demanda de 18/11/2011 tampoco interrumpiría el plazo de prescripción por la vía del art. 1973 CC en la medida en que no existe identidad de objeto entre ambos procedimientos. Pues mientras que el procedimiento judicial tiene como objeto principal determinar la calificación del despido del que fueron objeto los trabajadores, el procedimiento administrativo-sancionador persigue sancionar la infracción cometida por las empresas demandadas.'

2.-El escrit de recursanalitza, en primer lloc, la vulneració de l'article 1969 ('El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse')en relació amb l' article 1973 (' La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor') del CC i en relació las tesis del ' animus conservandi', tot això des d'un punt de vista estrictament de dret civil, sense analitzar les previsions del dret administratiu sancionador laboral. Fa un relat dels moments en què les demandades han tingut coneixement de l'actuació jurisdiccional i administrativa promoguda pels recurrents, encara que mai no indica que se'ls hagi notificat l'inici d'un expedient sancionador laboral, amb anterioritat al 2016, del que dedueix que '...queda más que acreditada la intención fehaciente del mantenimiento del propio derecho por parte de los actores, al ni siquiera esperar a que se dictara sentencia en el orden social para iniciar el procedimiento administrativo, debiendo este archivarse y suspenderse hasta la finalización de los procedimientos abiertos en la jurisdicción social por la incompatibilidad del devenir paralelo de ambos procedimientos, haciendo inviable así la prescripción extintiva ... paralizar las actuaciones inspectoras nunca ha sido una opción por parte de los recurrentes, sino un imperativo legal ... Por todo lo expuesto entendemos que, son de aplicación los artículos 1969 y 1973 del C.C . ya que obviamente la prescripción de la acción se paralizó al ejercer la acción ante los tribunales de lo social, y los ahora recurrentes, como se viene demostrando a lo largo de todo el procedimiento, siempre mantuvieron ánimus conservatori al mantener siempre activo el ejercicio de su derecho hecho que se desprende de la prueba que consta en los autos del presente procedimiento'.

Discuteix la tesi de la sentència de la reserva de llei per al procediment sancionador administratiu laboral, i entén que el RD 928/1998 no contradiria la LRJPAC, sinó que en realitat desenvolupa la llei 42/1997, la DA 4ª cita del qual, entén que és d'aplicació al present cas i discuteix l'aplicació que la sentència fa de la doctrina del TS esmentada. Assenyala, en un moment donat, la innecessària insistència a aplicar aquesta norma i conclou que '... resulta totalmente abusivo por parte de las demandadas, que tras no oponerse a dichos archivos ni haber realizado ningún tipo de manifestación en contra de esta decisión, ahora pretendan hacer uso de la prescripción de la actuación inspectora para aprovecharse así de los beneficios que ello les conlleva, y todo ello mediante el intento de que se aplique una norma que no tiene cabida en el presente procedimiento. De esta situación se desprende una total mala fe por parte de los demandados, que, tras años de silencio, ahora pretenden alegar que las acciones han prescrito'.

Planteja que hi ha una identitat total entre les accions que van originar les actuacions jurisdiccionals dels demandants, finalitzades amb sentències d'aquesta Sala, i l'actuació de la ITSS que va acabar a l'Acta d'infracció, i assenyala que '...lo que si es claro, es que en todos los procedimientos iniciados por los actores se buscaba que las demandadas cesaran en sus conductas vulneradoras de sus derechos y que se les sancionara por dichas conductas ... Por tanto, en el presente procedimiento no estamos hablando de una simple conexión causal entre todos los procedimientos, sino en una coincidencia integra y manifiesta entre los mismo, ya que en todos los procedimientos la identidad de los sujetos, el objeto y causa a pedir son los mismos'.

Pel que fa a la tesis de la sentencia de que la prescripció no esta sotmesa a suspensió, sinó a interrupció, mostra la seva disconformitat, i mes encara amb las conclusions que arriba, i assenyala que '... no podemos mostrar más que nuestra disconformidad con el planteamiento que propone este juzgador, puesto que la prescripción no se reanuda una vez que se presenta la demanda judicial, sino una vez que se dicta la sentencia judicial firme que da pie a que los Inspectores de Trabajo puedan levantar sus actas de infracción. Y como ya se viene exponiendo a lo largo de todo el procedimiento, la sentencia firme se dicta en fecha 7/4/2015 . Antes de disponer de esta sentencia ni los actores, ni los Inspectores de Trabajo podían levantar acta alguna ya que el proceso estaba en vías de ser juzgado ...'

Acaba insistint, per la via del 193.c) LRJS, en la tesi d'incongruència i vulneració de l' article 218 LEC.

3.-Els escrits de impugnacióde manera molt extensa terminen reproduint las seves posicions expressades al acte del judici i fent suport a la tesi de la sentencia recorreguda.

SISÉ.- La posició de la Sala.

A la Sala pensem que no podem acceptar els plantejaments del recurs i per tant en desestimarem.

Compartim amb la sentència d'instància la pràctica totalitat dels seus plantejaments i específicament la idea que la potestat sancionadora a l'àmbit de les relacions laborals exigeix, art. 9.3, 24, 25 i 81 i seg. CE, l'existència d'una tipificació prèvia de la conducta sancionable establerta per norma legal (mai infra-legal, excepte per desenvolupar l'anterior en els supòsits previstos per l'ordenament i sense excedir la delegació reglamentària); que la prescripció està subjecta, amb caràcter general i excepte previsions legals expresses, a la interrupció i no a la suspensió segon cal deduir de l' art.1.973 CC; també que la prescripció s'ha d'aplicar amb caràcter restrictiu i sempre amb la finalitat de mantenir la vigència del deute i la seva possible reclamació si hi ha voluntat de conservar l'acció per part de qui en sigui el titular. Sens dubte la prescripció de les faltes comeses en l'àmbit de les relacions laborals prescriuen als tres anys llevat les excepcions previstes en llei, ex art. 4 LISOS.

D'altra banda veiem que l' article 3.2 LISOS preveu la possibilitat de suspensió d'actuacions quan s'entengui per part de la ITSS que les presumptes infraccions poguessin ser constitutives d'il·lícit penal, però no hi ha una previsió similar en els supòsits que no hi hagi tal previsió d'il·licitud penal i ens poguéssim trobar endavant d'una actuació en qualsevol dels altres ordres de la jurisdicció, inclòs el laboral, previsió també reproduïda a l' art. 5.1 ('Concurrència de sancions amb l'ordre jurisdiccional penal') RD 928/1998 que assenyala que també se suspengués si es té coneixement d'actuació en seu judicial penal: aquesta actuació té com a conseqüència ques'interrompel termini de prescripció ( art. 7.2 RD 928/1998); però no hi ha cap referència a les actuacions davant dels òrgans de l'ordre social. És cert que resulta lògic des del punt de vista del conjunt de l'ordenament jurídic que l'actuació administrativa de la ITSS cedeixi el pas a l'actuació jurisdiccional, i en aquest sentit entenem adequat l'actuar dels Inspectors de Treball quan van decidir paralitzar les seves actuacions de investigació; però aquesta decisió en si mateixa no suspèn l'expedient administratiu sancionador que caducarà als tres mesos, ex 44 i 92 LRJPAC, de no realitzar-se posteriors actuacions. D'altra banda no oblidem que les empreses presumptament infractores no havien tingut coneixement de les actuacions de la ITSS, donat que no se'ls havia realitzat cap notificació, i la primera notícia que reben és la que es produeix l'any 2016 amb la notificació de l'acta d'infracció.

D'altra banda, hem de posar de manifest que no és la mateixa acció la que tenen els treballadors per defensar els seus drets davant d'actuacions empresarials vulneradores del seu dret a la llibertat sindical, accionant contra el seu acomiadament, o reclamant el dret a elecció d'empresa davant de situacions de cessió il·legal, que el dret que tenen les empreses a la presumpció d'innocència, a un procediment administratiu sancionador d'acord amb les previsions legals procedimentals, a ser informades de l'existència d'aquests procediments, i a beneficiar-se de la prescripció de les seves hipotètiques faltes davant la manca d'actuació adequada de l'administració pública: es tracta de drets i procediments diferents, que afecten diferents persones físiques o jurídiques, per més que tinguin en comú el substrat fàctic en què se sustenten els uns i els altres; és evident que els treballadors tenien el seu interès legítim per participar en aquests procediments administratius, però no podem confondre aquest interès amb el dret de les altres parts. Alhora, no hem d'oblidar que els mateixos treballadors van poder instar la ITSS perquè mantingués en vigor l'expedient administratiu sancionador i procedís a la notificació a les empreses de l'existència del mateix.

En definitiva, sobre l'existència d'uns fets reconeguts per sentències fermes que clarament poguessin ser considerades infraccions laborals, es dona la circumstància que no ha existit actuació administrativa adequada d'acord amb les previsions legals procedimentals, i això ha provocat la prescripció de les faltes comeses que ni tan sols poden ser analitzades ara. La qual cosa no interfereix en res en els hipotètics drets que derivin per als demandants de les seves relacions laborals amb cadascuna de les demandats.

El que hem exposat implica la desestimació del recurs.

Atesos els preceptes legals esmentats, els concordants i altres disposicions d'aplicació general i pertinent,

Fallo

Que desestimem el recurs de suplicació interposat per Ildefonso y Isidro contra la Sentència de data 25.5.2021, dictada pel Jutjat Social 17 de Barcelona, en les actuacions núm. 16/2018 seguides a instàncies de la part recorrent contra DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES, SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA, S.A., INETUM ESPAÑA, S.A. y EL CORTE INGLÉS, S.A., sobre impugnació de resolució administrativa i en conseqüència confirmem la resolució impugnada.

No és procedent fer pronunciament sobre les costes.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Un cop sigui ferma la sentència caldrà remetre al Jutjat d'instància les seves actuacions ja que és l'òrgan judicial competent per executar-la.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social,o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l' article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, consignarà com a dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el BANC SANTANDER, n° 0937 0000 66, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, quan així procedeixi, cal acreditar-la al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria i s'efectuarà en el compte de la Sala, amb el núm. 0937 0000 80, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

També és possible substituir la consignació en metàl·lic per l'assegurament de la condemna mitjançant un aval bancari emès per una entitat de crèdit. El document haurà de ser de duració indefinida i a pagar a primer requeriment.

Si el dipòsit o la consignació no és fan de forma presencial sinó mitjançant transferència bancària o per procediments telemàtics, a les dites operacions hauran de constar les següents dades:

El compte bancari al que es remetrà la quantitat és IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. A la dada de 'ordenant' caldrà indicar el nom de la persona física o jurídica que fa l'ingrés i el seu NIF o CIF. Com a 'beneficiari' ha de constar la Sala Social del TSJ de Catalunya. Finalment, a 'observacions o concepte de la transferència' cal introduir els 16 dígits que consten en els paràgrafs precedents respecte al dipòsit i la consignació fets de forma presencial.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ.El magistrat ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.