Sentencia SOCIAL Nº 5/2018, Juzgado de lo Social - Eivissa, Sección 1, Rec 207/2017 de 10 de Enero de 2018

Encabezamiento

JDO. DE LO SOCIAL N. 1

IBIZA/EIVISSA

SENTENCIA: 00005/2018

CALLE GASPAR PUIG Nª1 BIS

Tfno:971.31.71.81

Fax:971.19.17.00

Equipo/usuario: LPM

NIG:07026 44 4 2017 0000217

Modelo: N02700

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000207 /2017

Procedimiento origen: /

Sobre: DESPIDO

DEMANDANTE/S D/ña: Amelia

ABOGADO/A:CATALINA TUR TUR

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:

DEMANDADO/S D/ña:GESTCONTROL SPAIN SL

ABOGADO/A:

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:

SENTENCIA

&n bsp;

En Ibiza/Eivissa, a diez de Enero de dos mil dieciocho.

Por la autoridad que me confiere el Pueblo Español. Vistos por mí, Don Juan Francisco Sánchez Heredia, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social Nº 1 de Ibiza/Eivissa, los presentes autos Nº 207/2017, sobre Despido y reclamación de cantidad, seguidos

A instancia de

Dª. Amelia

Contra

GESCONTROL SPAIN, S.L.,

Antecedentes

&n bsp;

PRIMERO.-En fecha 16.03.2017 tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la demandante, contra la demandada dando lugar a los autos 207/2017, sobre despido y reclamación de cantidad.

SEGUNDO.-Que señalados día y hora para la celebración de los actos de conciliación y juicio, estos tuvieron lugar el día 18.10.2017, compareciendo tan solo la parte actora, no así la demandada, pese a encontrarse legalmente citada.

La parte actora se afirmó y ratificó en su escrito de demanda, y solicitó el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo como tales, documental y el interrogatorio de la demandada. Admitidas y practicadas las pruebas, a excepción del interrogatorio de la demandada dada su incomparecencia, y tras las conclusiones de la actora, quedaron las actuaciones conclusas para sentencia.

CUARTO.-En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

Hechos

&n bsp;

PRIMERO.-La actora, Dª. Amelia , con NIE NUM000 , venía prestando servicio para la demandada, con categoría profesional de Limpiadora, con antigüedad desde 24.04.2015, y salario de 25,41 euros día, pagas extraordinarias prorrateadas, (documentos Nº 3, y 4 de la actora).

SEGUNDO.-Por escrito de fecha 17 de Febrero de 2017 la demandada ha notificado la finalización de la relación laboral, indicando su decisión de extinguir la misma, (documento Nº 1 y 2 de la parte actora).

TERCERO.-La empresa demandada adeuda a la actora un importe de 1.103,49 euros, en concepto de salarios pendientes, según desglose del hecho quinto de la demanda, que se da por reproducido.

CUARTO.-El demandante no ostenta, ni ha ostentado la condición de miembro de los órganos de representación unitaria o sindical de los trabajadores.

QUINTO.- Celebrado el acto de conciliación el día 16 de Marzo de 2017, los mismo terminaron con el resultado de sin efecto, (documento Nº 6).

Fundamentos

PRIMERO .- El art. 91.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS ) vigente dispone que la parte demandada que no compareciere al juicio estando debidamente citada, a pesar del apercibimiento que se le hubiere hecho en tal sentido, podrá ser tenida por confesa en la sentencia, siempre que, conforme al art. 83.3 LRJS , no hubiere alegado justa causa que deba motivar la suspensión del juicio.

Tal precepto establece una confesión presunta de carácter legal de reconocimiento de los hechos base de la pretensión del actor, en que del hecho de la incomparecencia no justificada deduce la consecuencia de falta de posibilidad de oponerse con éxito a la pretensión contraria, por falta de fundamento de una posición procesal de oposición. Tal presunción es en todo caso 'iuris tantum' y por lo tanto destruible por los hechos o pruebas que aparezcan en los autos en contrario, de donde se deriva el carácter de mera facultad que se le atribuye al Juez y no de obligación que se le impone; y de donde deriva asimismo la doctrina de antiguo mantenida de que la incomparecencia del demandado no exime al actor de probar los hechos en que fundamenta su propia petición ( SSTS, Sala 1a, 18/5/46 , 26/6/46 , 21/12/55 , entre otras), por aplicación del principio de distribución de la carga de la prueba, contenida con carácter general en el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que exige al actor probar los hechos constitutivos del derecho que reclama, y al demandado los impeditivos o extintivos del mismo, según constante jurisprudencia, dado que todo hecho que quiera hacerse valer ante los órganos jurisdiccionales ha de ser objeto de la oportuna prueba, sin más excepción que la de tratarse de hechos notorios, o que se encuentren favorecidos por alguna presunción legal o hayan sido reconocidos expresa o tácitamente por la parte obligada a ello ( STS 27/2/65 ).

En tal sentido, ante la incomparecencia de la demandada, al acto de la vista, debe ser tenida por confesa.

SEGUNDO.-Se centra la cuestión litigiosa en determinar si existe o no despido improcedente y reclamación de salarios pendientes.

De la prueba examinada, debe concluirse que, si bien la demandada le comunicó a la actora, mediante escrito su decisión de extinguir la relación laboral, con fecha de efectos de 17 de Febrero de 2017, (hecho probado segundo). El artículo 105.1 LRJS impone al demandado la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido, y, en el caso que nos ocupa, no se ha acreditado la concurrencia de las causas imputadas, que fundamenten la decisión extintiva, como exige el art. 55.4 ET , siendo además que la carta adolece del suficiente detalle de los hechos imputados, causando indefensión a la actora.

Por lo que debe declararse la improcedencia del despido, a tenor de lo establecido en el art. 55.3 y 4 del Estatuto de los Trabajadores (E.T .), en relación con el art. 108 de la LRJS y con los efectos que así mismo disponen el art. 56 del E.T . y el art. 110 de la LRJS .

TER CERO.-En cuanto al requisito de la indemnización señala la STSJ Madrid de 18.06.2007 : 'A su vez, la sentencia de la misma Sala del Alto Tribunal de fecha 17 de julio de 1998 (RJ 1998/7049), dictada ya en función unificadora, sienta que: 'Por ello, ya esta Sala en su Sentencias de 11 de Junio (RJ 1982/3960 ) y 20 de Noviembre 1982 (RJ1982/6850 ), citadas en la del 29 de Abril 1988 (RJ 1988/3042 ), y posteriormente en la del 2 de Octubre 1986 (RJ 1986/5369) (sic),ha señalado como se cita en el recurso, que el mandato legal sólo puede entenderse cumplido si, en el mismo acto en que el trabajador se sabe despedido y sin solución de continuidad, sin precisión de otro trámite ni cualquier quehacer complementario, él dispone efectivamente del importe dinerario a que asciende la indemnización que la Ley le confiere. Las modificaciones legales posteriores no pueden cambiar el sentido de esta doctrina y lejos de ello confirmar su idoneidad y vigencia por cuanto:

a) Persisten las mismas expresiones de poner a disposición del trabajador, simultáneamente esa indemnización. El verbo poner, tiene como una de sus acepciones la de entregar, dar, y en este sentido la emplea el legislador.

b) La acción o efecto de disponer, es el de usar uno cualquiera de los derechos inherentes a la propiedad o disposición de los bienes como determina el Real Diccionario de la Lengua.

c) Este poner a disposición lo matiza el legislador diciendo que la misma ha de hacerse simultáneamente, es decir al mismo tiempo. De acuerdo con esta interpretación gramatical se exige la entrega de la cantidad, o el percibo sin dilación del que habla esa jurisprudencia. Al hilo de lo anterior, la sentencia de igual Sala del Tribunal Supremo de fecha 23 de Abril de 2001 (RJ 2001/4874), también unificadora, señala que: 'Tal y como ya se dijo en la sentencia de esta Sala de 17 de Julio de 1998 (RJ 1998/7049), el requisito de simultaneidad que el precepto exige, vinculando en un mismo momento la entrega de la comunión escrita con la puesta a disposición de la cantidad legalmente prevista como indemnización en estos supuestos, que el trabajador en el momento en que recibe esa comunicación pueda disponer de la referida cantidad. En otro caso, no se puede eludir la declaración de nulidad del despido objetivo acordado'.

Conforme señala la STSJ Andalucía (Sevilla) de 08.05.2007 : 'Para que este requisito pueda considerarse cumplido la puesta a disposición de la indemnización debe cumplir las siguientes exigencias: efectiva; simultánea a la entrega de la comunicación de cese; incondicionada; en el importe legal. El requisito solo se entiende cumplido cuando la puesta a disposición se realiza en unidad de acto con la entrega de la comunicación para su inmediato cobro, bien en efectivo, metálico o mediante otro medio de pago admisible en Derecho, como un cheque bancario, que resulta válido aunque para la efectiva disponibilidad del dinero el trabajador deba presentarlo al cobro o ingresarlo en alguna cuenta bancaria suya ( STSJ de Extremadura 03.07.00 )

En el caso de autos la empresa ni ha puesto a disposición del actor la indemnización correspondiente, ni ha acreditado la imposibilidad de hacerlo, a pesar de corresponderle acreditar esa puesta a disposición efectiva, de conformidad con el art 217 LEC , y no lo ha hecho.

La consecuencia de la incomparecencia de la demandada y falta de acreditación de las causas esgrimidas en su carta de despido, así como la falta de puesta a disposición de la indemnización en atención al art. 122.3 LRJS y 53.4 ET , tras la reforma introducida por la Ley 35/2010, es la declaración de improcedencia del despido por defectos formales, con las consecuencias legales que se establecen en los arts. 56 ET y 110 LRJS , en relación con la Disposición Adicional 1ª de la Ley 12/2001, de 9 de Julio .

CUARTO.-La declaración de improcedencia ha de producir los efectos previstos en el art. 56 del Estatuto de los Trabajadores . La empresa deberá optar en el plazo de 5 días desde la notificación de esta sentencia entre readmitir al trabajador, o abonar, según la Disposición Transitoria V de la Ley 3/2012 de 6 de julio , de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE 162/2012, de 7 de julio de 2012), para los contratos formalizados con anterioridad al 12 de febrero de 2012, una indemnización de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, sin que el importe indemnizatorio resultante pueda ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el período anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.

Y, en caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho los salarios de tramitación, desde la fecha del despido, a razón de 25,41 euros diarios. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido, dentro del periodo en que hubiera prestado servicio, hasta notificación de la sentencia que declare la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.

QUINTO.-Conforme al art. 4.2.f) en relación con el art. 29 del Estatuto de los Trabajadores el trabajador tiene como derecho básico la percepción puntual de los salarios pactados o legalmente establecidos, percepción de salarios que constituye la contraprestación fundamental que al empresario corresponde en el contrato de trabajo por los servicios del trabajador y que viene constituido por la totalidad de las percepciones económicas que aquél reciba, en dinero o en especie, al margen de los que tengan la consideración de suplidos por los gastos realizados por el trabajador durante su actividad laboral o de aquellos otros importes indemnizatorios que legalmente correspondan ( art. 26 ET ).

Por ello, en el presente caso, acreditándose la existencia de la relación laboral y las circunstancias profesionales por la prueba practicada a instancia de la parte actora, así como la falta del abono de las cantidades devengadas por la confesión en que debe tenerse a la demandada, procede estimar la demanda condenando a la misma.

El importe de lo adeudado, según los cálculos efectuados según desglose del hecho quinto de la demanda como recoge el hecho probado segundo de la sentencia, asciende a 1.103,49 euros.

Procede condenar a la demandada al pago del 10% de interés por mora, en virtud de lo previsto en el art. 29.3 del Estatuto de los Trabajadores .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente observancia.

Fallo

Estimo la demanda interpuesta, por Dª. Amelia contraGESCONTROL SPAIN, S.L.,y declaro la improcedencia del despido del trabajador, condenando aGESCONTROL SPAIN, S.L.,a estar y pasar por la anterior declaración, y a optar, o bien por la readmisión del actor, con abono de los salarios de tramitación a razón de 25,41 euros diarios, desde la fecha del despido, hasta la notificación de esta sentencia. O le indemnice en la cuantía de 1.473,78 euros.

Condeno igualmente aGESCONTROL SPAIN, S.L.,a abonar a la parte actora, por salarios pendientes, un importe de 1.103,49 euros, más el 10 % de interés por mora.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación del presente fallo, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita haber consignado el importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, número 0493/0000/61/207/17, en la entidad SANTANDER, o presente aval solidario de Entidad Financiera por el mismo importe; depositando además la cantidad de 300 euros en la cuenta de este Juzgado, número 0493/0000/65/207/17, y sin cuyos requisitos no podrá ser admitido el recurso.

Así, por ésta, mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.