Sentencia Social Nº 557/2013, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 667/2012 de 24 de Enero de 2013

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

JSP

IL·LM. SR. JOSÉ QUETCUTI MIGUEL

IL·LMA. SRA. MATILDE ARAGÓ GASSIOT

IL·LM. SR. ENRIQUE JIMÉNEZ ASENJO GÓMEZ

Barcelona, 24 de gener de 2013

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 557/2013

En el recurs de suplicació interposat per URALITA S.A a la sentència del Jutjat Social 3 Sabadell de data 27 d'octubre de 2011 dictada en el procediment núm. 29/2010, en el qual s'ha recorregut contra la part FONDO DE GARANTIA SALARIAL, TRUYOLS S.L, HEREDEROS DE Jesús i Mario , ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. MATILDE ARAGÓ GASSIOT.

Antecedentes

Primer.En data 14 de gener de 2010 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre indemnització danys i perjudicis, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 27 d'octubre de 2011 , que contenia la decisió següent: ' Desestimado la excepción de falta de acción y jurisdicción alegada por la empresa demandada URALITA SA y estimando parcialmente la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por Mario , frente a la empresa URALITA, S.A., sobre reclamación de cantidad, condeno a la mercantil URALITA, S.A., a pagar al actora la cantidad de 69.983,60.-€, con absolución de las ademandadas Herederos de Jesús y Truyols, SL '

Segon.En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:

1º.- El demandante Mario , con DNI nº NUM000 , nacido en fecha NUM001 de 1931, con profesión de operario fabricación piezas carpinteria, prestó servicios para varios empleadores en el periodo de 1945 a 1961 y consta como trabajador autónomo desde 1.08.1975 a 31.12.1991 con actividad de fabricación de estructuras de madera.

Era perceptor de pensión de jubilación desde 1.09.1994 hasta 2.2.2010 fecha en que optó por percibo pensión de incapacidad permanente total.

Así consta que prestó servicios para:

Carlos Alberto desde el 12.09.1945 hasta 19.05.1951 ( Jesús fundó la empresa Truyols SL en 7.4.83 pero murió en 1985)

Abilio desde 17.11.1952 a 13.04.1953

Bernardo desde 17.06.1956 a 2.5.1961

(Doc. nº 19 aportado por la parte actora y expediente administrativo de jubilación e invalidez -impreso número 61 de 63- remitido por INSS y que consta en autos, y Sentencia Juzgado Social nº 3 Barcelona -doc. 14 ramo de prueba de la parte actora-)

2º.- En el periodo comprendido desde 12.9.1945 a 19.5.1951 Carlos Alberto tenía como cliente habitual a la empresa Uralita SA y el actor estuvo desplazado en el centro de trabajo que la demandada URALITA, SA tenía en la localidad de Cerdanyola.

(Esto hecho resulta, del documento núm. 20 del actor, así como del informe emitido por Inspección de Trabajo en materia de incumplimiento de normas de prevención de riesgos que obra en autos, y de relato de hechos probados en sentencia de 3.11.2009 procedimiento 882/2008 aportada como documento nº 14 de ramo de prueba de la parte actora)

3º.- El centro de trabajo que la demandada tenía en la localidad de Cerdanyola se dedicaba a la fabricación de elementos para la construcción (placas onduladas o planas, tuberías, depósitos, etc.), a base de una mezcla conocida como fibrocemento, compuesta de cemento portland (80%), fibra de amianto (10%) y agua fraguada (10%).

No consta que los trabajadores de Abilio y Bernardo estuvieran expuestos al amianto.

(El hecho tercero, primer párrafo, no resulta controvertido y se desprende del documento núm. 1 de la parte demandada, consistente en dictamen pericial técnico y del certificado emitido por centro de seguridad y salud laboral que obra en autos referente a los empleadores Abilio y Bernardo y que es aportado por parte actora en doc. 21 y 22)

4º.- En 14.11.2007 se diagnostica al actor de asbestosis a través de TAC torax en el que se aprecia 'múltiples placas pleurales bilaterales, calcificadas, con pequeñas áreas de enfermedad pulmonar periférica en lóbulo superior, compatible todo ello con asbestosis. Bronquiectasias al LM.'.

(Hecho no controvertido y resulta de los documentos nº 5 del ramo de prueba de la parte actora).

5º.- Por Sentencia de 3.11.2009 y auto de aclaración de 11.12.09 en procedimiento 882/2008 seguido en materia de reconocimiento de incapacidad permanente seguido por el actor frente a INSS y Herencia yacente de Jesús , se declaró al actor en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual derivada de enfermedad profesional, reconociendo el derecho al percibo de pensión vitalicia equivalente al 75% de la base reguladora de 18.745,12.-€ anuales con efectos desde 21.05.08. Dicha resolución no es firme.

Se reconoce al actor las siguientes lesiones: 'Asbestosis con ligera alteración ventilatoria, VEMS 77%; FVC 63%' que le limita para realización de esfuerzo físico moderado.

(Hecho no controvertido y documentado en el documento número 14 y 17 del actor y del expediente administrativo de incapacidad permanente del INSS unido a las actuaciones)

6º.- En fecha 4.2.2009 se practicó espirometría a solicitud de INSS en la que se obtuvo un resultado de FVC 51% y FEV 60% calificado de moderada alteración ventilatoria.

(Hecho no controvertido y resulta del expediente administrativo obrante en los autos y del documento número 18 del ramo de prueba de la parte actora)

7º.- El Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball emitió informe el 12.05.2010 que determina que Uralita empezó su actividad de fabricación de material de fibrocemento con amianto en el año 1910 en su centro de trabajo de Cerdanyola del Valles y acabo esta actividad en el año 1997, por lo que durante este periodo los trabajadores han estado sometidos a trabajos con amianto, constando que los mismos han sufrido enfermedades profesionales relacionadas con amianto, tanto de tipo no neoplásico como neoplásico (cáncer). Se especifica que hay trabajadores que si bien no han trabajado directamente con materiales con amianto pueden haber estado expuestos a fibras de amianto presentes en la empresa y provenientes de trabajos de otros compañeros, es decir, como trabajadores pasivos, exposición que puede ser igualmente responsable de enfermedades con amianto.

(Se desprende del informe emitido por CSSLB que fue remitido a requerimiento de este Juzgado de lo Social y que obra en autos).

8º.- El Instituto Territorial de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Barcelona emitió informe técnico el 10 de marzo de 1977 sobre la valoración del riesgo higiénico en la manipulación del amianto seco en el centro de trabajo de la demandada sito en la localidad de Cerdanyola. En dicho informe, cuyo contenido se da por reproducido, se señala en los puestos de trabajo que se evalúa los riesgos existentes en el mismo, y específicamente se consideran los riesgos derivados de la exposición al amianto utilizado en el proceso productivo, medidas de protección colectiva y personal utilizadas en su caso y la eficacia de las mismas.

En este informe, en su apartado 2.1, se hace constar que pese a que el Reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (BOE de 7 de diciembre de 1961) establece una concentración máxima de amianto en el interior de explotaciones industriales de 175 partículas por centímetro cúbico (basado en estudios realizados en 1938), el paso del tiempo a impuesto criterios más restrictivos en la legislación comparada, lo cual dicho informe relaciona con los más recientes estudios, que han puesto de manifiesto la relación existente entre la inhalación de amianto y la aparición de cáncer pulmonar, destacando que en ese aspecto parece que la crocidolita es la forma de amianto más activa.

En su apartado 2.2, se establece que el informe elige como concentración media, máxima permitida para 8 horas de exposición diaria, la de 2 fibras por centímetro cúbico y que respecto del riesgo cancerígeno, el informe se limita a resaltar los puestos donde se trabaja con el tipo de amianto al que se atribuye una mayor actividad cancerígena (crocidolita).

Concluye el informe (apartado 4), señalando que respecto del riesgo de asbestosis se puede afirmar que se sobrepasa ampliamente la dosis máxima permitida que se establecía en el apartado 2.2 por las razones expuestas en el apartado 2.2 (2 fibras por centímetro cúbico), en la Línea de Tubos: alimentación de molinos, encargado de los molinos, ensacado y dosificación de amianto y carga de mezclador de las máquinas holandesas, y Línea de Placas: trabajos en almacén. No se sobrepasa la citadas dosis, alcanzándose sin embargo un elevado porcentaje de la misma en la Línea de Placas: carga de los molinos, y Línea de Moldeados: envió neumático de amianto y molienda de amianto. No se ha detectado concentración apreciable en Control de mezclado de la línea de moldeado. Señala, por último, el informe que no puede valorar objetivamente el riesgo cancerígeno existente en los distintos puestos de trabajo estudiados, si bien destaca que en todos los puestos correspondientes a la Línea de Tubos y Línea de Moldeados (moldeo por inyección), una parte considerable del amianto es crocidolita lo cual agrava el posible riesgo cancerígeno atribuible a dichos puestos.

El informe efectúa una serie de recomendaciones tanto generales como particulares, entre las cuales encontramos, como generales, las siguientes: La limpieza general de locales e instalaciones deberá realizarse por aspiración o, en los casos en que ello no sea posible, por métodos húmedos. Si en algún caso ello no fuera posible los empleados que efectúen la limpieza así como aquellos que estén en las inmediaciones deberán obligatoriamente utilizar equipos de protección respiratoria. Puesto que los equipos de limpieza por aspiración ordinariamente descargan el aire aspirado en el interior de la nave, deberá prestarse especial atención a la eficacia de los filtros de dichos equipos, que deben asegurar una eliminación total de las fibras. Los vertidos accidentales de amianto deberán ser eliminados de forma inmediata por alguno de los métodos anteriores. En razón de la extremada peligrosidad de la crocidolita se recomienda reducir al mínimo uso y extremas al máximo las precauciones durante su manipulación.

(El hecho 8 resulta del informe técnico de marzo de 1977 del Instituto Territorial del Servicio Social de Higiene y Seguridad del Trabajo de Barcelona (documento núm. 25 de los aportados por la parte actora).

9º.- Uralita SA realizó reconocimientos médicos a sus empleados desde 1960. No consta que la Entidad Uralita haya superado los límites máximos de concentración por centímetro cúbico fijados en cada momento por la normativa legal publicada por la administración competente si bien se desconoce los niveles de concentración de amianto durante los años anteriores a 1977 ya que con anterioridad no se realizaban mediciones fiables.

(El hecho 9 se desprende de la prueba pericial técnica del Sr. Patricio valoradas según las reglas de la sana crítica)

10º.- En fecha 15 de marzo de 1977, a raíz del informe elaborado por el Instituto Territorial de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Barcelona, la Inspección Provincial de Trabajo ordenó a la empresa URALITA, S.A. la suspensión inmediata de los siguientes trabajos:

Línea de Tubos: alimentación de molinos, encargado de los molinos, ensacado y dosificación de amianto seco y carga de mezclador de las máquinas holandesas.

Línea de Placas: Almacén: manutención manual de sacos.

Asimismo se requería a la empresa para que corrigiera las deficiencias que se señalaban en el informe técnico y en la forma que en el mismo se especificaba, en los siguientes plazos:

-Limpieza de locales e instalaciones. De forma inmediata.

-Ropas de trabajo. Plazo de 8 días.

-Eliminación residuos. Plazo de 15 días.

-Control ambiental. Deberá comenzarse de inmediato.

-Reconocimientos médicos. Se continuaran efectuando.

-Mantenimiento de extracciones localizadas. Deberá comenzarse de inmediato.

-Contaminación ambiental. Deberá comenzarse de inmediato.

(El hecho 10 resulta del documento núm. 24 de los aportados por la parte actora).

11º.- El citado informe del 10 de Marzo de 1977 resultó determinante para que desde ese momento la empresa comenzase a activar un conjunto de medidas preventivas para reducir y eliminar los riesgos derivados de la exposición al amianto en diversos frentes;

Política activa de información a los trabajadores; esta política se concreta en la publicación de el opúsculo 'El Amianto y vuestra salud dirigido a los trabajadores; la constitución el día 3 de Mayo de 1978 de la comisión Nacional del Amianto de Uralita S.A, Jornadas de Seguridad e higiene en el trabajo, Jornadas sobre manipulación de los riesgos en la manipulación del Amianto celebradas en Octubre de 1979, por la comisión del Amianto de Uralita S.A se publica el libro del ' Amianto y tu salud'.

Se efectuaron inversiones en Uralita S.A para mejorar las condiciones de Seguridad, inversiones para la mejora de sistemas de protección en la fábrica de Cerdanyola. Se creó un laboratorio central especializado en la determinación de la concentración de fibras de amianto.

Se efectuaron una serie de medidas para lograr la cumplimentación de las medidas de seguridad consistentes entre otras; a) establecimiento de un registro de datos y archivos de documentos desde 1977; se establecieron cuadros de mediciones de concentración de fibras de amianto, tabla resumen de los resultados obtenidos en las determinaciones de polvo del conjunto de los puestos de trabajo en cada una de las fábricas; hojas correspondientes a los recuentos realizados desde el año 1978 a 1987, etc.

(El hecho 11 resulta del informe pericial acompañado por la demandada como documento número 1 y de la declaración del perito Don. Patricio ).

12º.- Inspección de Trabajo y Seguridad Social emitió informe sobre la existencia de infracción de normativa en Seguridad Social por Uralita SA y su responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en relación al accidente de trabajo sufrido por Mario y se proponía la aplicación a Uralita, SA como responsable directa de las condiciones de seguridad y salud en el centro de trabajo de Cerdanyola del Valles en el que la empresa Ttuyols, SL realizaba los trabajos contratados, la responsabilidad del recargo del 50% en todas las prestaciones económicas que se satisfagan como consecuencia de aquella enfermedad profesional.

(El hecho 12 resulta del informe remitido por Inspección de Trabajo en actuación sobre el accidente de trabajo de Mario )

13.- Con fecha 27.11.2009, el actor presentó papeleta de conciliación en materia de reconocimiento de derecho y cantidad ante el servicio administrativo competente frente a la empresa demandada, celebrándose el acto conciliatorio el día 17 de diciembre, terminando con el resultado de 'intentado sin efecto'. 11.1.2010 se presentó la demanda origen de las presentes actuaciones en el Decanato de estos Juzgados que fue repartida a este Juzgado de lo Social.

Tercer.Contra aquesta sentència la part codemandada URALITA, S.A. va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària que el va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER.Contra la sentència d'instància, que va estimar la demanda interposada per la part actora, en reclamació d'indemnització de danys i perjudicis, derivats de la declaració de incapacitat permanent total, per malaltia professional, per asbestosis pulmonar, interposa l'empresa condemnada recurs de suplicació, que ha estat impugnat per la part demandant.

SEGON.En els motiu primer del recurs, que consta de tres apartats, en base a l' article 191 b) de la Llei de Procediment Laboral , sol licita la recurrent la revisió dels fets declarats provats. Aquesta Sala ha posat de relleu, en multitud d'ocasions, les exigències de les revisions fàctiques en suplicació, que es poden resumir en els requisits següents: 1) L'equivocació del jutge s'ha de deduir de forma directa d'un element de prova documental o pericial. 2) S'ha d'assenyalar per la part recurrent el punt específic del contingut de cada document que posa de relleu l'error al legat, raonant sobre la seva correcció, mitjançant una anàlisi que demostri la correspondència entre la declaració continguda en el document i la rectificació que es proposa, 3) l'error ha de ser evident i s'ha de desprendre de forma clara, directa i inequívoca del document, sense que calgui fer deduccions, conjectures o suposicions i 4) l'error ha de ser transcendent per a modificar el sentit de la decisió de la resolució recorreguda, sense que es pugui utilitzar per a introduir qualificacions jurídiques predeterminants de la d'aquella

Doncs bé, aplicant l'anterior doctrina a les revisions instades per la part actora, s'ha de dir que:

A.- La pretensió d'addicció d'un nou fet provat, catorzè, pel qual proposa la següent redacció: ' Los datos recogidos en los informes realizados con anterioridad al año 1977, reflejan concentraciones que no superan los valores TLV máximos permitidos en la sección de molturación, en la de acabado de piezas de fibrocementos, en la operación de torneado de tubos y en la operación de pulido de amianto seco con papel de vidrio'; que basa en els documents que consten als folis 706 al 731, de les actuacions, no pot ser atesa perquè es fonamenta en una prova documental, en primer lloc ja ha estat valorada per la magistrada d'instància i per què tal com és proposa es tracta més de una valoració jurídica que seria predeterminat de la decisió, - 'no superan los valores máximos permitidos'- i per tant la seva correcta ubicació hauria de ser en la valoració jurídica ( STS 19/06/89 Ar. 4811 ; 07/06/94 -r 2797/93 -; y 17/05/11 -r 147/10 -).

B.- La proposta d'addició d'un nou fet provat, quinzè, consisteix en que es digui que: ' En el año 1977, en la línea de tubos, había determinadas medidas de prevención, como extracciones localizada de polvo y equipos de protección individual respiratoria, lo que no impedía que existieran fibras de amianto en los puestos de trabajo de la línea de tubos, sin que la concentración de fibras superase el máximo establecido en la legislación vigente.'

Basa la seva pretensió en els folis 707 a 731, indicant que la transcendència ve donada perquè acredita que la concentració de fibres mai va superar el límit legal establert. Novament ha de ser desestimada la pretensió de revisió, ja que proposa és una valoració jurídica que seria predeterminant de la decisió, pel que fa a la superació del límit de la legislació vigent.

C.- La tercera pretensió de revisió consisteix en la introducció d'un nou fet provat, setzè,que digui que: 'Constan mediciones ambientales en la empresa desde el año 1978 hasta el año 1999, cuya concentración de fibras nunca superó el máximo de concentración de fibras permitido'.

Basa la pretensió revisora en els documents següents: folis 798 a 856, corresponents al document 1 de la prova documental de la part demandada, quadre de mesures de concentracions de fibres d'amiant del conjunt de la fàbrica, anys 1978 a 1996. Diu que és transcendent ja que les mesures indiquen que mai s'han superat el màxim permès de concentració de fibres.

Pel mateix motiu que la pretensió revisora abans formulada s'ha de desestimar aquesta ja que la superació o no del màxim permès per la legalitat vigent és una valoració jurídica i no un fet objectiu. Per tant tampoc es pot admetre l'addició proposada.

TERCER.El segon, tercer i quart motius del recurs, amb correcte emparament processal en l'apartat c) de l' article 191 de la Llei de Procediment Laboral , es dedica a denunciar la infracció de la normativa legal i de la jurisprudència. En primer lloc, al lega infracció per inaplicació dels articles 217-3 de la LEC , en relació als articles 92.1 , 94.1 i 97 de la LPL , 92.2 de la mateixa LPL i art. 24 CE . També al.lega la infracció dels articles 1218 i 1225 del Codi Civil , per errònia valoració de la documental pública aportada i per manca de la seva valoració en la sentència, la infracció dels articles 94.1 i 97 de la LPL, al legant que la prova documental pública i privada que consta en les actuacions, ha de ser valorada correctament, per a no causar indefensió ( art. 24 CE ). Finalment també cita l' article 1218 CC , respecte al valor de la documental pública.

Aquest motiu del recurs tampoc pot ser atès, en primer lloc, ja que els documents públics no fan prova del seu contingut sinó, com diu l' article 1218 del Codi Civil , únicament del fet que motiva l'atorgament i de data d'aquest. Per tant, els informes de les inspeccions que cita, s'han de valorar, com així ha estat, en relació al conjunt de la prova practicada. En segon lloc, consta de manera expressa la valoració de la prova documental aportada per la part demandada, ja que la sentència té en compte el conjunt de la prova practicada, i fa referència als informes de diferents organismes i serveis públics que consten de manera detallada, argumentant com s'arriba a les conclusions fàctiques que han declarat. El que pretén el recurrent en aquest motiu és que determinats informes tinguin un valor absolut respecte de la resta, cosa que no es dedueix de la normativa referida, que per tant no s'ha de considerar infringida, havent-se de reiterar el que s'ha dit abans, en el sentit que correspon a la magistrada d'instància la lliure valoració de la prova practicada i no a les parts, i per tant no és possible substituir el criteri objectiu d'aquella pel subjectiu i personal de la part recurrent. ( SSTS 11/11/09 -R 38/08 -; y 26/01/10 -R 96/09 -).

QUART.El tercer motiu del recurs, també plantejat per la via de l' article 191 c) de la LPL , al.lega la infracció, per aplicació errònia interpretació i aplicació indeguda, de l' article 1089 , 1093 , 1101 i 1902 del Codi Civil , argumentant que la sentència centra l'acció en la responsabilitat contractual, però es deixa portar per 'inèrcia' per la aplicació d'una responsabilitat objectiva i per la teoria del risc.

Concretament, nega el recurrent la relació de causalitat entre el treball i la malaltia professional del treballador, per quan mai va prestar serveis per Uralita, i per què la obligació de Uralita va néixer amb la Ordre de 21 de juny de 1982, no aplicable al demandant, ja que va deixar de prestar serveis el 20 de gener de 1968. Que el mateix fet provat novè admet que es feien reconeixements mèdics des de 1960, i que en el onzè, es diu que es reconeix que es feia una política activa de formació i de informació dels treballadors, inversions i mesures de seguretat, i que els incompliments que relaten els fets setè, vuitè i desè, són posteriors a la finalització dels serveis del demandant, i que no existeix cap acta de infracció sobre el particular. En definitiva, nega la infracció de concreta obligació de l'empresa en matèria de prevenció, que pugui recolzar una condemna a indemnització per danys i perjudicis.

Com deiem en la sentència d'aquesta Sala Social de 13 de desembre de 2011, recurs: 2094/2011 , la qüestió que s'ha de resoldre en el present recurs ha estat una qüestió controvertida i que aquesta mateixa Sala ha dictat sentències contradictòries perquè fins l'any 2.005 la doctrina majoritària era la no existència de responsabilitat empresarial per aquesta causa ( Sentències de dates 4.9.2000 , 27.1.2001 , 29.10.2002 , 3.3.2005 i 11.4.2005 (encara que en aquesta última ja hi va haver un vot particular, en el que es raonava en sentit contrari) i posteriorment aquest vot particular és adoptat majoritàriament per la Sala en les sentències de 10.11.2005 , 25.1.2006 , 21.7.2008 , 15.1.2009 , 14.4.2009 , 21.5.2009 , 24.3.2010 i 1.4.2010 , amb alguna sentència que mantenia la primera doctrina, com és la de 3.12.2009 . Això no obstant, la Sentència dictada en Sala General de data 16 d'octubre de 2.010 va decidir definitivament la doctrina en el sentit contrari a les al legacions de la recurrent, per la qual cosa a aquesta doctrina s'haurà d'estar.

Aquesta qüestió ha estat finalment resolta per la doctrina unificada del TS, que recull la sentència 5850/2012, dictada en el RCUD número 1653- 2011, en data 18 de juliol de 2012 , amb cita d'altres, quan exposa:

' Entrando en el fondo del asunto suscitado por el recurso de la empresa, la identidad sustancial del presente litigio con los que fueron resueltos por las tres sentencias antes mencionadas ( STS de 24 de enero , 1 de febreroy 18 de abril de 2012 - rcuds. 813/2011 , 1655/2011 y 1651/2011 -), nos obliga a reiterar aquella doctrina, coincidente con la seguida para otros supuestos similares en las STS de 18 de mayo de 2011 (rcud. 2621/10 ) y 16 de enero de 2012 (rcud. 4142/10 ), en relación con reclamaciones sobre recargo de prestaciones, y en las 30 de enero de 2012 (rcud. 1607/11 ) y 14 de febrero de 2012 (rcud. 2082/11 ), sobre responsabilidad por daños en empresas distintas de la aquí recurrente.

Con independencia de que no es posible negar la relación de causalidad física o material entre el trabajo de la actora relacionado con el polvo de amianto y la enfermedad profesional que le aqueja, lo que deviene objeto de discusión es determinar si de la normativa vigente durante el tiempo en el que el trabajador prestó servicios para la empresa se podía desprender la exigencia de una actuación empresarial cuyo incumplimiento pudiera llevar a considerar el daño como hecho imputable al obligado por aquellas previsiones conforme a la doctrina de la imputación adecuada y, en definitiva, si de todo ello es posible deducir la exigencia de responsabilidad que la actora reclamaba.

En relación con esta importante cuestión relativa a determinar si en la época de prestación de servicios a la empresa existía o no una normativa que exigiera de la entidad demandada introducir medidas para controlar la salud de sus trabajadores frente a los riesgos del polvo de amianto con el que trabajaban, esta Sala ha expresado claramente el contenido de las normas entonces vigentes, demostrativas de la existencia de unas reglas específicas de prevención, como las contenidas en las siguientes disposiciones:

A) La Orden 31-enero-1940, que aprobó el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 28-02-1940), en la que se contienen normas sobre el trabajo en ambientes pulvígenos. Desde dicha fecha ya se dictan normas sobre estado y ventilación de los locales de trabajo en ambientes pulvígenos, así como sobre la dotación de medios de protección individual a los trabajadores cuando no sea posible conseguir una eliminación satisfactoria de polvos u otras emanaciones nocivas para la salud. Estableciéndose, entre otros extremos, que 'El aire de los locales de trabajo y anexos se mantendrá en un grado de pureza tal que no resulte nocivo a la salud personal [...]' (art. 12.III); que 'No se permitirá el barrido ni las operaciones de limpieza de suelo, paredes y techos susceptibles de producir polvo, a cuyo objeto se sustituirán por la limpieza húmeda [...] o [...] por aspiración' (art. 19.II); que 'Los locales de trabajo en que se desprendan polvos, gases o vapores fácilmente inflamables, incómodos o nocivos para la salud, deberán reunir óptimas condiciones de cubicación, iluminación, temperatura y grado de humedad, el suelo, paredes y techos, así como las instalaciones deberán ser de materiales no atacables por los mismos y susceptibles de ser sometidos a las limpiezas y lavados convenientes' (art. 45); que 'Si fuere preciso, los trabajos se realizarán junto a campanas aspiradoras o bajo cámaras o dispositivos envolventes, lo más cerrados posibles, en comunicación con un sistema de aspiración o ventilación convenientes' (art. 46.II); así como que en orden a la protección personal de los obreros lo patronos están obligados a proporcionar, entre otros elementos, 'máscaras o caretas respiratorias, cuando por la índole de la industria o trabajo no sea posible conseguir una eliminación satisfactoria de los gases, vapores, polvos u otras emanaciones nocivas para la salud' (art. 86).

B) La Orden 7-marzo-1941 por la que se dictan normas para la prevención e indemnización de la silicosis como enfermedad profesional (BOE 18- 03-1941), que afectaba a aquellas industrias en la que se desprendía polvo mineral o metálico'por la mayor existencia en su ambiente de polvo capaz de producir afecciones neumoconiósicas, cuando el trabajo no se efectúa al aire libre o se utiliza maquinaria', entre otras, a las 'industrias en que se actúa sobre materias rocosas o minerales' y a las 'industrias metalúrgicas en las que se desprende polvo metálico' (art. 3). Entre otras normas sobre las debidas condiciones respecto a ventilación o a los locales para cambios de ropa y armarios para los mismos fines (art. 4), destaca ya la exigencia de reconocimientos médicos específicos (cavidad naso-faríngea, aparato respiratorio a efectuar mediante Rayos X, aparto cardio- vascular, fijando el diagnóstico lo más exactamente posible de las lesiones cardio-pulmonares existentes), tanto al ingreso en el trabajo, con posteriores revisiones anuales y en los casos de cese en el trabajo por despido (art. 6).

C) El Decreto de 10-enero-1947 (creador del seguro de enfermedades profesionales -BOE 21-01-1947), que deroga en parte la Orden 7-marzo- 1941, y en cuyo cuadro de enfermedades profesionales se incluye directa y expresamente la asbestosis, al definir la 'neumoconiosis (siliocosis con o sin tuberculosis, antracosis, siderosis, asbestosis, etc.) y otras enfermedades respiratorias producidas por el polvo...'relacionándola, entre otras,'con todas las industrias, minas y trabajos en que se desprenda polvo de naturaleza mineral - pétreo o metálico -, vegetal o animal, susceptible de causar enfermedad' (anexo en relación art. 2), evidenciándose el constatado riesgo de sufrir tal enfermedad profesional en dicho tipo de trabajos nocivos.

D) El Decreto de 26-julio-1957 (por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y a los menores -BOE 26-08-1957, derogado en cuanto al trabajo de las mujeres por Disposición Derogatoria Única de la Ley 31/1995, 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales), reitera el carácter nocivo de tales actividades, excluyendo a los referidos colectivos de trabajos que considera 'nocivos' (conforme se explica en su Preámbulo), incluyendo entre las actividades prohibidas el 'Asbesto, amianto (extracción, trabajo y molienda)', siendo el motivo de la prohibición el 'polvo nocivo' y centrado en los 'talleres donde se liberan polvos' (art. 2 en relación Grupo IV -trabajo de piedras y tierras), así como el 'Amianto (hilado y tejido)', siendo el motivo de la prohibición el 'polvo nocivo' y centrado en los 'talleres donde se desprenda liberación de polvos' (art. 2 en relación Grupo XI - industrias textiles).

E) El Decreto 792/1961 de 13-abril (sobre enfermedades profesionales y obra de grandes inválidos y huérfanos de fallecidos por accidentes de trabajo o enfermedad profesional -BOE 30-05-1961), en la que se incluye también como enfermedad profesional la 'asbestosis' por 'extracción, preparación, manipulación del amianto o sustancias que lo contenga. Fabricación o reparación de tejidos de amianto (trituración, cardado, hilado, tejido). Fabricación de guarniciones para frenos, material aislante de amianto o productos de fibrocemento' (art. 2 en relación con su Anexo de 'Cuadro de enfermedades profesionales y lista de trabajos con riesgo de producirlas'); estableciéndose, dentro de las 'normas de prevención de la enfermedad profesional' (arts. 17 a 23), la exigencia de 'mediciones técnicas del grado de peligrosidad o insalubridad de las industrias observado' y el que 'Todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgos de enfermedad profesional están obligadas a practicar un reconocimiento médico de sus respectivos obreros, previamente a la admisión de los mismos y a realizar los reconocimientos periódicos que ordene el Ministerio, y que serán obligados y gratuitos para el trabajador...' (art. 20.1), destacándose, por tanto, la obligación de reconocimientos médicos específicos.

F) El Decreto 2414/1961, de 30-noviembre (BOE 07-12-1961), por el que se aprueba el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, estableciéndose una concentración máxima permitida en el ambiente interior de las explotaciones industriales, que tratándose de polvo industrial en suspensión cuando consiste en amianto era de 175 millones de partículas por metro cúbico de aire (Anexo II).

G) La Orden de 12 -enero- 1963 (BOE 13-03-1963),- -dictada para dar cumplimiento al art. 17 del Decreto 792/1961 de 13-abrily el art. 39 del Reglamento de 9 -mayo- 1962 - -, donde se concretan normas sobre las 'asbestosis' y para los reconocimientos médicos previos 'al ingreso en labores con riesgo profesional asbestósico', así como la posterior obligación de reconocimientos médicos periódicos 'cada seis meses' (plazo inferior al establecido para detectar otro tipo de enfermedades profesionales) en los que específicamente deben realizarse obligatoriamente, al igual que para los trabajadores con riesgo silicósico o neumoconiósico fibrótico, una exploración roentgenológica de tórax por alguno de los procedimientos que detalla (foto- radioscopia en películas de tamaño mínimo de 70x70, radiografía normal o radioscopia).

H) La Orden de 9-marzo-1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 16 y 17- 03-1971), en la que se establece como obligación del empresario 'adoptar cuantas medidas fueran necesarias en orden a la más perfecta organización y plena eficacia de la debida prevención de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de los trabajadores al servicio de la empresa' (art. 7.2); que 'En los locales susceptibles de producir polvo, la limpieza se efectuará por medios húmedos cuando no sea peligrosa, o mediante aspiración en seco cuando el proceso productivo lo permita' (art. 32.2); que '1. Los centros de trabajo donde se fabriquen, manipulen o empleen sustancias susceptibles de producir polvos ... que especialmente pongan en peligro la salud o la vida de los trabajadores, estarán sujetos a las prescripciones que se establecen en este capítulo.- ... 3. La manipulación y almacenamiento de estas materias, si los Reglamentos de pertinente aplicación no prescriben lo contrario, se efectuará en locales o recintos aislados y por el menor número de trabajadores posible adoptando las debidas precauciones.- 4. La utilización de estas sustancias se realizará preferentemente en aparatos cerrados que impidas la salida al medio ambiente del elemento nocivo, y si esto no fuera posible, las emanaciones, nieblas, vapores y gases que produzcan se captarán por medios de aspiración en su lugar de origen para evitar su difusión.- 5. Se instalará, además, un sistema de ventilación general, eficaz, natural o artificial, que renueve el aire de estos locales constantemente' (art. 133); y que 'En los locales en que se produzcan sustancias pulvígenas perniciosas para los trabajadores, tales como polvo de sílice, partículas de cáñamo, esparto u otras materias textiles, y cualesquiera otras orgánicas o inertes, se captarán y eliminarán tales sustancias por el procedimiento más eficaz, y se dotará a los trabajadores expuestos a tal riesgo de máscaras respiratorias y protección de la cabeza, ojos o partes desnudas de la piel.- Las Ordenanzas, Reglamentos de Trabajo y Reglamentos de régimen interior desarrollarán, en cada caso, las prevenciones mínimas obligatorias sobre esta materia' (art. 136).

Hemos afirmado que, 'ante la real existencia de las disposiciones indicadas, la práctica totalidad en vigor cuando la actora prestaba servicios para la demandada, la empresa, para evitar que se le pudiera imputar responsabilidad, debió articular una prueba conducente a demostrar que había tomado medidas de seguridad específicas frente a la exposición al amianto, y nada de esto hizo pues, partiendo de la base indiscutida de que la trabajadora estuvo sometida a tal exposición (y de los hechos probados de la sentencia de instancia se concluye que, si bien la empresa puso en marcha un conjunto de medidas técnicas destinadas a analizar y reducir los riesgos derivados de la exposición de los trabajadores al amianto, ello lo llevó a cabo, cuando la actora ya había cesado, a partir de 1977 en que se emitió el mencionado Informe del Servicio de Seguridad de Higiene), de la lectura completa de la propia sentencia impugnada se desprende que existían importantes deficiencias en el cumplimiento de la normativa vigente ya entonces; sin que conste en ningún momento que tomara medidas con anterioridad a tal fecha, que es cuando prestó servicios la aquí demandante, pues, como igualmente se deduce de la sentencia en cuestión, y así lo hemos destacado en alguna de las resoluciones de la Sala antes referenciadas (TS 1-2-2012, R. 1655/11 ), no se han aportado a las actuaciones documentos que justifiquen la prevención antes de 1977, como los referidos a los sistemas de limpieza, protección personal, etc., cuando el propio Informe de 1977 destaca que en determinados puestos de trabajo había un alto grado de contaminación, sobrepasándose las dosis máximas permitidas para ocho horas de exposición diaria de 2 fibras por centímetro cúbico establecidas teniendo en cuenta el riesgo cancerígeno'.

Por ello hemos concluido que 'la existencia de una normativa que obligaba a la empresa a tomar medidas que, aun de carácter genérico en ocasiones, venían establecidas para evitar una contaminación que en aquellos momentos ya se conocía como posible, y el hecho de que la empresa no haya acreditado haberla cumplido conforme a las exigencias contenidas en tales normas, obliga a entender que la enfermedad contraída por el demandante deriva de aquel incumplimiento empresarial y por lo mismo que las consecuencias nocivas le son imputables a título de culpa a quien incumplió tal normativa, en aplicación de las previsiones contenidas en el art. 1101 del Código Civilpor cuanto, conforme a la doctrina recogida en nuestra sentencia de 30 de junio de 2010 (rcud.- 4123/2008 ) antes citada, fundada en las reglas que rigen la responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones contractuales o legales - art. 1091 CC -, la responsabilidad derivada de un incumplimiento de las normas de seguridad sólo puede ser enervada por éste demostrando que actuó con la debida diligencia, mas allá incluso de las meras exigencias reglamentarias, quedando exento de responsabilidad tan solo cuando el resultado lesivo se hubiera producido por caso fortuito o fuerza mayor conforme a lo previsto en el art. 1105 del Código Civil , en doctrina que, aun no aplicable al presente caso, ha hecho suya el legislador al incluirla en el art. 96.2 de la reciente Ley Reguladora de la Jurisdicción Laboral - Ley 36/2011, de 10 de octubre - al establecer que 'en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad'( STS 1 de febrero 2012, rcud. 1655/11 , ya citada).

Por ello hemos de llegar a la conclusión de que la empresa demandada sí que debe ser considerada responsable civil por los daños derivados de la enfermedad profesional que aqueja a la parte actora, como estableció la sentencia recurrida y ha sido informado por el Ministerio Fiscal.

CINQUÈ.Per tant, aplicant la doctrina al cas concret, es parteix d'uns fets provats que constaten que existien unes deficiències de seguretat en l'empresa Uralita (fet provat desè) constatades i incloses en l'informe tècnic de la ITSS de l'any 1977, en el que es requeria a l'empresa per tal que fossin subsanades. Entre les quals es citen les de neteja de locals i instal.lacions de forma immediata; robes de feina; eliminació de residus; control ambiental; manteniment d'extraccions localitzades; etc. Aquest informe de la ITSS, es diu en el fet provat onzè, que va donar lloc a que l'empresa activés des d'aquell moment altres mesures dirigides a reduir i eliminar risc per l'exposició a l'amiant. També es declara provat que el treballador demandant, que havia estat exposat a l'amiant per treballar en una altra empresa però en el centre de treball de Uralita a Cerdanyola (fet provat tercer) entre els anys 1945 i 1951, que pateix asbestosi amb lleugera alteració ventilatòria (fet provat cinquè) per la qual es va reconèixer el dret a una incapacitat permanent total, derivada de malaltia professional. En la data de l'exposició a l'amiant, les mesures de prevenció adoptades posteriorment per l'empresa no existien i el demandant va estar exposat a l'amiant, tal com valora la sentència. Per tant, la causalitat entre la exposició a l'amiant i la malaltia patida ha quedat perfectament acreditada, per tant, no es pot atendre tampoc el recurs en aquest punt.

Com hem dit abans, la doctrina i jurisprudència del Tribunal Suprem exposada, que valora detalladament la normativa de seguretat aplicables des dels anys 40, té en compte que les mesures estaven recollides amb caràcter genèric - en els articles 5 , 12 , 19 , 20 i 21 , i específicament en els articles 45 i 46 (per a treballs perillosos)- de l'Ordre de 31 de gener de 1940, que aprovà el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo i que va estar vigent fins l'entrada en vigor de l'Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Tenint en compte l'anterior regulació podem afirmar que l'empresa tenia una obligació de seguretat envers els seus treballadors perquè havia de portar a termes totes les mesures que calguessin amb la finalitat d'aconseguir la més perfecta organització i una eficàcia plena en la deguda prevenció dels riscos que podien afectar la vida, integritat i salut dels seus treballadors. Això vol dir que en compliment d'aquesta obligació l'empresa havia de prendre totes les mesures per tal de fer desaparèixer o reduir els riscos derivats del treball amb amiant. Ja que es declara provat que la demandada no havia fet una adequada neteja de locals i instal.lacions de forma immediata; robes de feina; eliminació de residus; control ambiental; manteniment d'extraccions localitzades; etc. (fet provat desè), ha quedat acreditat l'incompliment de normes ja exigibles de prevenció.

Per tant, també en el cas concret, la doctrina exposada és plenament aplicable al cas, i comporta que s'hagi de desestimar els motius jurídics exposats del recurs de suplicació i confirmar íntegrament la sentència de instància respecte a la responsabilitat de l'empresa i el dret a la indemnització del treballador demandant.

SISÈ. El quart motiu del recurs insisteix en la infracció de l' article 1101 del Codi Civil , en relació a l' article 1.103, i l ' article 10.9, del mateix Codi, així com l ' article 127-3 del Reial Decret Legislatiu 1/1994 , per que s'aprova la LGSS. Diu que no ha de ser aplicable el criteri de valoració de la responsabilitat relatiu als accidents de trànsit, ja que es tracta de culpa contractual i no extracontractual, oposant-se a la forma de valoració de les indemnitzacions acceptades en la sentència de instància. Cita jurisprudència relativa a la ponderació de la responsabilitat i la proporcionalitat amb el dany a reparar, entre altres, la sentència del TS de 8-04-2002 (rj 6153), indicant que la indemnització ha de ser valorada de manera prudent i atenent a la situació concreta, al dany emergent, tant material com moral i al lucre cessant concret que diu que no és el que s'ha valorat.

El recurs basa també la seva censura en les peculiaritats del cas, ja que el demandant en el moment de declarar-se la incapacitat permanent total tenia 78 anys d'edat, i al fet que la malaltia havia estat latent i asimptomàtica durant dècades. Diu que ja que el demandant tenia 78 anys quan la malaltia va aparèixer, no tenia cap activitat, i per tant no hi havia lucre cessant a indemnitzar, ja que no va ser declarat en incapacitat permanent total fins als 78 anys. Que per tant, l'únic dany a valorar seria físic i moral, i que en conseqüència la quantitat acceptable, tenint en compte altres procediments referents a treballadors de la mateixa empresa serien 25.000 euros.

Aquest motiu, ja que remet a la valoració de la quantia indemnitzable s'ha de valorar conjuntament amb el cinquè i darrer motiu del recurs, que s'oposa a la concreta aplicació del varem de la Llei de responsabilitat Civil i Assegurança de vehicles de motor, Reial Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre i les seves posteriors modificacions en la Llei 21/2007 i 18/2009. S'oposa a la aplicació de la taula III de la Resolució 31-01-2010, al considerar no provats els 40 punts de valoració i s'oposa també al factor de correcció de la Taula IV, de la resolució, per no tenir dret al mateix, ja que el treballador estava en edat de jubilació al manifestar-se la malaltia.

SISÈ.Sobre la qüestió del valor de la indemnització, el Tribunal Suprem ha assenyalat que dins de les evidents dificultats que suposa fixar una quantia en concepte d'indemnització, aquesta s'ha de calcular tenint en compte la naturalesa dels fets, el grau de culpabilitat, la dependència econòmica, les sumes ja percebudes i els criteris legals que poden servir de referència. Més concretament, s'ha dit que a manca d'una norma legal expressa en matèria laboral, la indemnització abastarà sense limitació -en principi- als danys i perjudicis que s'acreditin derivats de l'accident de treball, encara que els òrgans judicials puguin acudir analògicament a altres normes de l'ordenament jurídic que davant de determinades seqüeles o danys estableixin uns mòduls indemnitzatoris, tal com la DA vuitena de la Llei 30/1995 ( STS 2.2.98 , 17.2.99 i 7.2.3003 ). I, per últim, que la quantia de la indemnització constitueix una competència fonamental del jutge d'instància, però que es pot revisar en qualsevol alçada en els supòsits en els que les seves conclusions siguin fruit d'un error, caprici, desorbitades o evidentment injustes, per la qual cosa no superin el judici de racionalitat. Així, en la sentència de 3 de febrer de 2.009 , amb cita de les sentències anteriors de data 17 de juliol (2 ), 2 i 3 d'octubre de 2.007 i 21 i 30 de gener i 20 de setembre de 2.008 , es diu el següent:

'Los artículos 1101 y 1106 del Código Civil nos muestran que quien causa un daño a la integridad de una persona debe repararlo íntegramente, lo que supone que la norma garantiza al perjudicado la total indemnidad por el hecho lesivo. El daño tiene distintos aspectos: las lesiones físicas, las psíquicas, las secuelas que dejan unas y otras, los daños morales en toda su extensión, el daño económico emergente (como los mayores gastos a soportar por el lesionado y su familia en transportes, hospedajes, etc.) y el lucro cesante, cuya manifestación es la pérdida de ingresos de todo tipo, incluso la pérdida de las expectativas de mejora profesional. Si todos esos conceptos deben ser indemnizados y a todos ellos abarca la indemnización total concedida, es claro que la compensación de las diversas indemnizaciones debe ser efectuada entre conceptos homogéneos para una justa y equitativa reparación del daño real. Por ello, no cabrá compensar la cuantía indemnizatoria que se haya reconocido por lucro cesante o daño emergente en otra instancia, con lo reconocido por otros conceptos, como el daño moral, al fijar el monto total de la indemnización, pues solo cabe compensar lo reconocido por lucro cesante en otro proceso con lo que por ese concepto se otorga en el proceso en el que se hace la liquidación.'

En el supòsit examinat, la sentència de instància, que estima la demanda només en part, desestima expressament la compensació pel concepte de lucre cessant, atenent a la edat del perjudicat, ja que tenia 77 anys, per la qual cosa la censura jurídica en aquest punt ha de ser rebutjada, doncs es va acceptar de manera expressa la objecció de la part demandada.

Els conceptes que si són indemnitzats, es concreten en el dany moral per seqüeles físiques, d'acord amb el punt establert en la Taula III, i es fixen en 40 punts, valor 39.983,60 euros, sense aplicar el factor de correcció de la taula IV per no tenir l'actor edat laboral ni percebre ingressos del treball personal. Ja que la part no discuteix les seqüeles ni el dany moral, en aquest punt, s'ha de mantenir el criteri de la sentència. Finalment, la indemnització afegida de 30.00 euros es valora per dany emergent, atenent a les limitacions que per a la vida diària li comporta al perjudicat el patiment de la malaltia, referides a la vida domèstica, familiar, sentimental i social, tal com es raona que es va aplicar pel mateix jutjat en la sentència de 13-05-2009 , confirmada per la d'aquesta Sala en data 17-05-2011, recurs de suplicació 898-2010. Aquesta valoració també ha de ser confirmada, ja que no es valora com a desorbitada ni injusta i ha estat efectivament raonada, com en el cas anàleg, en base a unes seqüeles i limitacions que han quedat acreditades. Per tant, es desestima també aquest motiu i el recurs de suplicació.

SETÈ.La desestimació del recurs suposa, d'acord amb el que estableix l' article 233.1 de la Llei de Procediment Laboral , imposar les costes processals a la recurrent, entre les quals s'inclourà la minuta del lletrat impugnant del recurs, que la Sala fixa en la quantitat de 400 euros. Així mateix procedeix acordar la pèrdua del dipòsit i assegurament efectuats en el moment de recórrer, als quals es donarà el destí previst legalment, tal com disposa l' article 202.1 de la mateixa LPL .

Vistos els preceptes legals citats,

Fallo

Que desestimem el recurs de suplicació interposat per URALITA, S.A. contra la Sentència dictada pel Jutjat Social número 3 dels de Sabadell, en data 27 d'octubre de 2011 , en les actuacions 29/2010 A, iniciades per demanda interposada per Mario , contra l'esmentada empresa i contra FONDO DE GARANTIA SALARIAL, TRUYOLS, S.L., i HEREUS DE JOSE TRUYOLS, S.L., en reclamació d'indemnització de danys i perjudicis derivats de malaltia professional i, per tant, hem de confirmar i confirmem resolució citada.

Condemnem a la part recurrent a la pèrdua del dipòsit i de la consignació efectuades per l'empresa recurrent, quantitats a les que es donarà la destinació legal, i a que pagui les costes del recurs, que fixem en 400 euros.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social .

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social, o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l' article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , consignarà com dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el Banc Espanyol de Crèdit -BANESTO-, en l'Oficina núm 2015 situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, n° 0965 0000 66, afegint a continuació els números indicatius del recurs en aquest Tribunal.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , quan així procedeixi, s'efectuarà en el compte que aquesta Sala té obert en l'oficina bancària esmentada al paràgraf anterior, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació els números indicatius del Recurs en aquest Tribunal, i havent d'acreditar que s'ha fet efectiva al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ.Avui, la Magistrada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.