Sentencia Social Nº 5959/2006, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2816/2006 de 07 de Septiembre de 2006

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

RU

IL·LM. SR. JOSÉ QUETCUTI MIGUEL

IL·LMA. SRA. ROSA MARIA VIROLÉS PIÑOL

IL·LMA. SRA. MATILDE ARAGÓ GASSIOT

Barcelona, 7 de setembre de 2006

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats

més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 5959/2006

En el recurs de suplicació interposat per Rubén a la sentència del Jutjat Social 1 Lleida de data 30 de setembre de 2005 dictada en el procediment núm. 193/2005 en el

qual s'ha recorregut contra la part SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. MATILDE ARAGÓ GASSIOT.

Antecedentes

Primer. En data 8 de març de 2005 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Acomiadament en general, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 30 de setembre de 2005 , que contenia la decisió següent:

"Que desestimando la demanda presentada por Rubén contra SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., por despido, que se declara procedente, absolviendo a la demandada de los pedimentos deducidos en su contra, declarando convalidada la extinción del contrato de trabajo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación."

Segon. En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:

PRIMERO.- El actor ostenta antigüedad en la empresa desde el 1.9.1983. Su categoría es la de gerente, actuando en calidad de delegado de la delegación de la empresa en Lleida, siendo su máximo responsable. La empresa tiene su sede en Madrid, y en Cataluña-Baleares existe un responsable, el Sr. Benito . Su retribución en nómina es de 2.580,73 euros mensuales con prorrata. La empresa se dedica a la seguridad y cuenta con unos 1500 empleados en España (de ambas documentales, no controvertido)

SEGUNDO.- El actor ha dispuesto, proporcionados por la empresa, de vehículo automóvil, tarjeta solred y teléfono móvil. Esos elementos han sido asignados para el ejercicio profesional de su actividad, no personal, y la empresa ha satisfecho los importes correspondientes a los gastos de ellos derivados, y le ha , sido requerida la devolución al finalizar la relación laboral. El actor ha usado" también esos elementos para su uso particular, incluso en vacaciones (documental 86 a 88; testificales; el uso particular lo admite la actora y su testigo indica que siempre iba con el coche de la empresa).

TERCERO.- En fecha 16.2.2005 la empresa procede al despido del actor con efectos del día de la recepción, que se da por reproducida. La carta fue remitida por burofax depositado por la empresa el día 16.2.2005 a las 14,13 horas, y notificada al trabajador el día 22.2.2005. El día 16.2.2005 a las 14,43 horas el trabajador presenta a la empresa por fax parte de baja por IT con efectos del día 15.2.2005. Ha sido dado de alta médica el día 24.5.2005 (de ambas documentales).

CUARTO.- En fecha 4.2.2005 la empresa le había remitido al actor la comunicación obrante como documento número 4 en su ramo de prueba, que se tiene enteramente por reproducida, con la que le manifestaba, después de relatar los hechos que indica que "...se limita junto a la constatación de los hechos, a "ADVERTIRLE" por definitiva vez que estos deben ser urgentemente corregidos, con resultados tangibles dentro del 1er Cuatrimestre del año en curso o, lamentablemente se verá en la precisión de aplicar las medidas disciplinarias que sean legalmente procedentes". (documento número 4 de la empresa).

QUINTO.- La citada carta fue redactada por el Director de la empresa para Cataluña y Baleares, que fue también quien orientó los criterios de la carta de despido (de su testifical).

SEXTO.- Durante la elaboración de los presupuestos del año 2004 se incrementó el presupuesto anual de facturación de la delegación de Lleída en 800.000 euros, con una primera revisión de trayectoria en junio de 2004. Tal revisión evidenció que no se habían incrementado las ventas en forma proporcional a dicha modificación, sino que tampoco se habían alcanzado las correspondientes al presupuesto planteado Inicialmente por el actor. Finalizado el año económico, los resultados son los siguientes: Total Ingresos 1.438.318 euros; Pto. Ingresos 2.583.290 euros; año anterior: 1.631.715 euros. Resultado Delegación Lleída 38.066 euros. Pto. Resultado: 267.301 año anterior, 98.824 euros. Si a este Resultado de la delegación se lo deducen los impagados recuperados por importe de 25.991 euro el Resultado neto delegación Lleída es de 12.075 euros, con un porcentaje de rendimiento sobre facturación del 0,84%. (del informe auditor y de la testifical del controller).

SEPTIMO.- En 2002 se había realizado una auditoria de gestión de calidad en la Delegación de Lleida, con advertencia de los procedimientos a seguir. En 2003 otra de gestión de riesgos, indicándose la falta de implicación del gerente de la delegación en la prevención de riesgos. En 2004 se realizó una auditoria de gestión de calidad advirtiéndose que no están implantados los métodos de trabajo de la empresa. En 2003 se realiza el presupuesto, en el que interviene el actor. Se tienen por reproducidos y probados los resultados y gastos indirectos del año 2003 y 2004. En fecha 14.2.2005 se realiza una auditoria interna en la que se constan irregularidades en la gestión de la delegación, dándose por reproducido y probado el informe, ratificado por el Controller autor del mismo (documental de la empresa, 3 a 11 y testifical de éste).

OCTAVO.- En fecha 30.4.2003 finaliza el contrato con PULEVA. En 31.10.2003 con OHL. En 27.2.2004 se adjudica el servicio de vigilancia de la feria de Mollerusa a otra empresa, finalizando el contrato con telefónica en junio 2003 (documental de la empresa, doc. 12 a 15).

NOVENO.- En fecha 5.4.2004 y hasta 5.1.2005 se le remiten correos electrónicos al actor para que recupere los avales depositados en distintas administraciones. Durante la visita del Controller a la delegación se han encontrado avales de los años 1996 y 1999 de la Diputación de Lleida, del 2001 del lnstitut Catalá de la Salut, del año 2001 del Hospital Arnau de Vilanova, del año 2000 de la Diputación de Lleida y de 1999 del Institut de Educación Física de Catalunya, todos ellos sin recuperar por su parte, teniendo instrucciones de recuperarlos cuando finaliza el servicio. (documental de la empresa, doc. 34 a 42).

DECIMO.- En 7.2.2005 el actor es convocado a una reunión de delegados en Vic a celebrar el 10 de febrero siguiente. Se tiene por reproducidos los incrementos de tarifa acordados para 2005. El actor recibió indicaciones expresas de su director de hacer entrega a los clientes de SECURITAS de las nuevas tarifas del 2005 en el mes de enero del presente, para poder negociar con ellos personalmente la subida prevista por la firma-del convenio colectivo de este año y para los cuatro años de vigencia del mismo. A la fecha del despido se constata que habiendo revisado sus propuestas no ha cumplido las indicaciones recibidas y que no ha tarifado aún con los clientes, habiendo solamente enviado alguna tarifa nueva por correo, contraviniendo las indicaciones recibidas. Este hecho ha supuesto que retenga la facturación de enero al no tener al día las tarifas, haciendo que la Compañía pierda unos 30 días aproximadamente en el cobro a sus clientes. El actor presentó en Vic un documento informando que los incrementos acordados y aceptados por los clientes de su delegación. El actor tenia pendientes de enviar cartas los clientes comunicando los incrementos de tarifas, a fecha 14.2.2005. En las facturas de 28.2.2005 se regularizan las facturas de enero y febrero con el incremento que no se había efectuado. Tras las negociaciones posteriores se producen los incrementos de tarifas negociados en marzo 2005 por el Sr. Carlos Miguel , que era jefe de servicio, y ha actuado como gerente en funciones una vez despedido el actor (documental de la empresa, doc. 16 a 33 y testificales).

UNDECIMO.- El inmovilizado de la delegación de la que el actor es responsable no se encuentra puesto al día, con el consiguiente desajuste para las cuentas (informe de auditoria y testifical).

DUODECIMO.- En el presupuesto del año 2005 desaparece la partida dedicada a la vigilancia de los cotos, que se habían iniciado por iniciativa del actor. Recibió el actor en el mes de octubre de 2004; órdenes expresas de finalizar la actividad de los Cotos de Lleida con fecha límite de 1 de diciembre de 2004. A fecha del despido no ha cesado esta actividad, que supone una pérdida económica para la mercantil, habiendo mantenido dos hombres en este servicio de vigilancia, con cargo a la compañía, además del gasto que este servicio supone de vehículos y de alquileres de almacén, sin haber gestionado su finalización tal y como se le había indicado. De octubre a diciembre se compraron animales. En fecha 28.2.2005 se extinguen los'" contratos de trabajo de los trabajadores que realizaban el servicio en los cotos, y se resuelve el contrato de gestión de las áreas de caza en fecha 1.3.2005 (documental de la empresa, doc. 43 a 53 y testificales).

DECIMOTERCERO.- Desde el mes de agosto de 2004, se ha hecho cargo del nombramiento de varios servicios de su delegación, función que estaba en manos del Jefe de Servicios, Don. Carlos Miguel , sin autorización de su superior. Este hecho ha dado como resultado que se han abonado en contratos a tiempo parcial los excesos de la jornada pactada como pluses de puesto de trabajo ( Ej. Sr. Marco Antonio ), retocando las programaciones y justificándose abonos de conceptos atrasados y haciendo trabajar a un colectivo de vigilantes en su periodo vacacional ( unos 8 vigilantes, en el mes de febrero) (documental de la empresa, doc. 54 a 56 y testificales).

DECIMOCUARTO.- Durante el mes de agosto de 2004 relega de su función de controlar y cuadrar la caja a la Administrativa la Sra. Begoña , a pesar de haber recibido órdenes contrarias por parte de su Director, prohibiéndole expresamente hacerse cargo de la caja. Este hecho provoca anomalías en la gestión de la caja, surgiendo problemas con los arqueos. Los recibos de caja se han firmado por Doña. Begoña , excepto algunos firmados por el actor simulando la firma de aquella. Al finalizar el contrato se le requirió la devolución de 1.705,30 euros correspondiente al fondo de caja en metálico, que se efectuó (documental de la empresa, doc. 57 a 69 y testifical de Doña. Begoña )

DECIMOQUINTO.- Se interpuso la preceptiva papeleta de conciliación ante el órgano competente celebrándose el acto sin efecto. No ostenta la actora cargo representativo ni sindical.

Tercer. Contra aquesta sentència la part actora va interposar recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària, qui el va impugnar en forma . Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER. Contra la sentència que desestima la demanda i declara l'acomiadament procedent, presenta recurs la part actora que no ha estat impugnat per l'adversa dins del termini legal.

SEGON. Prescindint dels antecedents del recurrent, que no poden ser objecte del recurs ja que aquest s'ha de limitar als motius taxats del article 191 de la Llei de procediment laboral , interessa amb caràcter previ l'addicció dels dos documents que uneix al escrit de recurs de suplicació, consistents en demanda de impugnació de sanció d'amonestació escrita, que consta registrada en el Jutjat Social de Lleida en data 8 de març de 2005 i escrit demanant el proveïment de la demanda anterior al Jutjat, registrat en data 10 de novembre de 2005. Ja que la sentència es va dictar el dia 30 de setembre de 2005 i la vista oral consta que va tenir lloc el dia 21 anterior, no te el primer dels documents una data anterior al acte de judici, per la qual cosa consta que si es volia fer valdre com a prova podia ser aportada, en tractar-se de un document de part. Per altra banda, no es pot ignorar que en el fet provat quart de la sentència es fa constar l'existència de la carta de l'empresa que es impugnada en la demanda ara aportada i el fonament jurídic quart fa també referència expressa a l'existència de la demanda en qüestió no proveïda, segons manifestacions coincidents de les parts. En conseqüència, ni es pot admetre que el document primer aportat sigui de data anterior o no obtingut pel demandant abans del judici, ni el caràcter de transcendència dels dos documents que es pretenen aportar en aquesta fase processal, per tractar el seu contingut de una carta anterior de sanció ja constada i valorada pel jutge de instància, admesa també la seva impugnació, i per no tenir cap transcendència el segon escrit, dirigit al Jutjat demandant un tràmit processal consistent en la provisió de la demanda, que no afecta en absolut a aquest procediment. No reuneixen els documents els requisits dels articles 231 de la LPL en relació al article 270-1 de la LEC, (ex art. 506 antiga LEC , és a dir, que siguin de data posterior a la demanda o contestació, o en el seu cas, d'audiència prèvia al judici, sempre que no s'haguessin pogut confeccionar ni obtenir amb anterioritat als indicats moments processals; o de data posterior, quan la part que els presenti justifiqui no haver tingut abans coneixement de la seva existència o no haver-los pogut obtenir per causes que no siguin imputables a la part), en conseqüència no s'ha d'admetre la seva incorporació a les actuacions com a nou element probatori, sense que calgui, per economia processal, dictar una resolució motivada separada, atès que en el tràmit del recurs de suplicació la part demandada ha tingut ocasió d'examinar el seu contingut i valorar la seva procedència.

TERCER. Com a primer motiu, interessa el recurrent, per la via de l' article 191 a) de la Llei de procediment laboral , la nul·litat de les actuacions i la reposició al moment en què es va infringir les normes o garanties processals, al·legant la vulneració del dret a la tutela judicial efectiva i la indefensió del recurrent, causada, segons el seu criteri per no atendre la excepció de litispendència per estar en curs un procediment de impugnació de sanció, presentat amb caràcter previ al del acomiadament. Indica com a normativa vulnerada els articles 410 de la LEC, 218 de la LEC, 97.2 de la LPL en relació al 105.2 de la mateixa Llei adjectiva laboral, així com l'article 376 de la LEC .

1. Respecte a la excepció de litispendència i la infracció del article 410 de la LEC , no pot ser atesa, ja que el precepte es refereix a la data de la demanda que causa la litispendència, forçosament de data anterior a la del procés en curs. Però en el cas que ens ocupa no existeix litispendència entre la impugnació de la sanció prèvia al procés d'acomiadament, en no ser coincidents els objectes dels litigis, per la qual cosa no es dona un dels requisits essencials per tal que prosperi aquesta excepció processal, que és la identitat del objecte, tal com estableixen els articles 421 i 222 de la LEC .

2. La suposada incongruència de la sentència, al·legada també com a causa de la nul·litat, tampoc pot ser atesa, doncs no es constata la infracció dels articles 218 de la LEC i 97.2 de la LPL, que obliguen a que la sentència que es dicti sigui clara, precisa i congruent amb les demandes i demés pretensions de les parts, deduïdes oportunament en el procés i resolent tots els punts objecte del debat, conforme a les normes aplicables al cas, encara que hagin estat o no acertadament citades o al·legades pels litigants. Des del punt de vista del recurrent la incongruència de la sentència resideix en què han estat tinguts en compte altres motius d'acomiadament no inclosos en la carta, contra el que regula l' article 105.2 de la LPL , generant indefensió, però el cas es que no cita ni detalla quines són aquestes qüestions noves analitzades pel jutjador, que no es dedueixen si es posa en relació la carta d'acomiadament declarada provada amb el relat fàctic i la valoració jurídica que consta en la sentència. Cal recordar, en aquest sentit, que la incongruència -de produir-se- constitueix, com afirma reiteradament la doctrina constitucional, una vulneració del dret a la tutela judicial efectiva (entre moltes d'altres, SSTC 20/1982, 14/1984, 14/1985, 77/1986, 90/1988 , etc.). La dita doctrina defineix la incongruència com un vici processal consistent en un desajust entre el decideixo judicial i els termes en que es plantejaren les pretensions processals per les parts. Si es concedeix, en més, en menys o una cosa diferent del sol·licitat ens trobarem davant una incongruència ultra petita, citra petita o exta petita partium, respectivament. Dins la incongruència es distingeix d'altra banda l'anomenada incongruència omissiva o ex silentio, que com s'afirma a la doctrina constitucional (entre d'altres, SSTC 118/1989, 82/2001 , etc.) només té rellevància constitucional quan es deixa imprejutjada la pretensió oportunament plantejada i l'òrgan judicial no tutela els drets o interessos legítims sotmesos a la seva jurisdicció, provocant una denegació de justicia. Denegació que es comprova examinant si existeix un desajust extern entre el decideixo judicial i les pretensions de les parts, sense que sigui possible una verificació de la lògica dels arguments emprats pel jutjat per fonamentar la seva decisió. Tanmateix, però, la doctrina constitucional ha vingut continuadament posant en evidència ( SSTC 20/1982, 158/2000, 309/2000, 82/2001, 205/2001, 141/2002 , etc.), com també ho ha fet el Tribunal Europeu de Drets Humans (sentència Ruiz Torija c. Espanya i sentència Hiro Balani c. Espanya , entre d'altres), que no tota manca de resposta a les qüestions plantejades per les parts produeix una vulneració del dret a la tutela judicial efectiva. En aquests casos -s'afirma en la doctrina esmentada- no es pot estar a una resposta genèrica, sinó que és necessari ponderar les circumstàncies concurrents en cada cas per determinar, primer, si la qüestió fou suscitada realment en el moment oportú, i, en segon lloc, si el silenci de la resolució judicial representa una autèntica lesió a l' art. 24.1 CE o, pel contrari, ens trobem davant una desestimació tàcita que dóna satisfacció a les exigències de la tutela judicial efectiva. Per això, en aquests casos, s'ha de diferenciar entre allò que no deixen de ser simples al· legacions o arguments aportades per les parts en defensa de les seves pretensions i aquestes últimes en si mateix considerades. D'aquesta manera no es precís que en tots els casos es doni resposta explícita i expressa a totes elles, essent suficient, en el seu cas i en funció de les circumstàncies concurrents, amb una resposta global o genèrica, encara que s'ometin aspectes no substancial o simples al·legacions. Pel contrari, és respecte les pretensions de les parts on és exigible el màxim rigor, sense més excepció que les desestimacions tàcites, en tot cas extraordinàries. Per tot el que s'ha dit anteriorment, no es pot valorar incongruent la sentència impugnada, per la qual cosa, aquest motiu ha de ser rebutjat.

3. Finalment, respecte a la infracció de l' article 376 de la LEC (que regula la valoració de la declaració dels testimonis, establint que el jutge o tribunal establirà la seva força probatòria conforme als criteris de la sana crítica, prenent en consideració la raó de ciència que haguessin donat, les circumstàncies que en ells concorrin i, en el seu cas, les taxes formulades i els resultats de la prova que sobre aquestes s'haguessin practicat) no es pot admetre la al·legació de indefensió que s'al·lega doncs la seva valoració de què tenien interès directe o indirecte en el plet i avalessin el resultat obtingut apareix com a merament subjectiva, sense cap element de suport, i per altra banda, la valoració d'aquesta prova correspon íntegrament al magistrat de instància, sense que es pugui introduir per la via de la pretensió de nul·litat un limitació d'aquesta facultat judicial. Cal posar de relleu que el present recurs de Suplicació no té la naturalesa de l'apel·lació ni de segona instància, - Sentències del Tribunal Constitucional 18/1993, 294/1993 i 93/1997 - sinó que és de naturalesa extraordinària, gairebé casacional, en el qual el Tribunal "ad quem" no pot valorar "ex novo" tota la prova practicada a les actuacions. Naturalesa que es basa en l' article 191 de la Llei de Procediment Laboral , la regulació del qual evidencia que per al legislador és el jutge d'instància, que és el que té un coneixement directe de l'assumpte, a qui correspon apreciar els elements de convicció, concepte més ampli que el de mitjans de prova, en incloure també la conducta de les parts en el judici, per establir la veritat processal intentant que s'apropi al màxim a la veritat real, valorant, en consciència i segons les regles de la sana crítica ( Sentència del Tribunal Constitucional de 17 d'octubre de 1994 ), la prova practicada a les actuacions d'acord amb les àmplies facultats que amb aquesta finalitat li atorga l' article 97.2 de la Llei de Procediment Laboral . I aquesta atribució de la competència per valorar la prova del Magistrat "a quo" és precisament la que determina que el Tribunal Superior s'ha de limitar, normalment, a efectuar només un control de la legalitat de la sentència, i tant sols excepcionalment pugui revisar les seves conclusions de fet, precisament quan d'algun document o prova pericial invocada pel recurrent es posi de manifest, de manera inqüestionable, l'errada del Jutge "a quo", refusant-se tota possibilitat de revisió de la prova dels testimonis i de la confessió judicial, així com dels possibles arguments i les interpretacions més o menys lògiques del recurrent valorant la prova realitzada (en aquest sentit, cal fer referència a les sentències del Tribunal Suprem de dates 17 d'octubre de 1990 i 13 de desembre de 1990 ), fins el punt que s'hagi dit que la certesa de l'error exclou tota situació dubtosa, de manera que si la part recurrent no al·lega un medi idoni per la revisió i no acredita molt clarament l'errada en la valoració de la prova per part del Jutge, ens trobarem davant d'un intent interessat i inútil de substituir el criteri judicial objectiu pel subjectiu de la pròpia part.

QUART. El recurs demana com a segon motiu, al empara de l' article 191 b) de la LPL, la revisió dels fets provats segon i cinquè de la sentència i la supressió dels fets provats sisè a novè, onzè, tretzè i catorzè, indicant que el desè està prescrit.

En primer lloc, s'ha de tenir present als dits efectes que conforme constant doctrina jurisprudencial per a que prosperi aquesta causa de suplicació, en base al caràcter extraordinari d'aquest recurs, és necessària la concurrència dels següents elements:

a) l'existència d'un error en el jutjador en la valoració de la prova, de forma clara i palesa, no basat en conjectures o raonaments;

b) que aquest error es basi en documents o perícies obrants en les actuacions que ho posin en evidència;

c) que el recurrent assenyali els paràgrafs a modificar, tot proposant una redacció alternativa que concreti la seva pretensió revisoria;

d) que els resultats que es postulen, encara que es basin en els dits mitjans de prova, no quedin desvirtuats per altres proves practicades al llarg del judici, atès que en cas de contracció ha de prevaler el criteri del jutge d'instància, en tant que la llei li reserva la funció de valoració de les proves; i

e) que les modificacions sol·licitades siguin rellevants i transcendents per a la resolució de les qüestions plantejades.

Aplicant els criteris esmentats al cas concret, s'ha d'examinar la primera modificació del fet provat segon, en el qual proposa afegir el text literal següent:

"El valor correspondiente a la utilización del vehículo, teléfono movil y tarjetas sería en su caso de 800 euros mensuales, a efectos de remuneración en especie".

Amb l'examen dels documents de contrast que proposa el demandant, folis 35, 86 a 278, resulta que corresponen a la carta interessant la devolució d'efectes (tarjeta solred i vehicle CGL 5812 CGL, entre d'altres) i diner efectiu de la companyia, la carta de l'acomiadament, informe d'auditoria de l'empresa, pressupostos, fulls d'horaris, fulls de salaris, fins que en els 255 al 266, es reflecteixen les operacions realitzades amb tarja per compte del vehicle matla. 5812 CGL, constant un valor de mitjana de 189,94 euros, en els 12 comprovants mensuals aportats. En els folis 267 a 278 es troba el rebut mensual de telèfon mòbil, en el qual consta una despesa mitjana de 142,25 euros, en el període acreditat de 12 mesos.

De l'examen dels folis citats es pot deduir que la despesa mitjana acreditada pel telèfon mòbil i el vehicle, que la sentència dona per provat que usava el demandant, seria de 332,19 euros i no la quantitat interessada pel recurrent. Ja que aquest element ha de integrar el relat fàctic, a banda de la valoració jurídica que es pugui fer de la consideració o no de salari en espècie, de les despeses a càrrec de l'empresa declarades provades, s'ha d'afegir la modificació interessada pel recurrent, de forma parcial, és a dir, amb el contingut següent, al fet provat segon de la sentència:

"El valor correspondiente a la utilización del vehículo, teléfono movil y tarjetas sería en su caso de 332,19 euros mensuales, a efectos de remuneración en especie"

A diferència del cas anterior, els altres motius de revisió de fets provats no poden ser acollits, ja que pel que fa a la manifestació que vol afegir al cinquè (la intenció del Director amb la carta d'amonestació era que el demandant canvies d'actitud) no és transcendent, i la resta es plantegen com a revisió de la valoració judicial basada en l'exercici de la seva exclusiva competència en l'anàlisi de les proves practicades, testificals i de confessió, tal com es raona en els fonaments jurídics, que com abans ja s'ha indicat no poden ser revisades per aquesta Sala Social, per excedir el que legalment es disposa com a contingut del recurs de suplicació.

CINQUÈ. El tercer motiu del recurs, per la via de l' article 191 c) de la LPL , d'examen de les infraccions de normes substantives o de la jurisprudència, al·lega la infracció dels preceptes que es detallen a continuació:

1. Infracció per inaplicació del principi general del dret "non bis in idem", indicant que es va sancionar dues vegades els mateixos fets.

Aquest principi, aplicat reiteradament per la doctrina jurisprudencial continguda en les sentències del TS de 15-12-82 i 22-09-88 i les dels TSJ, per citar algunes les de:

TSJ Castilla La Mancha de 29-09-2005 RJ 2005262437 :

" el principio " non bis in idem " comprendido en el principio de legalidad consagrado en el art. 25.1º CE , desde el momento que no se sanciona una reincidencia con ocasión de un nuevo incumplimiento, sino que se impone el despido por infracciones que ya fueron sancionadas anteriormente. En este sentido las SSTS 12/12/89 y 22/9/88 indicando esta última que la facultad sancionadora dentro del poder de dirección empresarial cuando se ejercita a través de una voluntad regular y válidamente emitida, produce desde la recepción por el destinatario, unos efectos jurídicos que vinculan a su autor, creando un límite punitivo que impide a la empresa volver a sancionar los mismos hechos con una sanción más grave y ello sin perjuicio de que el trabajador pueda impugnar la sanción ante el órgano jurisdiccional competente."

TSJ C Valenciana de data 1-03-2005, RJ 6332005 :

"Como ha tenido ocasión de declarar la Sala -Sentencia de 1 de junio de 2000 ( JUR 2000, 282494) , Rec. núm. 438/2000 - el principio general del Derecho, reconocido como " non bis in idem" supone que no recaiga duplicidad de sanciones (sobretodo cuando pueden ser aplicadas por distintas entidades con potestad sancionadora), en los casos en que se aprecie la identidad de sujeto, hecho y fundamento, y aunque no se encuentra expresamente recogido en los arts. 14 a 30 de la Constitución ( RCL 1978, 2836 ) es entendido como íntimamente unido a los principios de legalidad y de tipicidad de las infracciones. La posibilidad de su infracción deriva, bien de la duplicidad de sanciones en ámbitos distintos (por ejemplo administrativo y penal, cuando no existe autorización para ejercer la doble potestad sancionadora) o bien dentro del mismo ámbito disciplinario, lo que obliga a analizar si en el caso concreto la aplicación concreta de la norma integra el supuesto de la doble infracción. Y en éste supuesto lo cierto es que la única interpretación acorde a los principios de legalidad y tipicidad con respecto a la aplicación de la reincidencia, supone que se produce con la comisión de la infracción que conlleva la valoración de las conductas infractoras anteriores, pero siempre y cuando no sea ésta última ya sancionada antes."

Atès que tal com valora el jutge de instància, la comunicació impugnada pel demandant en una demanda anterior tenia un contingut d'advertiment que no de sanció, requerint al demandant que modifiqués una conducta, després de la qual se li va requerir novament una revisió de indicacions als clients abans de la reunió de delegats, (fets provats cinquè, desè), en la que es constata que no es va complir la directriu empresarial, no pot ser admesa la infracció del indicat precepte legal, per no haver-se justificat ni la doble sanció ni la identitat de fet en la qual es basaria, tal com raona el jutge de instància en el fonament jurídic quart, que ha de ser confirmat en tots els seus punts.

2. Reitera el recurrent també la al·legació de prescripció de les faltes, amb cita de l' article 60.2 del ET , qüestió resolta també acertadament per la sentència impugnada, ja que tal com es raona, la data d'inici del còmput de la prescripció de la falta ha de ser aquella en què l'empresa ha pogut tenir coneixement cabal, ple i exacte dels fets, i la companyia demandada no té aquest coneixement fins al moment en què evidencia els resultats de l'auditoria interna, que segons el fet provat setè, és en data 14-02-05, mentre que la carta d'acomiadament és de data 16 del mateix mes i any, sense que entre el moment en què l'empresa disposa de proves clares de la infracció que vol imputar al actor i es lliura la carta hagin transcorregut els 60 dies a partir de quan l'empresa va tenir coneixement de la seva comissió, segons disposa l' article 60-2 al.legat pel recurrent .

Cal citar en aquest sentit la jurisprudència, que s'aplica, sintetitzada en la sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem de data 11-10-05 (RJ 20058007 ), que indica: "TERCERO Esta Sala ha dictado numerosas sentencias interpretativas del mandato que hoy contiene el art. 60-2 del ET ( RCL 1995, 997 ) , las cuales constituyen un sólido cuerpo de doctrina que obviamente se ha de seguir y aplicar en la solución de la problemática que se plantea en el presente recurso. Son sentencias que recogen y expresan esta doctrina las de 25 de julio del 2002 ( RJ 2002, 9526) (Rec. 3931/2001), 27 de noviembre del 2001 (Rec 260/2001), 31 de enero del 2001 ( RJ 2001, 2136) (Rec. 148/2000), 18 de diciembre del 2000 ( RJ 2001, 821) (Rec. 2324/99), 14 de febrero de 1997 ( RJ 1997, 1348) (Rec. 1422/06), 22 de mayo de 1996 ( RJ 1996, 4607) (Rec. 2379/1995), 26 de diciembre de 1995 ( RJ 1995, 9845) (Rec. 1854/95), 29 de septiembre de 1995 ( RJ 1995, 6925) (Rec. 808/95, 15 de abril de 1994 ( RJ 1994, 3243) (Rec. 878/93), 3 de noviembre de 1993 ( RJ 1993, 8536) (Rec. 2276/91), 24 de septiembre de 1992 ( RJ 1992, 6809) (Rec. 2415/91) y 26 de mayo de 1992 ( RJ 1992, 3608) (Rec. 1615/91 ), entre otras.

Esta doctrina ha establecido los siguientes criterios: 1).- En los supuestos de despidos por transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza, "la fecha en que se inicia el plazo de prescripción establecido en el artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores no es aquella en que la empresa tiene un conocimiento superficial, genérico o indiciario de las faltas cometidas, sino que, cuando la naturaleza de los hechos lo requiera, ésta se debe fijar en el día en que la empresa tenga un conocimiento cabal, pleno y exacto de los mismos" ( sentencias de 25 de julio del 2002, 27 de noviembre y 31 de enero del 2001, 18 de diciembre del 2000, 22 de mayo de 1996, 26 de diciembre de 1995, 15 de abril de 1994, 3 de noviembre de 1993, y 24 de septiembre y 26 de mayo de 1992 ); 2).- Se ha de entender que ese conocimiento cabal y exacto lo tiene o adquiere la empresa, cuando el mismo llega a un órgano de la misma dotado de facultades sancionadoras o inspectoras ( sentencias de 25 de julio del 2002, 31 de enero del 2001, 26 de diciembre de 1995 y 24 de noviembre de 1989 ); 3).- En los supuestos en los actos transgresores de la buena fe contractual se cometen por el trabajador de modo fraudulento o con ocultación, eludiendo los posibles controles del empresario, debe tenerse en cuenta que tal ocultación "no requiere ineludiblemente actos positivos, basta para que no empiece a computarse la prescripción, que el cargo que desempeña el infractor obligue a la vigilancia y denuncia de la falta cometida, pues en este supuesto, el estar de modo continuo gozando de una confianza especial de la empresa, que sirve para la ocultación de la propia falta, es una falta continua de lealtad que impide mientras perdura que se inicie el computo de la prescripción " ( sentencias de 25 de julio del 2002 y 29 de septiembre de 1995 ).

3. Finalment, el darrer motiu de infracció jurídica, consistent en la inaplicació del article 58.2 del ET , dret a impugnar judicialment una sanció de l'empresa, en relació al article 24 de la CE , que empara el dret a la tutela judicial efectiva, tampoc pot ser ates, ja que reitera la qüestió plantejada en el primer motiu del recurs, consistent en fer dependre el resultat d'aquest litigi del anterior procediment iniciat per sanció, que no va ser jutjat amb anterioritat, en el qual s'oposava el demandant a la carta d'advertiment de l'empresa. Reiteració que no pot comportar altre cosa que fer decaure el motiu pels mateixos fonaments jurídics abans exposats, ja que no existeix litispendència quan el resultat del primer litigi no donaria lloc a la cosa jutjada material, per tractar el fons de un altre objecte.

SISÈ. De la valoració anterior i ja que el demandant no s'oposa per cap motiu jurídic al fons de la qualificació de la falta ni a la sanció aplicada, ha de ser desestimat el recurs i confirmada la sentència impugnada que desestima la demanda declarant la procedència de l'acomiadament, amb la salvetat d'afegir al fet provat segon el redactat que ha estat incorporat anteriorment.

Atesos els preceptes legals citats,

Fallo

Que estimem en part el recurs de suplicació interposat pel demandant Rubén contra la sentència dictada pel jutjat social 1 de Lleida en data 30 de setembre 2005 , recaiguda en les actuacions 193-05, en virtut de demanda deduïda per l'esmentat Sr. contra SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., en reclamació per acomiadament, en l'únic punt d'afegir al fet provat segon la redacció indicada en el fonament jurídic quart, i confirmem en tota la resta els fets i fonaments jurídics de la sentència impugnada.

Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de cassació per a la unificació de doctrina, que s'ha de preparar en aquesta Sala en els deu dies següents a la notificació, amb els requisits previstos als números 2 i 3 de l'article 219 de la Llei de procediment laboral .

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ. Avui, el/la Magistrat/ada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.