Sentencia Social Nº 6222/...re de 2006

Última revisión
20/09/2006

Sentencia Social Nº 6222/2006, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7166/2005 de 20 de Septiembre de 2006

nuevo

GPT Iberley IA

Copiloto jurídico

Relacionados:

Tiempo de lectura: 21 min

Orden: Social

Fecha: 20 de Septiembre de 2006

Tribunal: TSJ Cataluña

Ponente: FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO

Nº de sentencia: 6222/2006

Núm. Cendoj: 08019340012006108177

Núm. Ecli: ES:TSJCAT:2006:13538


Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

MDT

IL·LM. SR. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ BURRIEL

IL·LM. SR. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ

IL·LM. SR. FRANCISCO ANDRÉS VALLE MUÑOZ

Barcelona, 20 de setembre de 2006

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats

més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 6222/2006

En el recurs de suplicació interposat per Banco Santander Central Hispano, S.A. a la sentència del Jutjat Social 33 Barcelona de data 17 de juny de 2005 dictada en el procediment núm. 156/2004 en

el qual s'ha recorregut contra la part Santiago y otros, ha actuat com a ponent Il·lm. Sr. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ.

Antecedentes

Primer. En data 08.03.04 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Reclamacio drets contracte treball, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 17 de juny de 2005 , que contenia la decisió següent:

"Apreciando de oficio la excepción de cosa juzgada respecto a la pretensión declarativa postulada y estimando íntegramente la demanda interpuesta, respecto a la pretensión económica, por D. Santiago , D. Imanol , D. Adolfo , D. Víctor , Dª Victoria , D. Humberto , Dª María Inmaculada , Dª Begoña , D. Armando , D. Luis Francisco , D. Millán , Dª Lourdes , Dª Raquel , D. Fermín , D. Pedro Enrique , D. Jose Ramón , D. Ismael , D. Benito , Dª Ángela , Dª Dolores , D. Jesús Ángel , Dª Leticia , D. Silvio y Dª Trinidad contra BANCO DE SANTANDER CENTRAL HISPANO SA en reclamación por cantidad, condeno a la demandada a abonar a los actores, por los conceptos de la demanda, las cantidades que se indicarán, correspondientes al período enero de 2002 a diciembre de 2003 para cada uno de los actores:

D. Santiago 5.451,52 euros

D. Imanol .4.788,96 euros

D. Adolfo 5.345,38 euros

D. Víctor 5.464,59 euros

Dª. Victoria 5.464,59 euros

D. Humberto 6.146,60 euros

Dª. María Inmaculada 5.239,21 euros

Dª. Begoña 5.239,21 euros

D. Armando 4.682,80 euros

D. Luis Francisco 4.788,96 euros

D. Millán 7.807,65 euros

Dª. Lourdes 5.345,38 euros

Dª. Raquel 5.451,52 euros

D. Fermín 5.913,95 euros

D. Pedro Enrique 6.905,53 euros

D. Jose Ramón 5.913,95 euros

D. Ismael 7.871,59 euros

D. Benito 4.997,73 euros

Dª. Ángela 6.039,19 euros

Dª. Dolores 5.464,59 euros

D. Jesús Ángel 4.605,82 euros

Dª. Leticia .5.451,52 euros

D. Silvio 4.811,09 euros

Dª. Trinidad 5.889,20 euros "

Segon. En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:

PRIMERO.- Los actores, cuyos datos personales se especifican en la demanda, ostentan las condiciones laborales que se hacen constar en el hecho primero de las mismas, que no han sido controvertidas. Pasaron a formar parte de la entidad demandada tras la fusión por absorción del Banco Central Hispano Americano por el Banco de Santander (folios 61 a 69).

SEGUNDO.- Los demandantes cesaron en el servicio activo para la empresa suspendiendo su relación laboral, en el período comprendido entre los meses de enero y mayo de 1999, acordando a su cese las condiciones de la prejubilación ofertada por la entidad hasta que tuviera efectos la Jubilación por el Régimen General de la Seguridad Social, figurando en los respectivos acuerdos su derecho a percibir durante aquella situación el valor equivalente a la remuneración salarial íntegra a que tenían derecho en el momento en que cesaron en su prestación de servicios.

TERCERO.- El importe bruto anual del salario de los actores estaba constituido por 16,25 pagas, 12 pagas ordinarias, 2 extraordinarias de Julio y Diciembre, ¥2 paga de productividad de septiembre y 1 paga y % de Participación de Beneficios, que se abonan r una en Diciembre y los % en el mes de Marzo del año siguiente.

CUARTO.- En el Boletín Oficial del Estado de 26-11-99 fue publicado el XVIII Convenio de la Banca Privada, aprobado por resolución de 5-11-99, que estableció en su artículo 18 el incremento de dos pagas extraordinarias más por beneficios para ese año. Estableció que se consideraría devengada a 31 de diciembre de cada año y se haría efectiva en la cuantía de una paga completa en diciembre de 1999, 2000, 2001 y 2002, haciéndose efectivo el exceso que sobre dicha cuantía pudiera corresponder dentro del primer semestre del ejercicio siguiente.

QUINTO.- En el mes de marzo de 2000 la empresa comunicó a todos los trabajadores de la entidad el abono de la participación en beneficios correspondiente al año 1.999, consistente en quince cuartos de pagas, las cuales se abonaron a los demandantes, en proporción al tiempo que estuvieron en activo en ese año y no integraron el salario regulador tenido en cuenta en el convenio de prejubilación.

SEXTO.- Los actores interpusieron demanda interesando el incremento del salario pensionable con la cuantía de las dos pagas en su importe íntegro (y no en la parte proporcional percibida), estimando el Juzgado de lo Social n° 2 de Barcelona su pretensión, reconociendo el derecho a percibir su "salario a efectos de la prejubilación" en la cuantía individualmente detallada en la parte dispositiva de dicha sentencia, detalle que se da aquí por íntegramente reproducido (folios 423 a 429).

SÉPTIMO.- Interpuesto recurso frente a la Sentencia de instancia, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó Sentencia en fecha 2 de marzo de 1004 confirmándola íntegramente (folios 430 a 436), que fue recurrida por la demandada ante la Sala Social del Tribunal Supremo, que por Auto dictado en fecha , declaró la inadmisión del recurso por Auto de 20 de diciembre de 2004 (folios 437 a 441).

OCTAVO.- La entidad demandada ha interpuesto recurso de amparo en fecha 18.2.05 ante el Tribunal Constitucional frente al Auto dictado por el Tribunal Supremo (folios 500 a 508).

NOVENO.- Reclaman los actores las cantidades derivadas del derecho que tienen reconocido por Sentencia firme del Juzgado de lo Social n° 2 de Barcelona, en razón del salario pensionable reconocido en dicha sentencia, con efectos desde enero de 2002 hasta diciembre de 2003 , ambos inclusive (aunque erróneamente en la demanda se indique enero de 2004, dicho mes no ha sido computado), por un importe total que cuantifican en anexo a la demanda en las siguientes cantidades para cada uno de los actores, que no han sido discutidas:

D. Santiago 5.451,52 euros

D. Imanol .4.788,96 euros

D. Adolfo 5.345,38 euros

D. Víctor 5.464,59 euros

Dª. Victoria 5.464,59 euros

D. Humberto 6.146,60 euros

Dª. María Inmaculada 5.239,21 euros

Dª. Begoña 5.239,21 euros

D. Armando 4.682,80 euros

D. Luis Francisco 4.788,96 euros

D. Millán 7.807,65 euros

Dª. Lourdes 5.345,38 euros

Dª. Raquel 5.451,52 euros

D. Fermín 5.913,95 euros

D. Pedro Enrique 6.905,53 euros

D. Jose Ramón 5.913,95 euros

D. Ismael 7.871,59 euros

D. Benito 4.997,73 euros

Dª. Ángela 6.039,19 euros

Dª. Dolores 5.464,59 euros

D. Jesús Ángel 4.605,82 euros

Dª. Leticia .5.451,52 euros

D. Silvio 4.811,09 euros

Dª. Trinidad 5.889,20 euros

DÉCIMO.- Por sentencia del JS n° 19 de Barcelona de fecha 26.4.05 se ha estimado demanda de los actores, idéntica a la presente, pero correspondiente al período de enero de 2004 a enero de 2005 (folio 459 a 468).

UNDÉCIMO.- Los demandantes promovieron papeleta de conciliación en reconocimiento de derecho y cantidad ante la Secció de Conciliacions Individuals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya el 12.2.04, intentándose el preceptivo acto de conciliación el 2.3.04, que resultó intentado sin avenencia.

DUODÉCIMO.- Los actores, a través de su abogado y representante, ya reclamaron mediante carta el pago de las diferencias ahora reclamadas en fecha 27.2.03 (folio 422).

Tercer. Contra aquesta sentència la part demandada va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària que el va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER. La sentència d'instància ha estimat la pretensió dels demandants de que se li abonessin les diferències derivades de la participació en beneficis derivades de la fusió bancària en l'assignació econòmica pactada en el moment en què es suspengué el contracte per passar els treballadors a la situació de prejubilats.

Contra el dit pronunciament s'alça ara en suplicació la mercantil demandada. Val a dir que en la present litis els demandants havien interposats prèvies demandes, pel mateix concepte per bé que respecte altres períodes, que foren estimades a la instància i per la Sala, sense que el recurs de cassació per a la unificació de doctrina fos admès pel TS. S'ha interposat al respecte recurs d'empara, pendent de resolució. Pel dit motiu fou al·legada litispendència a la vista oral, que ha estat rebutjada pel magistrat d'instància.

Cal constatar, en aquest sentit, que ens trobem davant un plet més dels què ha donat lloc el procés de prejubilació del Banco Central Hispano i la interpretació que dels diferents pactes en seu d'autonomia col·lectiva s'assoliren en aquells moments en relació l'entrada en vigor del Conveni sectorial d'aquella mateix any, abonant-se per l'empresa complements de compensació per tal d'unificar les condicions retributives dels assalariats en actius i amb efectes del any 1999 en concepte de participació en beneficis a través de deus pagues addicionals. Aquest fet significà que els dits prejubilats reclamessin el seu dret a percebre les corresponents diferències en vers l'assignació econòmica periòdica pactada en el seu dia en seu d'autonomia individual, en entendre que les condicions aplicables a la seva compensació per suspensió contractual en la referida situació es derivaven d'aquell període temporal, més enllà de l'efectiu pagament puntual i de tracte únic d'endarreriments.

Així, el procés de reestructuració del Banco Central Hispano al 1999, en el què s'adoptaren entre altres mesures el passi a la prejubilació de diferents treballadors, comportà dubtes doctrinals en relació a la situació derivada de la posterior fusió amb el Banco de Santander (d'on sorgí l'entitat financera demandada), i, especialment, en relació a l'entrada en vigor del Conveni sectorial d'aquella mateix any, abonant-se per l'empresa complements de compensació per tal d'unificar les condicions retributives dels assalariats en actius i amb efectes del any 1999 en concepte de participació en beneficis a través de deus pagues addicionals. Aquest fet significà que els dits prejubilats reclamessin el seu dret a percebre les corresponents diferències en vers l'assignació econòmica periòdica pactada en el seu dia en seu d'autonomia individual, en entendre que les condicions aplicables a la seva compensació per suspensió contractual en la referida situació es derivaven d'aquell període temporal, més enllà de l'efectiu pagament puntual i de tracte únic d'endarreriments.

L'allau de demandes donà lloc a una doctrina de suplicació contradictòria. Aquesta mateixa Sala considerà en varis pronunciaments (entre d'altres, les nostres Sentències de 27.01.2003, 07.03.2003, 27.03.2003, 27.06.2003, 14.07.2003, etc ) que el col·lectiu de prejubilats no tenia dret a l'aplicació de la dita compensació . No fou, tanmateix, aquest el criteri seguit per alguns Tribunals Superiors de Justícia, el què comportà que s'acabés dictant doctrina unificadora, com es pot veure, entre moltes d'altres, en les SSTS UD de 09.07.2003, 10.07.2003, 26.12.2003, 29.06.2004,.13.10.2004 .

La sentència d'instància és atacada en el recurs per dos diferents motius que s'articulen tots ells per la via de l'apartat c) de l' art. 191 TRLPL .

SEGON. En el primer d'ells es denuncia la infracció dels arts. 1252 CC (tot i estar derogat) i l' art. 416.2 LEC -pel 410 i següents en relació als arts. 207 i especialment 222- LEC , per entendre que en la present litis s'hauria d'haver apreciat l'excepció de litispendència -pels motius ja exposats- i que, alhora, no hauria d'haver-se aplicat a la instància el principi de cosa jutjada respecte el fons de l'assumpte.

La Sala ha de rebutjar ambdós motius.

En efecte, no podem acceptar que existeixi un vici de litispendència entre una sentència que ha resultat ferma en seu jurisdiccional, tot i trobar-se actualment en tramitació d'empara, i la present.

Escau recordar, en aquest sentit, que el Tribunal Constitucional no és en puritat un organisme jurisdiccional, essent les seves atribucions constitucionals diferents als dels òrgans judicials. La tasca del TC consisteix, entre moltes d'altres, en realitzar un judici de constitucionalitat de l'actuació dels poders públics -entre ells els judicials-, però en cap cas li pertoca la interpretació de lleis o normes. Això determina que no pugui invocar-se la litispendència, atès que l'àmbit d'actuació jurisdiccional ha finalitzat amb la desestimació del recurs de cassació per a la unificació de la doctrina. Una altra cosa molt diferent és que es pugui invocar una possible prejudicialitat. Tanmateix, però, hem de recordar que ex arts. 4 i 86 TRLPL aquesta excepció té evidents límits en l'àmbit social que no són aquí aplicables (com s'indica, entre d'altres, en les SSTS UD 28.01.1993 i 19.07.1993 ). Cal fer esment, d'altra banda, que el plantejament d'un recurs d'empara no limita el caràcter executiu de les sentències judicials, ex art. 56 LOTC

No existeix, en conseqüència, cap impossibilitat per al cabdal coneixement del fons de l'assumpte pels organismes judicials per la interposició d'una recurs d'empara, atès que el pronunciament anterior -tot i no limitar-se al període aquí discutit- ha esdevingut ferm.

D'altra banda, tampoc podem considerar que en el present cas s'hagi infringit el principi de cosa jutjada. Tot i que el raonament de la instància és tangencial en aquest sentit, hem de recalcar que les diferències atenyents al fons de l'assumpte es limiten en el present cas al període discutit. En altres paraules: el fons de l'assumpte, pel que fa al dret dels demandant ha estat ja determinat en sentència ferma, de tal manera que aquí la única diferència rau -respecte al pronunciament anterior- en la determinació del període que es discuteix.

Certament no pot parlar-se d'identitat d'objecte. Tanmateix, però, hem de recordar que la més recent doctrina -especialment després de l'entrada en vigor de la LEC- ve defugint una hermeùtica restrictiva al respecte.

La "més perfecta identitat" referida -que contemplava el derogat art. 1252 CC - ha comportat, així, que la doctrina cassacional tradicional hagi rebutjat l'aplicació de la cosa jutjada de no donar-se aquesta absoluta similitud (com es pot veure, per exemple, en les SSTS 30.06.1987 o la més recent de 03.04.2001). Ara bé, no cal oblidar que la dita interpretació rígida ha trobat excepcions en la pròpia doctrina unificada, en casos concrets d'aplicació de l'efecte positiu de cosa jutjada; així, per exemple, pel que fa a procediments declaratius d'existència de responsabilitat solidària en grups d'empresa, respecte a actuacions posteriors, sempre que es doni la identitat subjectiva, que es contempla en la coneguda i important sentència TS 29.05.1995 ; o en la sentència de 26.12.2000, que determina l'efecte positiu de cosa jutjada d'una sentència ferma d'acomiadament i extinció sobre un procediment posterior relatiu a l'alta d'ofici. O en l'encara més recent STS UD 14.04.2005, en la què es determina l'eficàcia de cosa jutjada respecte la declaració de contingència en incapacitat temporal i el posterior procediment d'incapacitat permanent.

Amb tot, el canvi més substantiu en la matèria ha vingut de la mà del redactat de l' art. 222 de la LEC 2000 , atès que el seu apartat primer suavitza en forma clara l'anterior del Codi Civil i, molt especialment, tenint present que en el seu apartat quart amplia l'aplicació de l'analitzada institució als processos posteriors que "apareguin com conseqüència lògica" de l'objecte dels anteriors, sempre que existeixi identitat subjectiva.

Aquesta línia "flexibilitzadora" o menys rígida -que comparteix la Sala- és cada cop més necessària atesa l'evident complexitat d'assumptes en el marc laboral, així com l'encadenament de conflictes amb elements coincidents que es produeix en els darrers anys, per la pròpia evolució del iuslaboralisme, com a símptoma de la seva maduresa. D'aquesta manera amb la generalització de l'efecte positiu de la cosa jutjada -i per tant, de litispendència- s'eviten clars conflictes d'aplicació i/o interpretació de dos pronunciaments judicials sobre qüestions processals diferents, però que aborden un determinat aspecte comú, connex o derivat en forma contradictòria, el què és contrari al dret de tutela judicial efectiva, ex art. 24.1 CE (entre d'altres, SSTC 24/1984, 171/1991, 219/2000 i 151/2001 ).

En aquesta línia, la més recent doctrina del Tribunal Suprem en la matèria ha afirmat (per totes, SSTS 21.12.2000 ó 17.09.2002 ) que "la excepción de litispendencia tiene por finalidad impedir que puedan producirse resoluciones contradictorias sobre unos mismos hechos de seguirse, simultáneamente, dos causas para enjuiciar la misma pretensión. Así entendida la excepción no puede producir indefensión, pues recaerá una resolución judicial que dará respuesta a las pretensiones deducidas. Pero, si éstas no son las mismas, el primer litigio no puede enervar la tramitación del segundo, pues, caso contrario, quedarían sin resolver las acciones ejercitadas en el postrero"

Cal concloure, en aquest sentit, que en cap moment pot afirmar-se que la sentència d'instància infringeixi la norma invocada, atès que -com hem dit- els previs pronunciaments havien abordat el fons de l'assumpte -per bé que respecte altres períodes- el que determina que els raonaments fets pel magistrat "a quo" no siguin contraris a les normes invocades. Certament no s'escapa a la Sala que en la present litis s'està discutint quelcom més, com és -per bé que ja se'n feia esment en el previ pronunciament en forma indirecta- la proporcionalitat del temps treballat. Tanmateix, però, escau referir que és aquesta una qüestió de fons que -més enllà d'haver estat resolta en unificació de doctrina- haurà de ser abordada per la via processal corresponent i pel motiu específic "ad hoc" que s'abordarà tot seguit,

TERCER. Com a segon -i darrer motiu- de suplicació s'invoca la infracció de l' art. 1221 CC . En aquest motius es torna a insistir bàsicament en la lògica de l'anterior argumentació, afirmant-se que l'increment en el complement a càrrec de la demanda ha de computar-se en forma proporcional al temps treballat al llarg de l'any 1999, pel que ha de regir el criteri de prorrata temporis.

Val a dir que, de nou, no podem deixar d'assenyalar les contradiccions que en la matèria ha vingut observat la doctrina judicial que ha analitzat el tema. És indubtablement cert que la sentència del Tribunal Suprem (UD) que s'esmenta en el recurs de 12.07.2004 (entre d'altres) considera aplicable en la seva part dispositiva dita proporcionalitat (sense que consti, però, quina era la pretensió processal de l'actora en els dits casos); però no ho és menys que altres pronunciaments del nostre més alt organisme jurisdiccional han vingut mantenint criteris contraris. Així, la STS UD 24.09.2003 , en la què en posterior interlocutòria d'aclariment de 18.11.2003 s'afirma: "La sentencia ha calculado las diferencias en el complemento de prejubilación a partir del valor de la parte proporcional mensual de las dos pagas extraordinarias adicionales de 1999 que establece el hecho probado quinto de la sentencia de instancia, reproducido en los antecedentes. Ese valor en el primer trabajador relacionado, que puede ilustrar el cálculo evitando reiteraciones, es de 38.531 pts. mensuales que corresponden a la prorrata mensual del importe total de las dos pagas de 462.376 pts. (231.188 pts. cada una). Y a este valor se remite de forma inequívoca el párrafo segundo del fundamento jurídico de la sentencia. Lo que la parte pretende es que, en lugar de esa prorrata mensual del importe de las pagas, se tome la prorrata mensual de lo efectivamente percibido por los actores por esas dos pagas en función de los tres meses trabajados en 1999, es decir, una prorrata, no del importe de las pagas, sino de lo que se ha pagado por ellas a los actores por los tres meses indicados; una parte proporcional de otra parte proporcional. Así, para seguir con el ejemplo propuesto, se dice que hay que partir de 115.594 pts. (el valor del importe total de las pagas correspondiente a tres meses; 462.376: 12 x 3), que da una diferencia mensual de 9.633 pts. en lugar de las 38.531 pts. que se recogen en el hecho probado quinto de la sentencia de instancia, lo que, a su vez, explica las diferencias entre el cálculo del complemento realizado por la sentencia (385.895 pts.= 347.364 + 38.531) y el que propone la parte (356.997 pts . = 347.364 pts + 9.633). El cálculo de la sentencia es además el que procede de acuerdo con los datos de hecho que se reflejan en los hechos probados y con la finalidad de la garantía otorgada por el complemento, que es del 100% del salario bruto, en el que ha de computarse la parte proporcional de las pagas extraordinarias completas; no la parte proporcional de la proporción de las mismas efectivamente abonada que, aunque responda a un pago real, no forma parte de la garantía del salario bruto ofrecida, ni de la base de cálculo. No dice otra cosa el párrafo primero del fundamento jurídico de la sentencia si se lee sin alteraciones y dentro del conjunto de aquélla, pues tal párrafo se refiere al importe de las partes proporcionales de las dos pagas; no al importe de las partes proporcionales de la fracción de esas pagas que se abonó a los actores en función del tiempo trabajado en 1999. Tal párrafo, además, es meramente descriptivo e introductorio y no se integra en la "ratio decidendi" de la sentencia, que está, como ha quedado dicho, en su fundamento jurídico segundo". Aquest mateix criteri ha estat seguit també en forma expressa en les SSTSUD de 10.07.2003, 14.10.2003, 02.02.2004 i 03.02.2004.

I, amb posterioritat, sobre la mateixa matèria la STS UD de 29.06.2004 ha vingut insistint en forma expressa en que les pagues "han sido calculadas partiendo de la cantidad inicial pactada, más el importe íntegro de las dos controvertidas pagas, pues aunque es cierto que les correspondía la parte proporcional de las mismas correspondiente al tiempo de trabajo activo en el año 1999 y como tal se abonaron, una vez suspendidos sus contratos, tenían derecho a que el importe bruto anual a percibir se integre con esas dos pagas completas, no con la parte proporcional relativa al último año trabajado, tal y como se pretende en el escrito de impugnación del recurso"

És obvi, per tant, que les dites declaracions expresses, clares i terminants en relació a la proporcionalitat pretesa, han de primar sobre les declaracions merament dispositives referides en altres pronunciaments, respecte les pretensions processals "ad hoc2. Al què hem d'afegir que és criteri de la Sala que no ha de regir l'expressada proporcionalitat, atès que no s'està discutint el dret a percebre els endarreriments corresponents -sobre els què òbviament sí regeix la dita proporcionalitat- sinó el càlcul de la compensació per prejubilació en relació al salari -real o ficitici- que hauria meritat els demandants al llarg del 1999.

Atesos els preceptes legals citats, els concordants amb els mateixos i les demés disposicions de general i pertinent aplicació

Fallo

Que hem de desestimar i desestimem en part el recurs de suplicació interposat per l'empresa demandada BANCO DE SANTADER CENTRAL HISPANO, SA contra la sentència dictada pel jutjat del social número 33 dels de Barcelona en data 17 de juliol de 2005 , recaiguda en actuacions 156/2004, en virtut de la demanda instada per Santiago D. Imanol , D. Adolfo , D. Víctor , Dª Victoria , D. Humberto , Dª María Inmaculada , Dª Begoña , D. Armando , D. Luis Francisco , D. Millán , Dª Lourdes , Dª Raquel , D. Fermín , D. Pedro Enrique , D. Jose Ramón , D. Ismael , D. Benito , Dª Ángela , Dª Dolores , D. Jesús Ángel , Dª Leticia , D. Silvio y Dª Trinidad contra el dit recorrent en reclamació de quantitat i, en conseqüència, hem de de confirmar i confirmem la dita resolució, amb pèrdua dels dipòsits i consignacions constituïts per recórrer, imposant a la recorrent les costes produïdes pel seu recurs, i fixant en concepte d'honoraris de la part actora actuant en el recurs la quantitat de sis-cents (600.-) euros, que li hauran de ser abonats per la dita recorrent.

Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de cassació per a la unificació de la doctrina, que haurà de preparar-se davant aquesta Sala en els deu dies següents a la seva notificació, amb els requisits previstos en els números 2 i 3 de l' art. 219 de la Llei de Procediment Laboral

Notifiqueu aquesta sentència a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i lliuris testimoni que restarà unit al rotllo corresponent, incorporant-se l'original al corresponent llibre de sentències.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ. Avui, el Magistrat ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.

Fórmate con Colex en esta materia. Ver libros relacionados.