Sentencia Social Nº 6238/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4520/2008 de 31 de Julio de 2009

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG : 17079 - 44 - 4 - 2007 - 0002951

mm

ILMA. SRA. ASCENSIÓN SOLÉ PUIG

ILMA. SRA. LIDIA CASTELL VALLDOSERA

ILMO. SR. MIGUEL ANGEL PURCALLA BONILLA

En Barcelona a 31 de julio de 2009

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 6238/2009

En el recurso de suplicación interpuesto por Modesto frente a la Sentencia del Juzgado Social 2 Girona de fecha 28 de enero de 2008 dictada en el procedimiento Demandas nº 809/2007 y siendo recurrido/a TGSS, MUTUA INTERCOMARCAL, INSS, S.I. Salvador Brea i Fills, S.C. y Jose Ramón Y OTROS. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. MIGUEL ANGEL PURCALLA BONILLA.

Antecedentes

PRIMERO.- Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Invalidez grado, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 28 de enero de 2008 que contenía el siguiente Fallo:

"Que desestimando la demanda presentada por D. Modesto , debo absolver y absuelvo al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA INTERCOMARCAL y empresa S.I SALVADOR BREA I FILLS S.C, D. Jose Ramón Y D. Miguel Ángel de las pretensiones, principal y subsidiaria, contenidas en la demanda, y en consecuencia, se confirma la resolución administrativa impugnada."

SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

"PRIMERO.- El actor D. Modesto , provisto de NIE nº NUM000 y nacido el 3-2-1980, figura afiliado al Régimen General de la Seguridad Social con el nº NUM001 , encontrándose en situación de desempleo desde el día 27-10-2005. Se aporta por la Mutua una base reguladora mensual de 1.068,95 euros, con efectos económicos del 20-7-2007 y revisión a partir del 12-9-2008.

SEGUNDO.- El día 6-9-2005, mientras trabajaba por cuenta de la empresa Salvador Brea i Fills S.C, el actor notó un dolor lumbar cuando realizaba sus tareas.

TERCERO.- La empresa Salvador Brea i Fills S.C estaba al corriente en el pago de las cuotas de seguridad social y en la fecha del accidente tenía concertada con la Mutua Intercomarcal la cobertura de las contingencias profesionales de sus empleados.

CUARTO.- En 6-9-2005 la Mutua extendió parte de baja, con diagnóstico de lumbago, siendo alta el 19-10-2005. En fecha 1-11-2005 los servicios médicos dependientes del ICS extendieron baja médica ad cautelam por enfermedad común. En resolución de 4-5-2006 el INSS declaró el carácter de contingencia de accidente de trabajo de la incapacidad temporal padecida por Sr. Modesto iniciada el 1-11-2005, determinando como responsable de la misma a la Mutua Intercomarcal. A la vista de la resolución del INSS la mutua emitió parte de baja por recaída, con efectos del 1-11-2005, volviendo a la situación de IT derivada de accidente trabajo hasta su extinción el 1-4-2007 por agotamiento del plazo máximo.

QUINTO.- Por Resolución del INSS de 19-7-2007 se declara que las lesiones que padece el actor no alcanzan el grado suficiente de disminución de su capacidad laboral para ser constitutivas de una incapacidad permanente, y ello sobre la base del dictamen emitido por el ICAM el 4-6-2007, en el que se describen las lesiones y limitaciones siguientes:

-MINIMA PROTUSION POSTEROCENTRAL L5-S1. LUMBARIZACION DE S1. TRATAMIENTO MÉDICO.

-TRASTORNO ADAPTATIVO DEPRESIVO EN TRATAMIENTO.

SEXTO.- El cuadro residual que afecta al actor consiste en:

-LUMBALGIA RESIDUAL POR ESPONDILOARTROSIS INTERAPOFISIARIA SIN AFECTACIÓN RADICULAR.

-TRASTORNO ADAPTATIVO DEPRESIVO EN CONTROL POR MEDICO DE FAMILIA.

SEPTIMO.- La profesión habitual del demandante es la de peón de cantera.

OCTAVO.- Se agotó la vía previa administrativa."

TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

Fundamentos

PRIMERO.- Recurre en suplicación el demandante, D. Modesto , frente al desfavorable pronunciamiento de la sentencia de instancia, que desestima su pretensión de incapacidad permanente total o subsidiarimente parcial por accidente de trabajo para la profesión habitual de peón de cantera, por dos motivos. El recurso ha sido impugnado por las demandadas SALVADOR BREA I FILLS, S.C., Jose Ramón , Miguel Ángel , y MUTUA INTERCOMARCAL.

El primero de ellos, con amparo procesal en el apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, interesa la modificación del hecho probado sexto , por supuestos errores de hecho en la valoración de la prueba por parte del Juez "a quo" (en concreto, de los folios 121, 122, 123, 129 y 152), pretendiendo especialmente, en la redacción aportada en el cuerpo del recurso y a la que remitimos, la inclusión de los datos de que el actor padece radiculopatía multifocal cervical y lumbar con signos de denervación de larga evolución, lordosis cervical, lumbalgia por espondiloartrosis interpofisiaria sin afectación radicular, y trastorno adaptativo depresivo tratado por psiquiatra y neurólogo.

Es doctrina constante de esta Sala, en interpretación del apartado b) del artículo 191 de la LPL , la que señala que sólo de excepcional manera han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten un claro error de hecho sufrido por el Juzgador en la apreciación de la prueba.

Es por lo anterior que venimos sosteniendo que el error de hecho ha de ser evidente, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia ni de un recurso de apelación, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios, pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia por el de la parte, lógicamente parcial e interesado. En efecto, es el juzgador a quo quien aprecia "los elementos de convicción" conforme al artículo 97.2 LPL , concepto más extenso que el de medios de prueba, pues no sólo abarca a los que enumera el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , sino también el comportamiento de las partes en el transcurso del proceso e incluso sus omisiones; por ello mismo, es inaceptable sustituir su criterio por el de la parte interesada, al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar que tanto el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , como el artículo 117.3 de nuestra Constitución otorgan en exclusiva a los Jueces y Tribunales; finalmente, no con menor reiteración venimos indicando que en cuanto a los elementos invocados para la revisión, carecen de eficacia revisoria las manifestaciones de las partes en sus escritos o en el acto del juicio, la propia acta del juicio, así como las pruebas de confesión en juicio y testifical, conforme a los artículos 191 y 194 LPL , no pudiendo tampoco ampararse la pretensión revisoria en la falta de prueba.

A la manera de ver de esta Sala, cuando existen documentos médicos contradictorios en los cuales se fundamenta la resolución ahora recurrida y que ya han sido tenidos en cuenta por el Juzgador en la instancia, debe prevalecer la imparcial del Juzgador sobre la parcial e interesada de la parte.

En efecto, en el presente caso el juzgador a quo, con base en el criterio médico del ICAM, de la Mutua y del aportado por el actor, ha recogido en el hecho probado sexto las lesiones del actor, con base en el informe del ICAM de fecha 4.6.2007: "Lumbalgia residual por espondiloartrosis interapofisiaria sin afectación radicular y trastorno depresivo en control por médico de familia". A ello anuda la valoración jurídica correspondiente en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia recurrida, que refleja claramente que las lesiones no presentan una afectación severa o importante para la profesión habitual, sea para el grado de incapacidad permanente total o parcial.

En aplicación de esta doctrina, aunque constan en autos informes médicos parcialmente contradictorios en relación al estado de salud de la parte actora, el juzgador "a quo" ejercitó su facultad de libre valoración de la prueba, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Procedimiento Laboral , y de los artículos 326 y 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , sin que la Sala aprecie error en tal valoración, por lo que ha de rechazarse la adición interesada al relato fáctico de la sentencia recurrida, sin perjuicio de su posible revisión futura por parte del trabajador si se agravaran las dolencias expuestas.

SEGUNDO.- En sede de censura jurídica y con amparo procesal en el apartado c) del artículo 191 LPL , denuncia el recurrente la infracción por la sentencia de instancia de los arts. 137.3 y 137.4 LGSS de 20.6.1994 , reclamando la revisión judicial oportuna y la concesión del grado de incapacidad permanente bien parcial, bien total, para la profesión habitual de peón de cantera.

El art. 137.3 LGSS señala que "Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 % en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma". A efectos de determinar la existencia de una incapacidad permanente en grado de parcial, se precisa, pues, la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que las reducciones sean objetivables; b) que sean previsiblemente definitivas; c) que las reducciones sean graves desde la perspectiva de su incidencia laboral hasta el punto que disminuyan o anulen su capacidad laboral en al menos un 33% de si rendimiento normal para su profesión habitual. Según esta Sala, la disminución de rendimiento que caracteriza la incapacidad permanente parcial, concurre no solo atendiendo a lo que objetivamente puede rendir el trabajador afectado, sino teniendo en cuenta también la mayor peligrosidad o penosidad que comporta al mismo la realización de determinadas tareas como consecuencias de las lesiones (sentencia de 4-9-2000 y de 29-10-1999 entre otras).

Una constante y reiterada jurisprudencia, entre otras, sentencias de esta Sala de 1-12-2000 , señala que la incapacidad permanente en grado de parcial queda delimitada, por un lado, porque las secuelas no impidan el desempeño de todas las fundamentales tareas de la profesión habitual y por otro, porque la disminución del rendimiento sea igual o superior al porcentaje legalmente previsto. Así como la delimitación con la incapacidad permanente total suele ser, en general, desde un punto de vista objetivo, clara, más dificultades presenta el segundo elemento definidor, porque deben tenerse en cuenta factores cuantitativos y cualitativos, por lo que no cabe establecer, en general, una pauta de guía que sirva en todos los supuestos, sino que han de examinarse uno por uno, a fin de determinar, si con certeza se acredita la disminución de rendimiento y ello requiere prueba específica al respecto poniendo en relación secuelas y profesiograma laboral.

El artículo 137.4 de la LGSS (en su redacción conservada en virtud de lo que establece la Disposición Transitoria 5ª bis del TRLGSS), establece que se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o las más importantes tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. Conforme al artículo 136 de la LGSS , la invalidez permanente configurada en la acción protectora de la Seguridad Social es de tipo profesional y por ello, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de tareas específicas para su profesión, y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia y con rendimiento económico aprovechable y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia (sentencias del Tribunal Supremo de 11-11-86, 9-11-87, 6-2-1987, 6-11-1987, 28-12-88, y sentencias de esta Sala de 25-3-91, 13-3-95, y 15-9-95 , entre otras).

Según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral (sentencia del Tribunal Supremo de 29-9-1987 ), debiéndose de realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos (sentencia del Tribunal Supremo de 6-11-1987 ), sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario (sentencia del Tribunal Supremo de 21-1-1988 ).

Así, con respecto al grado de total, como se indica a la STS de 26.06.1991 , el art. 137.4 LGSS , al referirse a la incapacidad permanente total la refiere a la profesión habitual. Esto ha comportado que la jurisprudencia haya venido destacando reiteradamente (entre otras, SSTS de 12.06.1986 y 24.07.1986 ) el carácter esencial y determinante de la profesión en la calificación jurídica de la situación residual del afectado; de tal forma que, unas mismas lesiones o secuelas poder ser constitutivas o no de incapacidad permanente en función de las actividades o tareas que requiera la profesión del presunto incapacidad.

En el caso de autos, las lesiones que se han declarado probadas y que han podido determinarse en base a la apreciación conjunta de los dictámenes médicos obrantes en autos, no tienen por ahora la virtualidad pretendida por la recurrente, al no alcanzar los presupuestos necesarios para que su situación pueda ser calificada de invalidez permanente total ni de parcial, ya que las patologías que padece el actor no le impiden realizar las actividades propias de su profesión habitual. En efecto, inalterado el relato fáctico, cabe concluir que las lesiones que se han declarado probadas y que han podido determinarse con base en la apreciación conjunta de los dictámenes médicos contradictorios obrantes en autos, no tienen la virtualidad pretendida por la parte actora, al no alcanzar los presupuestos necesarios para que su situación pueda ser calificada de invalidez permanente en grado de total o de parcial, ya que las patologías que padece el demandante no le inhabilitan para el desarrollo de la actividad laboral ni le merman para la misma de modo sustancial.

VISTOS los preceptos citados y por las razones expuestas

Fallo

Desestimamos íntegramente el recurso de suplicación formulado por D. Modesto y, en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos en su totalidad la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Girona el día 28 de enero de 2008 , en el procedimiento núm. 809/2007.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que deberá prepararse ante esta Sala en los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos previstos en los números 2 y 3 del Artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral .

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.