Sentencia SOCIAL Nº 624/2019, Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2948/2018 de 11 de Septiembre de 2019

Encabezamiento

UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 2948/2018

Ponente: Excma. Sra. D.ª Concepcion Rosario Ureste Garcia

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Social

Sentencia núm. 624/2019

Excmos. Sres. y Excmas. Sras.

Dª. Rosa Maria Viroles Piñol

Dª. Maria Lourdes Arastey Sahun

D. Antonio V. Sempere Navarro

D. Angel Blasco Pellicer

Dª. Concepcion Rosario Ureste Garcia

En Madrid, a 11 de septiembre de 2019.

Esta Sala ha visto el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación de Gobierno Vasco, Instituto Vasco de Estadística, contra la sentencia dictada el 27 de marzo de 2018 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en recurso de suplicación nº 471/2018 , interpuesto contra la sentencia de fecha 13 de diciembre de 2017, dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Donostia/San Sebastián , en autos nº 454/2017, seguidos a instancia de D. Salome contra Gobierno Vasco, Instituto Vasco de Estadística, sobre impugnación actos administrativos.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Concepcion Rosario Ureste Garcia.

Antecedentes

PRIMERO.-Con fecha 13 de diciembre de 2017, el Juzgado de lo Social nº 4 de Donostia/San Sebastián, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: 'Que desestimo la excepción de la prescripción, y entrando a conocer del fondo del asunto estimo parcialmente la demanda, condeno al Instituto Vasco de Estadística a abonar a Dª. Salome la cantidad de 1.100,31 euros, más los intereses que establece el artículo 576-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , a partir de la fecha de esta sentencia, y le absuelvo de los demás pedimentos de la demanda'.

SEGUNDO.-En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: PRIMERO.- Dª Salome prestó sus servicios para el Instituto Vasco de Estadística entre el 15 de Febrero del 2.016 y el 30 de Junio del 2.016, y entre el 3 de Octubre del 2.016 y el 31 de Marzo del 2.017, con la categoría profesional de agente entrevistador, y con un salario mensual de 1.881,76 euros, incluidas las prorratas de las pagas extraordinarias.- SEGUNDO.- A la finalización de los contratos administrativos de que fue objeto Dª. Salome , el Instituto Vasco de Estadística no le abonó ninguna cantidad en concepto de indemnización por la finalización de esos nombramientos administrativos.- TERCERO.- Se ha realizado la previa reclamación administrativa, habiendo sido la misma desestimada mediante resolución del Instituto Vasco de Estadística de 27 de Junio del 2.017'.

TERCERO.-La citada sentencia fue recurrida en suplicación por la representación procesal de Instituto Vasco de Estadística - Gobierno Vasco ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la cual dictó sentencia en fecha 27 de marzo de 2018 , en la que dejando inalterada la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia, consta la siguiente parte dispositiva: 'Que estimamos en parte el Recurso interpuesto por el INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA frente a la sentencia de fecha 13 de diciembre de 2017 dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Bilbao en autos 454/2017 a instancia de Dª. Salome , revocando en parte la sentencia recurrida y declarando que la indemnización que debe cobrar la Sra. Salome es la de 627 euros, sin imposición de costas'.

CUARTO.-La citada sentencia fue aclarada por auto de 10 de abril de 2018 en el que consta la siguiente parte dispositiva: 'Se RECTIFICA la sentencia dictada en los presentes autos en el sentido de indicar que el Juzgado de origen es el número 4 de los de Donostia-San Sebastián y no el número 4 de Bilbao, como erróneamente se decía en la parte dispositiva de la sentencia'.

QUINTO.-Contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por la representación de Instituto Vasco de Estadística - Gobierno Vasco se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina ante la misma Sala de Suplicación. Se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 29 de junio de 2017 (R. 451/17 ). El motivo de casación denunciaba la infracción del artículo 49.1 c) del Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 15.1 c) del mismo texto legal .

SEXTO.-Por providencia de esta Sala, se procedió admitir a trámite el citado recurso, y no habiéndose impugnado el recurso, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó escrito en el sentido de considerar procedente el recurso e instruida la Excma. Sra. Magistrada Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 11 de septiembre de 2019, en el que tuvo lugar.

Fundamentos

PRIMERO.- 1.El núcleo del recurso de casación unificadora que suscita el Letrado del Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco consiste en la improcedencia de fijar una indemnización cuando un contrato de interinidad finaliza por las causas consignadas en el mismo, negando la aplicación de la doctrina De Diego Porras I (STJUE 14.09.2016) y la equiparación con la extinción contemplada en el art. 52.c) ET .

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó sentencia en fecha 27.03.2018 (RS 471/2018 ) estimando parcialmente el recurso del organismo demandado en el sentido de minorar al último periodo contractual la indemnización reconocida por la sentencia de instancia. Acudiendo a precedentes de la propia Sala entiende aplicable aquella doctrina comunitaria.

2.El Ministerio Fiscal, en el trámite previsto en el artículo 226.3 LRJS , partiendo de la existencia de contradicción, informa acerca de la procedencia del recurso, con apoyo en la STJUE Gran Sala de 5 de junio de 2018, y la de esta Sala IV en STS de 13.03.2019, rcud 3970/2016 .

SEGUNDO.- 1.Procede en primer término analizar la concurrencia del requisito de contradicción previsto en el artículo 219.1 LRJS , requisito que comporta la necesidad de una igualdad 'esencial', sin que por lo tanto medie diferencia alguna que permita concluir que, a pesar de la contraposición de pronunciamientos en las sentencias contratadas, ambos puedan resultar igualmente ajustados a Derecho y que por ello no proceda unificar la doctrina sentada. Entre las más recientes resoluciones que recuerdan esta doctrina cabe citar las SSTS de fechas 28.02.2019, rcud 1576/2017 y 9.05.2019, rcud 313/2018 .

Al efecto, los datos fácticos a tomar consideración de la recurrida ponen de relieve que la parte actora ha venido prestando servicios para el Instituto Vasco de Estadística en virtud de contratos de interinidad por sustitución, con la categoría profesional de agente entrevistador. La demanda articulada lo ha sido de reclamación de cantidad, y aunque la cuantía no alcanzaba el umbral de acceso a la suplicación, la sentencia de instancia aperturó tal vía dada la notoriedad en la afectación y alcance general de la cuestión debatida.

2.La sentencia referencial es la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 29 de junio de 2017 (R. 451/17 ). De su relato fáctico destacamos lo que sigue: 1) la prestación de servicios de la parte actora para la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la CAM, como Diplomada de Enfermería, lo fue desde el 16/06/2006, en la Residencia Reina Sofía, de las Rozas, en virtud de contrato de interinidad para cobertura de vacante número NUM000 vinculada a la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2004. 2) Por Orden de 3 de abril de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se convocó proceso extraordinario de consolidación de empleo para el acceso a plazas de carácter laboral de dicha categoría 3) Por Resolución de 22, 27 y 29 de julio de 2016 se procedió a la adjudicación de destinos con efectos de 1/10/2016. 4) El puesto de trabajo NUM000 fue adjudicado a otro trabajador que suscribió contrato de trabajo indefinido el 30/09/2016. 5) El 14/09/2016 la Consejería comunicó a la actora que el 30/09/2016 finalizaría su relación laboral por adjudicación definitiva de la plaza.

La correlativa fundamentación señala que el cese en la interinidad por vacante es ajustado a derecho ( arts. 15 ET y RD 2728/1998), que no procede la indemnización postulada, entendiendo que no resulta trasladable aquella doctrina comunitaria, ni tampoco la elaborada respecto de los trabajadores indefinidos no fijos, y que la extinción del contrato temporal tiene sus propias consecuencias indemnizatorias conforme al art. 49.1.c) ET y porque no se aprecia fraude en la contratación.

3.Desde la perspectiva de análisis casacional -la materia indemnizatoria ya precisada- los supuestos objeto de comparación se evidencian sustancialmente iguales ( art. 219 LRJS ), siéndoles de aplicación una misma normativa legal. Sin embargo, el fallo alcanzado por ambas es diferente por mor de una diversa doctrina que nos corresponde ahora unificar. Sin que enerve esta conclusión que las pretensiones sean diferentes (reclamación de cantidad y despido) o que la modalidad contractual tampoco coincida (interinidades por sustitución y para la cobertura de vacante).

TERCERO.- 1.El escrito del recurso interpuesto por el Gobierno Vasco gira en torno a los artículos 49.1.c ) y 15.1.c) ET , destacando la interpretación diferente de las sentencias objeto de contraste, la imposibilidad de comparar la indemnización derivada de la extinción de un contrato por causas objetivas con la válida extinción del contrato de interinidad, pues en base a los arts. 51.1 y 52.c) ET la finalización objetiva lo es meramente por causas económicas, técnicas y organizativas, así como la improcedencia de reconocimiento de indemnización alguna -ni por aplicación de la STJUE de 14.09.2016 ni con sustento en una diferencia de trato-.

2.La respuesta al debate deducido viene dada por la aplicación del criterio reiterado de esta Sala al examinar y enjuiciar supuestos que guardan la necesaria identidad de razón con el actual.

Entre otras, en STS IV de fecha 8.05.2019, rcud 3921/2017 (del que trascribiremos su fundamentación ante la semejanza concurrente), hemos expresando lo que sigue: 'partiendo del dato normativo incuestionable de que nuestro ordenamiento jurídico no ha previsto ningún tipo de indemnización por finalización del contrato temporal de interinidad, hay que señalar que la doctrina contenida en la STJUE de 14 de diciembre de 1996, ( asunto C-596/14, de Diego Porras) fue rectificada por las SSTJU de 5 de junio de 2018, Asuntos Grupo Norte Facility C-574/16 y Montero Mateos C-677/16 ; y, más recientemente por la STJUE de 21 de noviembre de 2018 (Asunto Diego Porras II ) en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Auto de esta Sala de 25 de octubre de 2017.

Respecto a la cuestión que aquí se discute, la referida STJUE de 5 de junio de 2018, asunto Montero Mateos C-677/16 , se pronunció en los siguientes términos:

'A este respecto, es necesario señalar que la finalización del contrato de interinidad de la Sra. Adelina , debido a que el puesto que ocupaba con carácter provisional se proveyó de manera definitiva tras el proceso mencionado en el apartado 20 de la presente sentencia, se produjo en un contexto sensiblemente diferente, desde los puntos de vista fáctico y jurídico, de aquel en el que el contrato de trabajo de un trabajador fijo se extingue debido a la concurrencia de una de las causas previstas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores . En efecto, se deduce de la definición del concepto de trabajador con contrato de duración determinada que figura en la cláusula 3, apartado 1, del Acuerdo Marco que un contrato de este tipo deja de producir efectos para el futuro cuando vence el término que se le ha asignado, pudiendo constituir dicho término la finalización de una tarea determinada, una fecha precisa o, como en el caso de autos, el advenimiento de un acontecimiento concreto. De este modo, las partes de un contrato de trabajo temporal conocen, desde el momento de su celebración, la fecha o el acontecimiento que determinan su término. Este término limita la duración de la relación laboral, sin que las partes deban manifestar su voluntad a este respecto tras la conclusión de dicho contrato. En cambio, la extinción de un contrato fijo por una de las causas previstas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores , a iniciativa del empresario, tiene lugar al producirse circunstancias que no estaban previstas en el momento de su celebración y que suponen un cambio radical en el desarrollo normal de la relación laboral. Como se deduce de las explicaciones del Gobierno español, recordadas en el apartado 58 de la presente sentencia y como subrayó, en esencia, la Abogado General en el punto 55 de sus conclusiones, el artículo 53, apartado 1, letra b), del Estatuto de los Trabajadores requiere que se abone a dicho trabajador despedido una indemnización equivalente a veinte días de salario por año de servicio, precisamente a fin de compensar el carácter imprevisto de la ruptura de la relación de trabajo por una causa de esta índole, y, por lo tanto, la frustración de las expectativas legítimas que el trabajador podría albergar, en la fecha en que se produce la ruptura, en lo que respecta a la estabilidad de dicha relación. En este último supuesto, el Derecho español no opera ninguna diferencia de trato entre trabajadores con contrato temporal y trabajadores fijos comparables, ya que el artículo 53, apartado 1, letra b), del Estatuto de los Trabajadores establece el abono de una indemnización legal equivalente a veinte días de salario por año de servicio en favor del trabajador, con independencia de la duración determinada o indefinida de su contrato de trabajo. En estas circunstancias, cabe considerar que el objeto específico de la indemnización por despido establecida en el artículo 53, apartado 1, letra b), del Estatuto de los Trabajadores , al igual que el contexto particular en el que se abona dicha indemnización, constituyen una razón objetiva que justifica la diferencia de trato controvertida.

En el caso de autos, la Sra. Adelina no podía conocer, en el momento en que se celebró su contrato de interinidad, la fecha exacta en que se proveería con carácter definitivo el puesto que ocupaba en virtud de dicho contrato, ni saber que dicho contrato tendría una duración inusualmente larga. No es menos cierto que dicho contrato finalizó debido a la desaparición de la causa que había justificado su celebración. Dicho esto, incumbe al juzgado remitente examinar si, habida cuenta de la imprevisibilidad de la finalización del contrato y de su duración, inusualmente larga, ha lugar a recalificarlo como contrato fijo'.

Con tales fundamentos, la referida sentencia acabó declarando que 'Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no prevé el abono de indemnización alguna a los trabajadores con contratos de duración determinada celebrados para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del mencionado puesto, como el contrato de interinidad de que se trata en el litigio principal'.

En aplicación de todo ello, nuestra STS de 13 de marzo de 2019 -Pleno-(Rcud. 3970/2016 ), zanjó definitivamente la cuestión reseñando que 'no es posible confundir entre distintas causas de extinción contractual y transformar la finalización regular del contrato temporal en un supuesto de despido objetivo que el legislador no ha contemplado como tal. El régimen indemnizatorio del fin de los contratos temporales posee su propia identidad, configurada legalmente de forma separada, sin menoscabo alguno del obligado respeto al derecho a no discriminación de los trabajadores temporales'.

3.Las consideraciones expuestas implican también en el caso de autos la necesidad de casar la sentencia que se recurre, pues su doctrina se aparta de la fijada por esta Sala IV. Como se colige del criterio expresado, en nuestro ordenamiento jurídico, la finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada caso, esté prevista normativamente si así lo ha dispuesto el legislador; y, en modo alguno, puede anudarse a la válida extinción de este tipo de contratos la indemnización prevista por la ley para supuestos radicalmente distintos como son las causas objetivas contempladas en el artículo 52 ET .

CUARTO.-Por tanto, de conformidad con el postulado del Ministerio Fiscal, y trasladando al supuesto enjuiciado el criterio acuñado por la Sala acerca de la inaplicación de la indemnización de veinte días por año prevista en el artículo 53 ET , procederá estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina, casando y anulando la resolución impugnada, para estimar en sede de suplicación íntegramente el recurso formulado por el Organismo demandado, con la consiguiente revocación de la resolución de instancia, desestimación de la demanda y absolución de aquél de los pedimentos deducidos en su contra.

Sin costas (235 LRJS).

Fallo

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

Estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación de Gobierno Vasco, Instituto Vasco de Estadística.

Casar y anular la sentencia dictada el 27 de marzo de 2018 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en recurso de suplicación nº 471/2018 .

Resolviendo el debate en suplicación, estimamos en su integridad el recurso de tal clase formulado por el Instituto Vasco de Estadística, revocando la sentencia de instancia fecha 13 de diciembre de 2017, dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Donostia/San Sebastián , en autos nº 454/2017 y desestimando la demanda D. Salome , absolviendo a la parte demandada de los pedimentos deducidos en su contra.

Sin que proceda efectuar pronunciamiento sobre costas en esta instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.