Sentencia Social Nº 6284/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2362/2015 de 22 de Octubre de 2015

Encabezamiento

ºRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

EL

Recurs de Suplicació: 2362/2015

IL·LM. SR. AMADOR GARCIA ROS

IL·LM. SR. FÉLIX V. AZÓN VILAS

IL·LM. SR. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ

Barcelona, 22 d'octubre de 2015

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 6284/2015

En el recurs de suplicació interposat per Ángel Daniel a la sentència del Jutjat Social 32 Barcelona de data 7 degener de 2015, dictada en el procediment núm. 538/2012, en el qual s'ha recorregut contra la part Sar Domus, S.L., Euro Salud Servicios Profesionales de Salud, S.L. i Servicios Europeos de Salud y Gestión Empresarial, S.L., ha actuat com a ponent Il·lm. Sr. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ.

Antecedentes

Primer.En data 1 de juny de 2012 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre reclamacio drets contracte treball, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 7 de juny de 2015, que contenia la decisió següent:

'Estimo la excepción de falta de legitimación pasiva con respecto a las demandadas EURO SALUD SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD, S.L. (EURO SALUD)y SERVICIOS EUROPEOS DE SALUD Y GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L. (EUROGESTIÓN).

Estimo la demanda, condenando a D. Ángel Daniel a abonar a SAR DOMUS, S.L.un importe de 83.214,93 euros, en concepto de indemnización de daños y perjuicios.'

Segon.En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:

' PRIMERO.-1.- El demandado, D. Ángel Daniel , prestaba sus servicios como Director de Centro, por cuenta de SAR DOMUS, S.L., con un salario bruto anual en el año 2011 de 127.125 euros, con antigüedad de 17.06.2008, contrato indefinido (hecho no controvertido).

SEGUNDO.-1.- La relación laboral se extinguió por despido en fecha 02.11.2011, firmando ambas partes un pacto de no competencia post-contractual de un año de duración.

2.- El pacto de no competencia post-contractual, fue firmado por D. Calixto , en representación de SAR DOMUS, S.L. y D. Ángel Daniel , en el que se manifiesta y pacta:

'...II.- En atención a las funciones desempeñadas por D. Ángel Daniel en la empresa, que han implicado un alto nivel de responsabilidad y autonomía y que han conllevado un elevado grado de conocimiento e información de las actividades, sistemas, métodos, negocios, know how y clientes de la misma y del Grupo, ambas partes, al amparo de lo establecido en el artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores , han decidido suscribir el presente pacto de no competencia post-contractual.

En consecuencia, tras la finalización de la relación laboral mantenida, D. Ángel Daniel , se obliga a no participar o realizar por cuenta propia o ajena, junto con o en representación de cualquier otra persona o entidad, directa o indirectamente, negocios o trabajos que supongan compromisos, participaciones, asesoramiento o acciones concurrentes, directa o indirectamente, con las desarrolladas por la empresa. D. Ángel Daniel se obliga a no captar o intentar captar cualquier actividad o negocio llevado a cabo por la empresa a la fecha de extinción de su relación laboral con cualquier cliente o potencial cliente.

Lo expresado en el párrafo anterior, en ningún caso limitará el desarrollo de su profesión como facultativo médico en el ejercicio de la medicina bien como profesional libre o empleado por terceros como médico.

Asimismo a, D. Ángel Daniel , se obliga a no dar ni revelar información respecto a la empresa o al Grupo al que pertenece la misma, a no contratar los servicios de ninguno de los trabajadores de la empresa, a no tratar de obtener información de los mismos, y a no persuadir para que abandonen la empresa o hacer que sean contratados por terceros.

III.- Expresamente, por las razones expuestas, ambas partes reconocen que existe un efectivo interés industrial y comercial de la empresa en que D. Ángel Daniel no compita con la empresa tras la extinción de su relación laboral.

IV.- El presente pacto de no competencia post-contractual tendrá una duración de 12 meses (doce meses) a contar desde el día 2 de Noviembre de 2011.

D. Ángel Daniel se obliga a comunicar a la empresa la identidad de cualquier posible empleador en un plazo máximo de 10 días a contar desde la oferta de trabajo recibida. En cualquier caso, la empresa podrá notificar al nuevo empleador que el trabajador está vinculado por el presente pacto de no competencia post-contractual.

V.- Como contraprestación económica por el incumplimiento del presente pacto de no competencia post-contractual, la empresa abonará a D. Ángel Daniel la cantidad total de 25.0000 € brutos. Dicha cantidad se pagará trimestralmente hasta su total liquidación. Siendo el primer pago de 6.249,9 €, brutos el día 2 de enero de 2012 y el resto de acuerdo a las fechas y cantidades siguientes:

1 de Abril de 2012 por importe de 6.249,9 € brutos

1 de Julio de 2012 por importe de 6.249,9 brutos

1 de octubre de 2012 por importe de 6.249,9 brutos

Por su parte, D. Ángel Daniel , reconoce expresamente que la contraprestación económica pactadas es adecuada, suficiente y proporcional a las limitaciones que se derivan del presente pacto de no competencia.

VI.- En caso de incumplimiento del presente pacto de no competencia post-contractual, D. Ángel Daniel deberá reintegrar y pagar a la empresa todas las cantidades que le hayan sido abonadas por este concepto. Asimismo, la empresa no estará obligada a seguir abonando a D. Ángel Daniel la compensación que reste por pagar en concepto de contraprestación por la obligación de no competencia post-contractual.

Lo anterior no excluirá la eventual indemnización por daños y perjuicios que pueda corresponder a la empresa y que determine la jurisdicción competente'.

(f. 205 y 206)

TERCERO.-El objeto social de SAR DOMUS, S.L.es el siguiente: 'A) La prestación de toda clase de servicios médicos, ejerciendo al efecto las actividades conexas o accesorias, pudiendo en consecuencia, adquirir y explotar aparatos de medicina, tanto de diagnosis como terapéuticos.

B) La prestación de servicios de ayuda a domicilio que podrá adoptar las modalidades de atención doméstica, atención personal, tele-asistencia y otras ayudas técnicas y ayudas complementarias para la mejora de las condiciones de habitabilidad de la vivienda y tratamiento de todo tipo de personas mayores, de tercera edad, o cualquiera otra con alguna carencia, enfermedad, discapacitación o minusvalía, física psíquica, o económica'.

(f. 207 a 253)

CUARTO.-1.- La empresa EURO SALUD SERVICIOS EUROPEOS PROFESIONALES DE SALUD, S.L. (EURO SALUD)tiene por objeto: la prestación de servicios, tanto sanitarios, como asistenciales de carácter social, por medio de profesionales que tengan la titulación legalmente exigible en cada caso; así como el asesoramiento profesional en materia sanitaria', siendo constituida mediante escritura ante Notario de fecha 01.07.2011, por D. Ángel Daniel con 1.950 participaciones, Dª. Covadonga con 450 participaciones, y D. Hilario con 600 participaciones, siendo los tres Administradores solidarios, con domicilio social en calle Balmes, núm. 200, 4º 6ª de Barcelona (f. 254 a 268).

2.- Dª. Covadonga trabajaba para SAR DOMUS, con categoría profesional de Oficial 1ª Administrativa, antigüedad de 16.02.2009 hasta 30.11.2011, causando baja voluntaria. D. Hilario trabajaba para SAR DOMUS, con categoría profesional de Coordinador DUE, antigüedad de 10.11.2006 hasta 31.12.2011, causando baja voluntaria (hecho no controvertido, f. 661 a 663, 874 y 875).

3.- Ángel Daniel , Dª. Covadonga y D. Hilario , venían realizando gestiones para la constitución de la indicada mercantil, al menos desde 25.05.2011, según correo electrónico de la citada fecha, entre los anteriormente citados, del que se deduce la búsqueda de nombre para la sociedad, en la que se encuentra el finalmente elegido de EURO SALUD SERVICIOS EUROPEOS PROFESIONALES DE SALUD, S.L. (f. 691 a 723, informe pericial tecnológico).

4.- Utilizaron contrato de prestación de servicios profesionales de SARDOMUS con la empresa Pulso Ediciones, S.L. (MEDICAL GUARD), como base de alianza con esta misma empresa, como se desprende del correo electrónico de fecha 05 y 06 de julio de 2011, entre Ángel Daniel y Roman , de la empresa Pulso Ediciones, S.L., y el resto de socios (f. 724 a 735, informe pericial tecnológico).

5.- Los indicados socios de EURO SALUD, han utilizado listados de SAR DOMUS, para confección de programas propios, en el que constan códigos, poblaciones, patología y servicios, según se deduce de los correos electrónicos de 17 de julio de 2011 y sucesivos (749 a 771, informe pericial tecnológico).

QUINTO.- La empresa SERVICIOS EUROPEOS PROFESIONALES DE SALUD Y GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L. (EUROGESTIÓN), tiene por objeto social 'la prestación de servicios, tanto sanitarios, como asistenciales de carácter social, por medio de profesionales que tengan la titulación legalmente exigible en cada caso; así como el asesoramiento profesional en materia sanitaria. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no cumpla la sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades algún título profesional, autorización o inscripción en Registros especiales, deberán ejercitarse por quien ostente dicho título o bien no podrán iniciarse hasta que se hayan cumplido los requisitos administrativos elegidos. Podrá desarrollarse de modo indirecto mediante participación en otras sociedades de objeto análogo',siendo constituida por Dª. Covadonga , con 1.500 participaciones, y D. Hilario , con 1.500 participaciones, constituida por escritura ante Notario de 17.11.2011, siendo Administrador único D. Hilario , con domicilio social inicialmente en calle Castillejos, núm. 322, principal 1ª de Barcelona, y posteriormente en calle Josep Sangenis 9 Local de Barcelona (f. 269 a 279)

SEXTO.-La empresa SAR DOMUS ingresó en fecha 04.01.2012 a D. Ángel Daniel un importe de 5.312,42 euros, en concepto de pacto de no competencia (f. 293).

SÉPTIMO.-Mediante burofax de 03.04.2012, SAR DOMUS remitió escrito a D. Ángel Daniel , por el que le comunicaba:

'Nos vemos en la obligación de ponernos en contacto con Ud. debido a que esta Compañía ha tenido conocimiento del incumplimiento por su parte del pacto de no competencia post-contractual formalizado con Ud. en fecha 2 de noviembre de 2011.

En atención a dicho acuerdo, Ud. se obligaba a no competir con el negocio de SAR DOMUS, S.L. durante un período de 2 años desde la extinción de su relación laboral, este es, desde el 2 de noviembre de 2011.

Como consecuencia a su obligación de no competir, en el citado pacto se acordó que SAR DOMUS, S.L. le abonaría una cantidad total bruta de 25.000 euros, pagaderos trimestralmente hasta su total liquidación, mediante cuatro pagos de 6.249,90 euros brutos, en las siguientes fechas:

2 de enero de 2012.

1 de abril de 2012.

1 de julio de 2012.

1 de octubre 2012.

Como consecuencia de lo anterior, Ud. ya ha percibido un total de 6.249,90 euros brutos, mediante transferencia bancaria ordenada el 4 de enero de 2012, lo que acredita que SAR DOMUS ha cumplido en todo momento con su obligación de compensar dicho pacto de no competencia post-contractual.

Sin embargo, ante su incumplimiento SAR DOMUS ha procedido a realizar las investigaciones oportunas que la han llevado al conocimiento fehaciente de que Ud. ha constituido y se encuentra prestando servicios para la sociedad EURO SALUD SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SALUD, S.L. (en adelante EURO SALUD), la cual compite directamente con SAR DOMUS, S.L.

Por este motivo, es por lo que le informamos que SAR DOMUS, S.L. interpondrá en los próximos días demanda ante la jurisdicción social dirigida a obtener una declaración judicial que le obligue al cese inmediato de su actividad y la de EURO SALUD, así como el resarcimiento de SAR DOMUS, S.L. de los daños ocasionados por su incumplimiento.

Asimismo, se le informa que, en la medida en que Ud. ha incumplido con lo pactado, el segundo, tercer y cuarto abono de la cuantía pactada en concepto de compensación por su obligación de no competir, será depositado ante la Notario de Barcelona Dª. María Dolores Giménez Arbona, cuya notaría está sita en la Calle Balmes nº 182 de Barcelona, a efectos de que la cantidad que le pudiera corresponder le sea, en su caso, puesta a su disposición en el único caso que Ud. obtenga Sentencia firme en el procedimiento que le hemos anunciado que vamos a proceder a instar.

Finalmente, por la presente le requerimos para que cese inmediatamente de incumplir con el pacto de no competencia suscrito, por cuanto constituye un incumplimiento grave y culpable de la obligación en su día adquirida con esta Empresa'.

(f. 294 a 298)

OCTAVO.-1.- Los modelos de informe de asistencia de atención médica utilizados por la empresa SAR DOMUS y EUROGESTIÓN son básicamente iguales (f. 312 y 313).

2.- EUROGESTION confeccionó carta de 'protocolo de urgencia vital. Sistema de comunicación' con logotipo de 'EUROGESTIÓN Y SALUD', en cuyo contenido se citaba sin embargo a 'SAR DOMUS' (hecho no controvertido, f. 314 a 319).

3.- El modelo de documentos de política de retribución de SAR DOMUS y EUROGESTIÓN son iguales (hecho no controvertido, f. 320 a 326).

NOVENO.-La empresa SAR DOMUS firmó un contrato de arrendamiento de servicios de fecha 01.01.2008, con ADVANCE MEDICAL-HEALTH CARE MANAGEMENT SERVICES, S.A., que se da por reproducido, por el que SAR DOMUS se obliga a realizar la prestación de Servicios Asistenciales (f. 327 a 345).

DÉCIMO.-La empresa SERVICIOS EUROPEOS PROFESIONALES DE SALUD Y GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L. (EUROGESTIÓN) firmó un contrato de arrendamiento de servicios de fecha 01.01.2012, con ADVANCE MEDICAL-HEALTH CARE MANAGEMENT SERVICES, S.A., que se da por reproducido, por el que SERVICIOS EUROPEOS PROFESIONALES DE SALUD Y GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L. (EUROGESTIÓN) se obliga a realizar la prestación de Servicios Asistenciales (f. 346 a 350).

DECIMOPRIMERO.-Según la declaración de la testigo Dª. Angelica , trabajadora de SAR DOMUS, desde Junio de 1994, como Responsable de Call Center, Ángel Daniel realizaba visitas médicas en SAR DOMUS, detectaron competencia de éste porque la empresa ADVANCE les enviaba información por error a nombre de Ángel Daniel y de EUROGESTIÓN. Han bajado el número de visitas de ADVANCE y de INTERPARNET así como de otros. Tiene mail en SAR DOMUS, pero no contraseña para acceder al mismo, si que tiene contraseña para acceder al ordenador (declaración de la testigo Angelica , que merece credibilidad a este Juzgador).

DECIMOSEGUNDO.-Dª. Angelica , en fecha 24.09.2012, recibió correo electrónico de Dª. Encarna , sobre asunto 'visita Eurogestión', en el que se hace constar:

'Buenos días,

Nos han pasado esta visita a las 9:55 y a las 10:30 lo han anulado.

Al yo poner ok en la página de advance, se ha puesto azul en vez de naranja y les he llamado. Al decirle 'hola mira llamo por la visita esta de Sant Just' me ha dicho 'eres Eurogestión verdad? Por lo que deducimos que nos han quitado la visita para dársela a ellos.

Te digo esto por si sirva de algo por la reunión'

(f. 368)

DECIMOTERCERO.-La compañía aseguradora CIGNA tiene suscrito con SAR DOMUS, S.L. un contrato de fecha 01.02.2006, como centro médico participante, a fin de prestar servicios sanitarios a sus asegurados (f. 372 a 375).

DECIMOCUARTO.-La empresa EUROGESTIÓN Y SALUD aparece en el Listado Directorio Médico de CIGNA en fecha 12.03.2013 (f. 385 a 388).

DECIMOQUINTO.-SAR DOMUS, S.L. tiene suscrito contratos de arrendamiento de servicios, para la prestación de servicios asistenciales, con SOCIETAT DE SOCORS MUTUS DE MOLLET, MPS A PRIMA FIXA (SSMM), de 17.03.2010 y 01.01.2012, con Instituto Sanitario SA de Seguros, de fecha 24.11.2009 y 09.01.2012, y con CELTA ASSISTANCE, S.L. (f. 407 a 436 y 496 a 508).

DECIMOSEXTO.-1.- D. Hilario , en calidad de Administrador único de SERVICIOS EUROPEOS PROFESIONALES DE SALUD Y GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L., mediante documento de 16.01.2013, que se da por reproducido, certifica:

'Que Don. Ángel Daniel con DNI NUM000 ,..., trabajador por cuenta propia,...ha llevado a cabo trabajos como médico asistencial autónomo de la empresa cuyos datos aparecen en la cabecera de este certificado con relación mercantil reglada, realizando visitas médicas domiciliarias.

Que de los datos que dispone la sociedad de enero a noviembre, -al no haberse cerrado contablemente el mes de diciembre-, ha recibido desde el primer encargo como médico asistencial el 16 de enero de 2012, hasta el 30 noviembre de 2012 (ambos incluidos) y una vez descontado el IRPF (del 15 % desde enero hasta agosto y del 21 % desde septiembre a noviembre y depositado en la Administración competente), la cantidad de 70.799 €, cifra correspondiente a la realización de 1.135 visitas médicas.

Que en dicho importe están incluidos los conceptos de kilometraje, peajes y gastos de aparcamiento, siendo el área geográfica que cubre el Dr. Ángel Daniel el Maresme y Gerona'.

2.- A la citada certificación se adjunta relación de visitas del Dr. Ángel Daniel del 16.01.2012 al 31.11.2012, y que asciende a un total de 1.139 visitas, en las que destacan:

'Día 18.01.2012:

Hora de entrada: Centro solicitante: Municipio:

10.17.00 ADESLAS GRANOLLERS

10.18.00 DKV ALELLA

Día 19.01.2012:

Hora de entrada: Centro solicitante: Municipio:

12.10.00 ADESLAS SANT FOST CAPSENTELLES

12.10.00 AXA CABRILS

Día 20.01.2012:

Hora de entrada: Centro solicitante: Municipio:

11.00.00 ATLANTIDA MATARÓ

11.02.00 AXA CALDES DEMONTBUI

Día 09.02.2012:

Hora de entrada: Centro solicitante: Municipio:

09.13.00 ADESLAS MATARÓ

09.14.00 L'ALIANÇA MALGRAT DE MAR

09.14.00 L'ALIANÇA MALGRAT DE MAR

Día 14.02.2012:

Hora de entrada: Centro solicitante: Municipio:

12.41.00 ADESLAS VILASSAR DE DALT

12.42.00 DKV BARCELONA

Día 16.02.2012:

Hora de entrada: Centro solicitante: Municipio:

09.00.00 L'ALIANÇA ARENYS DE MAR

09.04.00 L'ALIANÇA MALGRAT DE MAR'

(f. 515 a 525)

DECIMOSEPTIMO.-1.- En el período de diciembre de 2010 a octubre de 2011, D. Ángel Daniel ha percibido un salario bruto de 100.856,53 euros (f. 526 a 536).

2.- En el período de enero de 2012 a diciembre de 2012, D. Ángel Daniel , ha facturado a SERVICIOS EUROPEOS PROFESIONALES DE SALUD Y GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L. (EUROGESTIÓN) un total de 93.731,16 euros brutos (f. 537 a 548).

DECIMOCTAVO.-SAR DOMUS. S.L. ha facturado, a las empresas clientes, por las visitas realizadas, los siguientes importes en el período 2010-2013:

2010: 1.434.559,99 euros

2011: 1.990.697,11 euros

2012: 1.324.132,35 euros

2013: 620.406,41 euros

(hecho no controvertido, f. 591 y 592)

DECIMONOVENO.-Durante el año 2012, SERVICIOS EUROPEOS PROFESIONALES DE SALUD Y GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L. (EUROGESTIÓN), ha facturado a las diferentes compañías aseguradoras, un importe de 682.545,03 euros (hecho no controvertido, f. 593).

VIGÉSIMO.-1.- La sentencia de 25.03.2013 del Juzgado de lo Social nº 20 de Barcelona , en el procedimiento 479/2012, resolvió demanda instada por D. Ángel Daniel , contra SAR DOMUS, S.L.U., estima la misma, condenando a la mercantil a abonarle la suma de 18.749,70 euros. A través de dicha demanda, según se recoge en el fundamento de derecho segundo de la citada sentencia, el entonces actor 'tras su despido de fecha 2 de noviembre de 2011 y la firma en dicha fecha de pacto de no competencia post-contractual, reclama el importe de los 3 plazos no satisfechos por la empresa, por importe total de 18.749,70 euros al haber cumplido las condiciones fijadas en dicho pacto, no prestando servicios para terceros que supongan competencia respecto de la actividad que realizó para SAR DOMUS, S.L.U., como director general sino servicios como facultativo, por cuenta propia o ajena, permitidos por el pacto.

La empresa demandada se opone a la pretensión actora entendiendo haber incumplido el actor el pacto de no competencia post-contractual al constituir una mercantil con otros antiguos empleados de las demandada con idéntico objeto social que SAR DOMUS, si bien en fraude de ley y tras la firma del pacto de no competencia el actor en apariencia pasó a prestar servicios por cuenta propia para la mercantil SERVICIOS EUROPEOS, realizando en realidad tareas de gestión comercial y contratación con clientes en competencia con SAR DOMUS'.

2.- El fundamento de derecho tercero de la sentencia indicada declara: 'de la prueba practicada y hechos declarados probados la pretensión actora debe ser claramente estimada, no pasando las alegaciones de la empresa demandada, para no satisfacer la parte del importe del pacto de no competencia post- contractual pendiente de una mera elucubración interesada, no ofreciendo ningún elemento mínimo objetivo y constatable que acredite que el actor realice, tras la extinción de su contrato de trabajo con SAR DOMUS, actividad que no sea la propia de facultativo médico.

Así, si bien consta la constitución por el actor con otras dos personas, al parecer y pese a que no se acredita, antiguos trabajadores igualmente de SAR DOMUS, en fecha 1 de julio de 2011, por tanto antes de la extinción del contrato de trabajo y vigencia del pacto de no competencia, de la mercantil EURO SALUD SERVICIOS EUROPEOS PROFESIONALES DE SALUD, con objeto social similar al de SAR DOMUS y siendo el actor socio mayoritario y uno de los tres administradores solidarios, no consta probado que dicha sociedad haya llevado actividad en el mercado en concurrencia con la demandada. Así se deduce a doc. 1 del actor del Impuesto sobre sociedades del año 2011 aportado, no constando actividad máxime por lo que se dirá en el año 2012.

Y ello porque consta a doc. 4, 5, 7 y 8 de la demandada como en fecha 17 de noviembre de 2011 inició su actividad la mercantil SERVICIOS EUROPEOS, con objeto social similar al de SAR DOMUS, siendo su administrador el Sr. Hilario , al parecer antiguo trabajador como el actor en la demandada pero sin que se acredite por ésta, como le correspondía a los efectos de no cumplir el pacto de no competencia post-contractual, que el actor haya realizado para la misma servicios distintos de los propios de un facultativo permitidos por el citado pacto. Que el actor 'captara' al administrador citado y a otra persona interesando su salid de la empresa no es más que una mera manifestación de la demandada, sin prueba alguna. Así de la documental aportada a los autos el 25 de enero de 2013 por el actor consta como, junto con una prestación de servicios como facultativo médico por cuenta y bajo la dependencia de dos empresas y la realización, dentro del RETA por propia cuenta, de dos periciales médicas judiciales, actividades claramente permitidas por el pacto, el actor en el período 16 de enero a 30 de noviembre de 2012 ha venido realizando como médico asistencial y dentro del RETA un total de 1.135 visitas médicas encargadas por SERVICIOS EUROPEOS, por un total de 70.799 euros, incluyendo gastos de kilometraje, peajes y aparcamiento (que lógicamente abona SERVICIOS EUROPEOS y nos las empresas que a ésta contratan, como manifestó el letrado de la demandada), constando a doc. 5 del actor como ha venido girando las facturas, no pudiendo estarse a lo manifestado por la propia parte demandada en su interrogatorio, que no pasaron de manifestar una mera suposición respecto de la actividad del actor y del importe en cuanto a su cuantía de sus servicios, elevados pero ajustado al número de asistencias y visitas contratadas por SERVICIOS EUROPEOS.

En cuanto a dicha mercantil la misma, como el testigo de la empresa manifestó, no es más que una de las diversas empresas, como SAR DOMUS, que en el mercado ofrecen servicios sanitarios a clientes, en especial Mutuas de salud, sin exclusividad alguna. Por lo dicho siquiera indiciariamente consta que el actor haya realizado, aprovechándose de sus conocimientos como director general de SAR DOMUS, tareas de gestión, contratación o comerciales para SERVICIOS EUROPEOS, menos aún para EURO SALUD, o que haya contratado trabajadores, que contradigan el pacto de no competencia; al respecto hubiera bastado a la empresa demandada, que alega el incumplimiento del pacto, proponer como testigo a representante de la mercantil ADVANCE, plataforma telefónica a la que llaman los clientes de las Mutuas de salud y que deriva los servicios a empresas como la demandada o SERVICIOS EUROPEOS, a los efectos de que hubiera indicado si fue el actor la persona con la que pactaron las condiciones de la contrataron de servicios por parte de SERVICIOS EUROPEOS, legítima en la concurrencia de empresa en el mercado, lo que en absoluto consta.

En consecuencia respetando el actor al realizar desde el 2 de noviembre de 2011 una mera actividad probada, como facultativo médico el contenido del pacto de no competencia post-contractual firmado con la demandada debe estimarse la demanda, condenando a la empresa demandada a que abone al actor la suma de 18.749,70 euros brutos pendientes de pago en los tres plazos no satisfechos, más los intereses por mora procesal ordinarios del art. 576 LEC , careciendo de virtualidad el depósito alegado por la empresa ante Notario de uno de los plazos no abonados al no ser destinado a pagar ya disposición del actor, negando allanamiento parcial respecto de dicha suma en contestación a la demanda'.

(f. 855 a 863)

VIGÉSIMOPRIMERO.-D. Ángel Daniel permaneció de baja por incapacidad temporal desde 13.10.2011 hasta 15.02.2012, con diagnostico de 'Problema de estrés (agut)'(f. 871).

VIGÉSIMOSEGUNDO.-Presentada conciliación previa el 04.04.2012, ésta tuvo lugar el 10.05.2012, que terminó con el resultado de sin avenencia (f. 16)'

Tercer.Contra aquesta sentència la part demandada Ángel Daniel va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària i la part actora el va impugnar . Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER.-Per a la cabdal comprensió del debat processal a les presents actuacions escau tenir present els següents elements concorrents:

a)La mercantil actora i la demandada signaren en el seu moment el pacte de no competència postcontractual que es relaciona en el fet prova segon de la sentència.

b)En les presents actuacions la mercantil actora interposà demanda en data 01.06.2012 en la què en la seva súplica es reclamava al seu extreballador la quantitat de 250.000 euros en concepte d'indemnització per danys i perjudicis. Val a dir que en la fonamentació de la dita acció es feia una manifestació atenyent al cessament de l'activitat concorrent i la devolució de les quantitats prèviament pagades (fet desè), per indicar tot seguit que la conducta, qualificada com fraudulenta, de competència il lícita comportava danys a l'actora pel descens de clients, pel que es reclamava (fet onzè) la quantitat indemnitzatòria abans expressada per danys i perjudicis morals i materials, tal i com es s'acaba sol licitant a la súplica. L'acció s'adreçava a més contra EURO SALUD -i, posteriorment, per ampliació- contra EUROGESTIÓN.

c)La dita demanda fou desestimada per la Sentència del jutjat de 10 de gener de 2014 , en considerar que concorria l'excepció de cosa jutjada -en relació a la sentència dictada pel jutjat del social número 20 dels Barcelona, en les actuacions 479/2012. Recorregué l'empresa demandant en suplicació, la qual cosa donà lloc a la nostra Sentència 4999/2014, de 8 de juliol en la què estimarem el recurs, declarant 'la nul litat d'actuacions des del moment en què es dictà sentència, retornant les actuacions al primer grau jurisdiccional, per tal que es dicti nova sentència en la que, desesestimant l'excepció de cosa jutjada, el jutjador del primer grau, amb total llibertat i independència valori la prova relativa el protocol d'ús de mitjans electrònics aportat per l'empresa, inclogui, si escau, aquest aspecte en el relat fàctic i en valori en la fonamentació jurídica els seus efectes en relació a la licitud de la prova pericial informàtica aportada'. Als dits efectes, s'indicava en el nostre pronunciament que constava que la sentència del jutjat 20 abans esmentada no era ferma, pel que no podia existir cosa jutjada. Al què afegíem també la nul litat d'actuacions per haver-se anul lat la prova pericial informàtica aportada per l'empresa.

d)En data 7 de gener passat el jutjat ha dictat nova sentència en les mateixes actuacions, en la què es desestima l'excepció de cosa jutjada i transcrivint bona part de la sentència del mateix jutjat de data 13 de gener de 2015 (actuacions 539/2012), es declarava l'excepció de falta de legitimació activa de les mercantils codemandades i es condemnava al senyor Ángel Daniel al pagament d'una indemnització de 83.214 euros per danys i perjudicis. La referida quantitat derivava de la suma dels 6.249,9 euros pagats com a pacte de no competència i d'una indemnització per danys i perjudicis en quantia de 76.965 euros amb 03 cèntims.

e)S'alça ara en suplicació el senyor Ángel Daniel , essent aquest l'objecte de la present litis. En tot cas, arribats a aquest punt vol la Sala constatar, d'entrada, que el recurs no compleix els requisits mínims de la suplicació, atès que ens trobem davant una autèntica apel lació. Així, se'ns demana la modificació de bona part del relat fàctic de la sentència fent una autèntica valoració de la prova de part; al què caldrà afegir que la denúncia d'infracció normativa estableix una mera de diàleg amb la fonamentació jurídica de la sentència, afirmant o contradient les afirmacions que s'hi contenen.

f)Amb independència del present recurs escau constatar que el senyor Ángel Daniel interposà en data 15 de maig de 2012 una demanda de quantitat contra l'empresa actora a les presents actuacions, que fou estimada pel jutjat del social número 20 dels de Barcelona en sentència de 25 de març de 2013 (actuacions 479/2012), en la què es condemnà a la part impugnant del present recurs a que pagués al aquí recorrent la quantitat de 18.749'70 € en relació a la quantitat no pagada fins a la fi del període de vigència del pacte de no competència postcontractual. El dit pronunciament fou recorregut per SAR DOMUS, donant lloc a la sentència desestimatòria de la Sala número 7734/2013, de 26 de novembre . En ella s'afirmava, entre altres extrems, que 'la actividad que ha realizado el actor después de la extinción de la relación laboral del actor con la empresa demandada, el 2.11.2011, y vigente durante el plazo de 12 meses del pacto de no competencia post contractual es la de medico asistencia, en los términos expuestos anteriormente en esta sentencia en la valoración conjunta de la prueba que efectua el Magistrado de instancia, y que podía realizar, pues el punto II del pacto como consta en el hecho probado segundo es claro en sus términos al establecer que en ningún caso limitará el desarrollo como facultativo médico en el ejercicio de la medicina bien sea como profesional libre o empleado por terceros como médico'; per concloure: 'De conformidad con las precedentes consideraciones no ha quedado probado la mala fe ni fraude de ley en la actuación del actor, al no haber quedado probado la vulneración del art 21.1 del ET , ni del pacto de no competencia post contractual en ninguno de sus apartados,en los términos que lo formula la parte recurrente, teniendo en cuenta que no ha sido controvertido como lo reconoce el recurrente, el efectivo interés industrial o comercial del empresario, y que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada'. Aquest pronunciament fou recorregut en cassació per a la unificació de la doctrina, dictant el Tribunal Suprem la seva interlocutòria de 20 de gener passat en la que s'inadmitia el recurs per falta de contradicció. Per tant, el dit pronunciament és ferm.

g)D'altra banda, SAR DOMUS interposà demanda contra els mateixos codemandats en les presents actuacions, així com contra la senyora Covadonga i el senyor Hilario en la què reclamava el pagament d'una indemnització de 30.000 euros per danys i perjudicis morals. La dita acció fou estimada per Sentència del Jutjat del Social número 32 dels de Barcelona a les actuacions 439/2012, condemnant als demandats a pagar a la mercantil actora la quantitat referida. El dit pronunciament fou recorregut en suplicació. A la nostra Sentència 64/2014, de 12 de gener estimarem el recurs, declarant d'ofici la falta de jurisdicció i declinant el seu coneixement a l'ordre civil.

Dit l'anterior, anem a analitzar ara el recurs formulat pel demandat.

SEGON.- Per la via de la lletra b) de l'article 193 LRJS postula el recorrent la modificació de quasi bé tots els fets provats de la sentència. Val a dir que en tots ells se'ns ofereix un redactat alternatiu -en general, ple de valoracions de part- i també en tots ells els documents que es citen als dits efectes són els que ja consten en el corresponent ordinal del relat fàctic de la sentència del primer grau. No obstant, es fa una valoració de part, negant eficàcia a alguns ells, o extraient conclusions diferents a les del jutjador del primer grau. O es valora també de part la prova testifical practicada. De fet, l'únic motiu que s'apropa mínimament a la tècnica de la suplicació és el relatiu a l'ordinal setzè (atès que s'indiquen documents alternatius). No obstant, caldrà referir que el contingut del dit fet provat no és una altra cosa que la transcripció del relat fàctic de la sentència del jutjat del social número 20, pel que lògicament les crítiques que es puguin formular al respecte són del tot alienes al present procediment.

Cal recordar que en el procés laboral regeixen els principis d'immediació i oralitat ( art. 74.1 LRJS ), la qual cosa determina -entre d'altres efectes- la Impossibilitat que el tribunal 'ad quem' revisi fets acreditats a través de proves testificals o d'interrogatori de part -el què s'ha de cohonestar amb el principi d'instància única-: p. e. STS 10.06.1986 : 'precisamente el principio de inmediación ha servido al Magistrado, para extraer directamente su apreciación sobre la prueba practicada y no habiendo plasmado en los hechos probados que se hubieran cometido alteraciones y manipulaciones denunciadas o la inexistencia del transporte efectuado, al no poder lograr con los medios propuestos y precedentemente examinados, la variación del relato fáctico'. O STS 21.10.2010 : 'en el proceso laboral la valoración de la prueba en toda su amplitud únicamente viene atribuida por el art. 97.3 del invocado Texto procesal al juzgador de instancia (en este caso a la Sala `a quo'), por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica' .

En tot cas, la revisió de fets provats només es pot basar, de conformitat amb els ja citats art. 193. b ) i 196.3 LRJS , en documents o perícies (en altres paraules, els instruments tradicionals de l'antic i ja en desús concepte d'error de fet, a diferència de l'error de dret) La resta de la prova practicada no és valorable pel TSJ, essent competència única i exclusiva del primer grau jurisdiccional, en relació amb el contingut de l' art. 97.2 LRJS . I també escau referir que en el cas de documents -o, especialment, perícies- contradictòries ha de prevaler la valoració de la prova feta a la 'instància'

Però les dificultats d'atacar els fets provats de la sentència no resten aquí. Escau afegir que dins del concret marc exposat, és doctrina consolidada, pacífica i antiga que per a que la revisió dels fets provats pugui ser atesa és precís que concorrin una sèrie d'elements 'sine qua non', a saber: a) Que es determinin amb precisió i claredat els fets afirmats, negats o omesos que es considerin erronis, contrari al què s'ha acreditat amb respecte els elements documentals o pericials sobre els què es basa la sentència recorreguda, b) Que s'ofereixi al tribunal ad quemun redactat alternatiu concret i específic sobre el què s'ha de basar la narració fàctica refutada com incorrecta, bé sigui substituint alguns dels seus punts, bé complementant-los, bé incloent-n'hi de nous; c) Que es citin en forma concreta els documents o les perícies respecte les què es dimani l'error del jutjador 'a quo',sense que sigui acceptable una invocació genèrica o una revisió de fets no discutits al llarg de les actuacions; d) Que aquests documents o perícies posin en evidència en error d'aquest jutjador de forma clara, evident, directa i palesa, sense necessitat de conjectures, suposicions o argumentacions més o menys lògiques , naturals i/o raonables; el document en què es basa la pretensió ha de tenir 'una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas'( STS UD 16.11.1998 ) e) Que la revisió que es pretén sigui transcendent en quant la part dispositiva de la sentència, amb efectes modificadors d'aquesta, atès que el principi d'economia processal impedeix incorporar fets respecte els què la seva inclusió cap efecte pràctic tindria. 'la inclusión de hechos probados solo debe efectuarse con respecto a aquéllos que sean esenciales para la resolución de la cuestión debatida, en el sentido de trascendentes para modificar el pronunciamiento impugnado, y que hayan sido objeto de debate y prueba procedente por haber sido alegados oportunamente por las partes' ( STS UD 27.03.2000 )

Doncs bé, és evident que el recurs no compleix cap d'aquests requisits: no ens trobem així davant de cap denúncia d'error en la valoració de la prova, sinó en una mena d'exercici d'autotutela per part del demandant, que ve a suplantar el lloc del jutjador del primer grau i valora la prova conforme la seva pròpia conveniència. Una tècnica que potser és possible en apel lació, però és totalment aliena a la suplicació, pel seu caràcter de recurs extraordinari, el què ha de comportar la desestimació de la revisió fàctica proposada.

TERCER.-Pel que fa a la denúncia del dret aplicat cal indicar que, com ja prèviament hem assenyat, el recurs -amb notòries deficiències tècniques- estableix un debat amb els raonaments jurídics de la sentència del primer grau. D'entrada s'invoca la infracció dels articles 218 , 400 i 410 LEC , en relació amb l' article 97 i següents LRJS i 1255 i 1228 CC . I així respecte al fonament jurídic primer es considera que la valoració de la prova no s'adequa al marc legal; respecte el segon i tercer es torna a incórrer en una valoració de la prova de part pel que fa al contingut de determinats correus electrònics, negant-li's eficàcia provatòria. I, respecte els mateixos ordinals, s'hi inclou un esment a l'excepció de cosa jutjada, que es diu, per bé que no és aplicable per no ser fermes les prèvies sentències, ha de ser entesa com litispendència. I la mateixa lògica es segueix en relació als fonaments jurídics quart i cinquè.

És obvi que ens trobem davant una tècnica pròpia d'un recurs ordinari, que obvia que la suplicació és un recurs extraordinari. Com ja hem dit la Sala no té cap tipus de competència per valorar la prova i encara menys per donar major versemblança a la valoració de part que a la feta pel jutjador del primer grau.

No obstant, escau referir que en el 'totum revolutum' de la motivació del recurs s'indica, com hem dit, que en la instància s'al legà indegudament l'excepció de cosa jutjada, però que atès que les prèvies sentències no són fermes es substitueix ara la dita pretensió per la de litispendència (difícilment aplicable, atès que aquí sí que s'aplica, a diferència de la cosa jutjada, l'exigència de la més perfecte identitat. Tanmateix, amb posterioritat a la interposició del recurs, la part demandada presentà un escrit en el que s'acompanyava la interlocutòria del TS inadmetent el recurs de cassació per a la unificació de la doctrina, i postulant alhora, de nou, la cosa jutjada. Pretensió a la què s'oposa la part demandant per considerar, a banda d'altres motius, que era aquesta una pretensió extemporània. La tesi de la impugnant no pot ser compartida per la Sala, tenint present que l'eficàcia de cosa jutjada -o la litispendència- pot ser estimada d'ofici.

En tot cas, caldrà observar que, entre les múltiples deficiències tècniques del recurs, l'existència de cosa jutjada o litispendència hauria d'haver estat articulades per la via de la lletra a) de l'article 193 LRJS , i no per la de la c), doncs es tracta d'excepcions processals i no substantives. No obstant, tenint present que ens trobem davant una qüestió processal és obvi que la Sala té perfecte competència per entrar en el fons de l'assumpte, doncs podria estimar les dites qüestions d'ofici.

QUART.-Dit l'anterior escau reflexionar ara sobre si efectivament concorre o no cosa jutjada. No obstant, amb caràcter previ, escau indicar que la demanda, com s'ha dit, contenia una sèrie d'afirmacions en relació a pretensions com el cessament de l'activitat concorrent, la condemna al pagament de la indemnització pagada per l'empresa i els danys i perjudicis materials i morals en quantia de 250.000 euros. Ara bé, la súplica de la demanda es limitava únicament a aquesta darrera quantitat, ometent qualsevol menció a la resta de pretensions. Per tant, és clar que l'objecte de la litis quedava limitat únicament als dits danys i perjudicis. Consideració a la què escau afegir que no entén la Sala perquè han existit dues demandes pel mateix concepte -danys i perjudicis materials i morals- en quantia diferent en dues demandes diferenciades -la present i la tramitada pel mateix jutjat número 32 en les altres actuacions, sense que del contingut d'ambdós escrits es diferenciïn causes diferents de demanar .

Cal indicar, d'entrada, que quan al ludim als efectes objectius de la cosa jutjada, estem intentant delimitar aquesta situació o relació jurídica, entre els mateixos subjectes, que per haver estat definitivament jutjada no pot tornar a repetir-se en altre procés perquè ha esdevingut indiscutible per als dits subjectes. En el nostre sistema processal el terme «cosa jutjada» s'empra en un sentit molt ampli i en certa manera heterogeni, comprensiu tant de la fermesa d'una resolució qualsevol (cosa jutjada formal) com de la inmutabilitat del contingut d'una resolució concreta (sentència ferma) a l'efecte de vincular als Jutges dels futurs processos (cosa jutjada material); o ja sigui -fent aquí una especial èmfasi pels efectes sobre les nostres posteriors reflexions- en el sentit d'haver de decidir conforme al que ja ha estat resolt en un procés anterior (funció positiva, vinculant o prejudicial de la cosa jutjada), ja sigui en el d'abstenir-se de jutjar o decidir el que ja ha estat resolt en dita anterior procés (funció negativa o excloent de la cosa jutjada). Una vegada produïda la fermesa de la sentència que declara una voluntat concreta de la llei substantiva, la cosa jutjada es resol en la inmutabilitat d'aquesta declaració, és a dir, en l'atribució definitiva del bé a la part vencedora . Per tant, l'objecte de la cosa jutjada és la declaració del dret subjectiu o de la relació jurídica substantiva fets valer en judici I ha de recordar-se que és un tòpic en la història del Dret l'afirmació que la cosa jutjada es refereix tant a allò deduït com a allò deduïble.

La cosa jutjada troba, a més, aixopluc constitucional, precisament en allò previst a l' art. 24 CE , atès que 'el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ) garantiza, en una de sus diversas proyecciones, el derecho a que las resoluciones judiciales alcancen la eficacia propia que el ordenamiento les reconoce. Derecho este último que incluye como manifestaciones, de un lado, 'el derecho a que las resoluciones judiciales se ejecuten en sus propios términos'y, de otro, 'el respeto a la firmeza de esas mismas resoluciones y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas declaradas, pues también si la cosa juzgada fuese desconocida vendría a privarse de eficacia a lo que se decidió con firmeza al cabo del proceso' (entre d'altres, SSTC 159/1987 , 171/1991 , 48/1999 , 286/2000 , 140/2001 , 56/2002 , 163/2003 , etc)

Per a que aquest àmbit objectiu de la cosa jutjada estengui, però, tots els seus efectes, escau la identitat entre allò resolt en sentència inicial ferma (la 'res iudicata') i el què s'està jutjant en el procediment en el què es vol fer valer la cosa jutjada (la 'res iudicando'). I la dita identitat s'ha identificat tradicionalment en tres elements: subjectes, petítum i causa petendi.

La 'més perfecta identitat' referida -que contemplava el derogat art. 1252 CC - ha comportat, així, que la doctrina cassacional tradicional hagi rebutjat l'aplicació de la cosa jutjada de no donar-se aquesta absoluta similitud (com es pot veure, en les sentències del TS que s'esmenten pel recorrent). Ara bé, no cal oblidar que la dita interpretació rígida ha trobat excepcions en la pròpia doctrina unificada, en casos concrets d'aplicació de l'efecte positiu de cosa jutjada; així, per exemple, pel que fa a procediments declaratius d'existència de responsabilitat solidària en grups d'empresa, respecte a actuacions posteriors, sempre que es doni la identitat subjectiva, que es contempla en la coneguda i important sentència TS 29.05.1995 ; o en la sentència de 26.12.2000 , que determina l'efecte positiu de cosa jutjada d'una sentència ferma d'acomiadament i extinció sobre un procediment posterior relatiu a l'alta d'ofici. O en l'encara més recent STS UD 14.04.2005 , en la què es determina l'eficàcia de cosa jutjada respecte la declaració de contingencia en incapacitat temporal i el posterior procediment d'incapacitat permanent. O, també, la línia doctrinal cassacional (entre altres moltes, SSTS 19.05.1992 , 09.12.1993 , 27.01.1997 , 21.07.2000 , 07.10.2003 etc) que ve indicant que la base reguladora fixada en un procediment judicial té efectes de cosa jutjada respecte futurs pronunciaments atenyents a la prestació, encara que no existeixi identitat d'objecte i/o de causa de demanar.

Amb tot, el canvi més substantiu en la matèria ha vingut de la mà del redactat de l' art. 222 de la LEC 2000 , atès que el seu apartat primer suavitza en forma clara l'anterior del Codi Civil i, molt especialment, tenint present que en el seu apartat quart amplia l'aplicació de l'analitzada institució als processos posteriors que 'apareguin com conseqüència lògica' de l'objecte dels anteriors, sempre que existeixi identitat subjectiva.

Aquesta línia 'flexibilitzadora' o menys rígida -que comparteix la Sala- és cada cop més necessària atesa l'evident complexitat d'assumptes en el marc laboral, així com l'encadenament de conflictes amb elements coincidents que es produeix en els darrers anys, per la pròpia evolució del iuslaboralisme, com a símptoma de la seva maduresa. D'aquesta manera amb la generalització de l'efecte positiu de la cosa jutjada s'eviten clars conflictes d'aplicació i/o interpretació de dos pronunciaments judicials sobre qüestions processals diferents, però que aborden un determinat aspecte comú, connex o derivat en forma contradictòria, el què és contrari al dret de tutela judicial efectiva, ex art. 24.1 CE (entre d'altres, SSTC 24/1984 , 171/1991 , 219/2000 i 151/2001 ).

En aquesta línia, la més recent doctrina del Tribunal Suprem en la matèria ha afirmat (per totes, SSTS 21.12.2000 ó 17.09.2002 ) que 'la excepción de litispendencia tiene por finalidad impedir que puedan producirse resoluciones contradictorias sobre unos mismos hechos de seguirse, simultáneamente, dos causas para enjuiciar la misma pretensión.Así entendida la excepción no puede producir indefensión, pues recaerá una resolución judicial que dará respuesta a las pretensiones deducidas. Pero, si éstas no son las mismas, el primer litigio no puede enervar la tramitación del segundo, pues, caso contrario, quedarían sin resolver las acciones ejercitadas en el postrero'

Val a dir, així mateix, que els efectes de la cosa jutjada són -com s'ha dit- la immutabilitat de la 'res iudicata', atès que 'los principios de igualdad jurídica y de legalidad en materia procesal ( arts. 9.3 y 117.3 CE ) vedan a los Jueces y Tribunales, fuera de los casos previstos por la Ley, revisar el juicio efectuado en un caso concreto si entendieran con posterioridad que la decisión no se ajusta a la legalidad, puesto que la protección judicial carecería de efectividad' si se permitiera reabrir el análisis de lo ya resuelto por Sentencia firme en cualquier circunstancia. Este efecto no sólo puede producirse con el desconocimiento por un órgano judicial de lo resuelto por otro órgano (...) también se produce cuando se desconoce lo resuelto por Sentencia firme, en el marco de procesos que examinan cuestiones que guardan con aquélla una relación de estricta dependencia. No se trata sólo de una cuestión que afecte a la libertad interpretativa de los órganos jurisdiccionales, sino de salvaguardar la eficacia de una resolución judicial que, habiendo adquirido firmeza, ha conformado la realidad jurídica de una forma cualificada que no puede desconocerse por otros órganos juzgadores sin reducir a la nada la propia eficacia de aquélla. La intangibilidad de lo decidido en resolución judicial firme, fuera de los casos legalmente establecidos, es, pues, un efecto íntimamente conectado con la efectividad de la tutela judicial tal como se consagra en el art. 24.1 CE , de tal suerte que éste es también desconocido cuando aquélla lo es, siempre y cuando el órgano jurisdiccional conociese la existencia de la resolución firme que tan profundamente afecta a lo que haya de ser resuelto' ( STC 163/2003 ) . Al què caldrà afegir que 'en la realidad histórica relevante para el Derecho no puede admitirse que unos hechos existen y dejan de existir para los órganos del Estado, pues a ello se oponen principios elementales de lógica jurídica y extrajurídica, salvo que la contradicción derive de haberse abordado unos mismos hechos desde perspectivas jurídicas diversas' (per totes, STC 109/2008 )

Es tracta, en definitiva, d'una clara plasmació del principi de seguretat jurídica que l' art. 9.3 CE consagra. D'aquesta manera, allò que s'intenta evitar és que aspectes discutits en un plet concret i que han tingut resposta judicial puguin tornar a plantejar-se 'ad infinitum' en altres processos.

Certament aquesta regla general pot tenir excepcions, com ara en aquells casos en els què existeix un canvi de legalitat o de jurisprudència, pels seus efectes negatius sobre el dret a la igualtat, com reiteradament ha posat de manifest la doctrina constitucional ( STC 307/2006 ) O, en d'altres casos específics, quan apareixen aspectes fàctics significatius que no s'hagin pogut acreditar prèviament i sempre quan no afectin la cosa jutjada material; o quan en una jurisdicció s'arriba a una conclusió fàctica diferenciada de la d'una altre ordre jurisdiccional prèvia, sempre i quan es justifiqui el perquè -des de la pròpia perspectiva de la jurisdicció- s'arriba a la dita conclusió diferent (per totes, STC 34/2003 ); o quan el pronunciament anterior té declaracions 'obiter dictum'que no, obstant, deixant imprejutjat el fons de l'assumpte que posteriorment es pretén discutir ( STC 71/2010 )

Doncs bé, hem de destacar que en el present cas la sentència del primer grau ha desestimat l'eficàcia de cosa jutjada respecte la sentència del jutjat del social 20, doncs no era en aquells moments ferma, pel que fa al reintegrament de la quantitat pagada amb anterioritat per l'actora i ha reproduït en relació a la indemnització per danys i perjudicis materials i morals els mateixos arguments que en l'anterior pronunciament del mateix jutjat. No obstant, a l'interí han esdevingut dos elements del tot imprescindibles a la nostra anàlisi: d'una banda, la primera sentència esmentada és ferma; d'altra, la segona ha estat revocada, declarant la falta de jurisdicció respecte la indemnització per danys i perjudicis.

Arribats a aquest punt vol la Sala tornar a reiterar que en la súplica de la demanda no es contenia cap esment al primer dels dits conceptes, pel que fàcilment hom podria arribar a la conclusió que existeix una incongruència ultra petita. No obstant, això, tenint present que sí es feia esment al reintegrament de les quantitats degudes en el cos de la demanda, que el jutjador del primer grau ho ha tingut present i que en el recurs no es formula cap objecció al respecte, no entrarà la Sala en una aplicació estricta del referit problema processal.

CINQUÈ.- Iaixí, pel que fa al reintegrament dels 6.249,9 euros pagats com a pacte de no competència és obvi que el recurs ha de ser estimat, encara que sigui d'ofici -pel que la modificació de pretensions experimentada en el decurs de la seva tramitació resulta irrellevat-. I això per l'obvi motiu de que, essent ferma la sentència del jutjat 20 condemnant l'empresa al pagament de les quantitats meritades des del moment en què les deixar d'abonar, cap sentit tindria condemnar ara al treballador a reintegrar el prèviament obtingut. Si, com s'ha dit, la nostra Sentència arriba a la conclusió que no existí competència en el període posterior al cessament del pagament és obvi que difícilment en pot existir -i sense que així es derivi del relat fàctic- amb posterioritat. Volem advertir que si la sentència no hagués guanyat fermesa no existiria litispendència, atès que la causa petendi i l'objecte seria diferent entre aquelles actuacions i les presents, tenint present que, com s'ha vist, en aquesta qüestió processal la jurisprudència continua exigint la concurrència de la més perfecte triple identitat. Ara bé, no ocorre així quan es tracta de l'eficàcia positiva (a diferència de la negativa) de la cosa jutjada, atès que aquí només es reclama la identitat subjectiva. I és clar que ambdós processos estan interconnectats, doncs en cas contrari ens trobaríem amb l'absurd de reconèixer el dret del treballador en el segon període i no en el primer, sense que existeixi cap alteració significativa; i sense que podem acceptar la tesi de l'actora impugnant en el sentit de que ara també es reclama contra una tercera empresa, atès que en la fonamentació jurídica del jutjat 20 ja est conté una expressa valoració de la prova en relació a que per bé que el senyor Ángel Daniel fou contactat pel senyor Hilario amb anterioritat al cessament a l'empresa, no existí prestació laboral de cap tipus.

SISÈ.-I a idèntica conclusió estimatòria hem d'arribar en relació a la indemnització per danys i perjudicis materials i morals en quantia de 76.965 euros amb 03 cèntims. I això perquè -a banda de que, com ja hem indicat- no s'entén la diferència de pretensió entre les dues demandes conegudes pel jutjat del social número 32, escau aquí reproduir la mateixa tesi que ja afirmàvem a la nostra prèvia 64/2014, de 12 de gener, en la que senyalàvem:

'en la Sala entendemos que no tenemos competencia para conocer el presente procedimiento, y ello por cuanto la actuación de Ángel Daniel , con supuesta mala fe, que habría inducido a Hilario y Covadonga a constituir EUROGESTIÓN cuando ya no tenía relación laboral con la empresa demandante, es lo que resulta ser alegado como uno de los elementos centrales para la determinación de la responsabilidad , de todos ellos así como de las personas jurídicas demandadas.

Hemos de señalar necesariamente que aquellas sentencias que declaran que existe mala fe contractual cuando se constituye una sociedad para desarrollar competencia desleal, van en su práctica totalidad referidas a supuestos en los que se debate la procedencia o improcedencia del despido de quienes han realizado tal actuación, vigente su contrato de trabajo. Y no puede ser el mismo criterio el de valoración de la buena fe contractual de cara a mantener o extinguir un contrato de trabajo vigente, que el criterio que se utilice para determinar la existencia o ausencia de una genérica buena fe que resultaría ser causante de (unos alegados e imputados) daños cuando no existe contrato alguno que establezca obligaciones sinalagmáticas, como es el contrato de trabajo, por producirse una vez extinguido este. A nuestro modo de ver la buena fe que se exige en todo momento de la vigencia del contrato de trabajo es muy superior a la genérica que se puede exigir fuera de dicho ámbito: y la vulneración de dicha buena fe contractual constituyendo una sociedad que pueda competir con la empleadora puede ser motivo de despido, en determinadas circunstancias. Pero este no es el caso, razón por la cual la jurisprudencia citada en los recursos es totalmente inservible.

Por otra parte, dejando al margen el hecho de que la doctrina sentada por la Sala de otro Tribunal Superior de Justicia no nos vincula, lo cierto es que la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Burgos, de fecha 27 de septiembre de 1995, recurso de suplicación 309/1995 , contempla un supuesto que tiene importantes elementos diferenciadores con el presente: se trata de un caso en el que varios trabajadores - vigente para todos el contrato de trabajo con la demandante- constituyen una nueva sociedad con similar objeto social que la anterior; posteriormente cesan algunos por despido y otros por baja voluntaria y más tarde la empresa interpone demanda ante la jurisdiccional social. En dicha sentencia se razona que la demanda de responsabilidad solidaria entre todas las personas físicas y la mercantil constituida por ellos, hace que se atribuya la competencia a la jurisdicción social. Pero precisamente nuestro caso no están todos los demandados, personas físicas, vinculados por un contrato de trabajo cuando se constituye la sociedad, e insistimos que este es el elemento angular.

Resuelta las anteriores objeciones queremos expresar, en primer lugar , que en ningún caso podemos declararnos competentes para analizar la actuación de una sociedad mercantil que, aún constituida, no realiza ninguna actividad material que pueda producir daño a la demandante: es el caso de EUROSALUD. En razón a ello de ninguna manera podemos aceptar la competencia para determinar las relaciones entre dos mercantiles, relación de la que no se predica daño material alguno . En segundo lugar , no podemos establecer ningún tipo de condena a Ángel Daniel por haber participado en la constitución de EUROSALUD, precisamente porque hasta la fecha su actuación durante la vigencia del contrato de trabajo no ha producido daño alguno, en la medida en que dicha mercantil no ha tenido actividad. En tercer lugar , no podemos analizar la actuación de Ángel Daniel una vez que ha extinguido su contrato de trabajo (más allá de las consecuencias de su pacto de no concurrencia, sobre el que teniendo competencia no podemos pronunciarnos por existir cosa juzgada) pues no existiendo dicho vínculo de contrato de trabajo no tenemos competencia alguna.

En cuarto lugar , respecto a nuestra competencia para analizar la actividad post-contractual de Hilario y Covadonga nos encontramos con que la citada actuación (al margen de las razones que les hayan llevado a constituir la sociedad mercantil EUROGESTIÓN durante la vigencia de su contrato de trabajo, que podría haber dado lugar a un despido procedente, pero que la empresa demandante no llegó a tomar tal decisión) en caso de haber producido algún daño a la demandante lo sería por la actividad realizada como profesional médico por Ángel Daniel , estando absolutamente entremezcladas la responsabilidad de unos y otros, hasta el punto de que sin duda nos atreveríamos a decir -si hubiéramos de pronunciarnos sobre el fondo del asunto, cosa que no nos corresponde- que la responsabilidad de los tres merecería la calificación de solidaria. Y si pensamos que el elemento central del hipotético daño es la actuación de quien ya no está vinculado por contrato de trabajo con la demandante, y la de los demás codemandados es accesoria a la de este, precisamente será la jurisdicción civil la que tenga la competencia sobre la determinación de los daños derivados de actuación de Ángel Daniel , y por conexión, la competencia sobre la actuación de los restantes codemandados. En quinto lugar , dado que consideramos que no tenemos competencia para analizar la actuación de quienes constituyeron EUROGESTIÓN, mucho menos la tenemos para analizar la actuación de esta última, pues tan sólo podría venir a nuestra jurisdicción como responsable solidaria con los anteriores.

En definitiva consideramos que el orden social de la jurisdicción no es competente para conocer este caso, en el que los elementos centrales de la posible responsabilidad por daños causados a la demandante estarían constituidos en lo esencial por actuaciones realizadas por una persona que no tiene contrato de trabajo vigente con la demandante cuando las realiza, y todas las actuaciones de los demás codemandados son subordinadas a las de dicha persona. Y ello por no recordar que precisamente las actuaciones personales Don Ángel Daniel ya han sido juzgadas. Por otra parte esta decisión es la única que puede permitir, en su caso, determinar las posibles responsabilidades personales de cada una de las personas físicas y jurídicas que concurren en los hechos.

En razón a lo expuesto debemos declarar de oficio la incompetencia del orden social de la jurisdicción para conocer de la demanda origen de este proceso, señalando como competente el orden civil de la jurisdicción, salvo que una hipotética demanda de responsabilidad se fundase en alguna de las normas que atribuyen dentro de dicho orden una competencia especial a los juzgados de lo mercantil, en cuyo caso la demanda debería deducirse ante uno de estos órganos ( artículo 86 TER, 2 a) de la L.O.P.J '

Aquest mateix criteri resulta també d'aplicació a les presents actuacions -amb independència de la fermesa o no de la nostra prèvia sentència, no concorrent tampoc pels motius ja exposats, litispendència-. D'aquí que en relació a la dita pretensió de l'empresa actora -de fet, com s'ha dit, l'única que consta a la súplica de la demanda- el motiu hagi de ser també estimat. I no escau en el present cas complir amb el tràmit d'audiència a les parts i al Ministeri Fiscal tenint present que aquest aspecte consta ja referenciat en el recurs i en la impugnació.

Atesos els preceptes legals citats, els concordants amb els mateixos i les demés disposicions de general i pertinent aplicació

Fallo

Que hem d'estimar i estimem el recurs de suplicació interposat per Ángel Daniel contra la sentència dictada pel jutjat del social número 32 dels de Barcelona en data 7 de gener de 2015 , recaiguda en les actuacions 538/2012, en virtut de demanda deduïda per SAR DOMUS, SL contra l'esmentat recorrent i contra EURO SALUD SERVICIOS PROFESIONALES D SALUD, SL i SERVICIOS EUROPEOS DE SALUD Y GESTIÓN EMPRESARIAL, SL (EUROGESTIÓN) i, en conseqüència, la hem de revocar i la revoquem, desestimant la demanda pel que fa a les quantitats pagades en concepte de pacte de no competència, per aplicació de l'efecte positiu de cosa jutjada, i declinant el coneixement de la indemnització per danys i perjudicis materials i morals continguda a la demanda en l'ordre jurisdiccional civil.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Un cop sigui ferma la sentència caldrà remetre al Jutjat d'instància les seves actuacions ja que és l'òrgan judicial competent per executar-la.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social .

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social,o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l' article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , consignarà com a dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el BANC SANTANDER , a l'Oficina núm 6763 situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, n° 0965 0000 66, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , quan així procedeixi, cal acreditar- la al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria i s'efectuarà en el compte que la Sala té obert en l'oficina bancària esmentada al paràgraf anterior, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

També és possible substituir la consignació en metàl lic per l'assegurament de la condemna mitjançant un aval bancari emès per una entitat de crèdit. El document haurà de ser de duració indefinida i a pagar a primer requeriment.

Si el dipòsit o la consignació no és fan de forma presencial sinó mitjançant transferència bancària o per procediments telemàtics, a les dites operacions hauran de constar les següents dades:

El compte bancari al que es remetrà la quantitat és IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. A la dada de 'ordenant' caldrà indicar el nom de la persona física o jurídica que fa l'ingrés i el seu NIF o CIF. Com a 'beneficiari' ha de constar la Sala Social del TSJ de Catalunya. Finalment, a 'observacions o concepte de la transferència' cal introduir els 16 dígits que consten en els paràgrafs precedents respecte al dipòsit i la consignació fets de forma presencial.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ.Avui, el/la Magistrat/ada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.