Sentencia SOCIAL Nº 713/2020, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1940/2019 de 20 de Mayo de 2020

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN

MALAGA

N.I.G.: 2906744420190001508

Negociado: PC

Recurso: Recursos de Suplicación 1940/2019

Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL nº 9 DE MALAGA

Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 125/2019

Recurrente: Casimiro

Representante: RAUL OLIVARES MARTIN

Recurrido: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CERVECERIA GRANAINA MAROMILLA S.L., MUTUA MAZ y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Representante:CLAUDIO DEL CASTILLO PEREZS.J. DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MALAGA

Sentencia nº 713/2020

ILTMO. SR. D. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES, PRESIDENTE

ILTMO. SR. D. RAMON GOMEZ RUIZ,

ILTMO. SR. D. RAUL PAEZ ESCAMEZ

En la ciudad de MALAGA a veinte de mayo de dos mil veinte

La SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, , compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente:

S E N T E N C I A

En el Recursos de Suplicación interpuesto por Casimiro contra la sentencia dictada por JUZGADO DE LO SOCIAL nº 9 DE MALAGA, ha sido ponente el Iltmo./Iltma Sr. /Sra D. / RAMON GOMEZ RUIZ.

Antecedentes

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por Casimiro sobre Seguridad Social en materia prestacional siendo demandado INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CERVECERIA GRANAINA MAROMILLA S.L., MUTUA MAZ y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 4/6/2019 en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

SEGUNDO.- En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:

Primero:D. Casimiro, mayor de edad, nacido el día NUM000-89 , se encuentra afiliado a la Seguridad Social con el n° NUM001, con la categoria profesional de dependiente de camarero y encuadrado en el Régimen General .

Segundo:Que el actor sufrio un accidente de trabajo 28-9-16 iniciando un proceso de IT, prestando servicios en esa fecha por cuenta de la empresa Cerveceria Granaina Maromilla SL que tenia cubierta la contingencia de accidente de trabajo con la Mutua Maz.

Tercero:Se emitió Dictamen el Equipo Médico de la E.V.I. de Málaga con el siguiente juicio clínico: traumatismo en rodilla izquierda en septiembre de 2016

Cuarto:El 25-9-18 , elevó Propuesta el Equipo de Valoración de Incapacidades estimando que el actor se encuentra afecto de lesiones permanentes no invalidantes indemnizables conforme a baremo n° 99 en 610 €, derivada de accidente de trabajo y el 2-10-18 recayó Resolución de la Dirección Provincial del I.N.S.S. en la que acogiendo la citada propuesta, se declaró al actor en la situación expresada de afecto de lesiones permanentes no invalidantes indemnizables conforme a baremo

Quinto:Contra dicha resolución presentó el trabajador reclamación previa el 2-11-18 que no ha sido estimada en resolucion de 27-12-18

Sexto:La demanda fue presentada el día 6-2-19

Séptimo:La base reguladora de la IT asciende a 1284, 03 € mensuales .

Octavo:El actor padece las siguientes enfermedades y secuelas: : traumatismo en rodilla izquierda en septiembre de 2016 .

TERCERO.- Que contra dicha sentencia anunció Recurso de Suplicación la parte demandante, recurso que formalizó siendo impugnado de contrario. Recibidos los autos en este Tribunal se proveyó el pase de los mismos a ponente para su examen y resolución.

Fundamentos

PRIMERO: Frente a la sentencia que desestimó la demanda interpuesta en reclamación de la declaración de la situación de Incapacidad Permanente con derecho a prestación impugnando la resolución dictada en vía administrativa por la que se han declarado lesiones permanentes no invalidantes derivadas de accidente de trabajo, formula la parte actora Recurso de Suplicación, articulando un motivo por el cauce del párrafo c) del art. 193 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social en el que denuncia la falta de motivación e incongruencia de la sentencia de instancia, y un motivo de revisión de los hechos declarados probados al amparo del art. 193.b de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, realizando diversas alegaciones, sin formular motivo de censura jurídica sustantiva ni citar precepto sustantivo infringido, solicitando en esta vía, sin interesar la nulidad de actuaciones, la declaración de Incapacidad Permanente Parcial para la profesión habitual.

SEGUNDO: Como ha declarado el Tribunal Constitucional, así en Sentencia de 18-1-93, el Recurso de Suplicación es de carácter extraordinario, de objeto limitado, exigiendo su formalización unos requisitos mínimos que vienen establecidos en la LPL, y entre ellos necesariamente ha de fundarse en los tres motivos que expresan el art. 191 del citado texto legal, y el Tribunal 'al quem' no puede valorar 'ex novo' toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, en especial la recurrente, que habrá de fijar e individualizar los hechos probados cuya alteración, supresión o adición pretenda y detallar las normas que estime infringidas por la resolución impugnada y en los términos en que las mismas las acoten, porque en otro caso, si se construyesen de oficio los motivos de suplicación por el Tribunal, no solo se desvirtuaría la esencia del Recurso de suplicación, que fue calificado de cuasicasacional por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 294/93, de 18 de Octubre, sino que se violaría el principio de igualdad de partes, al extralimitarse la Sala en su posición procesal articulando un recurso que solo puede ser formalizado por la parte interesada, actuación que sería contraria al principio que tiene su base en el art. 24 de la Constitución Española, originando todo ello la indefensión y perjuicio de la parte contraria.

Y esta Sala tiene señalado, en sentencias de la Sala, entre otras, recaídas en Recursos de Suplicación nº 1.525/02, 282/14, 885/14 y 1546/19, que de lo dispuesto en los art. 193 y 196 de la de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, se infiere sin ningún género de dudas, la calificación de recurso formal y extraordinario que merece el de Suplicación, calificación jurídica la citada que permite desde un principio, distinguirlo del recurso de apelación. Lo que supone que si lo que el recurso pretende es la revisión del relato judicial de los hechos declarados probados, ha de concretar cuál o cuáles de ellos se atacan, en qué sentido y con qué intención (si modificativa, aditiva o supresiva), formulando la redacción concreta que se proponga y determinando con claridad las probanzas, que necesariamente sólo pueden ser documentales y/o periciales, en que se funda tal pretensión fáctica, no pudiéndose admitir en consecuencia, una condena genérica del relato de hechos de la sentencia, ni una mención abstracta de los elementos probatorios aportados en el proceso. Igualmente debe existir de otro lado, una interconexión entre los motivos a que se refiere el art. 191 b) de la L.P.L y los que se articulan al amparo del mismo precepto en su letra c), pues ha de tenerse en cuenta que aquellos no son un fin en sí mismos, sino un camino de previo recorrido dirigido a poder argumentar después, en derecho. En definitiva, un ataque a un hecho probado, sólo puede tener trascendencia en sí mismo en tanto sustentado en una posterior argumentación jurídica dada por el recurrente, sirva para modificar el fallo de instancia. A su vez, en el ámbito jurídico 'o de derecho', el recurso debe citar con precisión y claridad el precepto (constitucional, legal reglamentario, convencional, cláusula contractual) que estima infringido, argumentando suficientemente las razones que crea le asisten para así afirmarlo, ya que la Sala no puede conocer de las violaciones jurídicas no acusadas en el recurso, aunque existan, con la única salvedad de que, por trascender al orden público y conculcarlo, que no es el caso, el Tribunal debiera actuar de oficio, pues lo contrario quebraría el principio de igualdad procesal entre las partes litigantes, pues mal podría defenderse la recurrida de unos motivos que por su inconcreción oscuridad u omisión no le permitieran el cabal conocimiento de dicho recurso, de su tesis argumentales y en definitiva, de la pretensión de la parte recurrente. De no cumplirse estos requisitos mínimos de forma, el recurso de suplicación ha de desestimarse, con la consecuencia automática de ver confirmada la sentencia de instancia defectuosamente impugnada, sin que ello comporte vulneración del art. 24.1 de la Constitución, pues como ha tenido ocasión de señalar el Tribunal Supremo en sus Autos de 17 enero 1991 y 13 noviembre 1992 así como el propio T. Constitucional en sus SS 29/1985, 99/1990 y 10 febrero 1992, no basta con manifestar una voluntad de recurrir la sentencia de instancia, sino que hay que hacerlo con las exigencias que impone el propio recurso interpuesto, máxime cuando se trata de un recurso extraordinario, cual acontece como se dijo con el recurso de suplicación.

TERCERO: En el primer motivo por el cauce del párrafo c) del art. 193 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, denuncia la parte recurrente la falta de motivación e incongruencia de la sentencia de instancia, realizando diversas alegaciones y sin solicitar en el suplico del Recurso de Suplicación la nulidad de actuaciones por infracciones procesales, y así denuncia por vía procesal incorrecta al ser la adecuada la del apartado a) del art. 193.a de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, la infracción de las normas procesales que cita la infracción de los arts. 24 de la Constitución española, 248 Ley Orgánica del Poder Judicial, 97.2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social y 372 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil.

Tal motivo debe ser desestimado, por haberse denunciado tales infracciones procesales por vía procesal inadecuada, como se ha dicho, poque no se solicita en el suplico del Recurso de Suplicación la nulidad de actuaciones a la que conducirían de haberse producido, y al no existir en la sentencia de instancia las infracciones procesales denunciadas como se dirá a continuación.

Ello es así porque el examen de la resolución recurrida permite afirmar a la Sala que deben entenderse suficientes los hechos probados así como la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida existiendo suficiente motivación o explicación del razonamiento y de la conclusión alcanzada y no existiendo incongruencia, pues la parte actora presentó demanda por incapacidad permanente y la magistrada de instancia razona y concluye que el actor no está afecto de incapacidad permanente por las conclusiones fácticas y fundamentos de derecho que expone, y así en el hecho probado 8 se afirma que 'El actor padece las siguientes enfermedades y secuelas: : traumatismo en rodilla izquierda en septiembre de 2016 ' y en el Fundamento de derecho se razona que 'Para examinar la pretensión ejercitada hay que partir de la base de que conforme al art. 194 del T.R. de la L.G.S.S. se considera que es incapacidad permanente parcial aquella que sin alcanzar el grado de total ( esto es, la que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas para su profesión habitual que pueda dedicarse a otra distinta ) ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33% de su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma, siendo que de la prueba practicada resulta que el actor sufrió traumatismo en MII ingresando en el Hospital Clínico Universitario con luxación en rodilla izquierda, que se realizo IQ con reducción en quirofano y estabilización con fijador externo, seguimiento por traumatologia y rehabilitación Mutua Maz, como secuelas presenta flexión 120°, extensión completa, deambulacion normal, cicatrices sin repercusión funcional, por lo que la limitacion supone 10 ° de flexión, considerandose que no alcanzan tal gravedad como para justificar el reconocimiento de la invalidez postulada, siendo ajustado el reconocimiento de indemnización conforme a baremo limitación rodilla flexión residual superior a 90 °, por lo que la demanda debe de ser desestimada', todo lo cual es motivación y explicación suficiente de las razones del pronunciamiento, por lo que deben entenderse cumplidos los requisitos exigidos por los preceptos reguladores 97.2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, como el art. 208.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 24.1 de la Constitución española, habiendo satisfecho la sentencia recurrida debidamente el derecho a la tutela judicial efectiva, no pudiendo acogerse las alegaciones que realiza la parte recurrente pues la sentencia es la respuesta que da el juez a las pretensiones de las partes y por lo tanto la pretensión ha sido contestada aún en sentido desfavorable a la parte recurrente sin tener dicha respuesta que contestar a las diversas argumentaciones de las partes siempre que resuelva debidamente sobre las pretensiones ejercitadas lo que ocurre en el presente caso, como es reiterada doctrina constitucional y judicial la de que la sentencia no tiene que contestar a las diversas argumentaciones jurídicas de las partes sino fundamentar la decisión contenida en la misma lo que ocurre en el caso de autos pues las partes conocen el motivo de la decisión a efectos de su posible impugnación y permiten al Tribunal ejercer la función revisora que les incumbe sin que exista un derecho fundamental del justiciable a una determinada extensión de la motivación judicial, por lo que no puede declararse la nulidad pretendida, sin perjuicio de la posibilidad del recurrente como tiene a su alcance en esta vía de demostrar el error del juzgador de instancia por la vía de la revisión fáctica y de denunciar las infracciones jurídicas que a su juicio hubiera cometido la Sentencia de instancia.

También esta Sala en la Sentencia nº 694/06 de 2-3-06 en Recurso de Suplicación nº 129/06 declara con aplicación al presente que a la Magistrada que presidió el juicio en el que dictó la sentencia recurrida competía la valoración de la prueba practicada y la divergencia del demandante con la aludida valoración no puede ser objeto de un motivo de nulidad de la sentencia al amparo del apartado a) del artículo 193 la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, sin perjuicio de que esa discrepancia en la valoración pueda dar lugar a la solicitud de modificación del apartado de hechos probados al amparo del apartado b) del citado precepto legal, y las alegaciones que realiza la recurrente no pueden ser acogidas pues de la propia sentencia recaída en la instancia se deduce que las conclusiones fácticas alcanzadas lo fueron como resultado de la valoración de la prueba practicada y en concreto de las pruebas practicadas y valoradas de forma conjunta por el juez a quo, y analizadas las actuaciones, no se aprecia infracción alguna de norma esencial del procedimiento cometida por el Juzgador y lo que el recurrente manifiesta es una discrepancia jurídica con la valoración de la prueba practicada por el juez a quo y con los razonamientos de la sentencia recaída en la instancia lo que debe hacer por la vía de los apartados b y c del art. 193 LJS.

En consecuencia, no quedaron conculcados los preceptos invocados, por lo que no existiendo infracción procesal que constituya defecto esencial que cause indefensión, y tratarse de cuestiones que pueden ser resueltas en el presente Recurso de Suplicación resolviendo los restantes motivos del Recurso de Suplicación, sin necesidad de acordar medida tan extrema como la nulidad de actuaciones que por otra parte ni pide la parte recurrente en el suplico del Recurso de Suplicación, y debe rechazarse dicho motivo del recurso.

CUARTO: En cuanto al resto del Recurso de Suplicación, el Recurso que interpone la parte actora contra la Sentencia que desestimó la demanda, no cumple de forma mínima los requisitos expuestos plasmados en el art. 193 y 196 de la de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, pues, además del expuesto y desestimado, se formula un sólo motivo de revisión de hechos probados, y no formula la parte recurrente motivo de censura jurídica ni cita disposición o precepto sustantivo infringido, mezclando en el motivo formulado consideraciones referidas a la revisión fáctica con alegaciones de tipo jurídico sin la debida separación que exige el precepto adjetivo y que, como declaran las sentencias de la Sala, entre otras, recaídas en Recursos de Suplicación nº 1.392/01 y 929/19, no atiende a una exigencia rigorista y de exacerbado formalismo sino para evitar con tal separación todo confusionismo encubridor de la intención de quien recurre que pudiera ser proclive a propiciar la indefensión de la parte recurrida finalidad fundamental y esencial de dicha separación, pero, sobre todo, al no contenerse en el Recurso y con separación, pese a las alegaciones indicadas, ningún motivo dedicado al examen del derecho ni citar disposición o precepto sustantivo infringido aplicado.

Así la sentencia de la Sala, entre otras, recaída en Recurso de Suplicación nº 203/19 declara, con razonamientos de aplicación al presente caso, que 'Contra dicha sentencia interpone recurso de suplicación la demandante, formulando un único motivo para realizar una serie de alegaciones sobre la apreciación y valoración de la prueba realizada por la Magistrada de instancia, sin citar ni un solo precepto jurídico como supuestamente infringido. Esta Sala ha declarado en reiteradas ocasiones (sentencias de 18 de septiembre de 1991, 27 de enero de 1992, 17 de septiembre de 1993 y 12 de julio de 1994) que la suplicación es un recurso de carácter extraordinario en cuanto solo procede contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social que la Ley declara susceptibles de tal recurso y porque inexcusablemente habrá de fundarse en alguno de los motivos que la Ley también señala, por lo que su formalización debe hacerse mediante escrito razonado que cumpla los mínimos legales, separando con la debida claridad y precisión los conceptos de hechos de los de derecho, aún cuando se le asigna un escaso rigor formalista en aras al derecho a la tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24-1 de la Constitución Española, que impone la razonabilidad y proporcionalidad como principios que deben presidir las reglas que regulan los requisitos del recurso de suplicación, pero siempre con estricta sujeción a uno o varios de los motivos prevenidos en el artículo 193 del Texto Articulado de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social es decir, denunciando la infracción de normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión, concretando el hecho o los hechos probados que deben modificarse, adicionarse o suprimirse, en base a documentos o pericias que revelen el error imputado al juzgador, con indicación de cual haya de ser la redacción que deba darse a los mismos y citando el precepto jurídico o la norma de la jurisprudencia que se considera violado, con explicación de en qué ha consistido la vulneración, si por aplicación indebida o por interpretación errónea, sin que el Tribunal ad quem pueda verificar una construcción de oficio del recurso suplantando con ello la actividad de la parte recurrente, con quiebra del principio de imparcialidad o neutralidad inherente a la función jurisprudencial. Pues bien, en el presente caso la recurrente se limita a manifestar su disconformidad con el contenido de los hechos probados de la sentencia recurrida, realizando una serie de alegaciones genéricas sobre la apreciación y valoración de la prueba realizada por la Magistrada de instancia y aduciendo que las lesiones padecidas por la actora son de mayor entidad y gravedad que las que figuran en el relato fáctico de la sentencia recurrida. Dicha modificación fáctica en ningún caso podría prosperar, pues la recurrente no especifica los concretos documentos o pericias en que basa su pretensión revisoria, limitándose a una genérica alusión a la prueba documental aportada por la parte actora, incumpliendo de una manera palmaria y evidente lo dispuesto en los artículos 193 y 196 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, a tenor de los cuales en el escrito de interposición del recurso de suplicación habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisión de los hechos probados. A mayor abundamiento, la recurrente no cita precepto jurídico alguno o jurisprudencia supuestamente vulnerados por la resolución impugnada, limitándose la recurrente a realizar una crítica genérica sobre la sentencia recurrida. Resulta evidente que un recurso planteado en dichos términos no cumple los mínimos requisitos legales.'.

Asimismo la sentencia de la Sala, entre otras, recaída en Recurso de Suplicación nº 232/19 declara, con razonamientos de aplicación al presente caso, que 'Con relación al último de los requisitos, se tiene establecido que obsta al éxito del recurso que el mismo no contenga motivo alguno debidamente formulado destinado al examen del derecho aplicado por la sentencia de instancia, y ello toda vez que ha de tenerse en cuenta que los motivos fácticos no son una meta en sí mismos, sino un camino de previo recorrido dirigido al fin de argumentar, después, en derecho. En síntesis, un ataque a un hecho probado sólo puede tener trascendencia en sí mismo en tanto, apoyado en una posterior argumentación jurídica dada por el recurrente, sirva para modificar el fallo de instancia. Debe por tanto existir una interconexión entre los motivos a que se refiere el artículo 193.b) de la Ley de la Jurisdicción Social (los de hechos) y los que se articulan al amparo del mismo precepto en su letra c) (los de derechos), pues si ello no se realiza de la manera indicada se produce una ruptura fatal en la línea argumental del recurso, al dejar, en definitiva, huérfanos de apoyo jurídico los motivos fácticos. Y aplicando tales condicionantes al caso de autos resulta patente que la parte recurrente articula su recurso fundando su impugnación en una revisión fáctica que ampara en el artículo 193.b) de la Ley de la Jurisdicción Social, sin que junto a ello censura jurídica alguna se haya invocado formal ni realmente, lo que hace que el motivo formulado resulte de todo punto irrelevante para sustentar la revocación de la sentencia de instancia, por lo que ha de ser desestimado.'.

E igual criterio mantiene la sentencia de la Sala, entre otras, recaída en Recurso de Suplicación nº 527/19 en la que se declara, con razonamientos de aplicación al presente caso, que 'Como puede comprobarse de lo anterior, y de la lectura del escrito de interposición, el recurso no solo carece de un motivo de infracción de las normas sustantivas y de la jurisprudencia, sino que la única norma que se cita como infringida -en el motivo destinado a la revisión fáctica- es el artículo 24 de la Constitución española , que solo podría justificar la formulación de un motivo al amparo del artículo 193.a) de la LRJS, y cuyo efecto sería el de la reposición de los autos al momento en el que se hubiese producido la infracción de las normas o garantías del procedimiento, nunca al reconocimiento de la prestación reclamada. Esta ausencia de un motivo de orden sustantivo, además, ya se dijo que hacía inviable el recurso de suplicación, en concreto, en la sentencia de esta Sala, de 6 de mayo de 2019 [ROJ: STSJ AND 5889/2019].'.

Y, en el caso que se analiza ahora en el presente Recurso de Suplicación, por lo expuesto, el Recurso de Suplicación presente que interpone la parte actora contra la Sentencia que desestimó la demanda, no cumple de forma mínima los requisitos como se ha indicado pues no cita disposición o precepto sustantivo infringido, y por todo ello procede desestimar el recurso con confirmación de la sentencia.

QUINTO: Contra la presente sentencia cabe recurso de casación en unificación de doctrina.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por Casimiro, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 9 de Málaga de fecha 4/6/2019, recaída en los Autos del mismo formados para conocer de demanda formulada por Casimiro contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CERVECERIA GRANAINA MAROMILLA S.L., MUTUA MAZ y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre incapacidad, y, en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la resolución recurrida, sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo, el que deberá prepararse en el plazo de los veinte días siguientes a la notificación de este fallo, durante cuyo plazo se encontraran los autos a su disposición en esta Sede Judicial para su examen, comenzando el computo de dicho plazo el día siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión de plazos establecida en Disposición Adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de Marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 2 del Real Decreto Ley 16/2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID 19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.