Sentencia Social Nº 7769/2014, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5148/2014 de 25 de Noviembre de 2014

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG : 08113 - 44 - 4 - 2012 - 0004769

RM

Recurso de Suplicación: 5148/2014

ILMO. SR. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ BURRIEL

ILMO. SR. FÉLIX V. AZÓN VILAS

ILMO. SR. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ

En Barcelona a 25 de noviembre de 2014

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 7769/2014

En el recurso de suplicación interpuesto por Institut Nacional de la Seguretat Social frente a la Sentencia del Juzgado Social 1 Manresa de fecha 17 de febrero de 2014 dictada en el procedimiento Demandas nº 836/2012 y siendo recurridos Tesorería General de la Seguridad Social, Ediboix, SL, Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Dir. Gral. de Relacions Laborals y Constancio . Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ BURRIEL.

Antecedentes

PRIMERO.-Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Accidente de trabajo, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 17 de febrero de 2014 que contenía el siguiente Fallo:

'Desestimo las demandas presentadas por EDIBOIX, S.L., frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, el DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ y el trabajador D. Constancio , en materia de RESPONSABILIDAD POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD y SANCIÓN ADMINISTRATIVA, en reclamación de revocación del recargo de prestaciones y de la sanción administrativa y absuelvo a todos los demandados de los pedimentos en su contra formulados.'

SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

'PRIMERO.-El trabajador D. Constancio , sufrió un accidente de trabajo el 04/10/11 cuando prestaba servicios para la empresa EDIBOIX, S.L. Dicho accidente ha dado lugar a las prestaciones de incapacidad temporal e incapacidad permanente total.

SEGUNDO.-Por resolución de la Dirección Provincial del INSS de fecha 19/04/12 se declaró la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene, así como la procedencia de que las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente de trabajo fueran incrementadas en el 30% con cargo a la empresa y la responsabilidad también de las prestaciones derivadas de dicho accidente que pudieran reconocerse en el futuro.

TERCERO.-La parte actora presentó reclamación previa por considerar debe dejarse sin efecto porque no existe responsabilidad por falta de medidas de seguridad, que ha sido desestimada por resolución de la entidad gestora de fecha 11/07/12.

CUARTO.-En fecha 04/06/12 los Servicios Territoriales de Barcelona, del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunuya dictaron resolución en que se imponía a la empresa EDIBOIX, S.L., sanción por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo por importe de 2.046 euros.

QUINTO.-Contra dicha resolución la empresa, en fecha 11/07/12, interpuso recurso que ha sido desestimado por resolución del Director General de Relaciones de Trabajo de fecha 12/04/13.

SEXTO.-Según el acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de fecha 23/01/12 el trabajador D. Constancio inició su actividad en la empresa en 1973 y su puesto de trabajo es el de operario de paletería.

El accidente se produjo el día 04/10/11, sobre las 8:30 horas, en la primera hora de trabajo cuando el trabajador se encontraba desarrollando sus tareas habituales en la obra situada en Sant Joan de Vilatorrada, en el cruce de la calle Riu con la calle Juncadella. El trabajador accidentado, junto con otro compañero, el Sr. Herminio , estaban realizando trabajos de mantenimiento en la fachada del edificio con una carretilla elevadora. El Sr. Constancio estaba encima de la carretilla cuando un camión frigorífico pequeño, bajando por la calle del Riu, topó con la pala izquierda de la carretilla, provocando un movimiento brusco de ésta y la caída del Sr. Constancio .

La empresa había señalizado con vallas la zona de la operación e incluso se cortó el acceso a la calle Juncadella para poder trabajar de forma más segura.

Como consecuencia del accidente, el trabajador sufrió fracturas en muñecas, contusión en la cara y fractura de una vértebra causando baja por incapacidad temporal en la misma fecha del accidente.

El accidente fue investigado por la empresa Munby 2004, S.L., que determinó como causas principales del accidente: uso indebido de la carretilla elevadora en una operación no adecuada. La opción válida tendría que haber sido la utilización de la cesta homologada para la elevación del operario (la empresa disponía de este dispositivo pero se utilizaron palets). El trabajo a realizar era breve (la semana anterior se había utilizado una plataforma elevadora alquilada) se optó por utilizar la carretilla. La altura a la que se estaba realizando el trabajo no superaba los 2 m., hubo imprudencia por parte del camión frigorífico.

SÉPTIMO.-El trabajador inició situación de incapacidad temporal el día del accidente y, en fecha 19/07/12 le fue extendida el alta con propuesta de secuelas definitivas.

Por resolución de la Dirección Provincial del INSS de fecha 17/01/13 fue declarado en situación de incapacidad permanente total por las siguientes patologías: politraumatismo con fractura huesos cara, fractura-acuñamiento D6 y fractura conminuta desplazada radial con diastasis escafolunar en ESD y luxofractura conminuta tercio radial ESI; tratamieto quirúrgico de fractura radial ambas muñecas y corporectomía anterior con prótesis metálica y tornillos D5-D7; secuelas de dorsalgia mecánica residual, limitación F-E ambas muñecas de predominio a extensión mayor izda-N, cubital bilateral en codo moderada.'

TERCERO.-Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, Institut Nacional de la Seguretat Social, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado impugnó, Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Dir. Gral. de Relacions Laborals, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

Fundamentos

PRIMERO.-La sentencia de instancia desestima las demandas acumuladas interpuestas por la empresa EDIBOIX, S. L., la primera frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social y el trabajador Constancio en materia de impugnación del recargo por falta de medidas de seguridad, y la segunda frente al Departament d'Ocupació i Empresa de la Generalitat de Catalunya en impugnación de sanción administrativa, absolviendo a las partes demandadas de las pretensiones deducidas en su contra.

Contra dicha resolución judicial interpone el Instituto Nacional de la Seguridad Social recurso de suplicación al que se adhiere el Departament d'Ocupació i Empresa de la Generalitat de Catalunya, sin que haya sido impugnado por el resto de las partes personadas

SEGUNDO.-El recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social interesa en un único motivo, amparado en la letra a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , la reposición de los autos al momento en que se encontraban de cometerse la infracción de normas o garantías del procedimiento que hubieran causado indefensión y, a tal efecto, denuncia la infracción del artículo 30 de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social , aduciendo al efecto que en atención al precepto legal citado la acumulación decretada por el Juzgador 'a quo' no debió de haberse producido.

El motivo ha de estimarse a tenor del criterio de la Sala expuesto en la Sentencia dictada en fecha 24.03.14 (rollo 5349/13 ), en cuestión idéntica a la que ahora nuevamente examinamos y en la que manifestábamos lo siguiente:

'Abans de donar resposta a la qüestió plantejada volem observar que, de fet, en el present supòsit concorren dues qüestions interrelacionades. La primera, la nova regulació del règim d'acumulacions que observa la LRJS -amb antecedents ja a la Llei 13/2009. La segona, les noves competències d'aquesta Jurisdicció en matèria d'impugnació d'actes administratius en matèria laboral i de Seguretat Social que no tinguin naturalesa prestacional. I a tot plegat escau referir, que al nostre judici, el contingut dels Títol III del Llibre Primer LRJS no deixa de presentar dubtes i problemes hermenèutics de diferent naturalesa.

En aquesta tessitura escau reflexionar, per tant, respecte si la impugnació del recàrrec i el de les sancions administratives derivades del mateix accident són o no acumulables. I caldrà referir que la resposta no és simple, atesa l'evident confusió que provoca l'actual regulació, el què ha donat lloc a un llarg i complex debat a la Sala..

Des d'aquest punt de vista volem observar, d'entrada, que la regulació 'tradicional' a la LPL de les acumulacions de processos era certament limitada. D'aquesta manera, els articles 29 i 30 es limitaven a observar la possible acumulació de processos seguits en el mateix o diferent jutjat, respectivament, si existia 'identitat d'accions'. I, per la seva banda, l'article 27.3 LPL vigent fins la LRJS (amb l'antecedent de l'article 16 LPL 80); en regular el règim d'acumulació d'accions, interdia la de reclamacions en matèria de Seguretat Social entre sí, llevat que tinguessin la 'mateixa causa de demanar'. Excepció que, per exemple, permetia l'acumulació de l'acció de declaració de contingència/es i/o de grau (per totes, STS UD 06.06.1994, rec. 2016/1993 ), però, pel contrari -si més no en la doctrina de l'extint TCT- no permetia lògicament discutir dues prestacions diferenciades per diferent motiu: així, es podia acumular la reclamació de viduïtat i orfenesa per traspàs del mateix causant, però no era possible unir a la demanda una pretensió atenyent a la jubilació amb una incapacitat permanent.

El dit panorama fou sensiblement modificat per la ja referida Llei 13/2009. A partir del dit canvi normatiu l'acumulació de processos deixà de ser potestativa, per esdevenir forçosa. I, a més i en línia amb previsions anteriors de la LEC, el requisit material sobre el que es basava l'acumulació s'amplià: ja no es reclamava únicament la identitat d'accions, sinó que també es preveia l'acumulació dels processos interconnectats, això és quan l'objecte concorrent tingué un element de connexió, de tal forma que, de seguir-se per separat, es podrien dictar sentències amb pronunciaments o fonaments contradictoris, incompatible o mútuament excloents.

La LRJS ha vingut a regular aquesta qüestió en una forma certament complexa -i contradictòria-, com ja prèviament hem indicat. Així, començant la nostra anàlisi per l'acumulació d'accions -essent conscients que no és aquest l'objecte del present supòsit- escau observar com l'actual article 26.6 LRJS segueix observant el caràcter no acumulatiu d'accions de prestacions de la Seguretat Social que no tinguin la mateixa causa de demanar (amb l'única referència expressa ara respecte lesions de drets fonamentals o altres llibertats públiques)

Tanmateix, l'article 25.4 estableix que en matèria de reclamacions sobre accidents de treball o malalties professionals es podran acumular les pretensions de rescabalament de danys i perjudicis derivats del mateix fet, fins i tot les millores voluntàries, que el treballador perjudicat o els seus causahavents adrecin contra l'empresari o tercer que hagin de respondre del mateix fet causant, incloses les entitats asseguradores, 'llevat que s'hagin d'haver tramitat a través de procediment administratiu separat, supòsit en el qual s'estarà a allò disposat a l'article 30'. Per bé que en el present cas no estem parlant de cap demanda addicional per danys i perjudicis -que sembla que és al que remet el dit precepte- no es pot deixar de desconèixer la 'singular' referència al procediment administratiu. Lògicament la dita norma apunta a la impossibilitat d'acumular accions per la via de l' art. 1.101 CC amb actes administratius connexes -que no és el cas aquí analitzat-. A continuació l'apartat cinquè del citat 25 estableix que les demandes derivades del mateix accident de treball o malaltia professional, quan existeixi més d'un jutjat o secció de la mateixa Sala o Tribunal en el moment de la presentació es repartirà al jutjat o secció que conegui o hagués conegut del primer dels processos en relació a les demandes posteriors, sempre que la connexió es posi de manifest a la demanda. Es tracta d'una referència certament singular: l'article 25 s'està referint a l'acumulació d'accions però, això no obstant, l'apartat cinquè regula les normes de repartiment. I, finalment, l'apartat sisè del citat article 25 estableix que es podran acumular per l'actor en la seva demanda, les pretensions que es dedueixin del mateix acte o resolució administrativa, així com les que es refereixin a varis actes o resolucions administratives sempre que entre ells existeixi 'connexió directa'. Ja hem dit que no estem parlant en aquest cas d'acumulació d'accions, sinó de processos. Però ocorre que aquest darrer precepte podria donar una evident pista hermenèutica: si es fa del dit precepte una interpretació ampla l'empresa actora, conforme l'article 25.6 LRJS, podria haver formulat una única demanda -en el cas de coincidència temporal entre el recàrrec i la resolució administrativa final sobre la sanció- ambdues accions (i així sembla desprendre's de la referència a 'varis actes o resolucions administratives en els que existeixi una connexió directa') pel que cap sentit tindria negar després l'acumulació de processos. Ara bé, caldrà rebutjar que l'esmentat precepte sigui aquí d'aplicació.

En efecte, l'article 25 està contemplant les regles generals de l'acumulació d'accions -entre les què es troba la dita remissió a la impugnació d'actes administratius, el què lògicament remet a la modalitat processal de l'article 151 LRJS-. I, posteriorment, l'article 26 estableix els supòsits especials, entre els què es troba l'acumulació de processos de Seguretat Social (en el ja referit apartat 6) Per tant, sembla evident que la Llei ja diferencia en el terreny de l'acumulació d'accions entre la impugnació d'actes administratius -de l'article 151 i al què s'apliquen les regles generals- i les matèries prestacionals de Seguretat Social -que es regeixen per les regles generals-. La sentència del primer grau (fonament jurídic II), per bé que no aprofundeix en la dita qüestió sembla senyalar que després de l'entrada en vigor de la LRJS els recàrrecs no es regeixen ja per la modalitat processal contemplada per la via dels articles 140 a 147, sinó per la del 151. Es tracta d'una tesi suggerent, però que la Sala no pot compartir. I això per vàries raons. La primera, per la pròpia naturalesa del recàrrec. En efecte, per bé que la doctrina cassacional pot ser qualificada com oscil·lant o, si es vol, poc clara en aquesta matèria, caldrà recordar que la darrera tendència jurisprudencial es decanta per la naturalesa mixta dels recàrrecs (per totes, STS UD 26.03.2007 ) Des d'aquest punt de vista caldrà observar que, en puritat, un recàrrec no és una sanció, això és: la constatació per part d'una Administració pública de que una empresa o un ciutadà ha incorregut en una conducta il·lícitament legalment tipificada que determina, entre d'altres, la imposició d'una mesura pecuniària que s'ingressa en el Tresor Públic. Allò que falla en el recàrrec és aquest darrer element finalista: la quantia de la capitalització no té naturalesa pública, sinó privada, atès que passa a integrar-se en l'àrea patrimonial del treballador accidentat. D'aquesta forma, la naturalesa híbrida sorgeix de la necessitat de que en el procés de tramitació es compleixin els requisits exigits per la llei per a les sancions (atès que es tracta d'una intervenció del poder públic en l'esfera privatista-patrimonial de l'empresa, que com a tal s'integra en el terreny recaptatori de la Seguretat Social, de conformitat amb l'article 1.1 g) del RD 1415/2004); ara bé, atès que les seves conseqüències beneficien a la persona assalariada la naturalesa substantiva del recàrrec és prestacional. Per bé que és cert que s'està impugnant un acte administratiu, no ho és menys que en definitiva allò que es substancia en aquests processos són els interessos, en principi, enfrontats entre l'empresa i el treballador, de tal manera que l'entitat gestora es demandada com a emissora de la resolució i el servei comú com a dipositari de la capitalització a efectes prestacionals. La qüestió sancionadora-administrativa resta limitada a la mera tramitació de l'expedient administratiu, no al fons -que s'insereix en el debat entre empresa i assalariat-, esdevenint per tant simplement accessòria de l'aspecte principal, essencialment prestacional. D'aquí que des de la perspectiva processal -que no, administrativa- el recàrrec tingui naturalesa prestacional i, per tant, es regeixi per les regles específiques de l'article 26 LRJS i no per les generals de l'apartat sisè de l'article 25.

El segon dels motius que es porten a rebutjar que la impugnació de recàrrecs s'articuli per la via de l'article 151 LRJS és de mera interpretació de legalitat. En efecte, com es veurà tot seguit, l'article 28.2 LRJS situa en el mateix terreny els processos sobre prestacions de Seguretat Social i els de recàrrec, el què ofereix una evident pista de la voluntat del legislador. I, finalment, caldrà afegir una motivació històrica: els recàrrecs s'han substanciat sempre en l'ordre social a través de la modalitat processal de Seguretat Social, essencialment prestacionals, sense que del text de la nova norma processal se'n derivi cap indici de reversió d'aquesta tendència. És més, escau indicar que, tot i les limitacions de reglamentació del recàrrec, la pròpia lògica normativa del sistema impel·leix al tractament unitari, com es deriva de l'article 11.4 de l'OM de 18 de gener de 1996.

Seguint l'anàlisi de l'actual marc regulador de la LRJS es pot comprovar com l'article 28.2 -en regular l'acumulació de processos seguits davant el mateix jutjat o tribunal- contempla com en matèria de prestacions de la Seguretat Social o recàrrec de presentacions, si s'està impugnant el mateix acte administratiu o actes de reproducció, confirmació o execució d'un altre anterior o actes entre els que existeixi un connexió directa, s'acordarà l'acumulació de processos, encara que no coincideixin les parts, ni la posició processal que ocupin, afegint-se que aquesta regla s'aplicarà a la impugnació d'un mateix acte administratiu en les restant matèries. Òbviament aquest precepte no és aquí aplicable, atès que tot i concòrrer un recàrrec les actuacions acumulades no es refereixen a prestacions de Seguretat Social, sinó a sancions administratives.

Amb tot, la norma essencial en la present litis és l'article 30 LRJS. D'aquesta forma, l'apartat 1 del citat precepte ve a recollir la nota d'interconnectivitat de processos ja recollida en l'anterior article 30 bis LPL després de la Llei 13/2009. Però allò que resulta essencial és que en l'apartat 2 s'estableix que 'així mateix s'acumularan els processos que tinguin el seu origen en un mateix accident de treball o malaltia professional, encara que no coincideixin les parts o la seva posició processal, llevat que s'hagin de tramitar per procediments administratius separats, supòsit en el qual només es podran acumular les impugnacions referides a un mateix procediment'. Doncs bé, és clar a judici de la Sala que ens trobem aquí davant el supòsit excepcional de la darrera part del precepte, atès que ens trobem davant actes administratius separats: hi ha dues resolucions administratives i ha dos organismes emissors.

Certament, entre el recàrrec i la sanció existeix un nexe de tramitació prèvia, atès que ambdues deriven de les mateixes actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en relació als apartats 4 i 8 de l'article 7 de la Llei 42/1997. Una lògica encara més clara si es té present allò disposat a l'article 27 del RD 928/1998. D'aquesta forma, un cop constatades les circumstàncies de l'accident el funcionari actuant en la seva investigació -i quasi sempre en base a la mateixa acta- pot elevar les actuacions a l'autoritat laboral a efectes de sancions i, alhora, pot fer la comunicació oportuna a l'INSS per a la imposició del recàrrec. És més, aquesta lògica comuna i interconnectada és òbvia si es té present la previsió continguda a l'article 45.2 TRLISOS -amb l'antecedent de l'article 42.5 LRPJ, derogat), conforme al qual la declaració de fets provat que es contingui en una sentència de l'ordre contenciós-administratiu en relació a l'existència d'una infracció de la normativa de prevenció de riscos vincularà a l'ordre social en el terreny prestacional -amb clara referència al recàrrec-. I caldrà fer esment que el referit precepte té una explicació històrica que venia observant aquesta prejudicialitat (entre d'altres, STC 158/1985 ) És per això que la doctrina cassacional més recent -no sense certes contradiccions amb criteris previs- ha vingut afirmant ha vingut insistint en 'las esenciales interrelaciones entre el expediente de recargo de prestaciones y el expediente administrativo sancionador, -- puesto que en ambos resulta esencial la determinación de si el accidente de trabajo o la enfermedad profesional cuestionados se han producido o no con infracción de las correspondientes normas de prevención de riesgos laborales, y dado que resultaría contrario a la seguridad jurídica ex art. 9.3 CE que unos mismos órganos del Estado dictaran resoluciones firmes o definitivas que resultaran contradictorias en este extremo' ( STS UD 07.08.2009 ) És obvi que l'assumpció de competències jurisdiccionals en matèria de sancions després de la LRJS no varia substancialment el dit panorama, atès que cap sentit tindria que un jutjat declarés que ha existit incompliment a efectes de recàrrec i un altra, en matèria sancionadora, arribés a la conclusió contrària. És per això que l'article 25.5 LRJS preveu, com s'ha vist, que les demandes derivades del mateix accident o malaltia professional es repartiran al mateix jutjat o tribunal. Ara bé, el dit precepte allò que està regulant -en forma indeguda, atès que l'article 25 es refereix a l'acumulació de processos- és merament un criteri de repartiment, que no d'acumulació.

Pocs dubtes té la Sala que des d'una perspectiva legeferendaria seria aconsellable que la norma processal hagués regulat l'acumulació d'ambdós tipus de processos -o d'accions-. Ara bé, del repàs del marc normatiu abans fet resta evident que no ha estat aquesta l'opció del legislador. Cap precepte de la llei processal regula en forma expressa l'acumulació de les impugnacions del recàrrec i la sanció.

Indica el jutjador del primer grau que no es pot oblidar que, en definitiva, la finalitat expressament perseguida pel legislador a la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social -amb l'antecedent de la Llei 13/2009- és evitar la duplicitat de processos en reclamacions interconnectades, com és el cas. Ara bé, caldrà observar que la nostra anàlisi s'ha de situar forçosament en el terreny processal i de 'lege data'. I en aquest terreny concorre elements insalvables des de la perspectiva finalista que es proposa a la instància. El primer d'aquests elements és de naturalesa ontològica: per bé que entre el recàrrec i la sanció existeixen elements comuns, la seva valoració és diferent en el terreny jurisdiccional: és perfectament possible que s'arribi a la conclusió que no existeix il·lícit administratiu -per exemple, per falta de tipus específic-, però que això no obstant sí sigui d'aplicació el recàrrec. I per bé que és cert que és aquesta una consideració 'menor', doncs res impedeix estimar una demandada i desestimar-ne una altra, el segon obstacle resulta insalvable. I aquest segon obstacle passa pel diferent règim de recursos entre ambdues figures: d'aquesta forma, mentre que en matèria de recàrrec sempre escau recurs -precisament per la seva naturalesa prestacional i en relació a l'article 191.3 c) LRJS-, no ocorre el mateix en el cas de sancions, en existir aquí un límit de divuit mil euros (lletra g) del citat article 191.3) Acceptar la lògica de fons de la sentència del primer grau -que parteix, com s'ha dit, de que després de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social el recàrrec ha de ser articulat per la via de l'article 151 LRJS- comportaria que un recàrrec per IT no tingués en la major part de casos recursos, en no assolir-se la quantia mínima. I això determinaria una eficàcia de cosa jutjada en relació a posteriors incapacitats permanents o prestacions per mort i supervivència, la qual cosa constituiria una evident limitació del dret a la tutela judicial efectiva de les parts, en la seva vessant d'accés al recurs.

Les dites consideracions, doncs, ens han de dur a l'estimació del recurs interposat per l'entitat gestora i l'Administració autonòmica, amb la conseqüència de la declaració de nul·litat d'actuacions de les actuacions del primer grau des del moment en que s'acordà l'acumulació dels dos processos, sense perjudici, en el seu cas, que la demanda per sanció sigui repartida de nou al jutjat del social número 33 dels de Barcelona, en aplicació d'allò previst a l'article 25.5 LRJS, deixant imprejutjats la resta de motius i de recursos'.

CUARTO.-La aplicación del anterior criterio al caso de autos comporta la estimación del motivo y, por ende, la del recurso interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la revocación de la sentencia de instancia reponiendo las actuaciones al momento anterior a acordar la acumulación del procedimiento seguido con el nº 482/13 al procedimiento nº 836/12, ambos ante el mismo juzgado, y una vez efectuada la desacumulación, continuar separadamente por los demás trámites hasta dictar sentencia por el Magistrado de instancia con absoluta libertad de criterio.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación

Fallo

Que debemos estimar y estimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la Sentencia dictada, en fecha 17 de Febrero de 2013, por el Juzgado de lo Social nº 1 de Manresa en los autos nº 836/12 y acumulado nº 482/13, seguidos a instancia de la empresa EDIBOIX, S.L. en materia de recargo de prestaciones y de impugnación de sanción administrativa y, en su consecuencia, revocamos la sentencia de instancia a fin de que se proceda en los términos establecidos en el fundamento jurídico reponiendo las actuaciones al momento anterior a acordar la acumulación de los procesos seguidos a instancia de la empresa EDIBOIX, S.L. con devolución de los autos al Juzgado de procedencia y, cumplido que haya sido dicho trámite, proseguir hasta dictar sentencia en dichos procedimientos con entera libertad de criterio.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a ésta Sala en donde habrá de presentarse dentro de los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en el Art. 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal Laboral, todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o no goce del beneficio de justicia gratuita o no se encuentre excluido por el art. 229.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , consignará como depósito, al preparar el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, la cantidad de 600 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en BANCO SANTANDER , Oficina núm. 6763, sita en Ronda de Sant Pere, nº 47, Nº 0937 0000 66, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal.

La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el art. 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANCO SANTANDER (oficina indicada en el párrafo anterior), Nº 0937 0000 80, añadiendo a continuación los números indicativos del Recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo efectuado, al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, de lo que doy fe.