Sentencia Social Nº 7810/2013, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2380/2013 de 28 de Noviembre de 2013

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

RM

IL·LM. SR. SEBASTIÁN MORALO GALLEGO

IL·LMA. SRA. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG

IL·LMA. SRA. LIDIA CASTELL VALLDOSERA

Barcelona, 28 de novembre de 2013

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 7810/2013

En el recurs de suplicació interposat per ELIS MANOMATIC S.A. a la sentència del Jutjat Social 8 Barcelona de data 20 de desembre de 2011 dictada en el procediment núm. 191/2011, en el qual s'ha recorregut contra la part INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (INSS), TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL i Justa , ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. LIDIA CASTELL VALLDOSERA.

Antecedentes

PRIMER.Va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre accident de treball, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 20 de desembre de 2011 , que contenia la decisió següent:

'Que estimando la demanda promovida por Alejandra debo declarar y declaro la nulidad del despido condenando a la empresa Dimo Dental SLa la inmediata readmisión de la actora así como a los salarios de tramitación dejados de percibir desde la fecha de despido hasta que la readmisión tenga lugar.'

SEGON.En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:

'PRIMERO.-Que Alejandra ha venido prestando servicios para la empresa Dimo Dental SL que se subrogó en la posición de Alta Cosmética Natural SL, desde el 16-11-2009, categoría profesional de recepcionista y salario mensual de 1.298,83 euros con inclusión de la prorrata de pagas extras.

SEGUNDO.-Que en fecha 29-1-2010 se despidió verbalmente a la actora como consecuencia de la reclamación de la actora de gozar de los descansos para compensar el exceso de horas realizadas.

TERCERO.-Que interponiéndose la preceptiva demanda de conciliación ante el SCI, el acto de conciliación se llevó a cabo con el resultado de sin avenencia.

CUARTO.-Que la parte actora desiste de la empresa Alta Cosmética Natural SL.'

TERCER.En data 19 de gener de 2012 es va dictar interlocutòria d'aclaració de la sentència anterior, la part dispositiva de la qual diu:

'Debo aclarar y aclaro la sentencia dictada en este procedimiento el día 23 de diciembre de 2011 con el nº 539/11, en el sentido de que el contenido literal de la misma, a partir de los hechos probados hasta el primer párrafo del fallo, inclusive, en lugar del que se transcribió, debe ser el siguiente:

'HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Que por resolución administrativa de 10-9-2010 se declaró la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad en la enfermedad profesional contraída por Justa imponiéndose a la empresa antes referida un recargo del 30% en las prestaciones de la seguridad social.- folio 143 -.

SEGUNDO.- Que interpuesta la pertinente reclamación previa la misma fue desestimada por resolución administrativa de 30-12- 2010.- folio 168-

TERCERO.- Que la parte actora no acredita otras circunstancias fácticas y causales de cómo se produjo la enfermedad profesional de la actora que la expresada en los hechos constatados por la Inspección de Trabajo(no combatidos expresamente ni desvirtuados por la prueba propuesta por la parte actora) obrante en los folios 151 y ss a los que íntegramente me remito dada su extensión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos declarados probados obrantes en el apartado anterior de la presente resolución se han deducido de la valoración de la prueba practicada referenciada junto a cada uno de los ordinales de probanzas sin que de la valoración de la prueba practicada resulten acreditados otros hechos de los postulados concretamente por la parte actora.- artículo 97.2 del RDL 2/1995 de 7 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral-.

SEGUNDO.- El artículo 14.2 de la LPRL dispone que «en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo», protección que ha de producirse de forma «eficaz» (artículo 14.1 ). El artículo 14.2 está exigiendo al empleador no sólo las garantías de «seguridad posible», la «razonablemente practicable», sino también la aplicable en cada caso, y ha de «prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador (artículo 15.4)». La omisión puede afectar a medidas generales o particulares de seguridad exigibles en la actividad laboral por ser las adecuadas, atendidas las circunstancias concurrentes y la diligencia exigible a un prudente empleador, y, en orden a la tipicidad de la concreta conducta sancionada, diversos Tribunales Superiores de Justicia admiten que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 , contiene verdaderos tipos de conductas a los que por, las características de éstas, no es necesario exigir mayor concreción puesto que no se refiere a datos específicos sobre mecanismos materiales de seguridad, sino a comportamientos relativos al eficaz empleo de los mismos.

Ha de subrayarse el hecho de que la obligación preventiva del empresario en el esquema de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, es la de adoptar «cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores» ( artículo 14.2 de la Ley 31/1995 ). Si una medida es necesaria para obtener un nivel de riesgo tolerable, la misma ha de ser adoptada obligatoriamente, sin que quepa, como ocurría con la normativa anterior a la Ley 31/1995, que el empresario se limite a cumplir con concretas prescripciones reglamentarias, si se acredita que con ello el nivel de protección resulta insuficiente.

TERCERO.- En los procesos de impugnación de recargo por falta de medidas de seguridad debemos partir de la base de que lo señalado por la inspección de trabajo y la descripción fáctica descrita en la resolución administrativa impugnada determinan una presunción iuris tantum, sólo quebrantable en el caso de que prueba o pruebas en contrario evidencien de manera sólida, convincente y sin fisuras la versión fáctica propuesta por la parte actora a quien corresponde la carga de la prueba ex artículo 217 de la LEC Ley 1/2000 de 7 de enero.- véase entre otras, STS 9-7-1991 sala 3 ª y STSJ Canarias de 10-11-2000-.

En el asunto de autos, la parte actora, a quien corresponde la carga de la prueba a efectos de desvirtuar el contenido fáctico- jurídico de la resolución administrativa impugnada, propone exclusivamente prueba documental no adverada ni reconocida a efectos de dotarla de credibilidad.

No desvirtuada la versión fáctica expuesta en la resolución impugnada, procederá confirmar fáctica y jurídicamente las resoluciones administrativas impugnadas. - artículo 14 y 16 de la Ley 31/1995 8 de noviembre , artículo 116 del TLRGSS , artículo 5 del RDL 5/2000 -

Vistos los preceptos jurídicos aplicables, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que desestimando la demanda promovida por ELIS MANOMATIC SA debo absolver y absuelvo a TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y Justa de las pretensiones de la demanda.'

quedando el resto de pronunciamientos con el mismo contenido.

Notifíquese a las partes esta resolución haciendoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio del que proceda contra la sentencia, dentro del plazo correspondiente para interponer el mismo, contador desde la notificación del presente auto de aclaración, atendido el efecto suspensivo de ésta.

Así lo manda y firma D.Francisco Leal Peralvo, Magistrado del Juzgado de lo Social num 8 de Barcelona y su provincia, ante mi el Secretario, de lo que doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se notifica la presente resolución a las partes en la misma forma en que ha sido notificada la sentencia, doy fe. '

QUART.Contra aquesta sentència la part actora, ELIS MANOMATIC S.A. va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària la qual no el va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER.Enfront la Sentència d'instància, que desestimà la demanda interposada per la part actora, en la que impugnava la Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de data 10 de setembre de 2010 , que la va declarar responsable per manca de mesures de seguretat, de la malaltia professional que va patir la treballadora codemandada i l'imposà un 30% de recàrrec en totes les prestacions econòmiques derivades de l'esmentada malaltia, s'interposa per la demandant Recurs de Suplicació.

La sentència d'instància desestima la demanda, ja que té per provat que la malaltia professional, tal com consta en l'informe de la Inspecció de Treball, va tenir la seva causa en la falta de les corresponents mesures de prevenció de riscos laborals, argumentant que l'empresa no havia desvirtuat els fets que consten a l'acta de la Inspecció de Treball.

SEGON.En el primer motiu del recurs, correctament emparat en l'apartat b) de l' article 193 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , la recurrent sol.licita la modificació del fet provat tercer, sol.licitant es substitueixi per la redacció següent: 'Según consta en la documental aportada por la parte actora, la trabajadora recibió formación en materia de manipulación de cargas e higiene postural en fecha 11.5.2010 y 18.10.2011, no habiendo tenido la Inspectora actuante en su informe esta formación recibida por la trabajadora'.

Fonamenta la pretensió en els documents que es troben als folis 74 a 77 de les actuacions i en que la redacció actual del citat fet predetermina la decisió.

Aquesta Sala ha posat de relleu, en multitud d'ocasions, les exigències de les revisions fàctiques en suplicació, que es poden resumir en els requisits següents: 1) L'equivocació del jutge s'ha de deduir de forma directa d'un element de prova documental o pericial. 2) S'ha d'assenyalar per la part recurrent el punt específic del contingut de cada document que posa de relleu l'error al.legat, raonant sobre la seva correcció, mitjançant una anàlisi que demostri la correspondència entre la declaració continguda en el document i la rectificació que es proposa, 3) l'error ha de ser evident i s'ha de desprendre de forma clara, directa i inequívoca del document, sense que calgui fer deduccions, conjectures o suposicions i 4) l'error ha de ser transcendent per a modificar el sentit de la decisió de la resolució recorreguda, sense que es pugui utilitzar per a introduir qualificacions jurídiques predeterminants de la d'aquella.

Doncs bé, aplicant els citats principis al litigi que s'està examinant, el motiu s'haurà de desestimar, perquè és evident que en l'informe de la Inspecció de Treball no podia constar la formació a la que fa referència a l'empresa, perquè el citat informe és de data 29.6.2010, però la visita a l'empresa va ser el 22.4.2010 i per tant, els fets relatats corresponen a la data de la citada visita i no es podia pas tenir en compte una formació posterior a la citada data.

TERCER.En el segon motiu del recurs, també correctament emparat, ara en l'apartat c) de l' art. 193 de la Llei processal laboral , la recurrent afirma que la sentència ha infringit per inaplicació, l' art. 79.1 i 2 de la Llei 30/1992 , en relació amb l' art. 63 ap. 1 i 2 de la mateixa Llei i l ' art. 18 de l'Ordre Ministerial de 18.1.1996 i argumenta, en síntesi, que l'INSS no li va concedir el termini de 15 dies comptats des la recepció de la notificació de que iniciava el procediment de declaració de responsabilitat empresarial per manca de mesures de prevenció de riscos laborals, atès que la citada resolució és de data 8.9.2010 i només un dia després, el 10.9.2010 va dictar una nova resolució declarant l'existència del recàrrec de prestacions en un 30%, el que li ha provocat una evident indefensió, la qual cosa va posar de relleu l'actora tant en l'escrit de reclamació prèvia com en l'escrit de demanda.

Censura jurídica que s'haurà de desestimar. L' art. 63.1 . i 2 de la Llei 30/1992 , del RJAPPA, estableix el següent: '1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 2. No obstante, el defecto de forma sólo determinarà la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados'.

En el present supòsit és cert que ha existit una evident infracció administrativa, perquè l'Entitat Gestora no va esperar a rebre les possibles al.legacions de la recurrent i va dictar de forma immediata la resolució imposant el recàrrec. Ara be, perquè l'acte administratiu que pateix un defecte de forma, com és el cas que ens ocupa, sigui anul lable, requereix dos requisits que en el present supòsit no s'han acreditat. Que l'acte no tingui els requisits formals indispensables per aconseguir la seva finalitat o suposi col.locar a l'administrat en situació d'indefensió.

El tema a debat ha estat ja decidit pel Tribunal Suprem, en sentit desfavorable a la pretensió de la part. En efecte, en la recent sentència de data 22.12.2010 , amb cita de les anteriors de data 30.4.2007 i 3.7.2007 , després de reconèixer que la LRJAPC és aplicable a l'activitat administrativa de reconeixement de les prestacions per part dels organismes gestors de la Seguretat Social, s'afirma que una situació com l'actual podria encabir-se en l'art. 63 de la citada llei, però que l'omissió de l'audiència no ha impedir a l'acte administratiu aconseguir la seva finalitat ni tampoc ha produït indefensió, atès que:

'El acto ha alcanzado su fin, que es el reconocimiento de la prestación con la declaración de las responsabilidades para su abono. Tampoco ha producido una indefensión relevante que deba determinar la nulidad de actuaciones para corregirla. La doctrina de la Sala III de este Tribunal insiste en que 'la indefensión no equivale a la propia falta del trámite de audiencia', sino que 'ha de ser real y efectiva' y, por ello, 'para que exista indefensión determinante de la anulabilidad del acto es preciso que el afectado se haya visto imposibilitado de aducir en apoyo de sus intereses cuantas razones de hecho y de derecho pueda considerar pertinentes para ello' ( sentencias de 11 de julio de 2003 y 16 de marzo de 2005 ). En el presente caso no puede apreciarse que la omisión del trámite de audiencia haya provocado tal indefensión. En primer lugar, porque la parte recurrente tuvo en todo momento noticia de la iniciación del procedimiento y pudo personarse en el mismo y formular alegaciones, lo que efectivamente hizo, como más adelante se verá. En efecto, la empresa en su demanda reconoce que tuvo conocimiento de la propuesta formulada por la Mutua, en la que constaban las secuelas del trabajador, el grado de incapacidad propuesto (gran invalidez), la responsabilidad de la empresa y las secuelas padecidas por el trabajador (folio 139), siendo en lo esencial estas últimas coincidentes con las que se tuvieron en cuenta en la resolución administrativa. Tuvo también conocimiento de la reclamación previa del trabajador, en la que se enumeraban las lesiones padecidas y se solicitaba la gran invalidez (folios 199- 202). La empresa formuló alegaciones tanto a la propuesta de la Mutua (folio 119), como a la reclamación previa del trabajador (folios 190 y 191), limitándose en las primeras a negar su responsabilidad y en la segundas a oponerse al grado solicitado. ......... De esta forma, la parte ahora recurrente muestra, pese a la falta de audiencia, un perfecto conocimiento de la situación del trabajador y de los informes obrantes en el expediente. Por ello constituye un conducta abusiva el que alegue la nulidad de las actuaciones fundadas en la omisión de ese trámite, porque tenía la información necesaria y, desde luego, pudo formular alegaciones tanto en su oposición a la reclamación previa del trabajador, como luego en la propia reclamación previa interpuesta por la propia recurrente, aportando además cuantos 'documentos' y 'justificaciones' considerara convenientes. Por otra parte, aunque no fuera así, lo cierto es que la parte ha ejercitado, tras el agotamiento del trámite de reclamación previa, una pretensión de plena jurisdicción ante el orden social, dando lugar al correspondiente proceso, en el que ha podido formular alegaciones y practicar prueba para combatir tanto la incapacidad reconocida al trabajador, como la declaración de responsabilidad'.

En el mateix sentit les sentències del TS de dates 28.1.2010 i 12.11.2009 .

Doncs bé, en el supòsit que contempla la sentència recorreguda, és cert que a l'empresa demandant no se li va donar el tràmit d'audiència, una vegada iniciat l'expedient per a la imposició del recàrrec (com en el cas que examina el Tribunal Suprem), però tal com es diu en la dita sentència, aquest fet no li ha provocat indefensió perquè ha pogut interposar la corresponent reclamació administrativa prèvia i també presentar la demanda que ha donat lloc a incoar el present procés, on ha pogut formular al.legacions i practicar tota classe de proves per tal d'acreditar la seva oposició a la resolució administrativa.

QUART.En el tercer motiu del recurs, correctament emparat en l'apartat c) de l' article 193 de la Llei processal laboral , el recurrent afirma que la sentència ha infringit l' article 123 de la Llei General de la Seguretat Social , així com els arts. 14 i 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals , els articles 1103 i 1104 del Codi Civil i les SSTS de dates 22.7.2010 i 22.1.2010 .

Argumenta la demandant que tenia cobertes totalment les seves obligacions amb la treballadora, atès que li havia donat informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals i que també havia fet una avaluació de riscos laborals, per la qual cosa no s'ha acreditat que existís un nexe causal entre la patologia que pateix la treballadora i l'incompliment per part de l'empresa de la normativa abans citada.

Pel que fa a aquesta qüestió s'ha de reiterar -com ho ha fet aquesta Sala en multitud de sentències- que el recàrrec de prestacions establert a l' article 123.1 de la Llei General de la Seguretat Social requereix, per a la seva imposició, un accident de treball o una malaltia professional que donin dret a prestacions de la Seguretat Social i, a més, que es deguin a la manca d'adopció de mesures de seguretat i salut laborals establertes, tant de tipus genèric com específic, en normes jurídiques publiques i, per últim, cal que hi hagi un nexe causal entre la falta i el sinistre, que no quedi interferit per causa de força major, cas fortuït o imprudència del propi afectat, tenint en compte que a l'empresa li és exigible la diligència d'un prudent empresari amb criteris ordinaris de normalitat per a prevenir o evitar una situació de risc en la vida o salut dels treballadors ( arts. 4.2 . i 19, de l'Estatut dels Treballadors i, en general , articles 1.104 i 1902 del Codi Civil ). Així ho ha posat de relleu aquesta Sala en les sentències de dates 15 de mar ç i 22 d'abril de 2.005 . També s'ha d'afirmar, com assenyalen les sentències citades, que l'esmentat article ha d'aplicar-se amb criteri restrictiu i fent un examen particularitzat del conjunt de circumstàncies que concorren en cada cas concret.

En aquest mateix sentit, cal fer referència a la Sentència de data 8 d'octubre de 2.001, del Tribunal Suprem , en la qual es posa de manifest que «la vulneración de las normas de seguridad en el trabajo merece un enjuiciamiento riguroso tras la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre, norma que estaba ya en vigor cuando acaeció el accidente que hoy se enjuicia. Esta Ley, en su artículo 14.2, establece que 'en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...'. En el apartado 4 del artículo 15 señala 'que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador'. Finalmente, el artículo 17.1 establece 'que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores'. Del juego de éstos tres preceptos se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones».

CINQUÈ.Doncs bé, en el present cas, el motiu s'haurà de desestimar, perquè la Sala comparteix els arguments del magistrat d'instància relatius a que la malaltia professional que pateix la Sra. Justa te la seva causa en les infraccions que consten a l'acta de la Inspecció de Treball, sense que l'empresa hagi desvirtuat els fets que consten en la citada Acta. Dues són les infraccions que la Inspecció imputa a la citada empresa: En primer lloc la manca de formació de la treballadora sobre la prevenció de riscos laborals, atès que únicament havia rebut formació d'una hora a l'any 2007 i, en segon lloc, que l'empresa no havia pres mesures correctores per tal d'eliminar els riscos que es van detectar en el lloc de treball de l'actora en l'informe d'avaluació de riscos de data 6.4.2010.

És cert que l'empresa compleix tota una sèrie de normes de prevenció de riscos laborals, atès que ha realitzat l'avaluació de riscos laborals. Ara be, també s'ha acreditat que no ha pres les mesures adients per tal d'evitar els possibles riscos que comporta el treball que ha de realitzar la Sra. Justa , atès que en l'informe en que es va fer l'avaluació de riscos es deia que existia un risc moderat per moviments repetitius en l'alimentació de bobines en la calandra de la secció de vestuari professional i es van indicar una sèrie de mesures preventives que no es van portar a terme. Així mateix es va detectar un risc moderat en el sobreesforç físic en l'alimentació de bobines en la calandra de la mateixa secció i també es van indicar una sèrie de mesures correctores, que tampoc es van prendre

Pel que fa a la manca de formació en aquesta qüestió, la Sala comparteix l'opinió de la Inspectora de que una única hora de formació que es va impartir a la treballadora, abans de que se li detectés la malaltia, és insuficient per tal de que tingués una correcte informació sobre els riscos de la seva feina i les mesures que havia d'adoptar per tal d'evitar-los.

Així doncs, no hi ha dubte que va existir una infracció de les mesures de seguretat per part de l'empresa, tal com correctament va decidir la resolució de l'INSS i la sentència d'instància. Per tant, s'imposa la desestimació del motiu, i conseqüentment, del recurs, la qual cosa comporta la confirmació de la resolució recorreguda.

SETÈ.La desestimació del recurs suposa, d'acord amb el que estableix l' article 235.1. de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , imposar les costes processals a l'empresa recorrent. Així mateix procedeix acordar la pèrdua del dipòsit efectuat en el moment de recórrer, al qual es donarà el destí previst legalment, tal com disposa l'article 202.1 de la mateixa llei.

VISTOS els preceptes legals citats, els concordants i la resta de disposicions de general i pertinent aplicació,

Fallo

Que hem de desestimar i desestimem el Recurs de Suplicació interposat per ELIS MANOMATIC, S.A., contra la Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 8 de Barcelona, en data 20 de desembre de 2011 que va recaure en les actuacions nº 191/2011, en virtut de demanda presentada per l'esmentada empresa contra la Sra. Justa , la TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL i l'INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, i, per tant, hem de confirmar i confirmem l'esmentada resolució. S'imposen les costes processals a l'empresa recorrent. Així mateix procedeix acordar la pèrdua del dipòsit efectuat en el moment de recórrer, al qual es donarà el destí previst legalment.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social .

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social, o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l' article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , consignarà com dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el Banc Espanyol de Crèdit -BANESTO-, en l'Oficina núm 2015 situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, n° 0965 0000 66, afegint a continuació els números indicatius del recurs en aquest Tribunal.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , quan així procedeixi, s'efectuarà en el compte que aquesta Sala té obert en l'oficina bancària esmentada al paràgraf anterior, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació els números indicatius del Recurs en aquest Tribunal, i havent d'acreditar que s'ha fet efectiva al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ.Avui, la Magistrada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.