Sentencia Social Nº 7966/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 386/2005 de 24 de Octubre de 2008

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

RU

IL·LM. SR. SEBASTIÁN MORALO GALLEGO

IL·LMA. SRA. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG

IL·LMA. SRA. LIDIA CASTELL VALLDOSERA

Barcelona, 24 d'octubre de 2008

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 7966/2008

En el recurs de suplicació interposat per Salvesen Logística, S.A. a la sentència del Jutjat Social 27 Barcelona de data 20 de març de 2007 dictada en el procediment núm. 374/2005 i 386/2005 acumulats, en el qual s'ha recorregut contra la part -I.N.S.S.-

(Instituto Nacional de la Seguridad Social), TGSS, Mantenimientos y Montajes Vendrell, S.L. i Jesús Carlos , ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG.

Antecedentes

Primer. En data 25 de maig de 2005 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Accident de treball, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 20 de març de 2007, que contenia la decisió següent:

"Que desestimando las demandas acumuladas números 374/2005 y 386/2005 interpuestas por Mantenimientos y Montajes Vendrell, S.L. y Salvesen Logística, S.A. frente a -I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la Seguridad Social), TGSS y Jesús Carlos en materia falta de medidas de seguridad, debo absolver y absuelvo a las partes demandadas de las pretensiones en su contra deducidas".

Segon. En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:

Primero. Por resolución de 10-01-05 el INSS declaró la existencia de falta de medidas de seguridad en el accidente de trabajo sufrido por el trabajador Jesús Carlos , en 9-05-99 y la procedencia de que las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente de trabajo, sean incrementados en el 50% con cargo a la empresa Salvesen Logística, S.A., responsable del accidente, y, solidariamente, a la empresa Mantenimientos y Montajes Vendrell, S.L.

Segundo. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona por escrito de 6-04-04 había propuesto la imposición del 50% a la empresa responsable del recargo en todas las prestaciones económicas que se deriven como consecuencia del accidente de trabajo por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Tercero. Las empresas actoras interpusieron contra la mencionada resolución reclamación administrativa previa a la vía jurisdiccional que fueron desestimadas por resolución del INSS de 12-04-05.

Cuarto. De la incoación del expediente administrativo ante el INSS se dio traslado a las partes interesadas, entre ellas las actoras, y en concreto en 30-12-04 a Mantenimientos y Montajes Vendrell, S.L. para que formulasen alegaciones, haciéndolo la empresas actora, Mantenimientos y Montajes Vendrell, S.L. en 12-01-05 mediante respectivo escrito, cuyo contenido por obrar en autos se tiene por reproducido.

Quinto. La Inspección de trabajo y Seguridad Social en 31-07-00 emitió el preceptivo informe, y levantó las actas NUM000 , NUM001 , NUM002 y NUM003 , teniéndose sus contenidos por reproducidos.

Sexto. En 9-8-00 había entrado en la Dirección Provincial del INSS escrito de incoación de actuaciones procedente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre accidente de trabajo del trabajador Sr. Jesús Carlos en 9-8-1999, cuando prestaba sus servicios para la empresa Salvesen Logística S.A, proponiendo un recargo del 50% por entender que el Accidente de Trabajo ocurrió como consecuencia de la omisión de medidas de seguridad.

Séptimo. Por resolución del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 3-11-03 se confirmó e impuso la sanción de 9.015'18 Euros propuesta en el acta de infracción nº NUM000 , levantada por la Inspección de Trabajo a la empresa Salvesen Logística, S.A.

Dicha acta fue notificada a la empresa, mediante publicación en el BOP nº 241 de 7-10-00.

En 9-01-01 la Delegada Territorial de Barcelona suspendió el procedimiento sancionador porque por los mismos hechos se seguía procedimiento penal en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Rubí. Dicho procedimiento se archivó por auto dictado en juicio de faltas 81/2002.

Octavo. Por resolución el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 8-3-04 notificada a la Inspección de Trabajo el 16-03-04, se estimó el recurso de la empresa Salvesen Logística, S.A. contra la resolución de 3-11-03, se declaró la caducidad de la actuación inspectora realizada en el expediente NUM004 , de fecha 31-7-00, y que dio lugar a las actas de infracción nº NUM000 y NUM001 ; y el archivo del expediente, lo que se comunicó a la Inspección de Trabajo por si procedía el levantamiento de una nueva acta, lo que verificó en 29-3-04, levantando el acta NUM005 , por reproducida.

Noveno. El día 9-5-1999 el trabajador Jesús Carlos , cedido en 23-7-99 por la empresa Alta Gestión ETT. S.A a la usuaria, Salvesen Logística, S.A. como mozo de almacén con tareas de carretillero sufrió un accidente de trabajo cuando en el centro de trabajo de tal usuaria, conducía una traspaleta eléctrica hacia la sala destinada a la carga de baterías. Al llegar a dicha zona abrió la puerta de entrada con un mando destinado al efecto y vió que en el interior había un carretón automotor de mantenimiento con una jaula metálica a unos dos metros sobre la que se encontraba el trabajador Braulio , trabajador de Mantenimientos y Montajes Vendrell, S.L., efectuando las instalaciones de conducciones de agua para un lavaojos en el centro de trabajo de Salvesen Logística, S.A,. Dicho trabajador bajó de la jaula e inició la maniobra de marcha atrás en la cabina de conducción del carretón con la jaula en alto, para dejar paso para que entrase el trabajador demandado con la transpapeleta eléctrica, resbalando la jaula metálica instalada en las horquillas del carretón al engancharse dicha horquilla en un ángulo, y dando un golpe al Sr. Jesús Carlos en la cabeza.

Décimo. No había ni en el área de carga de baterías ni en sus alrededores ningún tipo de señalización indicativa de que se estuviesen realizando simultáneamente trabajos de instalaciones de canalizaciones que advirtieran a los trabajadores de la situación.

Décimo primero. No se había prohibido la entrada al interior de personas y/o carretones en el interior de la sala.

Décimo segundo. El accidente ha dado lugar a las prestaciones de incapacidad temporal a cargo del trabajador demandado.

Décimo tercero. Por resolución de 14-5-04 el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya estimó el recurso de reposición interpuesto por Mantenimientos y Montajes Vendrell, S.L. contra la providencia de apremio derivada de liquidación anulándola por falta de notificación devolviendo las cantidades indebidamente ingresadas, y procediendo a volver a notificar la resolución sancionadora con los nuevos términos de pago y expresión de los recursos pertinentes.

Tercer. Contra aquesta sentència la part actora Salvasen Logística S.A., va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària, que el va impugnar en forma Don. Jesús Carlos . Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

Primer.- L'empresa Salvesen Logística, SA. condemnada, planteja recurs de suplicació contra la Sentència que desestima la seva pretensió de deixar sense efecte la Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de 10 de gener de 2005 que la declara responsable del 50% de recàrrec de les prestacions de la seguretat social que derivin de l'accident de treball patit pel treballador Sr. Jesús Carlos produït el dia 9 de maig de 1999 per manca de mesures de seguretat.

L'objecte del recurs és reposar les actuacions al moment en què es trobaven per infracció de normes o garanties del procediment que produeixin indefensió, revisar els fets declarats provats i examinar les infraccions de normes substantives o de la jurisprudència en empara en l' article 191. a), b) i c) de la Llei de Procediment Laboral, el Text Refós de la qual va ser aprovat pel R.Decret Legislatiu 2/1995 de 7 d'abril .

Segon.- En aquest primer objecte del recurs denuncia els instituts jurídics de la caducitat i la prescripció, que considera revisables d'ofici, i argumenta que ja va denunciar la caducitat del procediment administratiu pel qual s'estableix la responsabilitat empresarial. Argumenta que la doctrina jurisprudencial assenyala que el dies a quo de l'inici del termini de la declaració del recàrrec de les prestacions és en el moment que són reconegudes les possibles incapacitats. En el cas present no s'ha reconegut cap incapacitat permanent i únicament la incapacitat temporal, de forma que el dies a quo és la data de l'accident el 9 de maig de 1999. Havent-se dictat resolució el 10 de gener de 2005, han transcorregut més de quatre anys, de forma que s'ha de revocar la sentència.

La Sala IV del Tribunal Suprem ha establert (Sentències de 1 de desembre 1987 [RJ 19878804], 28 de maig 1990 [RJ 1990 4510] i 9 d'abril 1991 [RJ 19913257]) un criteri general clarament restrictiu sobre la declaració de la nul litat d'actuacions en atendre el caràcter instrumental de las formes i les conseqüències negatives d'aquesta esta decisió sobre el procés. En el mateix sentit la Sala IV del Tribunal Supremo ha establert també (Sentència de 10 d'abril 1990 [RJ 19903452 ]) que «es constante doctrina de la Sala la que afirma que la nulidad de las resoluciones judiciales es una medida excepcional que, por sus negativas consecuencias sobre el proceso, ha de limitarse a los supuestos legalmente tipificados en el art. 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 19851578, 2635 y ApNDL 8375) y a los vicios formales especialmente cualificados que menciona el núm. 1 del art. 240 de dicha Ley respecto de los que no pueda operar la subsanación prevista en el núm. 2 de este último artículo, sin que en ningún caso irregularidades formales carentes de auténtica proyección invalidante, al no impedir que el acto alcance su fin ni generar indefensión puedan justificar la adopción de tal medida con infracción del principio de economía procesal». (En sentit anàleg, la Sentència de la Sala IV del Tribunal Suprem de 2 de març 1992 [RJ 19921611]). També la Sentència de 30 d'octubre 1991 el Tribunal Suprem fa referència a què "las nulidades de actuaciones han de reservarse para aquellos supuestos en los que la infracción de una norma procesal, produciendo indefensión, no encuentren en la ley otro posible remedio". Per altra banda el Tribunal Constitucional ha establert que «para que las irregularidades procesales produzcan el radical efecto de la nulidad de actuaciones es preciso que, como señala el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, la indefensión que produzcan ha de ser material y efectiva y no simplemente posible». (Interlocutòria del Tribunal Constitucional de 15 de gener de 1996 [RTC 19963 ]); que comporti la indefensió material i no meramente formal, «que el citado defecto haya causado un perjuicio real y efectivo para el demandado en sus posibilidades de defensa (SSTC 43/1989 [RTC 198943], 101/1991 [RTC 1990 101], 6/1992 [ RTC 19926] y 105/1995 [RTC 1995105], entre otras). Doncs be, atenent l'esmentada doctrina, tan del Tribunal Suprem com del Tribunal Constitucional, la nul litat d'alguna o algunes actuacions processals s'ha de basar en una irregularitat processal que ocasiona indefenssió material a la part.

En el cas que es debat no es denuncia cap irregularitat processal que produeixi indefensió a la part, sinó que ella mateixa refereix que la denúncia de caducitat i prescripció del procediment adminsitratiu es revisarà en el tercer objecte del recurs, d'examen de les normes substantives i de la jurisprudència aplicades, que permet en el seu cas el remei que pretén.

Per tant hem de desestimar aquest objecte del recurs perquè no te contingut de nul litat de la sentència que tampoc predica en la pètita, sinó que postula que en seu judicial es declari la nul litat de la resolució administrativa que va imposar el recàrrec, que afecta el fons de la controvèrsia.

Tercer.- El segon objecte del recurs és per revisar els fets provats desè i onzè de la relació fàctica que basa en la prova testimonial que consta en l'acta del judici.

També postula la rectificació d'un error material involuntaria que consta en el fet provat sisè, sobre la data de l'accident, que corregim perquè efectivament ha de constar la de 9 de maig de 1999 com ja es diu en el primer fet provat de la relació fàctica.

La doctrina jurisprudencial pacífica dels Tribunals laborals i d'aquesta Sala, manté que únicament de manera excepcional els Tribunals superiors poden fer ús de la facultat de modificar i fiscalitzar la valoració de les proves feta pel jutge de la instància, ja que aquesta facultat els hi està atribuïda únicament per a supòsits en què els elements esmentats com a revisors, ofereixin una força de convicció molt gran que a judici de la Sala manifestin un error de fet clar del jutge en l'apreciació de la prova. Per altra banda la modificació de fets provats únicament pot ser conseqüència d'un error de fet evident i ha de derivar de la prova pericial o documental eficaç i eficient, atès el caràcter extraordinari del recurs de suplicació i del fet que no es tracta d'una segona instància, raó que impedeix dur a terme una anàlisi de la prova practicada amb una valoració nova de la totalitat dels elements de prova emprats (Sentència de la Sala de lo Social del Tribunal Suprem de 18 de novembre de 1.999), perquè això suposaria la substitució del criteri objectiu del jutge d'instància que, com s'ha dit, aprecia els elements de convicció segons l' article 97.2 de la Llei de Procediment Laboral , que és un concepte més extens que el de mitjans de prova, ja que compren tan els mitjans de prova que enumera l' article 299 de laLlei d'Enjudiciament Civil , com el comportament de les parts en el transcurs del procés i també les seves omissions, davant l'anàlisi de la part, lògicament parcial i interessada. També la doctrina s'ha manifestat de manera inveterada quant als elements de prova per a la revisió, com els escrits de la pròpia part que recorre i la prova d'interrogatori en el judici, de què no tenen eficàcia revisora ( SS. TS. de 22 de desembre de 1997, de 10 d'abril i 20 de novembre de 1975) com la pròpia acta del judici (SS.TS. d'11 de desembre de 1067, de 31 de desembre de 1975 i de 28 de febrer de 1977) o les proves de confessió en judici i testimonial (SS.TS. de 18 de març de 1974,17 de maig de 1976, 24 d'abril de 1975 i de 5 de juny de 1976, per totes).

En el cas present, en aplicació de la doctrina transcrita, hem de desestimar la supressió fàctica proposada perquè considerem que l'òrgan judicial de la instància ja ha valorat la totalitat de la prova, també la testimonial, conjuntament amb la resta de les actuacions administratives, proves practicades i elements de convicció aportats per les parts a la vista, d'acord amb l'establert en l' article 97.2 de la LPL ., sense que podem atendre a les proves testimonials que invoca perquè no són prova eficaç a efectes de recurs de suplicació tal com mana l' article núm. 191, b) i 194.3 de la Llei de Procediment Laboral . La dicció dels fets provats desè i onzè no és predeterminant de la decisió judicial, sinó que constata fets rellevants producte del convenciment judicial sobre les mesusres de seguretat adoptades per poder determinar la causa de l'accident i la responsabilitat de les mercantils ocupadores.

Per tant s'estima en part aquest objecte del recurs i corregim l'error material.

Quart.- En aquest objecte del recurs l'empresa recurrent denuncia en primer lloc la infracció de l' article núm. 43 i núm. 123 de la Llei General de la Seguretat Social, i de l'article núm. 1969 del Codi Civil sobre l'aplicació de la caducitat de l'expedient administratiu i prescripció de l'acció d'imposició del recàrrec de les prestacions de la seguretat social derivades de l'accident de treball causat per manca de mesures de seguretat. Fa referència a la sentència del TS. de 12 de febrer de 1907 en relació al dies a quo del termini. Relaciona la sentència amb les altres que cita, dictades en matèria de reclamació de danys i perjudicis derivats d'accident de treball, per concloure que el dies a quo del termini de caducitat i prescripció és el dia en què va concloure per resolució ferma l'últim expedient incoat davant la Seguretat Social en reclamació de prestacions. També denuncia la infracció per no aplicació dels articles núm. 13 i 14 de l'Ordre Ministerial de 18 de gener de 1996, i articles núm. 44, núm. 621, núm. 63 i núm. 92 de la Llei 20/92 .

Hem de dir que la doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem referida a la interpretació de l' article núm. 14 de l'Ordre de 18 de gener de 1996 que desplega el RDecret 1300/1995 es plasma en la Sentència de 12 de febrer de 2007 en el rec. 5542/2005 (RJ. 2188 i no 2016 com fa constar), que fa referència a anteriors sentències de 9 d'octubre de 2006 (recurs 3279/2005 [RJ 20066532]) i 5 de desembre de 2006 (recurs 2531/2005 [RJ 20068188]) entre d'altres, en la qual es parteix de l'anàlisi de la literalitat de la norma citada que diu: «1. El plazo máximo para resolver el procedimiento regulado en esta Orden será de ciento treinta y cinco días, que se computarán a partir de la fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos de oficio o de la recepción de la solicitud en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social competente en los demás casos. (...) Y desde ese texto, se afirma en tales sentencias que «El tenor literal de la norma no establece que el efecto de la no resolución en el plazo de 135 días sea la caducidad del expediente. Consecuencia que, por otra parte, no podía establecer una orden ministerial sin la cobertura de una norma de superior rango. El que el procedimiento se hubiera iniciado por comunicación de la Inspección de Trabajo no supone consecuencia alguna. De no dictarse la correspondiente resolución, el trabajador afectado podrá instar la vía judicial. No puede olvidarse que en la relación jurídica de recargo de prestaciones establecida en el art. 123 de la Ley General de la Seguridad Social (RCL 19941825), es una relación triangular en la que, de una parte se halla la Entidad Gestora de la Seguridad Social como administración y, de otra, el empresario afectado, opuesto al trabajador beneficiario del importe del recargo. La inactividad de la Administración no puede perjudicar al trabajador que ninguna intervención tuvo en el expediente». «Por otra parte el art. 44 de la Ley 30/1992 (RCL 19922512, 2775 y RCL 1993, 246) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo, regula las consecuencias de la falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio estableciendo que 'En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: (...) Como se desprende del párrafo 2 la caducidad se produce únicamente en los procedimientos en los que se ejerciten potestades sancionadoras y el de imposición del recargo no tiene exactamente esa naturaleza jurídica. Su finalidad es, de una parte, disuasoria para obtener el mayor grado de cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, de otra, incrementar el importe de unas prestaciones debidas en virtud de la relación trabajador empresa cuando ésta no ha dispensado las medidas de protección que el contrato de trabajo impone ( art. 19 del Estatuto de los Trabajadores [RCL 1995997]). El recargo no deriva de la potestad sancionadora de la Administración -esa potestad se manifiesta en la imposición de la correspondiente multa- sino de un incumplimiento de las obligaciones que el empresario asume como consecuencia del contrato de trabajo».

Com veiem la doctrina jurisprudencial referida expressament a la caducitat de la tramitació de procediment administratiu, conclou que no es produeix en la tramitació del recàrrec de les prestacions de la seguretat social derivades de manca de mesures de seguretat empresarial que han causat un accident laboral.

Tampoc en aquest cas s'ha produït prescripció de l'acció perquè aquesta s'ha tramitat d'ofici per l'Administració amb inici i procediment dintre del termini de cinc anys que estableix l' article núm. 43 de la Llei General de la Seguretat Social , amb les incidències que consten en la relació fàctica, en relació amb les causes d'interrupció ordinària de l' article núm. 1973 del Codi Civil i les contemplades en l'apartat 2. i 3 d'aquest article. El dies a quo per exigir el recàrrec establert per a les prestacions de la seguretat social, també el de la incapacitat temporal, es va iniciar en el moment que podia efectuar-se a partir del reconeixement administratiu del dret al recàrrec de la prestació per Resolució de l'ens gestor de 10-1-2005. d'acord amb l' article núm. 1969 del Codi Civil que denuncia la recurrent. El dies a quo del termini de prescripció de la prestació de la incapacitat temporal en aquest cas va ser el dia de l'accident, dies a quo que no es pot confondre amb dies a quo del termini de prescripció del recàrrec d'aquesta prestació que va ser el dia següent de la Resolució de l'ens gestor que el va imposar a la recurrent per a totes les prestacions de la seguretat social derivades de l'accident de treball. És obvi que l'acció no ha prescrit, de forma que aquest motiu s'ha de desestimar de pla.

Cinquè.- També denúncia la interpretació errònia i l'aplicació indeguda de l' article núm. 123 de la Llei General de la Seguretat Social i cita criteri jurisprudencial dels Tribunals Superiors de Justícia per mantenir que el recàrrec s'imposa a l'ocupadora no per responsabilitat objectiva sinó subjectiva. Considera que en el cas present es desconeix la causa real de l'accident ja que no se sap perquè el treballador es va donar un cop, si va ser degut a que no va esperar la maniobra de l'altre operari o si aquell va maniobrar cap on es trobava l'accidentat, de manera que únicament es coneixen les conseqüències però no les causes. Conclou que per aquest motiu no es pot aplicar l' article núm. 123 de la LGSS ..

També denuncia la infracció de l' article núm. 15.4 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en relació amb una sentència d'aquesta Sala i d'algunes altres Sales Socials dels Tribunals Superiors de Justícia que cita, referida a la manca de coordinació d'activitats empresarials en un mateix centre de treball per part de les empreses que duen a cap una obra concreta contractada, i combat l'afirmació i convenciment judicial de la instància de què hi va haver manca de coordinació en la causa de l'accident de treball, perquè manté que no s'ha acreditat el perquè va caure la gàbia. Manté que la manca de senyals prèvies i exteriors del treball de manteniment no és mes que una justificació, ja que els treballadors estaven maniobrant coordinats. Invoca l'obligació del treballador d'observar les normes i instruccions sobre seguretat que rebi de l'empresari, amb cita de l' article núm. 29.2 1er de la Llei 31/1995 i de l'article núm. 25 de la Constitució Espanyola , per concloure que la responsabilitat de l'accident no és de la recurrent sinó del treballador, ja què no existeix relació de causa efecte atès que no ha existit cap infracció de les mesures de seguretat per la seva part.

Finalment transcriu part de doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem sobre el concepte i requisits de la culpa in vigilando.

Sisè.-. Quant al fons de la controvèrsia, la relació fàctica no ha sigut modificada excepte l'error material del sisè fet provat. L'apreciació de l'existència o no d'infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals que exigeix l' article núm. 123 de la Llei General de la Seguretat Social i la conseqüent responsabilitat empresarial en matèria de recàrrec, descansa en tots els elements de convicció que s'aporten a l'acte del judici de l'ordre social competent, entre els quals els fets i realitats sobre l'accident de treball comprovats i constatats de manera directa per la Administració a través de l'informe de l' Inspector de Treball que actua, te un valor rellevant de presumpció de certesa destruïble per altres mitjans de prova. S'ha de recordar que els fets establerts en l'informe de l'actuació inspectora tenen valor de prova d'acord amb els articles 7.8 i 11 i article 11 de la Llei 42/1997 i presumpció de veracitat iuris tantum amb la conseqüència de la inversió de la càrrega de la prova quan l'informe de la Inspecció de treball base de l'acta d'infracció o de l'inici de responsabilitats empresarials, te un contingut suficient que no causa indefensió quan s'expliciten els fets que s'imputen al subjecte responsable, segons la doctrina jurisprudencial que per coneguda i reiterada no cal citar. Per exercir la facultat de valoració judicial de l' article 97.2 de la Llei de Procediment Laboral , en l'ordre social els fets sobre l'accident de treball referits en l'Informe de la Inspecció de Treball, a més d'un element de prova destruïble, constitueixen un inici habitual però no únic de l'expedient administratiu sobre la responsabilitat empresarial en el recàrrec de les prestacions de la Seguretat social que en el seu cas es coneixerà per l'òrgan judicial social de la jurisdicció, sotmès al procediment laboral que preveu lògicament la defensa de les parts amb els variats mitjans de prova legalment establerts.

Per tant en el cas present hem de partir de la realitat fàctica constatada en el fet provat cinquè de la sentència de la instància, i fonamentalment en els fets novè, desè i onzè, que el recurrent examina de forma detallada en aquest motiu del recurs per negar la mateixa existència de responsabilitat per manca de les necessàries mesures de seguretat, amb infracció de normes. El que planteja la recurrent és la negació de responsabilitat empresarial, perquè considera que no va infringir cap norma de protecció ni estava obligada a vigilància genèrica, perquè el treballador estava degudament format per conduir i maniobrar la traspaleta el lèctrica i no ha quedat provada la causa de la caiguda de la gàbia del palet de l'altre treballador.

L' article 15.4 de la Llei de Prevencions de Riscos Laborals que denuncia infringit, estableix que les mesures preventives a l'empresa han de preveure les distraccions o imprudències no temeràries que puguin cometre els treballadors, de manera que únicament li pot ser imputable la causa de l'accident en cas d'imprudència temerària, cosa que evidentment no és el cas present. Segons la relació fàctica, la gàbia metàl lica instal lada a dos metros d'alçada quan el carretó feia marxa enrera per deixar pas a la traspaleta que conduïa l'accidentat, va relliscar de la forca que la sostenia i va caure donant un cop al cap de l'accidentat perquè va relliscar de la forca en no estar degudament subjectada quan aquesta va topar i es va enganxar en un angle.

Entenem que queda constància de la causa de l'accident, que no és imputable a cap actuació imprudent del treballador, sinó també a què la recurrent no va adoptar totes les mesures específiques a fi de dur a cap el treball encomanat amb total seguretat, com predica l' article núm. 17.1 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre . De manera que també en l'hipotètic cas que pretén la recurrent, de que el treballador accidentat o l'altre conductor del carretó amb la gàbia aixecada a dos metres no haguessin maniobrat de forma totalment adequada, tampoc es trencaria el nexe causal ( STS. de 20 de mar'de 1985 o de 21 d'abril de 1988), perquè la imprudència o negligència possible no hauria set exclussiva, atès que la recurrent com a titular del centre de treball i l'altre empresa no havien previst els riscos laborals que va comportar l'ordre de la recurrent a l'accidentat d'entrar amb la traspaleta a la sala de càrrega de bateries quan un altre treballador d'una altra empresa contractada estava maniobrant amb un carretó amb gàbia suspesa a dos metros per tasques de manteniment, de forma que va haver de maniobrar marxa enrera amb la gàbia aixecada per a què l'accidentat podés entrar amb el seu vehicle. Considerem amb la sentència de la instància que es fa evident la manca de coordinació d'activitats empresarials a què obliga l' article núm. 24. i 2 de la Llei 3/1995 en relació amb l' article núm. 3 i núm. 4.1 a) i b) i núm. 4.2 del RDecret 485/97 de 14 d'abril sobre disposicions mínimes de senyals o advertiments, i per tant la infracció del mandat legal i reglamentari. També infringeix l'Annex 1 A del RDecret 486/1997 de 14 d'abril que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els centres de treball. L'empresa recurrent havia de formar i informar de manera concreta i no genèrica de la protecció que havia d'adoptar l'accidentat en la funció del treball encomanat, d'acord amb l' article 18 i l'article núm. 19 de la LPRL. 31/95 , d'acord amb el prescrit en els articles núm. 14, 15, 16 i 17 de la mateixa norma en relació amb l'obligació d'avaluació constant i permanent dels riscos professionals. Havia de donar les instruccions concretes sobre el treball simultani de l'accidentat amb l'altre treballador de l'empresa que actuava en tasques de manteniment en el seu centre de treball, com l'obligava la coordinació d'activitats que estableix l' article 24 de la Llei 3/95 ja citat. Per altra banda, tant la LPRL. en la regulació dels sistemes de gestió de prevenció dels riscos laborals ( articles núm. 14 a 28 entre d'altres) com l'article 4,d) de l'Estatut dels Treballadors ( RD. Legislatiu 1/1995 ), estableixen la responsabilitat última i genèrica de la Direcció de l'empresa en la observància in vigilando de la seguretat en el treball.

Per tant la sentència recorreguda no infringeix l' article 123 de la Llei General de la Seguretat Social , perquè es produeix la connexió obligada entre l'accident de treball patit pel treballador demandat i l'incompliment de l'empresa de l'adopció de mesures de informació i coordinació amb els treballs simultanis de l'altre empresa contractada, de manera que ha de respondre del recàrrec com a responsable directe, devent desestimar aquest motiu de recurs i confirmar la sentència de la instància.

Setè.- En aplicació de l' article 233 de la LPL . s'haurà de condemnar la part recurrent al pagament dels honoraris de la lletrada que ha impugnat el recurs de suplicació en l'import de 500 euros.

Atesos els fonaments jurídics precedents i els preceptes esmentats de general i especial aplicació

Fallo

Desestimar el recurs de suplicació plantejat per l'empresa Salvesen Logística, SA. contra la Sentència de 20 de març de 2007 dictada pel Jutjat social núm. 27 dels de Barcelona en el procediment núm. 374 i 386/2005 acumulats, seguit a instància de Mantenimientos y Montajes Vendrell,S.L. y Salvesen Logísitica S.A contra l' Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i Don. Jesús Carlos , la qual confirmem.

Condemnar-la al pagament de 500 euros en concepte d'honoraris de la lletrada del treballador demandat que ha presentat la corresponent impugnació.

Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de cassació per a la unificació de doctrina, que s'ha de preparar en aquesta Sala en els deu dies següents a la notificació, amb els requisits previstos als números 2 i 3 de l'article 219 de la Llei de procediment laboral .

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ. Avui, el/la Magistrat/ada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.