Sentencia Social Nº 8792/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7305/2008 de 01 de Diciembre de 2009

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

RU

IL·LM. SR. SEBASTIÁN MORALO GALLEGO

IL·LM. SR. FRANCISCO BOSCH SALAS

IL·LMA. SRA. LIDIA CASTELL VALLDOSERA

Barcelona, 1 de desembre de 2009

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 8792/2009

En el recurs de suplicació interposat per Construccions Baixa Tordera, SL i Popsa Construccions, S.L. a la sentència del Jutjat Social 3 Girona de data 29 de maig de 2008 dictada en el procediment núm. 496/2007 en el qual s'ha recorregut contra la part Juan Ramón , Construccions Calella i Obras, S.L.,

Instituto Nacional de la Seguridad Social Girona i Tesoreria General de la Seguridad Social Girona, ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. LIDIA CASTELL VALLDOSERA.

Antecedentes

Primer. En data 19 de juny de 2007 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Accident de treball, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 29 de maig de 2008, que contenia la decisió següent:

"Que estimando la excepción de falta de legitimación pasiva de la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y de MUTUA FIMAC y desestimando las demandas acumuladas interpuestas respectivamente por CONSTRUCCIONS BAIXA TORDERA, SL., Don Juan Ramón y POPSA CONSTRUCCIONS, SL., contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA FIMAC, CONSTRUCCIONS CALELLA I OBRAS, SL. y respectivamente cada uno de los demandantes de las otras demandas acumuladas, debo absolver a los codemandados de las pretensiones en su contra ejercitadas".

Segon. En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:

PRIMERO.- El trabajador demandante, Juan Ramón , nacido el 1 de enero de 1957, que prestaba sus servicios como oficial 2ª albañil para la sociedad CONSTRUCCIONS BAIXA TORDERA, SL., dedicada a la construcción y con riesgos profesionales cubiertos por la MUTUA FIMAC, en la que había ingresado el día 1 de diciembre de 2005, sufrió un accidente de trabajo el día 5 de enero de 2.006, en la obra sita en Palafrugell, en la calle Tarongeta, 164, cuando estaba realizando tareas de desencofrado, al desplazarse el panel o chapa en que estaba subido el trabajador, golpeándole al caer sobre él. El trabajador demandante permaneció en situación de IT desde el día del accidente, 5 de enero de 2006, hasta el 20 de octubre de 2006, habiendo cesado en la empresa en fecha 23 de junio de 2006 (hechos primero y segundo de la demanda del trabajador, hojas de salarios y certificado de empresa, folios 472 a 478 y resolución del INSS, folios 52 a 55, no controvertido).

SEGUNDO.- La empresa demandante POPSA CONSTRUCCIONS, SL., antes COSNTRUCCIONES POPSA SIGLO XXI, SL., era la contratista de toda la obra de la calle Tarongeta, 164 de Palafrugell y en fecha 3 de agosto de 2005 subcontrató a la demandante CONSTRUCCIONS BAIXA TORDERA, SL. para la realización de trabajos de cimentación y estructura de dicha obra, que deberían realizarse por el periodo de 16 de agosto de 2005 a 30 de abril de 2006 (contrato de ejecución, obrante a folios 801 a 810, no controvertido).

La empresa CONSTRUCCIONS CALELLA I OBRAS, SL. ha sido constituida por Felix , representante de CONSTRUCCIONS BAIXA TORDERA, SL., para la realización de obras en la provincia de Barcelona y en ella trabaja algún trabajador que lo fue de CONSTRUCCIONS BAIXA TORDERA, SL. (interrogatorio y declaración ante en Juzgado de Instrucción 1 de La Bisbal del representante de la empresa, folio 356).

TERCERO.- El trabajador demandante el día 5 de enero de 2006 estaba realizando trabajos de desencofrado de un muro de contención en el subterráneo del edificio en construcción, junto a otros tres trabajadores, dos de los cuales se fueron a descargar un camión hormigonera, quedando únicamente el actor y otro trabajador que manejaba la grúa, que siguieron con el desencofrado por indicación de Hipolito , encargado de la demandante POPSA CONSTRUCCIONS, SL., que era también el encargado de la obra y que se fue al camión hormigonera que había llegado. Estando el trabajador demandante subido en un panel para colocar el gancho de la grúa, dado que no estaba apuntalado y se habían retirado los pernos de anclaje, el panel se desestabilizó y se desplazó junto con el trabajador, golpeando a éste al caer. El panel tenía una altura de 3 metros y un peso de entre 200 y 300 kilos (hecho segundo de las demandas acumuladas, acta de infracción de la Inspección de Trabajo, folios 27 a 31 y testifical propuesta por la actora).

CUARTO.- Al trabajador accidentado se le entregaron el día de su ingreso en la empresa los EPI, consistentes en casco, guantes, botas y ropa para lluvia. No consta que se haya impartido al trabajador formación e información alguna sobre prevención de riesgos laborales por parte de la empresa CONSTRUCCIONS BAIXA TORDERA, SL., constando únicamente formación impartida a otros trabajadores en fecha 18 de enero de 2006, posterior a la del accidente (acta de infracción de la Inspección de Trabajo, folios 27 a 31 y documentos obrantes a folios 485 y 494 a 501).

La empresa CONSTRUCCIONS BAIXA TORDERA, SL. disponía de evaluación de riesgos laborales, fechada en noviembre de 2005. La empresa POPSA CONSTRUCCIONS, SL. había elaborado un Plan de Seguridad y Salud de la obra en la que se produjo el accidente, en el que consta que el proceso de desencofrado será controlado y seguro, siguiéndose un plan de desconstrucción a realizar por personal especialista en ese trabajo, utilizando cascos y guantes de seguridad. A dicho Plan se adhirió la empresa CONSTRUCCIONS BAIXA TORDERA, SL. (acta de infracción de la Inspección de Trabajo, folios 27 a 31, Evaluación de riesgos laborales, folios 514 y siguientes, Plan de Seguridad y Salud, folios 707 y siguientes y especialmente, folio 735 y acta de adhesión al Plan, folio 799).

QUINTO.- En fecha 14 de noviembre de 2.006 la Dirección Provincial del INSS a instancia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comunicó a las partes el inicio de tramitación de expediente de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene, dictando en fecha 1 de febrero de 2.007 resolución en la que declara la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente sufrido por el trabajador Don Juan Ramón en fecha 5 de enero de 2.006, declarando la procedencia de que las prestaciones de seguridad social derivadas del accidente de trabajo citado sean incrementadas en el 30 por 100 con cargo solidario a las empresas CONSTRUCCIONS BAIXA TORDERA, SL. y POPSA CONSTRUCCIONS, SL., responsables del accidente. En dicha resolución se parte, como cuestión de hecho, de que el accidente se produjo por las circunstancias que constan en el acta de infracción 593/2006, de 26 de mayo de 2006, de la Inspección de Trabajo (resolución obrante a los folios 52 a 55 y acta de infracción obrante a los folios 27 a 31, que se dan todos ellos por reproducidos, no controvertido).

SEXTO.- Interpuestas reclamaciones previas, por el trabajador el 6 de marzo de 2007, interesando que se fije un recargo del 50 por 100, y por las dos empresas demandantes el 20 de marzo de 2007, interesando se deje sin efecto el recargo impuesto, por sendas resoluciones de la Dirección Provincial del INSS de 23 de mayo de 2007 se desestimaron todas ellas, confirmando la resolución de 1 de febrero de 2007 (reclamaciones previas, folios 62 a 65, 134 a 136 y 302 a 308 y resoluciones, folios 72 y 73, 137 y 138 y 320 y 321, no controvertido).

SÉPTIMO.- Por la Inspección de Trabajo se propuso la imposición de sanción por importe de 1.502,54 euros a las empresas demandantes, por infracción grave de las normas de prevención de riesgos laborales a consecuencia del acta de infracción levantada con motivo del accidente objeto de este procedimiento, sanción confirmada por resolución de 30 de octubre de 2006 de la directora dels Serveis Territorials, del Departament de Treball i Indústria, sin que conste si dicha resolución es firme (acta de Inspección, folios 27 a 31 y resolución, folios 34 a 36, no controvertido).

Tercer. Contra aquesta sentència per "CONSTRUCCIONES BAIXA TORDERA, S.L". i "POPSA CONSTRUCCIONS S.L", van interposar recurs de suplicació, que van formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària que el va impugnar en forma Juan Ramón . Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER.- Enfront la Sentència d'instància, que desestimà tant la demanda presentada pel treballador com les interposades per les empreses ara recurrents i ratificà la resolució de l'INSS de data 1 de febrer de 2.007 que declarà les citades empreses responsables per manca de mesures de seguretat ,de l'accident de treball que va patir el treballador el dia 5 de gener de 2.006 imposant-les un recàrrec del 30% en totes les prestacions econòmiques derivades de l'esmentat accident, s'interposa per les citades empreses Recurs de Suplicació.

SEGON.- En el primer motiu del recurs, correctament emparat en l'apartat a) de l'article 191 de la Llei de Procediment Laboral , es demana la reposició de les actuacions al moment posterior a la celebració del judici oral, amb l'objectiu que la magistrada dicti una nova sentència en que s'esmeni la manca de motivació d'aquesta i afirma que la resolució ha infringit l'article 97.2 de la LPL en relació amb els articles 218 de la Llei d'Enjudiciament Civil, 238.3 i 240.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i 24.2 i 120.3 de la Constitució i argumenta que en els fets provats es limita a ressenyar la descripció de l'accident, però no consta el veritable debat plantejat en la vista oral que es va referir a si el treballador coneixia el procediment de treball que estava desenvolupant, com i per qui va ser rebut en la caseta d'obra, com es va produir el lliurement dels EPIS, quines instruccions escrites se li van lliurar, si en aqueix moment se li va informar dels riscos del lloc de treball, si va anar o no acompanyat personalment fins el lloc de treball, quina categoria professional tenia, quantes persones hi havia en el lloc de treball en el moment de l'accident, etc., la qual cosa li ha produït una greu indefensió.

L'article 191 a) de la Llei de Procediment Laboral reconeix a les parts la possibilitat d'impugnar en Suplicació les sentències dels Jutjats Socials, sol.licitant es declari la nul.litat d'actuacions, sempre hi quan es donin dos requisits: a) que s'hagin infringit normes o garanties del procediment i b) que aquesta infracció hagi produït indefensió a la part que demana la nul.litat.

En la sentència de data 10 d'abril de 1990, el Tribunal Suprem recordava que «es constante doctrina de la Sala la que afirma que la nulidad de las resoluciones judiciales es una medida excepcional que, por sus negativas consecuencias sobre el proceso, ha de limitarse a los supuestos legalmente tipificados en el art. 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ) y a los vicios formales especialmente cualificados que menciona el núm. 1 del art. 240 de dicha Ley respecto de los que no pueda operar la subsanación prevista en el núm. 2 de este último artículo, sin que en ningún caso irregularidades formales carentes de auténtica proyección invalidante, al no impedir que el acto alcance su fin ni generar indefensión, puedan justificar la adopción de tal medida con infracción del principio de economía procesal».

També és doctrina reiterada del Tribunal Suprem (sentencia de data 11 de novembre de 1998), que la nul.litat de les resolucions judicials té caràcter excepcional, i només es pot declarar en aquells supòsits en els quals es constatin greus i evidents vicis processals comesos pel magistrat que ha dictat la resolució que s'anul.la i sempre que l'esmentat vici hagi produït indefensió a alguna de les parts processals.

En el present supòsit es demana la nul.litat de la sentència per manca de fets declarats provats. Certament, l'article 97.2 de la LPL que s'al.lega com infringit, estableix que el jutge haurà de declarar expressament els fets que estimi provats, mandat que reitera la regla nº 2 del'article 209 de la LEC . També és cert, com va posar de relleu la sentència d'aquesta Sala de data 21 de febrer de 2.008 (R. 7404/06), amb cita de la de 1.9.2004 (R. 1446/04), que el magistrat d'instància ha de fer constar, no només els fets que ell cregui necessaris per a dictar la sentència que estima correcta, sinó tots aquells que permetin al Tribunal, en cas de recurs, poder tenir coneixement complert de les qüestions debatudes i provades,

Si el que es pretén és la nul.litat de la sentència per insuficiència de fets provats tal com aquí es demana, el Tribunal Suprem ens recorda en la sentència de 10 de juliol de 2000, que una constant doctrina jurisprudencial, elaborada pels diferents Tribunals de l'Ordre Jurisdiccional Social, ha vingut declarant la nul.litat de les sentències dictades en instància quan aquestes ometen dades essencials en els fets provats que el Tribunal "ad quem" considera necessaris als efectes de fonamentar la sentència de suplicació o cassació. Aquesta mateixa jurisprudència ha proclamat, també constantment, que aquesta nul.litat es produeix quan les sentències contenen declaracions fàctiques fosques, incomplertes o contradictòries.

En definitiva, aquesta obligació de l'òrgan judicial de motivar el "factum" de la seva sentència, actua doncs, d'una part, per a garantir l'exercici adequat del dret de defensa en judici, i, de l'altre, com element preventiu de l'arbitrarietat (Auto del Tribunal Constitucional 77/1973), encara que, lògicament, aquesta obligació no pot ser entesa en el sentit que restringeixi la llibertat del Jutge en la formació de la seva convicció o de que li imposi una extensa redacció. És suficient, en termes generals, dir que la motivació fàctica i també, evidentment, la jurídica- ha de ser suficient; suficiència que, com tot concepte indeterminat, caldrà precisar en cada cas concret (Sentència del Tribunal Constitucional de 12 de desembre de 1994).

Com afirma la sentència del Tribunal Suprem de 22 de gener de 1998 "La declaración de hechos probados debe ser concreta y detallada en el grado mínimo requerido para que los litigantes puedan proceder a su impugnación en todos los aspectos relevantes del proceso, y para que los órganos jurisdiccionales de suplicación o de casación puedan comprender cabalmente el debate procesal y resolver sobre el mismo en los términos previstos en la ley". I, per últim, també ha declarat l'alt Tribunal que la insuficiència dels fets provats ha de ser rellevant i trascendent, si el que es pretén és que s'acordi la nul.litat d'actuacions.

TERCER.- Doncs bé, aplicant aquesta doctrina al present litigi, el motiu ha de ser desestimat amb tota contundència, atès que la sentència no ha infringit els articles citats, ni s'ha produït cap tipus d'indefensió a la part, ja que -tal com correctament al.lega el treballador impugnant del recurs- en el relat fàctic de la sentència consten totes les dades que cal conèixer a la Sala per poder resoldre el recurs. Així consta com es va produir l'accident en el fet provat tercer -tal com reconeixen les recurrents-, quines persones hi havia en el lloc dels fets, les característiques del panel que va caure sobre el treballador, etc. D'altra banda, en el fet quart consta els EPI que es van lliurar al treballador i també el fet que mai no se li va impartir formació ni informació sobre prevenció de riscos laborals. En els fets provats, en conseqüència, consten totes les dades referents a la producció de l'accident, sense que s'hagi produït cap tipus d'indefensió a la part, atès que si aquesta creu que hi manca algun fet rellevant sempre pot demanar la modificació, addició o supressió dels fets citats, d'acord amb la possibilitat que estableix l'apartat b) de l'article 191 de la llei adjectiva laboral , el que, d'altra banda no fa en el present recurs. No s'ha produït, en conseqüència el defecte denunciat.

QUART.- En el segon motiu del recurs, també correctament emparat, ara en l'apartat c) de l'article 191 de la Llei de Procediment Laboral , el recurrent entén que la sentència ha infringit l'art. 123 de la Llei General de la Seguretat Social , així com la Jurisprudència que esmenta i argumenta, en síntesi, que el treballador era oficial de 2ª paleta, que ja portava 36 dies fent la seva feina, la qual cosa vol dir que coneixia a la perfecció del seu treball, que en el moment de l'accident hi havia un encarregat, un gruista i tres oficials i que l'encarregat va anar-se'n un moment quan va arribar el camió formigonera, que l'empresa POPSA tenia un Pla de Seguretat i Salut, on es contemplava el procés de desencofrat, que l'empresa CBT disposava d'avaluació de riscos laborals, per la qual cosa l'accident es va produir per un greu imprudència del treballador, el qual, sense respectar les observacions de l'encarregat, va pujar al panel que posteriorment li va caure damunt.

El motiu ha de ser desestimat, tal com seguidament es raonarà. Tal com correctament afirma el recurrent i aquesta Sala ha posat de relleu amb reiteració, el recàrrec de prestacions establert a l'article 123.1. de la Llei General de la Seguretat Social requereix per a la seva imposició, un accident de treball o una malaltia professional que donin dret a prestacions de la Seguretat Social i, a més, que es deguin a la manca d'adopció de mesures de seguretat i higiene i salut laborals establertes, tant de tipus genèric com específic, en normes jurídiques publiques i, per últim, cal que hi hagi un nexe causal entre la falta i el sinistre, que no quedi interferit per causa de força major, cas fortuït o imprudència del propi afectat, tenint en compte que a l'empresari li és exigible la diligència d'un prudent empresari amb criteris ordinaris de normalitat per a prevenir o evitar una situació de risc en la vida o salut dels treballadors ( arts. 4.2. i 19, de l'Estatut dels Treballadors i, en general, articles 1.104 i 1902 del Codi Civil . Així ho ha posat de relleu aquesta Sala en les sentències de dates 15 de mar i 22 d'abril d'enguany.

També s'ha d'afirmar, tal com ha assenyalat reiteradament aquesta Sala, que el citat article ha d'aplicar-se amb criteri restrictiu i fent un examen particularitzat del conjunt de circumstàncies que concorren en cada cas concret i que la responsabilitat empresarial queda exclosa quan l'accident es produeix de manera fortuïta, de forma imprevista i imprevisible, o per imprudència del propi treballador, quan no utilitza les mesures adoptades per l'empresa o les que aquesta ha posat a la seva disposició.

Doncs bé, en el present cas, no havent-se modificat els fets declarats provats, s'ha d'arribar a la conclusió que l'article esmentat no ha estat infringit. En efecte, segons el fet provat tercer, l'accident es va produït quan el treballador realitzava la tasca de desencofrar un mur de contenció en el subterrani de l'edifici en construcció, i va pujar a un panel que tenia una alçada de 3 metres i un pes d'entre 200 i 300 kgs., per tal de col.locar el ganxo de la grua. Tenint en compte que el citat panel no estava apuntalat i que s'havien retirat els perns d'encolatge, el panel es va desestabilitzar i va caure sobre el treballador. Cal tenir en compte en aquell moment no hi havia cap encarregat supervisant la feina, perquè aquest va sortir a rebre el camió formigonera que acabava d'arribar. D'altra banda, en el fet provat quart consta que el treballador tenia els EPI, però que no se li havia impartit cap curs de formació i informació sobre prevenció de riscos laborals.

A la vista d'aquest fets, la Sala no pot més que compartir els raonaments de la jutgessa d'instància quan afirma que és clara la infracció per les recurrents dels articles 14 i 24.3 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com l'article 11 del RD 1627/1997 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció i l'art. 11 del RD 1215/1997, de 18 de juliol sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball, atès que el treballador no va rebre la formació adequada en prevenció de riscos laborals i no hi havia ningú qualificat dirigint els treballs en el moment de l'accident.

És cert que l'empresa CBT disposava d'un Pla d'avaluació de riscos laborals, de data novembre 2005 i que l'empresa POPSA havia elaborat un Pla de Seguretat i Salut de l'obra on es va produir l'accident, en el qual consta com s'ha de fer el procés de desencofrat, però aquestes circumstàncies no obsten al que s'ha dit anteriorment. En primer lloc, perquè no consta que el treballador fos especialista en el treball d'encofrat, i tampoc consta que tingués una gran experiència en el treball, tal com afirma l'empresa, perquè no es pot haver aconseguit aquesta quan feia escassament 30 dies que treballava a l'obra. D'altra banda el que és cert és que en el moment de l'accident no es va seguir la normativa del Pla de Seguretat i que el treballador no tenia cap tipus de formació sobre prevenció de riscos, que només va donar l'empresa a la resta de treballadors, després de que passés l'accident que s'està examinant.

És evident, doncs, que hi ha una relació de causalitat entre l'accident produït que ha comportat que el treballador hagi estat en situació d'Incapacitat Temporal, amb les infraccions citades anteriorment, la qual cosa comporta la desestimació de que la sentència hagi infringit l'article 123 de la LGSS .

Per tant, s'imposa la desestimació del motiu, i conseqüentment, del recurs, la qual cosa comporta la confirmació de la resolució recorreguda.

CINQUÈ.- La desestimació del recurs comporta, d'acord amb el que estableix l'article 233.1. de la Llei de Procediment Laboral , imposar les costes processals a les empreses recurrents, entre les quals s'inclourà la minuta del lletrat impugnant del recurs, en la quantia de 400?. Així mateix procedeix acordar la pèrdua dels dipòsits efectuats en el moment de recórrer, als quals es donarà el destí previst legalment, tal com disposa l'article 202.1 de la mateixa llei.

VISTOS els preceptes legals citats, els concordants i la resta de disposicions de general i pertinent aplicació,

Fallo

Que hem de desestimar i desestimem el Recurs de Suplicació interposat per CONSTRUCCIONS BAIXA TORDERA, S.L. i POPSA CONSTRUCCIONS, S.L. contra la Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 3 de Girona, en data 29 de maig de 2.008 que va recaure en les actuacions nº 496/07 i acumulades , en virtut de demandes presentades per les empreses citades anteriorment i el Sr. Juan Ramón contra els esmentats recurrents, CONSTRUCCIONS CALELLA I OBRES, S.L., INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, i la TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, per tant, hem de confirmar i confirmem l'esmentada resolució. S'imposen les costes processals a les empreses recurrents, entre les quals s'inclourà la minuta del lletrat impugnant del recurs, que es fixa en la quantitat de 400?. Així mateix procedeix acordar la pèrdua dels dipòsits efectuats en el moment de recórrer, als quals es donarà el destí previst legalment.

Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de cassació per a la unificació de doctrina, que s'ha de preparar en aquesta Sala en els deu dies següents a la notificació, amb els requisits previstos als números 2 i 3 de l'article 219 de la Llei de procediment laboral .

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de

Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ. Avui, el/la Magistrat/ada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.