Sentencia Social Nº 9/2015, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 3, Rec 399/2014 de 08 de Enero de 2015

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección nº 03 de lo Social

Domicilio: C/ General Martínez Campos, 27 - 28010

Teléfono: 914931930

Fax: 914931958

34001360

NIG: 28.079.00.4-2013/0035206

Procedimiento Recurso de Suplicación 399/2014

ORIGEN:

Juzgado de lo Social nº 02 de Madrid Despidos / Ceses en general 837/2013

Materia: Despido

Sentencia número: 9/15-FG

Ilmos. Sres.

D./Dña. JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ OTERO

D./Dña. VIRGINIA GARCÍA ALARCÓN

D./Dña. ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ

En Madrid, a ocho de enero de dos mil quince, habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la Sección 3 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación 399/2014, formalizado por el/la Letrado D./Dña. ALMUDENA CELIA JIMENEZ BATISTA, en nombre y representación de BANKIA SA, contra la sentencia de fecha 06/02/2014 dictada por el Juzgado de lo Social nº 02 de Madrid en sus autos número Despidos / Ceses en general 837/2013, seguidos a instancia de D./Dña. Rosendo frente a BANKIA SA, SECCION SINDICAL CSICA, SECCION SINDICAL DE SATE, SECCION SINDICAL ACCAM, SECCION SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS y SECCION SINDICAL DE UNION GENERAL DE TRABAJADORES, en reclamación por Despido, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo./Ilma. Sr./Sra. D./Dña. ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

Antecedentes

PRIMERO:Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO:En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados:

I. El demandante ha venido prestando servicios por cuenta de la empresa demandada con antigüedad de 13 febrero 1984, categoría profesional de Grupo I Nivel VI (Comercial), y salario (a los efectos específicos de este concreto procedimiento) de 4.159,67 euros mensuales prorrateados.

II. Damos por reproducidas las nóminas del actor, aportadas por éste como documento número 4 y por la demandada como número 1.

III. Con fecha 8 febrero 2013 se suscribió por la empresa y las secciones sindicales mayoritarias en la misma el 'acta de acuerdo de la comisión negociadora del periodo de consultas del despido colectivo, modificación de condiciones de trabajo, movilidad funcional y geográfica y otras modificaciones a aplicar en Bankia S.A.'. Habiendo sido ésta aportada a las actuaciones, tenemos por íntegramente reproducido su contenido.

IV. La suscripción de dicho acuerdo vino precedida de la tramitación del expediente de despido colectivo, que incluyó las reuniones de las partes negociadoras en el período de consultas, cuyas actas han sido aportadas por las partes del presente procedimiento y tenemos por reproducidas, incorporándolas íntegramente y por remisión a nuestro relato fáctico.

V. Mediante comunicación de 22 abril 2013 se participó al actor su cese por causas objetivas, con efectos del día 11 mayo siguiente. Damos por reproducida tal comunicación, obrante a folios 8 a 11.

VI. Damos por reproducido el informe de valoración del actor practicado en fecha 20 noviembre 2012, en que a éste se le asignó una valoración final de 2 puntos por los distintos conceptos tenidos en cuenta en dicho informe, tales como servicio al cliente, compromiso, rendimiento y trabajo en equipo (documento número 16 de la demandada).

VII. Dicho informe de valoración corresponde a unas valoraciones efectuadas para el conjunto de trabajadores de la empresa, entre abril y diciembre de 2012, por Recursos Humanos, como herramienta de gestión para formación, promoción y movilidad.

VIII. Tales valoraciones no fueron en su día comunicadas individualmente a los trabajadores, si bien la existencia de las mismas era conocida por los negociadores del acuerdo de la comisión negociadora del periodo de consultas del despido colectivo, modificación de condiciones de trabajo, movilidad funcional y geográfica y otras modificaciones a aplicar en Bankia S.A.

IX. No consta que por la empresa se haya proporcionado a los trabajadores el resultado de las referidas valoraciones cuando éstos lo han solicitado.

X. No consta que se entregase copia de la carta de despido del actor a la representación legal de los trabajadores.

XI. Con posterioridad al cese del actor, la empresa ha admitido adhesiones voluntarias al 'programa de bajas indemnizadas', siendo así que la empresa no ha reducido el número de trabajadores incluidos forzosamente en el despido colectivo (como el actor) en el mismo número de adhesiones voluntarias admitidas con posterioridad a los ceses forzosos.

XII. No consta que el actor ostentase cargo alguno de representación legal colectiva o sindical.

XIII. Por el demandante se intentó la conciliación previa ante el SMAC, infructuosamente, según consta en la correspondiente certificación expedida por dicho Organismo y acompañada con la demanda (Folio 12).

XIV. La demanda iniciadora de estas actuaciones se formuló el día 20 junio 2013, solicitándose en su 'suplico' que se declare la improcedencia del despido, con los efectos inherentes.

TERCERO:En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

Que, estimando la demanda formulada por D. Rosendo frente a la empresa Bankia S.A., y habiendo sido también llamados litisconsorcialmente a los autos COMFIA-CCOO, FES-UGT, ACCAM, SATE y CSICA, declaro improcedente el despido del actor.

En consecuencia, condeno a la empresa Bankia S.A. a optar entre:

a) La readmisión del trabajador en idénticas condiciones y con los mismos derechos que ostentaba antes de producirse el despido, debiendo además abonarle en tal caso una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (11 mayo 2013), sin perjuicio del descuento de lo que entre tanto hubiese percibido por cualquier otro empleo o colocación. O bien

b) El abono de una indemnización de 174.711,60 euros. En tal caso, la opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha en que la parte actora cesó efectivamente en el trabajo. De dicha indemnización se deducirá lo que el actor haya ya percibido en concepto de indemnización por cese objetivo.

CUARTO:Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte BANKIA SA, formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por el Letrado D. Héctor Gómez Fidalgo, en nombre y representación del demandante.

QUINTO:Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección en fecha 20/05/2014, dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.

SEXTO:Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose el día 08/01/2015 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes

Fundamentos

PRIMERO:1.- La sentencia de instancia ha declarado la improcedencia del despido decidido por BANKIA en el marco del expediente de regulación de empleo seguido en la empresa. El juzgador de instancia fundamenta la declaración de improcedencia en las siguientes razones: 1) cambio de criterio en relación con el antes mantenido al considerar en el caso enjuiciado el 'oscurantismo existente en relación con los resultados de esta valoración'y la consiguiente dificultad de conocimiento que entraña para el trabajador (fundamento VI); y 2) el haber procedido la empresa a admitir adhesiones voluntarias al programa de bajas indemnizadas con posterioridad a los ceses forzosos.

2.- Con esta segunda razón que constituye la razón fundamental de la declaración de improcedencia, el juez acoge la alegación formulada en el acto del juicio por el trabajador, alegación que el mismo juzgador respondiendo a la oposición de la empresa al respecto, reconoce que no se contenía en la demanda siendo planteada por vez primera en el acto del juicio. En el fundamento IX el juez de instancia rechaza el motivo de oposición empresarial razonando que: a) la admisión de adhesiones voluntarias al 'programa de bajas incentivadas' con posterioridad a los ceses forzosos es un extremo que se ha conocido por el trabajador con posterioridad a la demanda; y b) la empresa si entendía que le producía indefensión pudo solicitar la suspensión del acto del juicio, lo que no verificó, a lo que añade que reconoció en el acto del juicio esas adhesiones por lo que ninguna indefensión se ha irrogado.

3.- El primer motivo de su recurso lo centra en la empresa, como ya se puede anticipar, en denunciar lo que considera la comisión de una infracción procesal por parte del juzgador de instancia, concretamente de lo establecido en los artículos 80.1.c ) y 85.1 LJS en relación con el 218.1 LEC . Estima, en definitiva, que existe incongruencia generadora de indefensión y vulneradora, por tanto, de lo establecido en el art. 24 CE .

4.- Argumenta la empresa que si bien el art. 80 LJS permite la alegación de hechos producidos con posterioridad a la reclamación previa, sin embargo el art. 85 LJS veda la introducción de hechos nuevos en el acto del juicio al prohibir la variación sustancial de los hechos contenidos en la demanda. Continúa señalando que ambos preceptos tienen por objeto salvaguardar el derecho de defensa de ambas partes y, específicamente, el de la parte demandada que no puede enfrentarse a motivos de pedir o alegaciones sorpresivas. Finalmente, alega que la sentencia del Juzgado de lo Social nº 9 en que se basa la parte actora fue dictada tres meses antes de la fecha de celebración del juicio de instancia (25 de octubre de 2013 y 29 de enero de 2014, respectivamente), habiendo tenido tiempo más que suficiente para plantear una ampliación de hechos previamente al juicio, conducta procesal correcta y no la realizada, como tampoco hubiera sido correcto procesalmente solicitar la suspensión de la celebración del acto del juicio por parte de la empresa, no solo por la necesidad de respetar los principios de inmediación, concentración y celeridad (art. 74 LJS) sino porque no existe precepto procesal que ampare una petición de suspensión de esa naturaleza a instancias de la empresa.

SEGUNDO:Analizaremos a continuación las alegaciones de la empresa formuladas en el primer motivo de recurso denunciando vicio de incongruencia.

5.- Desde un punto de vista procesal la congruencia viene referida al deber de decidir por parte de los órganos judiciales exigiendo de ellos que ofrezcan respuestas a las distintas pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, a todas ellas, pero sólo a ellas, evitando que se produzca un «desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido» ( SSTC 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3 ; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3 ; ó 174/2004, de 18 de octubre , FJ 3; entre muchas otras).

6.- En una constante y consolidada jurisprudencia el vicio de incongruencia se ha definido como aquel desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso en los escritos esenciales del mismo. Son muy numerosas las decisiones en las que el Tribunal Constitucional ha abordado la relevancia constitucional del vicio de incongruencia de las resoluciones judiciales, precisando cómo y en qué casos una resolución incongruente puede lesionar el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE . Se ha elaborado así un cuerpo de doctrina consolidado que podemos resumir de la siguiente manera, siguiendo a las STC 130/2004, de 15 de julio , FJ 3 y STC 264/2005, de 24 de octubre , FJ 2:

Hay vicio de incongruencia siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en los que discurrió la controversia procesal.

El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos --partes-- y objetivos --causa de pedir y petitum.

La adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión como al fundamento jurídico, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate, ni de defensa.

la incongruencia omisiva se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales.

la incongruencia por exceso se produce cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes, e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones. En este sentido ha de recordarse que el principio iura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque los litigantes no las hubieren invocado, y que el juzgador sólo está vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formuladas por los litigantes, de forma que no existirá incongruencia extra petitum cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre una de ellas que, aun cuando no fuera formal y expresamente ejercitada, estuviera implícita o fuera consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso.

para que la incongruencia por exceso pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), se requiere que la desviación o desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más o algo distinto de lo pedido suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio.

ambos tipos de incongruencia pueden presentarse unidas, dándose la llamada incongruencia por error, que es aquélla en la que concurren las dos anteriores clases de incongruencia. Se trata de supuestos en los que, por error de cualquier género sufrido por el órgano judicial se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo éste sin respuesta.

7.- Desde los criterios establecidos en la anterior doctrina y las alegaciones del recurrente debemos analizar si se ha producido efectiva indefensión, sobre la base de las siguientes consideraciones:

a) partimos de la premisa de que, efectivamente, se han introducido hechos nuevos en el acto del juicio, pues así lo declara el juzgador si bien estima que tal conducta no es determinante de indefensión.

b) producida la introducción de un hecho nuevo, el juez debecorregir la desviación rechazando su inclusión en el debate procesal por cuanto la demanda (y los escritos ampliatorios admitidos que se hayan podido producir) delimita los contornos del diálogo contradictorio que el juicio representa. En ese marco, exclusivamente, debe moverse el juez en su labor de enjuiciamiento.

c) son los hechos posteriores a la vía previa (conciliación ante el SMAC) los que se pueden introducir en demanda cuando se ha tenido conocimiento de ellos con posterioridad a aquélla (art. 80 LJS).

d) si el demandante desea o considera necesario ampliar la demanda ya presentada con hechos que estima relevantes, por cualquier causa, dispone de la posibilidad de presentar escritos de ampliación (como precisamente ha ocurrido en dos ocasiones en el presente supuesto), escritos que deberán ser examinados por el juez en orden a decidir sobre su eventual desviación de la demanda y, por tanto, sobre su admisión dando traslado a la otra parte para que, a la vista de su contenido, alegue o prepare su defensa adecuadamente para el momento cumbre de debate procesal: el juicio.

e) no existe precepto procesal que imponga a la parte demandada la obligación de solicitar la suspensión del juicio ante la introducción de hechos nuevos en dicho acto. Sí debe oponerse, y el juez decidir, pero no hay obligación de solicitar la suspensión que, además, sería en todo caso potestativa judicial.

f) no es válido el argumento de que el hecho nuevo es conocido por la empresa porque una cosa es que sea conocido y/o admitido y otra muy distinta acudir al acto del juicio preparado con argumentos y medios probatorios para responder a su alegación. Hechos cuya realidad sea conocida y/o aceptada por la demandada puede haber muchos, pero reconocer su realidad no significa en modo alguno compartir las razones y la justificación que de ellos pueda ofrecer la parte contraria, el demandante, en relación con los argumentos jurídicos que sustenten la demanda.

e) estamos ante un proceso por despido en el que el orden de alegaciones se invierte habiéndose introducido el hecho nuevo no en la ratificación, sino en la réplica. En cualquier caso, se insiste que como hecho nuevo la empresa no pudo venir preparada para contestar y defenderse adecuadamente.

f) siendo hecho nuevo, admitido como tal por el juez, éste se ha pronunciado sobre aspectos y cuestiones que no fueron planteadas en la demanda y que, aun siendo deducida por una parte, no lo fue oportunamente. En efecto, el momento oportuno no es el acto del juicio sino, como se señala en el recurso, la ampliación de demanda o cualquier momento previo a aquél, habiendo tenido la parte actora la posibilidad de introducir el 'hecho nuevo' durante tres meses: los transcurridos desde que se dictó la sentencia del Juzgado de lo Social nº 9 y la fecha de celebración del acto del juicio.

TERCERO:8.- Cuantas consideraciones preceden nos llevan a concluir que, efectivamente como se aduce en el recurso, se ha producido una infracción procesal determinante de indefensión desde el mismo momento en el que la decisión judicial ha recaído sobre temas o materias no debatidas adecuadamente por haber sido introducidas por vez primera en el juicio al no tener la empresa conocimiento previo de ellas como 'hecho a debatir y del que defenderse', viéndose así privada de la oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa acudiendo preparada con los medios probatorios y argumentos que considerase procedentes a tal fin.

9.- No puede olvidarse que la demanda, como acto de postulación de parte, delimita el objeto del proceso y rige las actuaciones y la actividad a desarrollar por el órgano jurisdiccional, condicionando el debate y el propio pronunciamiento judicial que debe ser congruente con las peticiones de las partes y con los hechos aducidos en la conciliación-mediación o en su caso la reclamación previa así como con la propia actuación en el juicio, al no poder introducirse ninguna variación sustancial de la demanda. Esta perfecta congruencia no ha sido respetada por el juzgador de instancia, incurriendo así en lesión del art. 218 LEC en relación con el 24 CE , lo que nos lleva a estimar el primer motivo de recurso, sin necesidad de analizar el resto de los motivos formulados, anulando las actuaciones de instancia al momento previo a la celebración del acto del juicio para que por el juez a quo se dé oportunidad a la parte actora de completar su demanda con los hechos necesarios y relevantes para resolver las cuestiones planteadas en relación con el despido examinado.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

Fallo

Estimando el recurso de suplicación formulado contra la sentencia nº 82/14 de fecha 6 de febrero de 2014 dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Madrid en autos 837/13, debemos anular y anulamos la citada resolución retrotrayendo las actuaciones al momento previo a la celebración del acto del juicio para que por el juzgador a quo se dé la oportunidad a la parte demandante de completar su demanda con los hechos necesarios y relevantes para examinar y calificar el despido decidido en su día por la empresa BANKIA S.A. en la persona del trabajador D. Rosendo . Sin costas, y con devolución del depósito constituido para recurrir, dándose a la consignación el destino legal.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de DIEZ DÍAS hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia. Siendo requisito necesario que en dicho plazo se nombre al letrado que ha de interponerlo. Igualmente será requisito necesario que el recurrente que no tenga la condición de trabajador ,causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Publico de la Seguridad Social o no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita, acredite ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso haber depositado 600 euros, conforme al artículo 229 de la LRJS , y consignado el importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la cuenta corriente nº 2828-0000-00-(NÚMERO DE RECURSO) que esta Sección tiene abierta en BANCO SANTANDER sita en Paseo del General Martínez Campos 35, 28010 Madrid, o bien por transferencia desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad bancaria distinta de Banco Santander. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:

Emitir la transferencia a la cuenta bancaria de 20 dígitos (CCC) siguiente:

Clave entidad

0049

Clave sucursal

3569

D.C.

92

Número de cuenta

0005001274

I.B.A.N: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274

2. En el campo ORDENANTE, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el NIF /CIF de la misma.

3. En el campo BENEFICIARIO, se identificará al Juzgado o Tribunal que ordena el ingreso.

4. En el campo OBSERVACIONES O CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA, se consignarán los 16 dígitos que corresponden al Procedimiento. MUY IMPORTANTE: Estos 16 dígitos correspondientes al procedimiento tienen que consignarse en un solo bloque. Es importante que este bloque de 16 dígitos este separado de lo que se ponga en el resto del campo por espacios. Si no se consignan estos dieciséis dígitos o se escriben erróneamente, la transferencia será repelida por imposibilidad de identificación del expediente judicial y será devuelta a origen. Pudiendo en su caso sustituir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito ( art. 230.1 L.R.J.S ).

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de

por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.