Sentencia Social 84/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de Badajoz, Rec. 316/2025 de 06 de marzo del 2026

PRIMERO.-Los hechos probados resultan de la prueba documental aportada por las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la LJS, de la prueba testifical ( art. 92 LRJS) y del interrogatorio de parte, o bien son hechos admitidos por las partes, esto es, hechos alegados por una de las partes en el proceso y admitidos por la contraria, los cuales no son objeto de prueba, ya que la afirmación fáctica de las partes vincula al juez ( arts. 87.1 LRJS y 281.3 LEC).

Siguiendo lo acordado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en la Sentencia por la que se declaraba la nulidad de la Sentencia dictada en primera instancia, se han eliminado los hechos probados cuarto y quinto, relativos a la excepción de caducidad y que por razones obvias no es necesario plasmar en la presente sentencia. En lo demás, se han asumido los hechos probados de la Sentencia anulada, fruto de la valoración que, con inmediatez, se hizo de la prueba practicada en el acto del juicio; se han añadido cuestiones relativas al motivo por el que AZOR ASESORES JURÍDICOS, antes de la subrogación, pagaba la cuota de graduado social de la demandante, y los motivos por los que AZOR GALLARDO ASESORES S.L, a partir de la subrogación, dejó de abonarlo, cuestiones que se extraen de las testificales practicadas, en particular la del Sr. Ariadna.

SEGUNDO.- Pretensiones de las partes.

La parte actora solicita el dictado de una sentencia por la que se declare nula o injustificada la modificación de las condiciones de trabajo operada por la empresa y consistente en dejar de abonar la cuota colegial del colegio de graduados sociales de la actora a partir de septiembre de 2022, decisión empresarial que, dice, no se comunicó por escrito a la trabajadora hasta el 7/4/2025.

Frente a dicha pretensión, la empresa opone:

1. Caducidad de la acción ejercitada.

2. En cuanto al fondo, alega que el que la empresa haya dejado de abonar la cuota de colegiación a la demandante obedece a que con la subrogación empresarial dejó de ser autorizada red de la empresa, y por tanto la colegiación dejó de ser un requisito necesario para el ejercicio de su actividad laboral.

Descartada la posibilidad de apreciar la caducidad de la acción, pasamos ahora a analizar el fondo del asunto.

TERCERO.-Las pretensiones de la parte actora parten de una premisa básica: que la decisión empresarial por la cual, a partir de la subrogación de la trabajadora producida en septiembre del año 2022, la empresa dejó de abonar la cuota del colegio de graduados sociales de la demandante, tiene la consideración de modificación sustancial de sus condiciones de trabajo. Frente a dicha premisa, la parte demandada fundamenta su oposición en cuanto al fondo, esencialmente, en que dicha variación producida en septiembre de 2022, que no niega, entra dentro del poder de dirección empresarial o ius variandide la empresa, y no puede por tanto ser considerada como tal modificación sustancial. Veamos.

Establece el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores que "1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.

c) Régimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39.

[...]"

Valorada en su conjunto la prueba practicada, y a la vista de los hechos declarados probados en la presente resolución, no puede sino concluirse que en el presente caso no nos encontramos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo, sino ante el simple ejercicio de la facultad de dirección empresarial reconocida en el art. 5.c) del Estatuto de los Trabajadores.

La variación producida a partir de la subrogación no tiene encaje en ninguno de los apartados del art. 41.1 . ET antes transcritos. Y tampoco puede considerarse, por analogía con dichas circunstancias, como una condición laboral adquirida por la trabajadora.

La declaración del testigo Sr. Ariadna fue clara en cuanto a la naturaleza que dicho pago tuvo hasta el año 2022. La empresa necesitaba a la actora como Graduada Social autorizada RED, por lo que era necesario, para el desarrollo de su actividad empresarial, que estuviese colegiada, motivo por el que pagaban su cuota de colegiación. Tras la subrogación, la empresa dejó de necesitar que la actora fuese autorizada RED (ya lo era el nuevo administrador por sí mismo), motivo por el que dejó de abonar la cuota del colegio de Graduados Sociales de la trabajadora, pues ya no era necesario para el desempeño de su actividad empresarial. Por tanto, el pago de dicha cuota se configuraba no como un beneficio o condición laboral específica de la trabajadora, sino como una herramienta de la empresa necesaria para el desarrollo de su actividad, herramienta de la que podía prescindir si lo consideraba necesario, en uso de la facultad de dirección empresarial reconocida al empresario, sin que, por ello, esté operando una verdadera modificación sustancial de las condiciones laborales de la actora. La demanda se desestima.

CUARTO.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 138.6 y 191.3.f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contra la presente resolución no cabe recurso de suplicación.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.

PRIMERO.-Los hechos probados resultan de la prueba documental aportada por las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la LJS, de la prueba testifical ( art. 92 LRJS) y del interrogatorio de parte, o bien son hechos admitidos por las partes, esto es, hechos alegados por una de las partes en el proceso y admitidos por la contraria, los cuales no son objeto de prueba, ya que la afirmación fáctica de las partes vincula al juez ( arts. 87.1 LRJS y 281.3 LEC).

Siguiendo lo acordado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en la Sentencia por la que se declaraba la nulidad de la Sentencia dictada en primera instancia, se han eliminado los hechos probados cuarto y quinto, relativos a la excepción de caducidad y que por razones obvias no es necesario plasmar en la presente sentencia. En lo demás, se han asumido los hechos probados de la Sentencia anulada, fruto de la valoración que, con inmediatez, se hizo de la prueba practicada en el acto del juicio; se han añadido cuestiones relativas al motivo por el que AZOR ASESORES JURÍDICOS, antes de la subrogación, pagaba la cuota de graduado social de la demandante, y los motivos por los que AZOR GALLARDO ASESORES S.L, a partir de la subrogación, dejó de abonarlo, cuestiones que se extraen de las testificales practicadas, en particular la del Sr. Ariadna.

SEGUNDO.- Pretensiones de las partes.

La parte actora solicita el dictado de una sentencia por la que se declare nula o injustificada la modificación de las condiciones de trabajo operada por la empresa y consistente en dejar de abonar la cuota colegial del colegio de graduados sociales de la actora a partir de septiembre de 2022, decisión empresarial que, dice, no se comunicó por escrito a la trabajadora hasta el 7/4/2025.

Frente a dicha pretensión, la empresa opone:

1. Caducidad de la acción ejercitada.

2. En cuanto al fondo, alega que el que la empresa haya dejado de abonar la cuota de colegiación a la demandante obedece a que con la subrogación empresarial dejó de ser autorizada red de la empresa, y por tanto la colegiación dejó de ser un requisito necesario para el ejercicio de su actividad laboral.

Descartada la posibilidad de apreciar la caducidad de la acción, pasamos ahora a analizar el fondo del asunto.

TERCERO.-Las pretensiones de la parte actora parten de una premisa básica: que la decisión empresarial por la cual, a partir de la subrogación de la trabajadora producida en septiembre del año 2022, la empresa dejó de abonar la cuota del colegio de graduados sociales de la demandante, tiene la consideración de modificación sustancial de sus condiciones de trabajo. Frente a dicha premisa, la parte demandada fundamenta su oposición en cuanto al fondo, esencialmente, en que dicha variación producida en septiembre de 2022, que no niega, entra dentro del poder de dirección empresarial o ius variandide la empresa, y no puede por tanto ser considerada como tal modificación sustancial. Veamos.

Establece el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores que "1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.

c) Régimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39.

[...]"

Valorada en su conjunto la prueba practicada, y a la vista de los hechos declarados probados en la presente resolución, no puede sino concluirse que en el presente caso no nos encontramos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo, sino ante el simple ejercicio de la facultad de dirección empresarial reconocida en el art. 5.c) del Estatuto de los Trabajadores.

La variación producida a partir de la subrogación no tiene encaje en ninguno de los apartados del art. 41.1 . ET antes transcritos. Y tampoco puede considerarse, por analogía con dichas circunstancias, como una condición laboral adquirida por la trabajadora.

La declaración del testigo Sr. Ariadna fue clara en cuanto a la naturaleza que dicho pago tuvo hasta el año 2022. La empresa necesitaba a la actora como Graduada Social autorizada RED, por lo que era necesario, para el desarrollo de su actividad empresarial, que estuviese colegiada, motivo por el que pagaban su cuota de colegiación. Tras la subrogación, la empresa dejó de necesitar que la actora fuese autorizada RED (ya lo era el nuevo administrador por sí mismo), motivo por el que dejó de abonar la cuota del colegio de Graduados Sociales de la trabajadora, pues ya no era necesario para el desempeño de su actividad empresarial. Por tanto, el pago de dicha cuota se configuraba no como un beneficio o condición laboral específica de la trabajadora, sino como una herramienta de la empresa necesaria para el desarrollo de su actividad, herramienta de la que podía prescindir si lo consideraba necesario, en uso de la facultad de dirección empresarial reconocida al empresario, sin que, por ello, esté operando una verdadera modificación sustancial de las condiciones laborales de la actora. La demanda se desestima.

CUARTO.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 138.6 y 191.3.f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contra la presente resolución no cabe recurso de suplicación.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.

PRIMERO.-Los hechos probados resultan de la prueba documental aportada por las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la LJS, de la prueba testifical ( art. 92 LRJS) y del interrogatorio de parte, o bien son hechos admitidos por las partes, esto es, hechos alegados por una de las partes en el proceso y admitidos por la contraria, los cuales no son objeto de prueba, ya que la afirmación fáctica de las partes vincula al juez ( arts. 87.1 LRJS y 281.3 LEC).

Siguiendo lo acordado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en la Sentencia por la que se declaraba la nulidad de la Sentencia dictada en primera instancia, se han eliminado los hechos probados cuarto y quinto, relativos a la excepción de caducidad y que por razones obvias no es necesario plasmar en la presente sentencia. En lo demás, se han asumido los hechos probados de la Sentencia anulada, fruto de la valoración que, con inmediatez, se hizo de la prueba practicada en el acto del juicio; se han añadido cuestiones relativas al motivo por el que AZOR ASESORES JURÍDICOS, antes de la subrogación, pagaba la cuota de graduado social de la demandante, y los motivos por los que AZOR GALLARDO ASESORES S.L, a partir de la subrogación, dejó de abonarlo, cuestiones que se extraen de las testificales practicadas, en particular la del Sr. Ariadna.

SEGUNDO.- Pretensiones de las partes.

La parte actora solicita el dictado de una sentencia por la que se declare nula o injustificada la modificación de las condiciones de trabajo operada por la empresa y consistente en dejar de abonar la cuota colegial del colegio de graduados sociales de la actora a partir de septiembre de 2022, decisión empresarial que, dice, no se comunicó por escrito a la trabajadora hasta el 7/4/2025.

Frente a dicha pretensión, la empresa opone:

1. Caducidad de la acción ejercitada.

2. En cuanto al fondo, alega que el que la empresa haya dejado de abonar la cuota de colegiación a la demandante obedece a que con la subrogación empresarial dejó de ser autorizada red de la empresa, y por tanto la colegiación dejó de ser un requisito necesario para el ejercicio de su actividad laboral.

Descartada la posibilidad de apreciar la caducidad de la acción, pasamos ahora a analizar el fondo del asunto.

TERCERO.-Las pretensiones de la parte actora parten de una premisa básica: que la decisión empresarial por la cual, a partir de la subrogación de la trabajadora producida en septiembre del año 2022, la empresa dejó de abonar la cuota del colegio de graduados sociales de la demandante, tiene la consideración de modificación sustancial de sus condiciones de trabajo. Frente a dicha premisa, la parte demandada fundamenta su oposición en cuanto al fondo, esencialmente, en que dicha variación producida en septiembre de 2022, que no niega, entra dentro del poder de dirección empresarial o ius variandide la empresa, y no puede por tanto ser considerada como tal modificación sustancial. Veamos.

Establece el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores que "1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.

c) Régimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39.

[...]"

Valorada en su conjunto la prueba practicada, y a la vista de los hechos declarados probados en la presente resolución, no puede sino concluirse que en el presente caso no nos encontramos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo, sino ante el simple ejercicio de la facultad de dirección empresarial reconocida en el art. 5.c) del Estatuto de los Trabajadores.

La variación producida a partir de la subrogación no tiene encaje en ninguno de los apartados del art. 41.1 . ET antes transcritos. Y tampoco puede considerarse, por analogía con dichas circunstancias, como una condición laboral adquirida por la trabajadora.

La declaración del testigo Sr. Ariadna fue clara en cuanto a la naturaleza que dicho pago tuvo hasta el año 2022. La empresa necesitaba a la actora como Graduada Social autorizada RED, por lo que era necesario, para el desarrollo de su actividad empresarial, que estuviese colegiada, motivo por el que pagaban su cuota de colegiación. Tras la subrogación, la empresa dejó de necesitar que la actora fuese autorizada RED (ya lo era el nuevo administrador por sí mismo), motivo por el que dejó de abonar la cuota del colegio de Graduados Sociales de la trabajadora, pues ya no era necesario para el desempeño de su actividad empresarial. Por tanto, el pago de dicha cuota se configuraba no como un beneficio o condición laboral específica de la trabajadora, sino como una herramienta de la empresa necesaria para el desarrollo de su actividad, herramienta de la que podía prescindir si lo consideraba necesario, en uso de la facultad de dirección empresarial reconocida al empresario, sin que, por ello, esté operando una verdadera modificación sustancial de las condiciones laborales de la actora. La demanda se desestima.

CUARTO.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 138.6 y 191.3.f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contra la presente resolución no cabe recurso de suplicación.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.

PRIMERO.-Los hechos probados resultan de la prueba documental aportada por las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la LJS, de la prueba testifical ( art. 92 LRJS) y del interrogatorio de parte, o bien son hechos admitidos por las partes, esto es, hechos alegados por una de las partes en el proceso y admitidos por la contraria, los cuales no son objeto de prueba, ya que la afirmación fáctica de las partes vincula al juez ( arts. 87.1 LRJS y 281.3 LEC).

Siguiendo lo acordado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en la Sentencia por la que se declaraba la nulidad de la Sentencia dictada en primera instancia, se han eliminado los hechos probados cuarto y quinto, relativos a la excepción de caducidad y que por razones obvias no es necesario plasmar en la presente sentencia. En lo demás, se han asumido los hechos probados de la Sentencia anulada, fruto de la valoración que, con inmediatez, se hizo de la prueba practicada en el acto del juicio; se han añadido cuestiones relativas al motivo por el que AZOR ASESORES JURÍDICOS, antes de la subrogación, pagaba la cuota de graduado social de la demandante, y los motivos por los que AZOR GALLARDO ASESORES S.L, a partir de la subrogación, dejó de abonarlo, cuestiones que se extraen de las testificales practicadas, en particular la del Sr. Ariadna.

SEGUNDO.- Pretensiones de las partes.

La parte actora solicita el dictado de una sentencia por la que se declare nula o injustificada la modificación de las condiciones de trabajo operada por la empresa y consistente en dejar de abonar la cuota colegial del colegio de graduados sociales de la actora a partir de septiembre de 2022, decisión empresarial que, dice, no se comunicó por escrito a la trabajadora hasta el 7/4/2025.

Frente a dicha pretensión, la empresa opone:

1. Caducidad de la acción ejercitada.

2. En cuanto al fondo, alega que el que la empresa haya dejado de abonar la cuota de colegiación a la demandante obedece a que con la subrogación empresarial dejó de ser autorizada red de la empresa, y por tanto la colegiación dejó de ser un requisito necesario para el ejercicio de su actividad laboral.

Descartada la posibilidad de apreciar la caducidad de la acción, pasamos ahora a analizar el fondo del asunto.

TERCERO.-Las pretensiones de la parte actora parten de una premisa básica: que la decisión empresarial por la cual, a partir de la subrogación de la trabajadora producida en septiembre del año 2022, la empresa dejó de abonar la cuota del colegio de graduados sociales de la demandante, tiene la consideración de modificación sustancial de sus condiciones de trabajo. Frente a dicha premisa, la parte demandada fundamenta su oposición en cuanto al fondo, esencialmente, en que dicha variación producida en septiembre de 2022, que no niega, entra dentro del poder de dirección empresarial o ius variandide la empresa, y no puede por tanto ser considerada como tal modificación sustancial. Veamos.

Establece el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores que "1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.

c) Régimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39.

[...]"

Valorada en su conjunto la prueba practicada, y a la vista de los hechos declarados probados en la presente resolución, no puede sino concluirse que en el presente caso no nos encontramos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo, sino ante el simple ejercicio de la facultad de dirección empresarial reconocida en el art. 5.c) del Estatuto de los Trabajadores.

La variación producida a partir de la subrogación no tiene encaje en ninguno de los apartados del art. 41.1 . ET antes transcritos. Y tampoco puede considerarse, por analogía con dichas circunstancias, como una condición laboral adquirida por la trabajadora.

La declaración del testigo Sr. Ariadna fue clara en cuanto a la naturaleza que dicho pago tuvo hasta el año 2022. La empresa necesitaba a la actora como Graduada Social autorizada RED, por lo que era necesario, para el desarrollo de su actividad empresarial, que estuviese colegiada, motivo por el que pagaban su cuota de colegiación. Tras la subrogación, la empresa dejó de necesitar que la actora fuese autorizada RED (ya lo era el nuevo administrador por sí mismo), motivo por el que dejó de abonar la cuota del colegio de Graduados Sociales de la trabajadora, pues ya no era necesario para el desempeño de su actividad empresarial. Por tanto, el pago de dicha cuota se configuraba no como un beneficio o condición laboral específica de la trabajadora, sino como una herramienta de la empresa necesaria para el desarrollo de su actividad, herramienta de la que podía prescindir si lo consideraba necesario, en uso de la facultad de dirección empresarial reconocida al empresario, sin que, por ello, esté operando una verdadera modificación sustancial de las condiciones laborales de la actora. La demanda se desestima.

CUARTO.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 138.6 y 191.3.f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contra la presente resolución no cabe recurso de suplicación.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.